Memorias del XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector: Repensando los roles y dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos:
20 años de investigación sobre el Tercer Sector

Gerardo Cantú Sanders; Paulina Pereda Gutiérrez

Asumimos que para la construcción de la política es necesario vislumbrar las distintas realidades sociales. Durante las investigaciones que sirven a este fin es necesario contar con un enfoque de derechos humanos que guie y que privilegie la dignidad humana. Sabiendo que la calidad de vida no puede ser entendida desde un concepto general sino contextual, se hace necesaria la participación social desde las distintas realidades que componen la situación y que, asímismo, constituyen estructuras tanto formales como informales mediante las cuales se participa. Se toma por ejemplo de lo público el espacio, donde es preciso que se visualicen los procesos de apropiación y de construcción que poseen los individuos como miembros de una comunidad. Al respecto, un ideal como el de la gobernanza guiaría la colaboración a favor del cuidado y del trabajo por los intereses de la comunidad y sus sujetos; condición que facilita el logro de metas en común y hace posible la organización horizontal para la formación de acuerdos políticos. Se propone que el enfoque comprensivo fenomenológico aporta a este sentido, porque permite observar cómo se expresan, mediante rasgos de comportamiento, los prejuicios sociales hacia la autoridad que ponen en evidencia la ilegitimidad de ciertas estructuras políticas. Aunado a ello, un análisis crítico de las políticas públicas desde el concepto de Gubernamentalidad postulado por Foucault, permitiría identificar los dispositivos que se dan en las relaciones sociales y políticas que, por caso, inciden en la administración de lo público.

Memorias del XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector Repensando los roles y dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos: 20 años de investigación sobre el Tercer Sector Centro Mexicano para la Filantropía, A. C. Sede del Congreso: Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Cholula, Puebla, México Abril de 2021 Directorio Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. Edición Ricardo Bucio Mújica Presidente Ejecutivo Liza Romina Farías Pelayo Directora de Investigación Paulina Zúñiga Carrillo Oficial de Investigación Julio Casas Toledo Líder de Directorios Zoila De la Vega Briones Oficial del Centro de Información de Filantropía y Responsabilidad Social (Cifres) Memorias del XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector Repensando los roles y dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos: 20 años de investigación sobre el Tercer Sector Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. Primera edición, México 2022 ISBN: en trámite Cerrada de Salvador Alvarado 7 Col. Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11800, Ciudad de México Tel: +52 (55) 5276-8530 www.cemefi.org congresodeinvestigacion@cemefi.org Fecha de la última modificación, 20 de abril de 2022. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción parcial o total por medio alguno –ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico o fotocopia– del contenido de la obra sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito del titular en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones correspondientes. Estas Memorias recuperan cerca de la mitad de las 79 ponencias que se presentaron durante el XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector llevado a cabo de manera virtual en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) durante el mes de abril de 2021. Las 31 investigaciones que conforman este documento fueron presentadas durante los días 21 y 22 de abril de 2021 a lo largo de 20 mesas de trabajo que abordaron diversos temas como el impacto del COVID en el sector, alternativas de acción desde la sociedad civil, movimientos sociales y acciones colectivas, retos de la incidencia en políticas públicas y voluntariado, entre otras. Confiamos en que estos trabajos enriquecerán las investigaciones sobre el Tercer Sector, desde la perspectiva de la relevancia y los aportes de la sociedad civil en México; además de contribuir e incentivar futuras investigaciones académicas necesarias para entender y fortalecer a la sociedad civil organizada sin fines de lucro. Índice I. IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR ..................................................................................... 4 I.I. MEDICIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS PROVOCADO POR EL HOME OFFICE Y SUS PRINCIPALES CAUSAS DURANTE LA CUARENTENA DEL COVID-19 EN LOS COLABORADORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA FUNDACIÓN CEILI ............................................................................................................................................ 4 I.II. IMPACTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR SIN FINES DE LUCRO: UNA PERSPECTIVA ESTADÍSTICA... 25 I.III. LA DESACELERACIÓN GLOBAL EN LA AGENDA 2030: LOS EFECTOS DEL 2020 ................................ 44 I.IV. PANDEMIA POR COVID-19: ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ............................................................................................................................................ 62 II. LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA AGENDA FEDERAL........................................................ 92 II.I. LA IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS EN MÉXICO 92 II.II. LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN MÉXICO. EL FRACASO DE UNA POLÍTICA DE ESTADO................................................................................... 107 III. ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN DE POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD..................................................................................................................................... 139 III.I. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA SUPRA-ORGANIZATIVA PARA REDES DE OSC BASADA EN TOC (TEORÍA DE CAMBIO): EL CASO DE LA RED DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO...................... 139 IV. ALTERNATIVAS DE ACCIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL ................................................. 154 IV.I. PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA ...................................................................................................................................... 154 IV.II. LA GESTIÓN SOCIAL EN REDES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ......................... 169 V. TRABAJO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA LA INCIDENCIA ...................... 190 V.I. INCIDENCIA POLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN (COPACIS) EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, 2020............................. 190 V.II. EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO (2010-2020): PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA CIUDADANA .............................................................................................................................. 220 VI. LA RELEVANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESQUEMA DE GOBERNANZA ........ 247 VI.I. ESTADO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN, INCIDENCIA Y GOBERNANZA: UN ESTUDIO COMPARADO .............................................................................. 247 VII. MOVIMIENTOS SOCIALES Y ACCIONES COLECTIVAS .................................................. 263 VII.I. MANIFESTACIONES FEMINISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO: UN ACERCAMIENTO A LA VIOLENCIA 263 VII.II. LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS JORNALERAS AGRÍCOLAS .. 280 VII.III. RECUPERACIÓN DEL ESPACIO COLECTIVO COMO MODELO CULTURAL EDUCATIVO DE ALTA REPLICABILIDAD .......................................................................................................................................... 293 VIII. IMPACTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS ACCIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL............................................................................................................................ 309 VIII.I. INFLUENCIA DE LOS VALORES CORPORATIVOS E IDEOLOGÍA DE LA FIRMA EN LA CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA SOCIAL CORPORATIVA ....................................................................... 309 VIII.II. ALCANCES SOCIOAMBIENTALES DEL DISTINTIVO “EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE”. CASO DE ESTUDIO: “GRUPO BIMBO” Y “GRUPO HERDEZ”...................................................................................... 333 VIII.III. RSE Y LOS MOTIVADORES DE LAS EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES DE JALISCO FRENTE AL COVID-19 .............................................................................................................................................. 376 IX. LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LOS RETOS AMBIENTALES ............................................ 444 2 IX.I. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN APOYO A ESQUEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA CRISIS GLOBAL POR EL CAMBIO CLIMÁTICO ............................................... 444 X. EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA CONFORMACIÓN DE REDES INTERSECTORIALES ................................................................................................................................ 461 X.I. LA MISIÓN UNIVERSITARIA ANTE EL FUTURO: ESTRATEGIAS PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS EN CARA A LA AGENDA 2030 ....................................................................................................................... 461 XI. RETOS DE LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS ......................................................... 486 XI.I. XI.II. XII. LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO EN EL DISEÑO DE POLÍTICA..................................................... 486 DRAMATIS PERSONAE: LOS ACTORES DE LAS POLÍTICAS CULTURALES ............................................ 513 ACCIONES Y APORTES DEL TERCER SECTOR ANTE EL COVID-19............................ 536 XII.I. RELACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL GOBIERNO EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LOS PAÍSES DE LA OCDE ...................... 536 XIII. TECNOLOGÍA PARA LA ACCIÓN SOCIAL ........................................................................... 556 XIII.I. LA CONSTRUCCIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 556 XIII.II. MIEDO COMO GENERADOR, CREANDO COMUNIDAD ENTRE MUJERES. UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LOS SECUESTROS EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ......................................................................... 570 DIGITAL XIV. RESULTADOS Y OPORTUNIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS ................ 589 XIV.I. CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD. CASO MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR ......................................................................................................................................... 589 XIV.II. LOS RESULTADOS A NIVEL DE EFECTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE OFTALMOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN DOCTOR HERNÁNDEZ ZURITA EN LA SEDE DE COSAMALOAPAN, VER. Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS DE LA AGENDA 2030 ................................................................................... 612 XV. PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OSC ............................................ 629 XV.I. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL ..................................................................................... 629 XVI. VOLUNTARIADO Y SERVICIO SOCIAL: EDUCACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL .. 655 XVI.I. LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL APRENDIZAJE-SERVICIO: UNA HERRAMIENTA DE FORMACIÓN PARA LAS CIUDADANÍAS ..................................................................................................... 655 XVI.II. ESTUDIO DE LOS ASPECTOS QUE MOTIVAN A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO ........................................................................................................................................... 670 XVI.III. PROYECTO DE CULTURA DE PAZ CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PRIMARIA EN TEPIC, NAYARIT ................................................................................................... 689 3 I. Impacto del COVID-19 en el sector I.I. Medición del nivel de estrés provocado por el home office y sus principales causas durante la cuarentena del COVID-19 en los colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Ceili Yolanda Hernández Arciniega Resumen La vivencia de una situación nueva, inesperada y con una amenaza latente de peligro a la salud de las personas, sus familias y de amigos cercanos, así como la incertidumbre de conservar o perder el trabajo, han sido algunos de los factores más importantes que han provocado estrés, en la población en general, durante la pandemia del COVID-19, con afectaciones a la salud física y emocional de gran parte de los individuos. Desde el inicio de la “cuarentena”, numerosas organizaciones a nivel nacional se vieron forzadas a continuar operaciones a través de la modalidad: home office, como una estrategia de emergencia para no causar estragos en su economía y productividad. Muchos de los colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Ceili no conocían esta opción de trabajo y como cualquier cambio, pudo haber representado también un factor de estrés, el cual era importante medir y buscar sus principales causas. Palabras clave: estrés, home office, cuarentena, COVID-19, colaboradores administrativos, docentes. Problema de investigación Planteamiento del problema Desde el inicio de la “cuarentena” por el COVID-19 en marzo de 2020, numerosas organizaciones a nivel nacional se vieron forzadas a continuar operaciones a través de la 4 modalidad: home office, como una estrategia de emergencia para no causar estragos en su economía y productividad. Muchos de los colaboradores administrativos y docentes no conocían esta opción de trabajo y como cualquier cambio, pudo haber representado un factor de estrés, ya que en varios casos no tenían equipos portátiles para trabajar en casa, internet con suficiente ancho de banda, utilizado no sólo por el trabajador, sino también por la pareja e hijos, en el caso de tener familia. A algunos las organizaciones los proveyeron de las herramientas tecnológicas necesarias, pero a otros, no, teniendo que comprar equipos y pagar rentas más altas del servicio de Internet para tener mayor velocidad. Otros factores que pudieran ocasionar estrés en ellos, es tener en casa niños pequeños que demandan cuidado y atención; cambio en los hábitos de alimentación; el no respetar los horarios de trabajo debido a la facilidad de tener el equipo de cómputo en casa, la carencia de comunicación efectiva con el jefe inmediato y los compañeros; en caso de atender a público externo, el no contar con los medios de comunicación efectivos; el posible aumento de los gastos fijos en la casa; el sentirse improductivo; e incluso el tener que realizar actividades del hogar en horario de trabajo, siendo un distractor que aleja del cumplimiento de objetivos y metas laborales. Especialmente con los docentes, pudo haber pasado que tuvieron que, en muchos casos, ser capacitados para impartir clases en línea, lo que para muchos de ellos era la primera ocasión, lo que también a ellos seguramente les generó estrés al enfrentarse a un escenario desconocido. En conclusión, la vivencia de una situación nueva, inesperada y con una amenaza latente de peligro a la salud del colaborador administrativo y docente, de su familia y de amigos cercanos, así como la incertidumbre de conservar o perder el trabajo, han sido algunos de los factores más importantes que han provocado estrés en la población en general durante la pandemia del COVID-19, lo que ha afectado la salud física y emocional de este sector de la población principalmente. 5 Formulación del problema ¿Cómo medir el nivel de estrés provocado por el home office y sus principales causas, durante la cuarentena del COVID-19 en colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Ceili? Variables (dependiente, independiente) Variable dependiente: Nivel de estrés Variables independientes: 1. Espacio asignado al home office 2. Carga de trabajo 3. Horario de trabajo 4. Herramientas tecnológicas Objetivos de la investigación Objetivo general Medir el nivel de estrés provocado por el home office y sus principales causas, durante la cuarentena del COVID-19 en colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Ceili. Objetivos específicos 1. Identificar el nivel de estrés provocado por el home office durante la cuarentena del COVID-19 en colaboradores administrativos y docentes. 2. Determinar cuáles son las principales causas del estrés provocado por el home office durante la cuarentena del COVID-19 en colaboradores administrativos y docentes. Justificación del estudio Esta investigación permitirá conocer en primer término, el nivel de estrés provocado por trabajar en casa en los colaboradores administrativos y docentes, además de indagar sus principales causas, durante la pandemia del COVID-19 en México, así como, alternativas para disminuirlo. Lo antes dicho, servirá para elevar el nivel de productividad, y de igual forma para alinear los procesos a la Norma Oficial Mexicana NOM-035. Riesgo psicosocial 6 en el trabajo que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Su trascendencia se deriva de la utilidad que puede tener para el Tercer Sector, el saber a través de un estudio realizado por mexicanos y para mexicanos, el nivel de estrés de sus colaboradores administrativos y docentes, ya que se vislumbra que muchas organizaciones darán un giro a su forma de trabajar y que institucionalizarán el home office de manera permanente u ocasional, incluso una vez terminadas las acciones para prevenir el contagio del COVID-19 y la sana distancia. Conocer las principales causas que lo generan permitirá aplicar estrategias para mejorar la productividad laboral y redundará en la salud física y emocional de los colaboradores administrativos y docentes. En cuanto a la relevancia teórica, si bien, los niveles de estrés y sus causas inducidas por la actividad laboral han sido medidos en diferentes ámbitos laborales, esta investigación propone medir los niveles y causas del estrés provocado por el home office durante la cuarentena del COVID-19 en colaboradores administrativos y docentes que, en la mayoría de las empresas y organizaciones de la sociedad civil, se ha llevado a cabo a partir de marzo de 2020. Lo anterior, da la relevancia teórica al estudio, ya que es la primera vez que en el mundo se vive una pandemia de este tipo, tan larga y con la imposición de esta modalidad de trabajo en casa en la mayoría de las empresas, organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Hablando de la relevancia metodológica, ésta consiste en la aplicación de un instrumento que de manera cuantitativa pueda demostrar las causas que originan el estrés trabajando desde casa a partir de la relación de dicho nivel con las variables: • Espacio asignado al home office • Carga de trabajo • Horario de trabajo • Herramientas tecnológicas 7 La relevancia social aplica ya que es un tema de actualidad y del cual se tiene poca información en nuestro país, ya que por primera vez los colaboradores administrativos y docentes están trabajando en la modalidad home office a nivel nacional y se desconoce el nivel de estrés y sus causas por lo que es importante investigar acerca del tema, ya que puede tener repercusiones sociales, económicas y de salud en los trabajadores. Al conocer las causas que provocan el estrés, se podrán generar alternativas de solución que, aplicándolas en los colaboradores administrativos y docentes, económicamente hablando podría tener una relevancia crucial no solo en la cadena productiva de la organización, sino a nivel nacional, si otras organizaciones realizan estudios de este tipo en sus trabajadores o si toman en cuenta las recomendaciones de esta investigación y las aplican en su entorno laboral. Por último, la relevancia ambiental tiene que ver con el espacio de trabajo de los colaboradores administrativos y docentes que en este caso es su hogar, que, desde ya, será concebido no sólo como el lugar donde se vive, se descansa y se convive en familia, sino que ahora también tendrá la connotación de oficina que tendrá que estar acondicionado de la mejor manera para esta labor. Limitaciones de la investigación La investigación se delimitará de la siguiente manera: • Delimitación geográfica: participarán en el estudio 70 personas del Estado de México. • Delimitación sectorial: el estudio está dirigido a colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Ceili, organización de la sociedad civil. • Delimitación por procesos: aplicación de las pruebas y seguimiento Online debido a la cuarentena y a la distancia de la ubicación de los participantes del estudio no se puede realizar a nivel presencial. Marco teórico Antecedentes del estudio 8 Si bien el estrés laboral ha sido investigado a través de un sinfín de estudios y por un gran número de visiones tanto desde la psicología como la administración, la situación que se está viviendo a nivel mundial debido a la alerta sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 que ha venido a cambiar la vida de muchas personas, especialmente del sector laboral, le da otro sentido a la investigación sobre el estrés en los colaboradores administrativos y docentes. Según la revista Forbes (Sosa, 2020) las empresas han tenido que romper paradigmas para poder implementar el trabajo desde casa o home office, para poder seguir existiendo. Estos paradigmas van desde el creer que los trabajadores necesitan de supervisión continua para que sean productivos, dar por hecho que desde casa se trabaja menos o simplemente no contar con sistemas de medición eficaces de resultados. Debido a que esta es una situación sin precedentes, los estudios al respecto del tema de esta investigación no tienen antecedentes, probablemente se estén generando en varias partes del mundo, pero aún no se conocen del todo. Seguramente al término del año irán surgiendo los resultados de investigaciones que como esta, combinen el factor estrés, con el home office y la afectación de los colaboradores administrativos y profesores del sector educativo. Bases teóricas El término estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la fuerza que se aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. En la psicología, estrés suele hacer referencia a situaciones que implican demandas fuertes para el individuo y que pueden agotar sus recursos de afrontamiento. El estrés en el ámbito laboral, en su vertiente negativa, es considerado como uno de los problemas graves que sufren los trabajadores y las organizaciones. Sin embargo, se sigue prestando poca atención a sus consecuencias negativas. Desde que French y Kahn (1962) desarrollaron su modelo procesual del estrés laboral, se han realizado pocas intervenciones para intentar disminuirlo en la empresa (Merín et al, 2014). Lo anterior, hasta que en México surgió la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los 9 centros de trabajo. Esta NOM define los factores de riesgo psicosocial como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado (STPS, 2018). Es entonces, que se han empezado a implementar programas diversos para dar cumplimiento a la NOM 035 a favor de la salud física y emocional de los colaboradores. Osorio y Cárdenas (2017) realizaron una revisión de 62 artículos con el fin de analizar el concepto estrés laboral, sus modelos explicativos y variables asociadas, teniendo en cuenta investigaciones de los últimos cinco años. Concluyen con respecto a los modelos del estrés, que han jugado un papel importante en el estudio de este, siendo el fundamento para su conceptualización y explicación. Así mismo, que han sido la base teórica para la construcción de los instrumentos más usados que miden el estrés laboral. Y que el estrés laboral se ha asociado principalmente a variables como satisfacción laboral, inteligencia emocional y problemas músculoesqueléticos y a variables que componen los modelos explicativos del estrés como demandacontrol laboral, recompensa-esfuerzo y modos de afrontamiento individual. Hoy en día, a partir de la pandemia que se vive desde marzo de 2020 en México, muchos de los trabajadores y docentes fueron migrados a la modalidad home office sin aún tener claro el nivel de estrés que se ha derivado de dicha práctica. En Colombia se realizó una encuesta a trabajadores que han trabajado desde casa durante la cuarentena por el COVID-19, dando como resultado que 6 de cada 10 empleados han sufrido estrés por esta razón y que 42,3% de los colaboradores siente que desde casa trabaja más y tiene jornadas más largas, 39,5% de los encuestados le hace falta el contacto social para trabajar y 30,8% siente que se han perdido las fronteras entre lo personal y lo profesional (La República, 2020). La Revista Forbes (2020) en el artículo: Aumento de estrés y más gastos en servicios: la otra cara de trabajar desde casa, habla que esta modalidad de trabajo se ha convertido en una tendencia y que las investigaciones apuntan que el trabajo desde casa puede causar que los colaboradores de una empresa: 10 • Se desenfoquen de sus actividades laborales y disminuyan su desempeño, pues se ven obligados a compaginar su vida laboral con su vida personal en un mismo espacio y en un mismo tiempo. • Aumenten su nivel de estrés pues no les es posible “dejar los pendientes de la oficina en la oficina y los de casa en casa”; esta ruptura de pensamiento que se da al cerrar una puerta y desplazarte a otro lugar ha sido inhibida. • Aumenten significativamente los gastos relacionados con comida, servicios de luz, agua y gas, servicios de telefonía y de internet, suplementos de limpieza, entre otros. Aunque es probable que se compense con el ahorro en transporte, preferirían que el gasto fuera el de desplazarse a un lugar de trabajo. • Inviertan en la infraestructura para poder trabajar desde casa, (desde una computadora, una silla, un escritorio, una lámpara, una impresora, etc.). • Pierdan la calidez humana y el contacto personal que tanto suman a la cultura laboral de una empresa, a su ambiente de trabajo y al compromiso. En México, especialistas de la UAT afirman que el confinamiento por COVID-19 en el país ha generado estrés, depresión, miedo y otros trastornos mentales, derivado del tema económico y social principalmente, pero también están siendo desencadenados por asumir tareas a las que no estaban acostumbrados, como el home office. Y afirman que si no se tiene una capacidad organizativa la gente va a empezar a sufrir niveles de estrés muy altos y eso lo va poner en una condición de vulnerabilidad a desarrollar cualquier trastorno mental (Álvarez, 2020). Definición de términos Estrés: la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como “El conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción”. En términos globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Estrés laboral: el Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones del Reino Unido, lo define como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y competencias, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. 11 Fundación Ceili: Asociación Civil fundada en 2012, integrada por 70 colaboradores de los cuales 47 son docentes. Lleva a cabo acciones que contribuyen a mejorar la calidad educativa, a través de programas de desarrollo en los que participan niños y niñas de Escuelas Primarias del Municipio de Atizapán, en el Estado de México, así como padres, madres de familia y docentes. Tiene 4 programas principales: 1. Nueva Generación de Padres. 2. Becas Educativas. 3. Líderes Comunitarios. 4. Capacitación Docente en desarrollo Humano. Home office: Ley Federal del Trabajo en el artículo 311 lo define como: “Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo”. Entre sus componentes están los horarios flexibles, la posibilidad de reuniones virtuales, el uso de dispositivos propios y la posibilidad de poder trabajar desde cualquier lugar. COVID-19: según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Hipótesis Hipótesis general Si los colaboradores administrativos y docentes de Fundación Ceili cuentan con el espacio adecuado, las herramientas tecnológicas, la capacitación en torno al uso de la tecnología y tienen estrategias para la enseñanza en línea, entonces disminuirán su nivel de estrés en el home office. Hipótesis nula Si los colaboradores administrativos y docentes de Fundación Ceili no cuentan con el espacio adecuado, las herramientas tecnológicas, la capacitación en torno al uso de la tecnología y 12 no tienen estrategias para la enseñanza en línea, entonces no disminuirán su nivel de estrés en el home office. Metodología Tipo y nivel de investigación El estudio es de tipo descriptivo-explicativo. Descripción del ámbito de la investigación La investigación es de enfoque mixto. Población y muestra Población experimental o de referencia: • 10 colaboradores administrativos • 42 docentes • 42 mujeres y 10 hombres • Promedio de edad: 37 años (en rango de 20 a 61 años) Técnicas e instrumentos para la recolección de datos El instrumento de recolección de datos que se utilizó en esta investigación en la parte cuantitativa, es el Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP). Adoptado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tiene como objetivo: conocer en qué grado el trabajador padece los síntomas asociados al estrés, entendiendo esté como un proceso por el cual las personas responden a eventos que perciben como amenazantes o generadores de conflicto, elaborando patrones de respuesta como reacción adaptativa ante las demandas del medio ambiente. Es un instrumento pre-existente (Hock 1988). Adaptación española realizada por García-Izquierdo M. en 1993. Validez y confiabilidad del instrumento El grado de validez y confiabilidad del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP). Adoptado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de 0.90. 13 Plan de recolección y procesamiento de datos El diseño de la investigación consistió en los siguientes momentos: 1. Test: aplicación a los colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Ceili del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP). Instrumento pre-existente (Hock 1988) adaptación española realizada por García – Izquierdo M. en 1993, que recomienda el Instituto Mexicano del Seguro Social y que permite conocer en qué grado el trabajador padece los síntomas asociados al estrés (medida de la variable dependiente). El cuestionario se compone de 12 preguntas sobre la incidencia de ciertos problemas a nivel fisiológico y la frecuencia de los mismos. Se proponen 6 alternativas de respuesta que van desde “nunca” (valor1) a “con mucha frecuencia” (valor 6) según responda el encuestado sobre los síntomas o molestias padecidas durante los últimos 3 meses. Dicha aplicación se llevó a cabo vía electrónica a través de la adaptación del cuestionario a “Forms” (Aplicación de Microsoft) para facilitar su respuesta al compartir el link vía correo electrónico a los participantes. El test fue respondido entre el 20 y el 22 de noviembre de 2020. 2. Se obtuvieron los resultados del test en el que hubo 52 respuestas y se seleccionaron a las 17 personas que alcanzaron las puntuaciones más altas y niveles de estrés alto y muy grave para aplicarles el cuestionario para conocer las principales causas que provocan el estrés en el home office. Dicho cuestionario se aplicó de manera electrónica por Forms, consistió en 13 preguntas donde se indagó si anteriormente a la cuarentena, habían realizado home office, el espacio donde lo llevan a cabo, si su carga de trabajó aumentó a partir de esta modalidad, cuántas horas trabajan al día, si respetan su horario de trabajo, sobre el equipo de cómputo y su conectividad a Internet y las causas principales que les han hecho sentir estrés durante la cuarentena. Se recibieron 13 respuestas. 3. Se obtuvieron los hallazgos y se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. Análisis de resultados Base de datos 14 Se cuenta con la base de datos con los resultados derivados de la aplicación del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP) con las respuestas de las 52 aplicaciones del test, y la base de datos de las 13 respuestas del cuestionario para conocer las principales causas que provocan el estrés en el home office. Estructura y perfil de la población La población que contestó el test estuvo compuesta por: No. colaboradores Hombres Mujeres administrativos que Edad Tipo de promedio colaborador 36.6 años 10 Sector contestaron el test 52 9 43 Educativo Administrativos Rango de 23 a 61 años 42 Docentes La población que tuvo mayor nivel de estrés y que fue seleccionada para contestar el cuestionario para conocer las principales causas que provocan el estrés en el home office estuvo compuesta por: No. colaboradores Hombres Mujeres administrativos 17 3 14 Edad Tipo de promedio colaborador 31.5 años 2 Administrativos Nivel de estrés 11 Estrés medio 5 Estrés alto Rango de 20 a 15 44 años Docentes 1 Estrés grave Resultados Los primeros resultados generales obtenidos fueron los del test del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP) aplicado a 52 colaboradores administrativos y docentes, con los siguientes puntajes: 15 Gráfica 1. Resultados por nivel de estrés. Nivel de estrés 19 16 11 5 1 Estrés alto Estrés grave Estrés leve Estrés medio Sin estrés Los resultados del cuestionario para conocer las principales causas que provocan el estrés en el home office, que fue contestado por 13 personas, son: • Anteriormente a la cuarentena, 46% de los colaboradores habían realizado home office. • El espacio que tienen asignado para realizar el home office es: o Cuarto y comedor o Es un espacio pequeño o Recámara con ventana grande, escritorio, y tres libreros. o Sala 4m x 3m o Una esquina de mi recámara, es bastante amplia, tengo el espacio suficiente, aunque le da el sol todo el día y en ocasiones se calienta mucho. o En mi recámara, destine un espacio con una mesita y una silla para uso de mi lap. o Sala/comedor o Una mesa pegada a un escritorio en un espacio de 6 metros cuadrados. o Estudio 16 o Sólo estoy yo, es pequeño para un escritorio y mi material necesario (chromebook, libros, marcadores, etc.). Hay ruido externo, como en todos lados. o Anteriormente una habitación que no estaba destinada para algo específico y ahorita mi recámara. o Una habitación para cine en casa o En mi comedor, es un espacio pequeño, pero donde me siento con espacio para poder realizar mi labor • 54% de las personas no comparten el espacio para el home office, 46% lo hacen con sus espos@s e hij@s. • 92% de los colaboradores consideran que a partir de que está realizando home office ha aumentado su carga de trabajo en comparación con la que tenían anteriormente. Considerando que: o 23% dice que ha aumentado entre un 10-20% o 31% opina que ha aumentado entre un 41-60% o 31% cree que ha aumentado entre un 61-80% o 15% considera que ha aumentado de un 81-100% • 15% trabajan de 4-5 hrs. durante el home office. 8% trabaja de 6-7 hrs. durante el home office, 54% trabaja de 8-9 hrs. durante el home office y el 23% dice trabajar más de 10 hrs. • 38% respeta su horario de trabajo y 62% dice no respetar su horario de trabajo durante el home office. o Los comentarios de los que sí respetan su horario de trabajo son: ▪ Trato de hacerlo... en ocasiones no sucede. ▪ Sí durante las clases en línea. No, porque en las tardes hay que preparar presentaciones, planeaciones, vídeos, subir las actividades a classroom, revisar evidencias y eso excede el horario de trabajo y aunque anteriormente también se dedicaba cierto tiempo en las tardes para realizar planeación, exámenes, etc. El tiempo que se invierte en home office es muchísimo más. ▪ En cuanto a el horario laboral establecido si lo respeto 17 ▪ Al estar en dos lugares de trabajo me coordino para poder estar en ambos en los horarios correspondientes ▪ Entro a las 7:50 y salgo 2:15 o Los comentarios de los que no respetan su horario de trabajo son: o A veces rebaso el tiempo de horario de trabajo o Soy meticulosa en mis presentaciones así que para planear y presentar tomo bastante tiempo para realizarlo. o Atiendo actividades como contestar correos o realizar planeación, evaluaciones, exámenes, etc. o Hay ocasiones en las que, dependiendo de las actividades del día o semana siguiente, se tiene que planear diferentes actividades y buscar recursos en Internet que no se consiguen tan fácil. o Me es difícil impartir clase y calificar al mismo tiempo, además de que debo preparar las presentaciones para cada clase, demasiados tutoriales que ya considero redundantes. o Aunque desee "desconectarme" al terminar las clases (mis 8 hrs. establecidas) debo seguir preparando material, revisando tareas o llenando decenas de formatos o documentos. Además, en algunas ocasiones hay sesiones o mensajes por parte de la escuela fuera del horario laboral que también se deben atender. o Trabajo desde hace 10 años en escuelas en línea, pero últimamente he visto mayor carga de trabajo, ya que al comprometerse con dar una clase de calidad preparo mi material para evitar una clase sin sentido y pérdida de tiempo. ✓ El 54% dice que el equipo de cómputo con el que cuenta para trabajar es propio y al 46% se lo proporcionó la Institución. ✓ El 54% afirma que es medianamente eficaz el equipo de cómputo con el que cuenta para trabajar y el 46% muy eficaz. ✓ 69% considera que la calidad de la conexión a Internet con la que cuenta es alta y el 31% que es media. ✓ El 100% pagan el servicio de Internet para el home office. 18 ✓ Las causas que les han hecho sentir estrés durante el home office son: o Contacto (llamadas y mensajes, juntas) con padres de familia. Seguimiento a alumnos. Descarga del burn out docente. o Crear contenidos lúdicos, pensar en materiales que tengan en casa, entregas de presentaciones a tiempo. o Las interacciones en las clases de los padres, exceso de tiempo invertido de planeación, capacitaciones, juntas. o El tener que atender asuntos del hogar y del trabajo al mismo tiempo. o Únicamente el sentir que la convivencia y la atención que les dedico a mis hijos es menor, debido al tiempo que se invierte en las actividades que se deben realizar después de las clases. o El trabajar en computadora prácticamente todo el día, incluyendo madrugadas puesto que se carga el trabajo de casa también. Debo atender a 3 personas en casa que dependen de mí. El poco tiempo para dormir. o Podría ser carga de trabajo, pero sinceramente me agrada trabajar desde casa, no me siento estresada. o 1.-Algunos niños solo se ocupan más de ver el reloj que concentrarse en las actividades. 2.-Falta de interés en la realización de tareas en classroom. 3.Los padres de familia ni los niños se comprometen a entregar todo a tiempo y se justifican constantemente con la falla en la red, y no consultan las clases grabadas. o Postergación de proyectos, la respuesta de los alumnos, el poco apoyo de tutores o padres o En definitiva, el trabajo en línea resulta más complejo que presencial, sin embargo, en lo que respecta al contenido de mis clases he buscado estrategias que me permitan llamar la atención y el interés de los chicos. He realizado actividades que han sido satisfactorias tanto para ellos como para mí. Quizá en ello es en lo que invierto más tiempo y por ende la carga de trabajo aumenta. Pero, estoy consciente de que mi trabajo como docente requiere ese esfuerzo extra en esta época y situación; y me alegra ver que a los chicos les gusta. Además, el revisar trabajos/tareas es algo que ha existido desde antes y 19 lo hago con mucho gusto. Lo que me conflictúa en este trabajo en línea/distancia son varios puntos: La permisividad y flexibilidad para algunos. Desde mi percepción, algunos alumnos reciben tratos distintos o preferenciales. Hay chicos que se esfuerzan muchísimo por obtener una calificación, pero sobre todo por aprender, cumplen con levantarse temprano y estar presentables a la clase, en entregar trabajos, etc. Mientras que hay otros que no lo hacen y se les “debe pasar” o “cambiar” calificación por razones que desconozco de administración o dirección, pero me parece injusto que a algunos se les deba tratar distinto o como me han dicho “con pincitas” (que se conecten tarde, que no enciendan cámara -aun cuando se estableció desde el inicio-, que se les evalúe distinto -y no por cuestiones de aprendizaje-) Y otros que dan todo, lo notan y también se conflictúan al saber que otros niños “tienen preferencias”. La formatitis. Es decir, doy clase o lleno formatos o contesto mensajes. o Organizar mi tiempo, al inicio la conexión de Internet y las actividades del hogar. o Me siento estresada por la situación de los padres de familia, sus quejas e incongruencias y poca empatía para este lado. - La pandemia desde la parte familiar, preocupaciones y cuidados constantes y muchos reportes, formatos, aclaraciones. o Estrés, falta de sueño. Descripción de hallazgos Los principales descubrimientos que se obtuvieron a partir de esta investigación, fueron: • El 33% de la población que aplicó el Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP) estuvo compuesta, por 2 colaboradores administrativos y 15 docentes de los cuales, 11 presentaron estrés medio, 5 estrés alto y 1 estrés grave. • Anteriormente a la cuarentena, 46% de los colaboradores que contestaron el cuestionario sobre causas del estrés en el home office, ya habían trabajado en esta modalidad. 20 • Los colaboradores no cuentan con un espacio especialmente diseñado para el home office, trabajan en sus recámaras y en el comedor de su casa la mayoría. El 54% de las personas no comparten el espacio para el home office, 46% lo hacen con sus espos@s e hij@s lo que puede ser una distracción ya que quienes tienen hijos pequeños tienen que estar al pendiente de sus clases en línea al mismo tiempo de que imparten las suyas. • El 92% de los colaboradores consideran que a partir de que está realizando home office ha aumentado su carga de trabajo en comparación con la que tenían anteriormente. Considerando que el 62% dice que aumentó entre un 41 y un 80%: • El 77% de los colaboradores dice trabajar entre 8 y 10hrs. y 62% dice no respetar su horario de trabajo durante el home office, en su mayoría por preparar las clases, elaborando los materiales, revisando tareas o llenando formatos o documentos. • El 54% dice que el equipo de cómputo con el que cuenta para trabajar es propio y afirma que es medianamente eficaz. El 69% considera que la calidad de la conexión a Internet con la que cuenta es alta y el 100% pagan el servicio de Internet para el home office. • Las principales causas asociadas al estrés durante el home office en la pandemia se deban a factores como las interacciones en las clases de los padres, exceso de tiempo invertido de planeación, capacitaciones, juntas. El tener que atender asuntos del hogar y del trabajo al mismo tiempo. La situación de los padres de familia, sus quejas e incongruencias y poca empatía para con los docentes. La pandemia desde la parte familiar, preocupaciones y cuidados constantes. El descuido de los hijos y la familia por el tiempo invertido en el trabajo. La elaboración de muchos reportes, formatos, aclaraciones y el contestar múltiples mensajes. Conclusiones y recomendaciones Las conclusiones de esta investigación se pueden resumir de la siguiente manera: • Se contó con la participación en el estudio del 74% de los colaboradores tanto administrativos, como docentes de la Fundación, la población estuvo compuesta por 9 hombres y 43 mujeres, de edad promedio de 36.6 años, de los cuales 10 fueron administrativos y 42 docentes. 21 • Llama la atención que, en los resultados del test aplicado a los 52 colaboradores, el 67% obtuvo un nivel de estrés menor al esperado, siendo el 46% de ellos calificados sin estrés. Lo anterior porque se esperaba que el resultado sobre el nivel de estrés en el home office durante la pandemia fuera mayor y solamente el 33% tuvo niveles de estrés de medio a grave. • Los docentes manifiestan como principales causas del estrés el trato con los padres de familia, el poco interés de sus estudiantes por conectarse y poner atención en las clases, el tiempo extra que les lleva preparar sus clases y los materiales para ello y los intensos procesos de reporteo. Dados los resultados de las causas que provocan el estrés en los colaboradores tanto administrativos, como docentes de la Fundación Ceili, se sugieren las siguientes acciones para disminuir su nivel de estrés: • Revisar la carga de trabajo de los colaboradores a través de la realización de una agenda-control de actividades que pudiera medir cada acción tanto docente como administrativa de lo que realizan diariamente para poder calcular el número de horas que invierten y encontrar estrategias para administrar el tiempo y el esfuerzo. • Crear un programa de capacitación para los docentes a partir de una detección de necesidades, para apoyarlos en los temas que requieran reforzar, especialmente para la modalidad de enseñanza online que seguramente prevalecerá este 2021. • Motivar a los docentes a realizar un repositorio de materiales didácticos en línea que pudieran compartir y enriquecer para que trabajen en equipo y puedan reducir el número de horas que invierten en crearlos. • Crear la Escuela para Padres virtual donde pudieran orientar a los padres sobre la nueva modalidad de aprender en línea para sus hijos, explicarles sobre las responsabilidades, dinámicas y límites en la dinámica familiar durante la pandemia, y apoyarlos en temas de manejo de nuevas tecnologías, además de darles sesiones de capacitación sobre la formación de sus hijos y desarrollo humano para ellos. Bibliografía 22 Álvarez, E. (2020). Home office aumenta estrés y depresión durante cuarentena. Efectos de pandemia. Milenio. Recuperado de: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/homeoffice-aumenta-estres-depresion-cuarentena La República (2020). Estudio sobre estrés a trabajadores colombianos: 6 de cada 10 empleados han sufrido estrés por home office en la cuarentena. Laboral. Recuperado de: https://www.larepublica.co/ocio/seis-de-cada-10-empleados-han-sufrido-estres-porhome-office-en-la-cuarentena-3021168 Leka, S., Griffiths, A. y Cox, T. (2004). La organización del trabajo y el estrés: estrategias sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y representantes sindicales. Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones del Reino Unido. Recuperado de: https://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3sp.pdf Ministerio de Salud del Gobierno del Salvador (2017). Manejo adecuado del estrés laboral. Dirección de Enfermedades No Transmisibles. Unidad de Salud Mental. Recuperado de: https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/seguridad_ocupacional_2017_presentaciones/pr esentacion21092017/MANEJO-ADECUADO-DEL-ESTRES-LABORAL.pdf Merín, J., Cano A. y Miguel J. (2014). El estrés laboral. Bases teóricas y marco de intervención. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/230577109 Organización Mundial de la Salud (2020). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad del COVID-19. Recuperado de: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses Osorio J. y Cárdenas L. (2016). Estrés laboral: estudio de revisión. Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 13, núm. 1, pp. 81-90. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67952833006 Revista Forbes (2020). Aumento de estrés y más gastos en servicios: la otra cara de trabajar desde casa. Capital Humano, mayo 31. Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/capitalhumano-aumento-de-estres-y-mas-gastos-en-servicios-la-otra-cara-de-trabajar-desdecasa/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2018). Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. Recuperado de: https://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035stps-2018-factores-de-riesgo-psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-yprevencion 23 Sosa, R. (2020). El COVID-19 está poniendo a prueba el modelo Home Office en empresas. Revista Forbes México. Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/el-COVID-19-estaponiendo-a-prueba-el-modelo-home-office-en-empresas/ Anexos Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP). 24 I.II. Impactos del COVID-19 en el sector sin fines de lucro: una perspectiva estadística Daniel Alberto Fuentes Bautista Resumen El “tercer sector” es un término que integra un universo de instituciones de carácter heterogéneo y diverso, en este mismo concepto convergen y se encuentran incluidos los esfuerzos de la sociedad civil organizada que ha dado pie a la constitución de organizaciones cuyo objeto no es ni hacer valer y aplicar leyes y normativas como en el caso del gobierno, ni tampoco se dedican a producir bienes o generar servicios con el fin de obtener alguna ganancia o remanente como es el caso de las empresas lucrativas; mas bien nacen con el fin de atender a poblaciones que el estado y el sector privado empresarial no atienden, han dejado de atender o no pueden cubrir la demanda total de esas necesidades. Nuestro país cuenta con un tercer sector que expresa su diversidad desde el objeto social que persiguen y las varias ideologías que las acompañan, como ejemplo vemos agrupadas a asociaciones defensoras del aborto o el matrimonio igualitario hasta organizaciones de tipo religioso/eclesiástico que se oponen a estas iniciativas sociales dada su tradición histórica; lo mismo hay asociaciones que procuran el bienestar del medio ambiente que cámaras de productores de empresas que operan con energías que no necesariamente son limpias. A pesar de perseguir propósitos múltiples e incluso perseguir fines sociales con posturas encontradas hay algo que caracteriza a estas organizaciones más allá del fin no lucrativo o la toma de decisiones autónomas o la iniciativa de generar ciudadanía y cohesión social; son creadoras de comunidad. Por ello, cuando la capacidad de acción de las organizaciones disminuye no solo se pierden los servicios que destinaban a sus beneficiarios, también se genera un retroceso en el avance logrado por la sociedad para afianzar sus lazos comunitarios. Las instituciones del tercer 25 sector son el ejemplo máximo del trabajo en equipo de la ciudadanía para mejorar las problemáticas locales desde la base comunitaria, son de un interés social incalculable. La propuesta de esta ponencia en el marco de la celebración de los 20 años de investigación de la sociedad civil, es hacer un alto en el camino para reflexionar acerca del impacto que ha supuesto la crisis sanitaria mundial y los efectos que ha traído sobre las instituciones sin fines de lucro, probablemente el reto más importante que ha enfrentado la humanidad en la época reciente; en el caso del tercer sector esta crisis se agudiza si tomamos en consideración el contexto generado por el discurso gubernamental en el nivel federal que tiende a la estigmatización de estas unidades generando un claro deterioro de su imagen pública. Este texto mostrará desde las estadísticas disponibles por el instituto nacional de estadística y geografía, una cuantificación del impacto en las organizaciones civiles de las medidas de confinamiento para evitar los contagios de COVID-19 atendiendo a la tesis central que supone que la cuarentena no solo trajo una disminución de la actividad económica en las empresas financieras o no financieras, las fábricas y los centros corporativos, sino también puso un freno al asociacionismo al no permitir la reunión de los ciudadanos para tratar temas de interés general. Otra afectación se observa en los ingresos de las ISFL que dependen en alguna medida de los donativos de empresas en las que también se generaron problemas de sostenibilidad en el corto y mediano plazo; los donantes también vieron disminuidos sus ingresos y por lo tanto la disponibilidad de recursos para donar a las asociaciones se ve limitada. Las preguntas de las que parte esta investigación son: ¿cuál es el impacto del COVID-19 en la actividad de las organizaciones de la sociedad civil?, ¿disminuyeron los voluntarios?, ¿disminuyeron los trabajadores remunerados de estas asociaciones? Estas son algunas de las preguntas a las que esta exposición buscará dar respuesta. Palabras clave: COVID-19, asociaciones civiles, estadística, voluntariado, investigación. El estado de las organizaciones de la sociedad civil en el año 2019: la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México 26 La narrativa de los impactos de la crisis sanitaria sobre las OSC nos exige conocer el status de la actividad por lo menos en el año inmediato anterior al confinamiento determinado por las autoridades en un intento para frenar los contagios por el virus, utilizando estadísticas oficiales los siguientes párrafos contextualizan el año previo a la crisis sanitaria. Una de las conmemoraciones principales de este congreso es que se celebran los primeros 20 años de investigación sobre las asociaciones y organizaciones civiles, el voluntariado y el tercer sector. En ese tiempo se han realizado avances significativos por visibilizar la dimensión económica de la filantropía y el accionar de las organizaciones ciudadanas sobre indicadores como el PIB Nacional; desde hace 10 años el INEGI acompaña esta labor generando la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro. El próximo 17 de agosto de este año 2021, se cumple la primera década en que el Centro Mexicano para la Filantropía y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentaron en el museo Franz Mayer de la Ciudad de México los primeros datos de la cuenta satélite. El INEGI cuenta con uno de los programas de información más avanzados en el mundo en su tipo para el monitoreo anual de la actividad del sector de las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL); la cuenta satélite, producto como parte del sistema de cuentas nacionales de México “presenta el valor económico de las organizaciones de la sociedad civil y su participación en la economía nacional” (https://www.inegi.org.mx/temas/isfl/). De acuerdo con la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro (CSISFLM), en el año 2019 las ISFL privadas tuvieron una importancia económica para el país que ronda el 1.38 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. 27 Importancia económica de las ISFL Privadas Participación en el PIB Nacional 1.45 1.41 1.39 1.40 1.35 1.35 1.33 1.30 1.25 1.33 1.35 1.36 1.40 1.37 1.38 1.35 1.26 1.20 1.15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente: Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro. INEGI El año 2019 representó en términos reales una contracción del Producto Interno Bruto de las organizaciones en un 1.9% en su actividad respecto del año 2018, que se traduce en menos beneficiarios atendidos, menos servicios generados y menos servicios provistos por las organizaciones de la sociedad civil. Contrastando este indicador con otros estudios gestados desde las propias organizaciones, se puede afirmar que hay una correlación con el índice de sostenibilidad publicado por el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC), que indica que, respecto de 2018, el 2019 fue un año con que muestra un empeoramiento ligero de las condiciones en las que los emprendedores y filántropos sociales desarrollaron su quehacer. Otro de los valiosos indicadores que se presentan en la cuenta satélite especializada para el tercer sector del INEGI, es la contribución al empleo que realizan las OSC. Si tomamos en consideración los años de estudio de este proyecto observamos que del año 2008 (primer inicio de análisis) al año 2019 (que es el último) las y los trabajadores remunerados en las organizaciones han crecido en 30.5 por ciento al pasar de 547 mil puestos de trabajo a 714 mil plazas de trabajo asalariado. Con estos números podemos afirmar que el sector de las ISFL privadas es responsable de 2 de cada 100 puestos de trabajo de la economía. Un dato interesante al respecto es que los puestos de trabajo en la economía nacional, han crecido apenas un 12% en el mismo periodo de análisis que realiza la cuenta satélite al respecto del tercer sector. Un porcentaje inferior al de las OSC. 28 7.6 Variación anual de los puestos de trabajo en la economía nacional y en las ISFL privadas Porcentaje 7.0 5.0 3.5 3.0 1.0 -1.0 -3.0 1.2 2009 2010 2.5 1.4 2011 2.9 1.4 2012 3.2 0.6 2013 -2.9 1.5 1.6 -0.6 -0.6 2014 2015 1.5 1.0 -0.7 2016 -0.5 2017 1.6 0.3 2018 0.2 0.5 2019 Economía Nacional Fuente: Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro. INEGI En la gráfica anterior, si analizamos de forma detenida el año 2009 y entendemos su contexto, nos encontraremos con un panorama económico complicado para el país, los puestos de trabajo de la economía total provocaron una disminución en 2.9% respecto del año 2008. No obstante, en el saldo anual las ISFL aumentaron su dinamismo de forma mayúscula incrementándose sus puestos de trabajo en 7.6%, es decir, ante un panorama nacional de pérdida de recursos y aumento del desempleo en la economía total, las organizaciones civiles son quienes entran en acción para atender a la población necesitada e incrementar su número de beneficiarios de acuerdo a su objeto social. En ese complicado entorno del 2009, las organizaciones civiles incrementan su actividad otorgando más desayunos o raciones de alimento en los comedores comunitarios, incrementando la productividad de los bancos de alimentos, más clases para el autoempleo en los centros de capacitación en talleres y oficios; mayores y mejores estrategias de recaudación en las organizaciones del segundo piso, más talleres para el fortalecimiento institucional, y aumentos en la atención de las necesidades en las comunidades. Otra de las variables que describen el sector en el año 2019 (periodo pre-COVID) es el tema del voluntariado; es decir las personas que de forma solidaria se integran a las labores de las organizaciones civiles con el objetivo de aportar con sus horas de trabajo. En este punto conviene recordar que la definición de trabajo voluntario que emplea la cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro está basada en el manual de trabajo voluntario de la Organización Internacional del trabajo, donde se establece que este es un trabajo (genera 29 servicios o produce bienes), es voluntario (que indica que en estas acciones no debe mediar una obligación legal para realizarlo; en este punto se descartan las acciones que bajo una pena de ley deben realizarse para resarcir faltas cívicas), y la tercera característica es que estas acciones se realicen sin que medie un pago o se realice con la pretensión de un beneficio, esto no quiere decir por supuesto que los voluntarios que tienen servicio de comedor dentro de las organizaciones o que cuentan con una ayuda, beca o servicio de transporte, pierdan su característica como voluntarios; esta regla en específico nos indica que el servicio social no puede considerarse como trabajo voluntario porque hay un beneficio que es la obtención de un grado académico. En general el voluntario dona su tiempo de trabajo sin obligación de hacerlo. Número de personas que son voluntarios en las ISFL Privadas Millones de personas 2.50 2.30 2.00 1.50 1.22 1.15 2008 2009 1.64 1.68 1.72 1.80 1.81 2010 2011 2012 2013 2014 1.93 1.98 1.95 2015 2016 2017 2.10 1.00 0.50 - 2018 2019 Fuente: Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro. INEGI Para las y los voluntarios, las organizaciones civiles son un espacio de práctica y adiestramiento en habilidades obtenidas durante la formación profesional. Son incluso un espacio de convivencia centrados en el mejoramiento de capacidades con un alto enfoque social. 30 Voluntarios en las ISFL Privadas de acuerdo a su objeto social Porcentaje Asociaciones profesionales y Otras sindicatos 0.1 9.6 Cultura y recreación 3.3 Derechos, promoción y política 3.5 39.0 Religión Enseñanza e investigación 3.9 Servicios sociales… Desarrollo y vivienda 14.9 Salud 8.1 Fuente: Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro. INEGI En el año 2019, más de dos millones cien mil personas fueron voluntarias en las organizaciones sin fines de lucro, es decir cerca de 200 mil voluntarios menos de trabajadores solidarios que en 2018; esta disminución puede verse influenciada porque en el año anterior se registró proceso electoral y hay evidencia de que estos procesos políticos tienen un impacto en el que se incrementa la movilización de recursos económicos y humanos a través de colectivos o grupos sociales para la generación de propuestas y adeptos a las campañas. Por sexo, las voluntarias significan el 44.9% de los trabajadores solidarios en las organizaciones no lucrativas privadas, en tanto que el restante 55.1% lo representan los hombres. Un aspecto central es conocer donde se insertan los voluntarios que se interesan en las causas de las organizaciones a partir del objeto social que estas persiguen, así por ejemplo en el año 2019, los espacios donde se aglutina la mayor cantidad de personas voluntarias es la religión, los servicios sociales y las acciones realizadas por las organizaciones en materia de desarrollo y vivienda. Un dato muy interesante que nos presenta el INEGI en sus estadísticas para el tercer sector es lo concerniente al valor económico del trabajo voluntario, un indicador que nos señala en términos monetarios, ¿cuánto deberían las organizaciones de la sociedad civil erogar en 31 remuneraciones si el trabajo de los voluntarios no existiera y tuvieran que contratar trabajadores remunerados para suplir estas funciones? En el año 2019 este monto alcanzó los 140 mil 400 millones de pesos. De acuerdo con la idea anterior, cada voluntario medido en el marco de la cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro, le aporta con su trabajo a cada organización a la que apoya el equivalente a 68 mil pesos en el año 2019 a través de sus quehaceres en las instituciones sin fines de lucro. Sobre estas estadísticas conviene comentar que el primer día del mes de diciembre de este mismo año el INEGI actualizará esta estadística con datos al 2020, esa futura edición mostrará los impactos de los cierres y la disminución de la actividad de las organizaciones; sin embargo, es importante discutir cuales son los primeros visos o señales de las afectaciones con una mirada a la información disponible incluyendo la perspectiva geográfica y social, situación que haremos en el siguiente apartado de esta ponencia. El impacto del COVID-19 en el tercer sector y el voluntariado Existen herramientas estadísticas generadas al interior del instituto que en algún sentido brindan información sobre las organizaciones del tercer sector y son un insumo fundamental para la construcción de los indicadores de la Cuenta de Instituciones Sin Fines de Lucro, sus datos ya contemplan algunos trimestres para el año 2020, un periodo en el que la pandemia hizo estragos en la economía nacional. Particularmente, se comentarán tres indicadores indispensables en la narrativa de los datos del sector sin fines de lucro con los que se evalúa el impacto de la crisis sanitaria por el coronavirus en el crecimiento de la actividad solidaria, mismos que se van a presentar en este apartado de la investigación en el siguiente orden: 1) El primero de ellos es el comportamiento reportado en las cuentas nacionales a partir del producto Sectores Institucionales Trimestrales en el rubro Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH). Esta publicación expone el Producto 32 Interno Bruto Nacional desagregado en función del tipo de unidad institucional que lo ha generado. 2) El personal remunerado en las organizaciones civiles, es decir observar el impacto de la crisis sanitaria sobre el total de personas que en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportan colaborar de forma remunerada en las fundaciones, patronatos, y en las asociaciones sin fines de lucro; finalmente, 3) Se comentarán los impactos sobre el trabajo comunitario que se capta en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y que es un concepto que engloba actividades solidarias relacionadas con el voluntariado. Las actividades tanto remuneradas como comunitarias de las personas se captan en la encuesta especializada sobre la evaluación del mercado de trabajo a nivel nacional. Para los indicadores de la población ocupada, esta es la encuesta especializada en conocer si la población mexicana cuenta con un empleo remunerado, el sector de actividad en el que se emplean por tipo de organización y si existen condiciones en el mercado para absorber la mano de obra que se integra al mercado trimestre con trimestre. Impacto observado en la actividad de las organizaciones De acuerdo con el sitio del INEGI, las Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales, constituyen una visión trimestral del comportamiento de variables como el valor agregado bruto, el ingreso disponible bruto, el ahorro, ente otros, en función de la unidad institucional a la que se refieren estas variables. Los sectores institucionales para la economía interna son cinco: las sociedades no financieras (todas las empresas que producen servicios distintos de las actividades de crédito, ahorro o inversión), las sociedades financieras (las unidades económicas que producen bienes y generan servicios en las actividades relacionadas al sector financiero-bancario), el sector institucional gobierno general (que incluye a las unidades de estado que se encargan de ejercer los poderes de la unión, legislativo, ejecutivo o judicial, así como sus organismos autónomos), los hogares (se incluye aquí las actividades de producción como la agricultura en el traspatio o la cría de animales, e incluso las actividades de negocios familiares cuyos ingresos son tanto del negocio como de la familia), y finalmente las 33 instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), que son las unidades de nuestro interés, ya que estas instituciones o asociaciones son parte del tercer sector. Estas cuentas por sectores institucionales proporcionan información para un periodo que abarca desde el primer trimestre del año 2008 hasta el tercer trimestre del año 2020 cuyos datos se publicaron el pasado cuatro de marzo; en los últimos dos trimestres ya se contempla el impacto económico derivado del confinamiento social, las restricciones a la movilidad, la disminución de las actividades de las organizaciones y también el cierre (si es que los hubo) de algunas de las asociaciones del tercer sector. De acuerdo con esta publicación, la contracción entre el tercer trimestre del año 2020 (barras de color en verde), y el tercer trimestre del año 2019 fue del 13.7% en términos corrientes, es decir considerando los procesos inflacionarios. El impacto se observa en mayor medida en el segundo trimestre del año 2020 donde se observa que la crisis del coronavirus regresó la actividad del sector a niveles de producción del año 2014; por lo que concretamente y en términos estadísticos cuando la estrategia de confinamiento comenzó, la disminución de donativos, la desaceleración fue de tal dimensión que hizo retroceder al sector a niveles de actividad de hace 5 años. Sin embargo, la buena noticia en este punto es que del segundo semestre al tercero en el año de la pandemia se observa un crecimiento del 21.8%, una recuperación de la actividad que no se observa en ningún otro sector institucional. A las instituciones sin fines de lucro les es más fácil operar políticas de recuperación ya que no es la ganancia la que los impulsa sino el desarrollo social y la superación de carencias. Estas instituciones son entonces más dinámicas y más estoicas a los procesos de cambio, podemos decir que se adaptan con facilidad al entorno y contexto de crisis. 34 Producto Interno Bruto Trimestral de las ISFLSH 2008-2020 Miles de Millones de Pesos 38.0 36.4 40.0 38.9 41.2 43.4 48.2 45.5 52.6 58.2 59.9 51.7 30.2 I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 El siguiente apartado ilustra entonces el impacto de esta disminución en el empleo remunerado de las OSC; sí hay menos actividad de las ISFL, una consecuencia de esta disminución es la reducción del personal ocupado. Impacto del COVID-19 en el empleo remunerado de las asociaciones civiles De acuerdo con la ENOE en el año 2019, las personas remuneradas en el sector sin fines de lucro disminuyeron en 14.4 por ciento en término globales, desagregado por tipo de organización, las ISFL que se dedican a proveer servicios de educación o de salud disminuyeron en cerca de 13.3%. Instituciones seleccionadas Variación 2020 / 2019 ISFL que proveen educación o salud -13.3 Iglesia, asociación profesional, cámara o sindicato -13.3 Partido político -27.1 Asociación civil no clasificada en las opciones anteriores -19.3 Las asociaciones ambientalistas, culturales, los patronatos, las fundaciones de segundo piso, las fortalecedoras en el periodo del año 2019 al año 2020 y derivado de las consecuencias de la crisis sanitaria despidieron a 19 empleados de cada 100 trabajadores remunerados. A continuación, veremos el comportamiento de los trabajadores voluntarios que son quienes complementan a los trabajadores remunerados en las actividades del sector social. 35 Impacto sobre el trabajo voluntario El concepto de trabajo comunitario que se consulta en la encuesta nacional de ocupación y empleo se refiere a “aquel servicio voluntario cuyo propósito es beneficiar a toda o a una parte de la comunidad, sin recibir ningún tipo de remuneración económica. El servicio comunitario puede consistir en reparar, remodelar y edificar canchas, módulos de atención, calles, caminos, parques, puentes, etc., o realizar actividades diversas, como atención médica o psicológica, cultural, deportiva, de preparación de alimentos y recreativas, entre otros. Se trata de servicios que atienden las necesidades y demandas prioritarias de grupos vulnerables o en situación de riesgo, como niños, adolescentes, ancianos, mujeres, enfermos, discapacitados”. Personas que dedican tiempo a prestar servicios gratuitos a su comunidad Miles de personas 1,130.6 917.2 777.7 2008 2009 855.5 891.0 923.5 936.3 2010 2011 2012 2013 934.7 982.0 1,003.3 996.6 2014 2015 2016 2017 1,071.9 956.1 2018 2019 2020 Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI La gráfica anterior ilustra que hay buena parte de la población que realiza acciones comunitarias, este indicador es un termómetro de lo que se podría proyectar en términos de tendencias en la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro para el año 2020, ya que en su captación hay elementos que presuponen que el concepto servicios gratuitos a la comunidad incluyen buena parte de trabajo voluntario. Como se puede ver, del año 2018 al año 2019 ya se observaba una tendencia a la baja en el indicador, motivado en buena medida porque en el 2018 se llevó a cabo el proceso electoral federal que impulsa la participación ciudadana de forma importante, al siguiente año es 36 “natural” esperar una disminución en el voluntariado que apoyó en procesos de campaña o de organización de mítines o reuniones. Hacia el último año de la gráfica (2020) podemos comentar que la disminución en el número de personas que realiza estas actividades es cercana al 11 por ciento, el confinamiento orilló a las personas a abandonar la realización de actividades solidarias, en este sentido las organizaciones también contaron con un menor apoyo de voluntarios, las actividades digitales durante la pandemia han aumentado de forma drástica, sin embargo no todos los voluntarios pueden realizar estas acciones y no todas las ONG tienen la infraestructura necesaria para gestionar de forma digital al grueso de sus voluntarios. A partir de esta estadística podemos afirmar que en términos de voluntariado se han perdido los últimos seis años de avance, los niveles de solidaridad entre las personas de acuerdo con este instrumento estadístico para el año 2020 son ligeramente superiores a los vistos en el año 2014, sin embargo, la disminución en el número de personas que realizan actividades solidarias tiene una afectación menor que la observada en el personal remunerado. Participación y confianza en las organizaciones sin fines de lucro en el año de la pandemia La oferta informativa en las estadísticas del INEGI se ve enriquecida también por el levantamiento de las encuestas en hogares en las que se consulta a los ciudadanos acerca de su participación y percepción sobre diferentes instituciones comunitarias o grupos de acción, en este sentido de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), cuyos datos están referidos al año 2020, el 35.9% de la población de 15 y más años declaró que al menos en alguna ocasión de los últimos 12 meses ha participado en alguna asociación o grupo de atención a carencias de la comunidad o vecinos por la mejora de servicios. En las instituciones religiosas se ha sumado el 11.6% de la población de 15 y más años, las asociaciones de padres de familia que son un soporte de funcionamiento del sistema educativo mexicano reúne al 10.4% un porcentaje equivalente a la participación que se registra en las asociaciones que impulsan la práctica de disciplinas deportivas, y casi el 7 por ciento de la población de acuerdo con la ENCUCI, participan en tareas vecinales, este 37 porcentaje se incrementa a 8.7 por ciento si sumamos por ejemplo las organizaciones que exigen al gobierno una mejor gestión o pugnan por el mejoramiento de los servicios públicos incluyendo alumbrado público, drenaje, agua y alcantarillado o patrullajes para la disminución de la inseguridad en sus comunidades. Este panorama es similar al observado en investigaciones nacidas desde la sociedad civil como Generosidad en México I y II que expone los datos de la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria (ENSAV) en la que se señala que lo espacios donde la participación ciudadana se fomenta a nivel comunitario se trata del espacio de la iglesia, la escuela y la comunidad cercana. Una situación de amplia relevancia para el sector de las asociaciones civiles radica en que más de 4 millones de personas durante el año de referencia de la encuesta declararon participar en asociaciones que promueven el voluntariado o la beneficencia, lo que significa el 4.2% de la población mayor de 15 años, de acuerdo con este instrumento. Población de 15 y más años que en el último año participó en asociaciones o grupos Porcentaje Religiosa Padres de familia Deportiva Vecinal Grupo estudiantil Cultural Voluntariado o beneficencia Sindicato Asociación profesional Ambientalista Partido Político Exigencias al gobierno y servicios Protección de derechos 11.6 10.4 10.4 6.8 6.4 6.0 4.2 3.4 3.2 3.0 2.3 1.9 1.0 Fuente: Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. INEGI Esta misma fuente de información estadística nos permite conocer el grado de confianza con el que cuentan algunas organizaciones de la sociedad civil, en este sentido el 13.2% de la población de 15 y más años señala que no tiene confianza en las organizaciones sociales, 38 25.2% no confía en los sindicatos y 38.4% desconfía de los partidos políticos y en las organizaciones eclesiásticas la desconfianza llega a niveles del 20.9% de la población. Confianza en asociaciones seleccionadas, 2020 Porcentaje 38.0 38.4 42.6 35.8 27.9 19.3 34.7 25.2 27.5 16.0 29.4 20.9 8.8 3.5 2.5 Partidos Políticos Mucha confianza Sindicatos Algo de confianza Iglesia Poca confianza 13.2 Organizaciones sociales Nada de confianza Fuente: Encuesta Nacional de Cultura Cívica. INEGI Sobre las organizaciones sociales es importante comentar el área de oportunidad tan grande que hay para sumar adeptos, si sumamos a las personas que confían en la labor de las fundaciones, de los colectivos, de las asociaciones civiles o los patronatos, en general de todo el tercer sector, estamos hablando de más del 80 por ciento de la población en el país (78 millones de personas de quince y más años de edad, que es el foco del levantamiento). Es importante que ese 42.6 por ciento de personas que declaran tener algo de confianza en las organizaciones se convierta en población que tiene mucha confianza en las asociaciones, ese es un capital de respaldo social ante las posturas gubernamentales. Un aspecto relevante de la postura federal actual radica en que hay un cuestionamiento al proceder de instituciones autónomas tan importantes como el instituto nacional electoral; no obstante el respaldo social es tal que las redes sociales se han volcado a la defensa de este instituto y sus consejeros por el alto grado de confianza que se tiene en su funcionamiento y sus actividades; este mismo efecto es el que debe despertar la sociedad civil organizada para con la ciudadanía, hay que replantear el discurso para que las OSC no sean ajenas al ciudadano común y este las defienda también cuando hay mensajes que ponen en duda su importancia social. Comentarios finales 39 El año 2019 ha significado para el tercer sector un espacio temporal en el que se gestaron dos elementos que tienen afectación directa sobre la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. El primero de ellos es que el discurso gubernamental a nivel federal estigmatiza a las OSC, más allá de la perspectiva presidencial, el encono generado por el discurso en contra de las guarderías, de las casas hogar y del resto de las organizaciones de la sociedad civil implica una apreciación que si permea en la ciudadanía general terminará por impactar de forma negativa la apreciación de la ciudadanía hacia las organizaciones. En otro sentido la cancelación de los apoyos de parte de las instancias federales hacia las OSC ha significado un cierre de la llave de recursos por los que se podían concursar. Si bien el grueso de los recursos económicos de los que disponen las organizaciones son autogenerados, estas transferencias representaban el puente de comunicación entre el estado y el esfuerzo ciudadano. Y es que no son posturas encontradas, la definición más cercana de las organizaciones del tercer sector es que estas atienden temáticas donde el estado o el sector empresarial no han podido o han dejado de atender, es decir de no ser por ellas habría poblaciones en las que faltarían servicios, las OSC logran reducir las brechas de desigualdad en el país. Bajo esta premisa el COVID-19 en el año 2020 vino a reforzar este periodo no de crisis sino de cambio, ha revolucionado los procesos de digitalización de las organizaciones y evidenció de forma mucho más palpable la importancia de las acciones voluntarias en un contexto de disminución de la actividad económica. Los impactos sobre el sector se pueden resumir en términos de tasas y afectaciones al dinamismo de la siguiente forma: Indicador afectado Variación anual 2020 respecto del 2019 Producto interno bruto de las ISFL Privadas -13.7% Personal Remunerado en las ISFL Privadas -14.4% 40 Acciones comunitarias (trabajo voluntario) -10.8% En el último apartado de esta ponencia evaluamos el grado de confianza que se tiene sobre el sector y observamos que hay un mayor porcentaje de la población que tiene una percepción de carácter positivo sobre las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, incluso en el cuadro anterior el trabajo voluntario es el indicador que menos afectaciones tuvo, esto habla del espíritu solidario que reviste a las y los voluntarios del país. Uno de los visos más interesantes hacia el futuro nos indica que, por lo menos en la administración federal actual, se generaran menos organizaciones sin fines de lucro de carácter tradicional, es decir, ante la falta de estímulos para constituirse como una donataria autorizada, las acciones organizadas de la ciudadanía podrán optar por otras formas para la solución de los problemas locales, una de esas formas son los colectivos. Durante el año 2020 y lo que va del 2021 el colectivo feminista ha logrado posicionar en la agenda pública sus causas, sin necesidad de respaldos políticos y claramente sin pasar por un proceso de construcción de una personalidad jurídica. En definitiva, el futuro de los nuevos emprendimientos sociales y de la actividad no lucrativa tomará de ejemplo esta manifestación y aprovechará las tecnologías y las redes sociales para hacerse notar. Con este pronóstico aventurado por los acontecimientos recientes, no se está asegurando que las asociaciones civiles tradicionales vayan a desaparecer, el tercer sector va a sobreponerse al discurso del gobierno federal y seguirá con sus causas, las necesidades son aun evidentes y requieren de la atención de todas y todos. La filantropía tradicional, la que es sin fines de lucro, encontrará otras formas de financiamiento; ha llegado el momento de dejar de depender de los donantes empresariales y conquistar nuevos caminos con los ciudadanos de a pie. Esta ponencia no busca ser fatalista respecto de la contracción económica del sector, es más bien un monitoreo del cambio que se avecina, de la transformación que exigen las nuevas formas de organizaciones de la sociedad civil. 41 Finalmente, es importante voltear a ver lo que está ocurriendo en las entidades federativas, hay ejemplos específicos de iniciativas a nivel de los gobiernos estatales sobre el fomento a las organizaciones de la sociedad civil, incluso hay legislaciones en las que se señalan montos presupuestarios específicos para que la sociedad civil organizada se vea beneficiada y en efecto se desarrolle su fomento. Existen también iniciativas en materia de voluntariado que seguramente definirán el nuevo rumbo de la participación ciudadana, hay organizaciones que incluso señalan que dentro de las solicitudes de empleo es importante que las u los aspirantes a cargos públicos y privados señalen sus actividades voluntarias para inspirar a más personas a realizar estas tareas. Con un marco legislativo moderno en las entidades federativas, con la germinación de nuevas formas de organización para la solución de los problemas cercanos, más el aprovechamiento de las tecnologías, las ISFL, ONG, asociaciones civiles, continuarán contribuyendo en la agenda por la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible encausada por la ONU, y contribuirán al desarrollo social y de valores para reducir la brecha de la desigualdad, disminuir la violencia y la corrupción; el voluntariado y el tercer sector no son una solución completa pero sí son una esperanza. Bibliografía INEGI. Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro, 2019. 2020. https://www.inegi.org.mx/temas/isfl/ INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ INEGI. Cuentas por sectores Institucionales https://www.inegi.org.mx/temas/sit/ INEGI. Manual del entrevistador de la ENOE https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/ productos/metodologias/est/Manual_entrev_ENOE_I.pdf 42 ONU. Informe sobre el estado de voluntariado en el mundo, el lazo que nos une Voluntariado y resiliencia comunitaria https://unv-swvr2018.org/index_sp.php OIT. Manual de medición del trabajo voluntario https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/orderonline/books/WCMS_167833/lang--es/index.htm Programa de Voluntarios de Naciones Unidas https://www.unv.org/es 43 I.III. La desaceleración global en la Agenda 2030: los efectos del 2020 Dinorah Olivares Cortés Resumen 2020 resultó ser un año de gran grandes movimientos y cambios por la pandemia del COVID19 donde se ha puesto en riesgos la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un periodo que se ha extendido donde se enfrentan diversas crisis; sanitaria, económica y social. Cada una dejando huellas significativas en las cinco esferas para alcanzar el desarrollo sostenible equilibrado. Los efectos del 2020 son en general poco positivos en lo que respecta a los ODS como es el detrimento de la salud comunitaria y aumento de las desigualdades debido a la desaceleración en la economía mundial. Hoy el gran reto es retomar los esfuerzos y la convicción de acelerar el cumplimiento de los 17 ODS con el fin de lograr el desarrollo sostenible que nos merecemos. La crisis sanitaria y los efectos del 2020 llevan a comprobar que la Agenda 2030 planteada en el 2015 es imprescindible de lograr con el fin de tener un entorno mas justo, sostenible, inclusivo, seguro y resiliente a cualquier crisis o turbulencia global. Palabras clave: Agenda 2030, efectos de la pandemia, sostenibilidad, desaceleración global, desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, COVID-19. Antecedentes La Agenda 2030 comprende 17 objetivos que implican una alianza global renovada donde de manera ambiciosa y con principios holísticos englobados en cinco esferas se busca lograr alcanzar el desarrollo sostenible. Las cinco esferas están conformadas por lo siguiente: 1. Planeta- proteger los recursos naturales del planeta, así como combatir el cambio climático para asegurar un medio ambiente digno para las futuras generaciones. 44 2. Personas- asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas que habitan este planeta poniendo fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas. 3. Prosperidad- garantizar que las personas puedan disfrutar de prosperidad y plenitud en armonía con un medio ambiente adecuado. 4. Paz- fomentar sociedades pacificas, inclusivas y justas. 5. Alianzas- establecer alianzas globales solidas que conlleven al cumplimiento de todo lo anterior cumpliendo con un desarrollo sostenible adecuado. Planteamiento del problema Tiempo previo al 2020 los avances continuaban siendo lentos y con desigualdad. A un tercio de la trayectoria para alcanzar los ODS, el mundo no está bien encauzado para alcanzar los objetivos mundiales para el año 2030, en realidad existe una disparidad en el cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible. Ante el problema que se vive de la pandemia donde los paradigmas globales están en total transformación resulta un momento para reconstruir la atención al desarrollo sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exigen nada menos que una transformación de los sistemas financieros, económicos y políticos que rigen hoy en nuestras sociedades para garantizar los derechos humanos de todos haciendo frente a las diferentes crisis de manera equilibrada alcanzando el mayor cumplimiento de las cinco esferas. Los ODS deben ser el corazón de las estrategias gubernamentales y empresariales para proteger a las comunidades de crisis mas profundas renaciendo con estructuras económicas y sociales resilientes. Pregunta de investigación ¿Cuáles son los efectos de la desaceleración global en las cinco esferas de la Agenda 2030 a raíz de la huella que dejó el particular año 2020? Metodología de la investigación Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, la metodología utilizada consiste en realizar un análisis descriptivo y de síntesis, no experimental para comentar la desaceleración de la Agenda 2030 que se remarcan con la pandemia y el escenario post COVID-19. 45 Investigación La esfera global es sorprendida por un año tan peculiar como resulto ser el 2020, donde las economías mundiales hacen una gran pausa para combatir la pandemia del COVID-19 poniendo a prueba la gran resiliencia de cada país y de la sociedad en general. Los 17 ODS exigen una transformación de los sistemas financieros, económicos y políticos que rigen hoy en nuestras sociedades como se menciono previamente. Desafortunadamente los esfuerzos y acciones que abonan al cumplimiento de los 17 ODS se desaceleran considerando que ya en general se describía como lento el avance y cumplimiento pre-pandemia en pro del desarrollo sostenible. La pandemia en general ha expuesto y exacerbado las desigualdades e injusticias existentes. Las sociedades mas vulnerables se ven afectados de manera mas drástica, los ecosistemas siguen demandando un trato humano mas responsable, los sistemas de salud un fortalecimiento mas profundo para poder enfrentar la crisis de salud, las economías se han replanteado el retorno a las actividades en la nueva normalidad sin embargo todo esto se debe hacer considerando planes de recuperación que faciliten el cambio a economías con bajas emisiones de carbono, favorecer el cambio climático y apoyar el acceso universal a servicios públicos de calidad para las sociedades mas vulnerables. Las proyecciones indican que la pandemia volverá a empujar a 71 millones de personas a la pobreza extrema en 2020, lo que sería el primer aumento de la pobreza mundial desde el año 1998. Muchas de estas personas son trabajadores de la economía informal cuyos ingresos cayeron en un 60% en el primer mes de la crisis. Aproximadamente 1.600 millones de personas la mitad de la fuerza laboral del mundo se mantienen a sí mismas y a sus familias mediante trabajos inseguros. En fin, la respuesta colectiva a la pandemia marca un claro ejemplo de como si es posible conjuntar esfuerzos para favorecer un desarrollo sostenible mas equitativo realizando acciones en favor de la salud, equidad, resiliencia humana y sostenibilidad. A continuación, se desglosan los efectos de la desaceleración global en los 17 ODS en el escenario pandemia y post-pandemia en las 5 esferas del desarrollo sostenible: 46 1.- Planeta: proteger los recursos naturales del planeta, así como combatir el cambio climático para asegurar un medio ambiente digno para las futuras generaciones. • (ODS 6) Agua y Saneamiento. Previo al reto de la pandemia ya existía encarecimiento de agua potable, saneamiento notable e higiene para proteger la salud humana. En el escenario de la pandemia y como consecuencia del año 2020 se remarca que mas de 3,000 millones de persona carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos siendo un gran método de protección para el coronavirus. El agua no es un tema solo de salud sino también para la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la paz, los derechos humanos y los ecosistemas. El desafío de la escasez y contaminación del agua siguen en la Agenda 2030 como un tema prioritario. Los servicios de agua, saneamiento e higiene no siempre están disponibles en los lugares donde las personas buscan atención médica: en 2016, uno de cada cuatro centros de atención sanitaria en todo el mundo carecía de suministros básicos de agua, uno de cada cinco no tenía servicios de saneamiento y dos de cada cinco no tenían agua y jabón ni desinfectantes de manos a base de alcohol, en los lugares de atención. Además, el 47% de las escuelas de todo el mundo carecían de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón. Subsanar estas diferencias será fundamental para proporcionar una atención sanitaria eficaz y para contener la propagación de la COVID-19. Lo mas alarmante de este reto es la falta de financiamiento disponible para satisfacer las diferentes necesidades por tanto en el marco mundial para la gestión de los recursos hídricos es necesario acelerar los progresos y buscar alternativas de recaudación de ingresos para un financiamiento sostenible. • (ODS 12) Producción y consumo responsables. Previo a la pandemia se registra que el mundo en general sigue utilizando los recursos naturales de manera insostenible por tanto la huella ecológica aumenta comprometiendo mas los recursos del planeta. El consumo y la producción generan una huella material importante por el uso insostenible de los recursos naturales. La huella material mundial aumento de un 17% del año 2010 al año 2017 1 11siendo United Nations, The Sustainable https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ los minerales no metálicos utilizados para Development Goals Report 2020 (January 2021), 47 infraestructura y construcción los del mayor porcentaje. Las estrategias de economía circular para trabajar con estos desechos resultan muy importantes. Sin lugar a dudas el gran reto para este ODS es la generación de desechos resultado de la pandemia, ya que la crisis sanitaria ha generado un gran aumento desmedido de residuos solidos particularmente en materiales médicos, guantes, cubre bocas, material hospitalario aunado a los desechos electrónicos y de empaques comestibles. La industria restaurantera en México ha aumentado el uso de plásticos de un solo uso para proteger cubiertos, servilletas y alimentos aun y que enero del año en curso se la ley de plásticos de un solo uso entro en vigor. Otro gran reto de este objetivo donde se garantice las modalidades de consumo y producción sostenible es la reducción y perdida de alimentos a lo largo de la cadena de suministro antes de llegar al consumidor. La región con mayor proporción de alimentos perdidos es Asia, en segunda instancia Europa y América del Norte. Con todo lo mencionado anteriormente se concluye la relevancia de aunar esfuerzos para asegurar un consumo y una producción mas responsable sin comprometer los recursos de futuras generaciones por tanto cada día mas empresas buscan presentar sus respectivos informes de sostenibilidad para demostrar sus avances en general con la Agenda 2030 sin lugar a dudas buscar una evidenciar los avances o rezagos respecto al cumplimiento de los diferentes ODS. • (ODS 13) Acción por el clima. El año 2019 resulto fue registrado como uno de los periodos mas cálidos de la historia por la gran generación de incendios forestales masivos, huracanes, sequias, inundaciones y otros desastres climáticos. Dentro del Acuerdo de Paris, se acordó que la temperatura máxima no sea mayor de 1.5 grados centígrados, sin embargo, aun la drástica reducción de la vida humana por el confinamiento, la disminución resultante del 6% de las emisiones proyectadas no serán suficientes para alcanzar la meta planteada. El numero de emisiones de carbono por causa del confinamiento se ve beneficiada aun se esta determinando que tanto permanecerá ya que se considera de manera temporal dicha reducción ya que en realidad el cambio climático continúa exacerbado tanto en la frecuencia como en la gravedad de los desastres naturales. El uso de combustibles fósiles aun es muy grande, aunque si bien algunos países están regulando perfectamente su transición a energías 48 renovables aun existen en países subdesarrollados convencerse de dicha transición como caso particular seria México. La claridad de menores emisiones generadas durante el 2020 es la clara prueba de la masiva generación de emisiones que genera la actividad humana, por tanto, es preciso aprender a redefinir la relación humana con el medio ambiente replanteando los modelos de negocio, así como las diversas actividades que impactan de manera drástica en el medio ambiente buscando la menor generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Los efectos del 2020 ofrecen una gran oportunidad para reevaluar las prioridades buscando reabrir economías que sean mas ecológicas y resilientes al cambio climático. Los países en desarrollo han comenzando a formular para fortalecer sus acciones por el clima, son los llamados planes nacionales de adaptación por sus siglas conocido como PNUD que van desde sentar las bases, valuar las prioridades, su implementación de dichas estrategias y la respectiva comunicación de progresos. En resumen, mucho por hacer por seguir poniendo en marcha medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. • (ODS 14) Ecosistemas marinos. A pesar de la importancia crítica de la conservación de los océanos, décadas de explotación irresponsable han resultado en un nivel alarmante de degradación. Los océanos y la pesca continúan apoyando las necesidades económicas, sociales y ambientales de la población mundial. Los esfuerzos actuales para proteger los principales medios marinos y la pesca artesanal, así como para invertir en la ciencia oceánica, no satisfacen todavía la necesidad urgente de salvaguardar este frágil recurso. Los pescadores artesanales aun son marginados y la pesca sostenible tiene aun mucho camino por recorrer. La gestión sostenible de las poblaciones de peces es fundamental para aprovechar los beneficios de la pesca y la acuicultura a fin de aliviar la pobreza, el hambre y la malnutrición, y generar crecimiento económico. En los últimos años, la contribución de la pesca sostenible al PIB mundial se ha mantenido en torno al 0,1% anual2, lo que refleja la interacción de dos tendencias opuestas: el aumento constante del valor añadido del United Nations, Economic and Social Council, Progress toward the Sustainable Development Goals, Supplementary information 2020 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report2020--Statistical-Annex.pdf 2 49 sector de la pesca y la acuicultura, y la continua disminución de la sostenibilidad de la población de peces en todo el mundo. • (ODS 15) Ecosistemas terrestres. Solo un tercio de 113 países esta en vías por alcanzar sus metas nacionales de integrar la biodiversidad en su planeación nacional. La superficie forestal del mundo sigue disminuyendo, aunque a un ritmo ligeramente más lento que en décadas anteriores es importante vigilar y controlar la deforestación. Salvaguardar las especies en peligro crítico y disminuir el riesgo de extinción generado por la agricultura, la industria, el comercio y otros sectores resulta de gran relevancia. El marco de trabajo por la biodiversidad post-pandemia tiene por objeto doblar la curva de la pérdida de la diversidad biológica con el fin de detener o revertir el aumento del riesgo de extinción para 2030 y que se encamine hacia la recuperación para 2050. En el marco de este ODS 15, cinco metas relacionadas con la biodiversidad vencieron en el 2020, donde no se logro los progresos esperados caso concreto es la perdida de bosques aun que se ha buscado certificar mas zonas protegidas. Otra es el cuidado de la biodiversidad, solo un tercio de los países están en vías de alcanzar sus metas nacionales en equilibrio con la economía, producción de alimentos y salud humana. El escenario post COVID-19 ofrece la oportunidad de elaborar planes de recuperación mas conscientes y responsables que reviertan las tendencias actuales transformando nuestras modalidades de consumo y producción hacia un rumbo más sostenible. Una transición exitosa se traducirá en mejoras en la eficiencia de los recursos, la consideración de todo el ciclo de vida de las actividades económicas y la participación activa en los acuerdos ambientales multilaterales. De las grandes enseñanzas y reflexiones del 2020 es que el impacto humano en la esfera del planeta es enorme y cuando la humanidad hace una pause los ecosistemas respiran, se recuperan, el cielo se limpia y la biodiversidad retoma su fortaleza, mas consciencia a desarrollar después de ver la recuperación planetaria en los tiempos de confinamiento es evidente que la tierra no necesita a los humanos, sino que los humanos necesitamos del planeta y de toda su tierra procurando en todo momento la disposición de agua limpia. 50 2.- Personas: asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas que habitan este planeta poniendo fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas. • (ODS 1) Fin de la pobreza. La pandemia causa un gran aumento en la pobreza global en décadas con ello aumentando la pobreza extrema a mas de 71 millones de oprimidos en el 2020. Los efectos del 2020 tanto por tema de pandemia como desastres naturales (huracanes, inundaciones, terremotos e incendios forestales) resultan en incremento de la pobreza laboral por la limitación tan fuerte de los puestos de trabajo y los ingresos. • (ODS 2) Hambre cero. Si bien la inseguridad alimentaria ya estaba en aumento la pandemia genera una amenaza adicional a los sistemas alimentarios, los pequeños productores de alimentos se ven afectados. Si bien la erradicación del hambre y lograr la seguridad alimentaria ya resultaba ser un gran desafío durante décadas, el 2020 aumenta en gran medida lograr cumplir este objetivo de hambre cero que se ha planteado siempre como prioritario. Las medidas de confinamiento han ocasionado que los productores de alimentos en pequeña escala hagan llegar sus productos a los consumidores. Otra gran afectación respecto a este objetivo es que la nutrición existente en países poco desarrollados es de muy baja calidad ocasionando que el crecimiento y desarrollo de los niños se ponga en riesgo debido al acceso limitado a una dieta nutritiva, así como a los servicios esenciales de nutrición repercutiendo muertes infantiles y desarrollo cognitivo deficiente. • (ODS 3) Salud y bienestar. Se requiere continuar con avances para garantizar progresos en las diferentes aéreas de salud donde se promueva el bienestar para todas las edades. Los avances previos al 2020 resultaban ser lentos en muchas áreas de salud. La crisis sanitaria interrumpió servicios sanitarios de rutina ya que los centros de salud limitaron sus servicios, por lo que las revisiones medicas se han espaciado y en ocasiones interrumpido. Es de gran relevancia que los servicios de salud se restablezcan lo mas posible para evitar otras complicaciones y muertes además de las generadas por temas de COVID-19. En conclusión, no se esta cumpliendo la promesa de cobertura sanitaria universal para el 2030 como determino para este objetivo sin lugar a dudas la pandemia destaca la gran necesidad de una mayor preparación tanto para las emergencias publicas como para el cuidado de la salud global. 51 • (ODS 4) Educación de calidad. Otra de las grandes afectaciones de la pandemia ha sido en el tema de educación. Si bien previamente a la pandemia se había logrado avances por una educación mas inclusiva y equitativa, el cierre de las escuelas ha ocasionado dejar sin escolarización a un gran numero de estudiantes ya que la enseñanza a distancia sigue fuera del alcance para por lo menos 500 millones de estudiantes. El progreso previo al 2020 en materia de educación era lento y con grandes metas sin embargo el cierre de escuelas por la crisis sanitaria ha afectado negativamente todos los resultados de la enseñanza y el desarrollo en materia de educación de calidad. Desafortunadamente la educación a distancia no ha podido ser llevada para todos como diseño, los estudiantes de las comunidades vulnerables y desfavorecidas enfrentan el gran riesgo de la exclusión educativa ampliando las desigualdades en materia de educación existente. Como se menciono anteriormente la falta de acceso a computadoras y a Internet en el hogar, así como el bajo nivel de conocimientos informáticos, ponen a muchos alumnos ya marginados en una situación aún más desventajosa. Así vamos sumando el cierre de escuelas, los rezagos educativos, la dificultad de la enseñanza a distancia y por último es importante mencionar que muchas escuelas al volver a abrir no cuentan con la infraestructura adecuada para cumplir con los requisitos sanitarios que se han conformado a lo largo de la crisis sanitaria como es el caso de las instalaciones básicas para el lavado de manos. • (ODS 5) Igualdad de genero. Los compromisos internacionales para promover la igualdad de genero han avanzando sin embargo el confinamiento ha ocasionado que este ODS tenga un retroceso. Las mujeres y niñas se han visto afectadas durante lo que va de la pandemia. En primera instancia se encuentra el aumento de violencia contra mujeres. Particularmente la violencia domestica aumento 30% en algunos países. Los retos vividos durante el 2020 pueden hacer retroceder los progresos logrados previamente en materia de matrimonio infantil y a la mutilación genital femenina ya que los programas para trabajarla y frenarla se han visto interrumpidos con la crisis sanitaria. Otro dato también muy importante a considerar es que los efectos del 2020 hacen notar que las mujeres tienen mas cargas en el hogar durante el confinamiento además es muy importante considerar que el 70% de los trabajos 52 sanitarios y sociales del COVID-19 son atendidos por mujeres. En una encuesta realizada en 17 países muestra que tanto las mujeres como los hombres están asumiendo más responsabilidades en las tareas domésticas, el cuidado de los niños y la familia durante el confinamiento, pero la mayor parte del trabajo sigue recayendo en las mujeres y las niñas, lo que refleja las modalidades prepandémicas. En materia del campo laboral las mujeres están asumiendo cada vez mas cargos de poder sin embargo se requiere continuar con el esfuerzo de la paridad de genero en gran medida, las mujeres siguen enfrentando mayores obstáculos que los hombres al momento de acceder a un empleo. Los efectos del 2020 dejan en la esfera de personas realmente mas rezagos que avances especialmente en lo que pobreza, hambre y educación. Los efectos de la desaceleración económica por la crisis sanitaria ponen mas amplias las brechas de desigualdad sufriendo hambre e inflexión en la inversión en servicios públicos y una amplia brecha digital en el terreno educativo. 3.-Prosperidad: garantizar que las personas puedan disfrutar de prosperidad y plenitud en armonía con un medio ambiente adecuado. • (ODS 7) Energía asequible y no contaminante. Respecto a garantizar el acceso a una energía asequible, fiable y sostenible va en una lenta evolución. Si bien se han logrado progresos en la mejora de eficiencia energética y ampliación del acceso energético aun millones de personas carece de este servicio básico. En algunos países en desarrollo 1 de cada 4 hogares carece aun de electricidad. En el caso particular de una región de África, para cumplir la meta de acceso universal a la energía eléctrica para el año 2030, la tasa anual de electrificación tiene que aumentar de los 0,82 puntos porcentuales actuales a 0,87 para el período de 2019 a 20303. Al ritmo actual de progreso, se prevé que 620 millones de personas seguirán sin acceso a la energía eléctrica en el año 2030. Sin embargo, esta estimación no tiene en cuenta las 3 United Nations, Economic and Social Council, Progress toward the Sustainable Development Goals, Supplementary information 2020 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report2020--Statistical-Annex.pdf 53 perturbaciones causadas por la COVID-19. También el esfuerzo para aumentar crecer el uso de las energías renovables requiere intensificarse con el fin de alcanzar las metas propuestas y con ello reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para cumplir la meta de los ODS se requerirá una tasa de mejora de al menos un 3% anual desde ahora hasta el 2030, lo que supone un gran desafío. Por tanto, el financiamiento internacional para la energía renovable es importante que no solo se realice en los países en desarrollo sino también en los países mas pobres. • (ODS 8) Trabajo decente y crecimiento económico. La pandemia ha ocasionado grandes perdidas de empleos, aunado a la crisis económica que enfrentan los países generada por el cierre masivo de actividades en las diferentes industrias. Así que el reto promover el crecimiento económico sostenido se ha visto afectado generando un estancamiento de las economías globales. El crecimiento constante de la productividad laboral a nivel mundial ha sufrido un desaceleré, ya que se genero una reducción de las horas de trabajo y el declive económico a nivel mundial. Este ODS tiene una gran tarea; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo con todo lo que conlleva un empleo pleno y productivo pero que a la vez sea decente. La reapertura de los lugares de trabajo requiere una gran seguridad y salud ocupacional aplicando medidas adecuadas en esta materia con normativas que garanticen la protección de los trabajadores. La región mundial que representa mayor reto es África y en segunda instancia América Latina. • (ODS 9) Industria, innovación e infraestructura. Las diferentes industrias han sido puestas a prueba durante la pandemia y seguirán siendo un gran reto seguir promoviendo una industrialización inclusiva, sostenible aunado a fomentar la innovación. La industria manufacturera y de transporte aéreo se vieron bastante afectadas durante el periodo del 2020. Los emprendimientos industriales a pequeña escala son importantes fuentes de empleo en las economías en desarrollo para generar ingresos y aliviar la pobreza por tanto es importante impulsar las vías de acceso a servicios financieros. El gran reto de este objetivo es construir infraestructuras resilientes en la industrialización por tanto la investigación y desarrollo en todo el mundo sigue aumentando caso concreto de la industria farmacéutica y la inteligencia 54 artificial con el fin de ayudar a desarrollar medicamentos, servicios y recursos vinculados en materia de salud. • (ODS 10) Reducción de las desigualdades. La desigualdad ha sido un tema que se trabajando desde hace mucho tiempo, como consecuencia de los efectos del 2020 es que los grupos vulnerables se han visto bastante afectados como son las personas mayores, personas con discapacidades, niños, mujeres y migrantes. A pesar que se si ha ido avanzado en la reducción de desigualdades el no dejar a nadie atrás significa que los que tienen ingresos mas bajos puedan beneficiarse y participar en el crecimiento económico mas amplio de un país, impulsando de este modo lo que se conoce como la prosperidad compartida. Este progreso de la prosperidad compartida ha sido mayor en algunas regiones de Asia donde el 40% la población mas pobre presento un crecimiento. La recesión económica generada en el 2020 hace que aumente el reto para seguir reduciendo la desigualdad en los países considerando trabajando sobre políticas migratorias adecuadas donde los derechos de los migrantes y su bienestar socioeconómico sean seguros y ordenados. • (ODS 11) Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles ha sido puesto ha prueba a lo largo de la pandemia. Particularmente las áreas urbanas han sido puestas a prueba ya que es donde los casos de COVID-19 se han manifestado en su mayoría. Los efectos del 2020 afectaron mucho a los barrios marginales y asentamientos informales ya que tienen que vivir en viviendas inadecuados con un acceso limitado a la infraestructura y los servicios básicos entre ellos el agua, el saneamiento y la gestión de desechos. También para el logro de este objetivo es crucial generar ciudades sostenibles y seguras por tanto el tema del transporte publico resulta de suma importancia donde no falte seguridad y fácil acceso. Por último, de gran relevancia para la generación de ciudades y comunidades sostenibles es seguir manteniendo los cielos despejados de contaminación. Como es bien sabido uno de los grandes regalos del confinamiento fue reducir las emisiones de CO2, donde los cielos respiraron menor carga de contaminación sin embargo a lo largo que el confinamiento se ha ido levantando es notorio como la contaminación en el aire 55 regresa por tanto el reto de seguir con leyes y normativas es de gran importancia para lograr ciudades mas seguras de aire limpio. Después de este análisis sobre la esfera de prosperidad podemos concluir que el reto de garantizar bonanza y plenitud a través de asegurar agua limpia, energía asequible, trabajo decente, así como comunidades sostenibles en congruente armonía con un medio ambiente adecuado es algo que aun queda mucho por avanzar. Confiando en que el auge de que las industrias, la innovación e infraestructura se aseguren para futuras generaciones de manera sostenible. 4.-Paz: fomentar sociedades pacificas, inclusivas y justas. • (ODS 16) Paz, justicia e instituciones solidas. Este gran objetivo tiene como fin promover sociedades pacificas para el desarrollo sostenible donde se facilite el acceso a la justicia para todos creando instituciones eficaces, inclusivas y responsables. La crisis sanitaria se complica mas en situaciones de conflicto armado devastando los sistemas de salud y gestando razones para el desplazamiento de personas que terminan viviendo en situaciones bastante deplorable. Como se menciono anteriormente la violencia aun es un tema muy sensible y que requiere de mucha atención, los niños son objeto de diversas formas de violencia las cuales en su mayoría ni se denuncian lo cual hace que el trato a menores sea de modo injusto y nada inclusivo. Otro reto importante dentro de este ODS es el tema de libertad de información que se requiere para vivir en una sociedad mas pacifica y justa. El derecho a la información en poder de las autoridades públicas es un aspecto integral de la libertad de expresión y sirve como mecanismo para apoyar la apertura y la responsabilidad del gobierno, así como otorgar mayor empoderamiento e igualdad a todos los grupos sociales. Se están logrando importantes avances para garantizar este derecho mediante políticas y leyes vinculantes pero dicho ritmo de logro no se puede perder. La esfera de la paz se ha visto totalmente retada y puesta a prueba con diferentes temas de conflicto por mencionar algunos como es el caso del país Myanmar con el terrible golpe de 56 estado que lleva meses en gestión. En Estados Unidos están los casos de George Floyd que levanto el movimiento de “Black lives matter” aunado a los movimientos de índole política por las elecciones que se llevaron a cabo en noviembre pasado. Se pone de manifiesto y se consolida la necesidad de abordar la paz desde una perspectiva multiriesgo que inquietan a la humanidad: riesgos de contagio, perdida de las fuentes de trabajo, de no recibir asistencia médica efectiva y oportuna, o de no contar con agua potable por la activación de otras amenazas como sequias, inundaciones o huracanes.El reto continua en buscar que las sociedades sean pacificas para con todo ello logrando inclusión y justica que son indispensables en el desarrollo sostenible. 5.-Alianzas: establecer alianzas globales solidas que conlleven al cumplimiento de todo lo anterior cumpliendo con un desarrollo sostenible adecuado. • (ODS 17) Alianzas para lograr los objetivos. Este es el ultimo objetivo de desarrollo sostenible pero no por ello menos importante sino al contrario vital es los fortalecimientos de los medios para implementar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. La interacción entre los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos donde se fortalezcan las alianzas mundiales y el multilateralismo resulta mas que nunca indispensable el logro de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. La Asistencia Oficial para el desarrollo conocida por sus iniciales como AOD es apoyada por los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OECD manifiestan que se esforzaran por proteger los presupuestos a lo largo de este tiempo que las crisis económicas vuelven a tomar su curso después de los efectos generados por el 2020. El comercio mundial de mercancías ha tenido un desacelere generando un efecto en la proporción de exportaciones principalmente en los países menos avanzados. Un logro importante de avance global es la cobertura del internet, las suscripciones de banda ancha se duplicaron favoreciendo la conectividad en la alianza mundial aumentando de este modo la disponibilidad de datos oportunos y de calidad. La reconstrucción que estamos viviendo después de los efectos del 2020 es para generar en una interacción con alianzas globales que reanimen a las economías y sociedades con la 57 mayor equidad, inclusión y sostenibilidad para seguir enfrentando la crisis sanitaria y para renacer dentro de una nueva normalidad donde se busque mas que nunca cumplir con la Agenda 2030 con una mayor apertura de la consciencia en paralelo con el desarrollo sostenible. Conclusiones Las acciones en cada objetivo previamente a la pandemia se gestaban de manera lenta, pero se observaban algunos avances; se había disminuido la proporción de la falta de escolaridad, muchas enfermedades transmisibles estaban controladas, había mejoras de acceso al agua potable, se defendía fuertemente la igualdad de las mujeres y la violencia de género. Sin embargo, la crisis alimentaria continuaba, los esfuerzos por cuidar el medio ambiente estaban recibiendo atención por los fuertes y drásticos fenómenos del cambio climático. Los efectos del 2020 han impactado en 3 ejes principales; laboral, económico y social poniendo a prueba la capacidad para enfrentar la cobertura de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las afectaciones en la parte social y de prosperidad con el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afectan de manera más acentuada a las poblaciones migrantes, ya que ellas están, con mucha frecuencia, empleadas en el sector informal de la economía y tienen condiciones laborales contractuales más precarias, particularmente las mujeres trabajadoras migrantes. En el caso de Latinoamérica y el Caribe el trabajo informal ronda el 50% del total de personas empleadas. El aumento del desempleo impactará el alcance del ODS 8 sobre el empleo pleno, productivo y decente para todos, pero también del ODS 1 la lucha contra la pobreza, el ODS 2 la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, el ODS 5 la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas. Se acentúan las desigualdades existentes en las sociedades, así como las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales, y por consiguiente retrasar el alcance del ODS 10 que busca reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. En este contexto, las personas migrantes son uno de esos grupos vulnerables que se han visto afectados de manera particular por la pandemia y que a menudo son dejados de lado en los planes de protección social y de relanzamiento económico, o tienen acceso limitado a ellos, ya sea por barreras de idioma o por su estatus migratorio generando retos enormes a la esfera de la paz. Todo esto no nos debe llevar al pesimismo y a pensar que 58 hemos perdido la lucha para alcanzar la Agenda 2030. Al contrario, en este momento es esencial trabajar con fuerza para identificar las dificultades adicionales que la actual pandemia presenta para la consecución de la Agenda 2030. Redoblar el compromiso y esfuerzos para asegurar que el impacto de la pandemia sea incorporado en los planes nacionales y en la asistencia internacional, así como que las diferentes realidades y vulnerabilidades de algunos grupos específicos sean incorporadas. Imprescindible asegurar la atención universal de los sistemas de salud ODS 3 y educación ODS 4 creando con ello ciudades más resilientes e inclusivas a favor ODS 11. En lo que respecta a la esfera de medio ambiente que es conocida como planeta, los efectos del 2020 han dejado ver claramente la interconexión de la naturaleza con las actividades humanas. También denota la conectividad de las enfermedades derivadas de la desigualdad social, la mala calidad del aire, la contaminación, así como otros factores ambientales. La transición de los sistemas de energía y movilidad ODS 7 debe acelerarse si se quiere lograr la neutralidad climática para 2050. A medida que las restricciones de confinamiento vuelven a la normalidad en las diferentes regiones de países se espera que las emisiones generadas crezcan por que la acción por el clima debe seguir trabajando con regulaciones estrictas ODS 13. Se desconoce cómo cambiarán las emisiones de efecto invernadero en el largo plazo en respuesta a la pandemia. En general los desarrollados están implementando planes de recuperación que incluyan provisiones para reducir de forma significativa las emisiones, caso concreto de la Unión Europea, la gran pregunta será si los países latinoamericanos podrán responder de la misma forma ya que estos países son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático y algunos de estos efectos podrían resultar en futuras crisis sanitarias. Otro dato muy significativo a considerar que lejos de avanzar ha tenido un retroceso es el ODS12 donde el consumo responsable se ha salido de control con el disparado uso de plásticos de manera asombrosa que ha ocasionado la crisis sanitaria en el caso particular de plásticos desechos como son los guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar, ocasionando que los sistemas de reciclaje colapsen en algunos países. Si no se toman las debidas medidas mas del 70% de los desechos pueden terminar en océanos afectando el ODS 14. También si estos desechos son quemados se ocasiona contaminación y enfermedades a nivel global ODS 13 ni tampoco se altere la vida de los ecosistemas terrestres ODS 15. 59 Para cerrar este análisis podemos resumir que los efectos del 2020 con el tema de la pandemia han desacelerado abruptamente la implementación de muchos de los ODS y, en algunos casos, generó un retroceso de décadas de progreso. La desaceleración es notable a lo largo de las cinco esferas. Hoy mas que nunca se necesita reestructurar las acciones con amplia convicción aunado de estrategias firmes, con amplia resiliencia para reconstruir las economías y retomar el rumbo. Es urgente transformar la sociedad de manera mas equitativa, inclusiva y sostenible con el fin de volverse a comprometer con los principios de la Agenda 2030 renovando los pactos del desarrollo sostenible. El gran reto es acelerar el cumplimiento de los ODS aun en tiempos de tanta turbulencia, cada objetivo debe ser el corazón de las estrategias gubernamentales y empresariales para proteger a las comunidades de crisis mas profundas renaciendo con estructuras económicas prosperas y estructuras sociales tanto justo como equitativas. Bibliografía Biblioteca CEPAL, Biblioguías (agosto 2020), Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, http://biblioguias.cepal.org/ United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2020 (January 2021), https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ Naciones Unidas, CEPAL, Alicia Bárcena, Pandemia del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 debido al dispar avance de los ODS, https://www.cepal.org/es/noticias/pandemia-covid-19-pone-riesgo-la-integralidad-laagenda-2030-debido-al-dispar-avance-ods Animal Político, CLEARLAC-CIDE, Rosa Isabel Islas Arredondo, octubre 2020, La agenda 2030: un motor de engranes imprescindibles, https://www.animalpolitico.com/evaluacion-y-decisiones/la-agenda-2030-un-motor-deengranes-imprescindibles/ Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (diciembre 2019), Comisión Estadística, https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st- session/documents/2020-2-SDG-IAEG-S.pdf 60 Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (OIM) de ONU Migración, Laura Thompson, ¿Cómo afectara la COVID-19 el logro de las metas de la Agenda 2030?, https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/como-afectara-la-covid-19-el-logro-de-lasmetas-de-la-agenda-2030 (consultado marzo 2021) Banco Mundial, Global economic prospects, June 2020. Washington, D. C.: World Bank. United Nations, Economic and Social Council, Progress toward the Sustainable Development Goals, Supplementary information 2020 https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020-Statistical-Annex.pdf Esglobal, Política, economía e ideas sobre el mundo en español, El impacto de la pandemia en la Agenda 2030, Julio 2020. https://www.esglobal.org/el-impacto-de-la-pandemia-en-laagenda-2030 61 I.IV. Pandemia por COVID-19: adaptación y resiliencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil Carmina Galicia Fuentes Resumen La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado mundialmente a retos sin precedentes, las Organizaciones de la Sociedad Civil no son la excepción. La pandemia ha sido motivo de miles de muertes en el mundo y colapso de los sistemas de salud. En México, las desigualdades sociales ya existentes reafirmaron la importancia y pertinencia del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 1, pero con ello, fue necesaria la adaptación y resiliencia ante las prioridades inmediatas del contexto, la continuidad del trabajo, la sostenibilidad financiera y la innovación de estrategias a distancia. Con estos retos, era imperioso el surgimiento de nuevos paradigmas que posibilitaran el trabajo en alianzas horizontales entre OSC, fundaciones empresariales y grupos comunitarios. Durante la primera etapa del confinamiento, el área de Inversión Social de Fundación ADO2 mantuvo contacto cercano con los Aliados Sociales 3 y grupos comunitarios. El objetivo de la investigación fue acompañar acciones emprendidas por COVID-19 en la etapa de crisis y entender los retos que enfrentaban las OSC, como el autoaislamiento de algunas comunidades y la modificación de tiempos en los proyectos. Finalmente, colaborar acertadamente desde la inversión social, en la adaptación de los modelos de acompañamiento. En adelante, serán nombradas en la mayoría de las veces por su acrónimo OSC. Fundación ADO es la Fundación empresarial de MOBILITY ADO. Su misión es ser articulador de coinversión en el desarrollo de comunidades del centro, sur, golfo y sureste de México. Busca impactar positivamente en el cambio económico, social y ambiental por medio de proyectos sociales, que benefician la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades vulnerables en el país. Para transformar la realidad de forma sostenible, se trabaja en colaboración con Aliados Sociales. www.fundacionado.org 3 Un Aliado Social para efectos de esta investigación es una Organización de la Sociedad Civil que tiene relación de colaboración con Fundación ADO, tienen o tuvieron algún proyecto financiado por dicha entidad. Esta colaboración se construye bajo un esquema horizontal de confianza, comunicación, transparencia, rendición de resultados, corresponsabilidad en el desarrollo de los proyectos y oportunidades de vinculación. 1 2 62 Los resultados de la investigación, son una base para conocer el accionar de las organizaciones aliadas y con ello: crear nuevas líneas de acción para documentar buenas prácticas en momentos de crisis, capitalizar los aprendizajes en estrategias innovadoras y sostenibles, y flexibilizar los modelos de acompañamiento, incluido el de inversión social. Palabras clave: pandemia, Organizaciones de la Sociedad Civil, modelo de acompañamiento, cambios, adaptación, resiliencia, flexibilidad en inversión social. Introducción Ante los inicios de la pandemia, el sector social debió tomar medidas para dar continuidad a sus proyectos y hacer un plan de contingencia en la primera etapa del confinamiento. No había opción, las operaciones de las organizaciones deberían ser autorevisadas para cumplir con su función de continuar acompañando a las comunidades de forma sólida y efectiva (Kojo, 2020). Presenciamos una crisis mundial sin precedentes en lo sanitario y lo social, la cual ha tenido una repercusión económica que sigue aumentado. En América Latina, “las políticas de contención sanitaria interrumpen, o en algunos casos paralizan, la actividad económica y la producción de distintos sectores” (CEPAL, 2020, p.p. 99). Tras dicho contexto, el sector social en México tiene una gran responsabilidad y compromiso para formar capacidades de resiliencia en los espacios donde trabaja. Frente a los retos mayúsculos para las OSC y las comunidades atendidas, a las fundaciones empresariales sólo les quedaba hacer un acercamiento solidario a la inicial creación de un plan de contingencia y adaptación. Fundación ADO, determinó acompañar de forma empática y fraterna todo el proceso. La presente investigación tuvo como objetivo general realizar un análisis sobre cómo las OSC aliadas de Fundación ADO vivieron adaptaciones es sus modelos de intervención durante los primeros seis meses de la pandemia causada por COVID-19; con ello, explicar la importancia de que todos los actores del ecosistema estén preparados para los cambios ante 63 una crisis, incluyendo, por ejemplo, la readaptación de la inversión social. Se dice que “en una institución adaptable se hacen preparativos para adaptarse a los cambios previstos en entornos externos e internos, en lugar de reaccionar a los factores externos introduciendo cambios ad hoc” (Currie & Savage, 2020, p.p. 56). Sin embargo, la pandemia no era siquiera un hecho predecible, no teníamos preparativos previstos para algo así, por lo que su inicio prometía aprendizajes para todos. Un objetivo particular en un primer momento, fue acompañar a las OSC aliadas de Fundación ADO en las acciones emprendidas por COVID-19 en la etapa de crisis. En un segundo momento, el objetivo particular fue comprender cómo enfrentaron el retorno a una nueva normalidad con los retos y aprendizajes detectados durante los primeros meses de pandemia; y con ello, de forma paralela, colaborar acertadamente en la adaptación de sus modelos de acompañamiento desde la inversión social. Pregunta de investigación ¿Cómo 52 Organizaciones de la Sociedad Civil de México, aliadas de Fundación ADO, adaptaron sus modelos de acompañamiento y proyectos de inversión social durante los primeros 6 meses de la pandemia por COVID19? Hipótesis 52 Organizaciones de la Sociedad Civil de México aliadas de Fundación ADO, adaptaron sus modelos de acompañamiento y proyectos de inversión social durante los primeros 6 meses de la pandemia por COVID-19, porque el contexto exigía atender prioridades ocasionadas por la crisis sanitaria y gracias a que son instituciones resilientes, pudieron adaptarse a los cambios. Metodología de investigación La presente investigación aborda un estudio en 52 Organizaciones de la Sociedad Civil con título de Donataria Autorizada, aliadas de Fundación ADO; las cuales trabajan en 14 estados distintos de las zonas centro, golfo, sur y sureste de México. 64 La metodología de investigación utilizada fue el enfoque interpretativista, como estrategia de investigación en las ciencias sociales. Della Porta y Keating nos dicen que los interpretativistas “tienden a sumergirse en la situación que estudian, a empatizar con la población, y a ver las cosas desde su propia perspectiva” (2008, p.44), lo cual describe perfectamente la empatía como vía de acercamiento a la población estudiada, rasgo que caracterizó a la autora del presente trabajo durante la investigación. En este enfoque el investigador “ve las cosas desde una perspectiva personal, camina entre las normas y los valores, sin poder separarlos realmente” (Della Porta y Keating, 2008, p.37). Debe descubrir el significado que motiva las acciones en vez de conformarse con leyes universales ajenas a los agentes. Al respecto, el estudio se fijó en el curso y las motivaciones de adaptación, observando y empatizando de fondo con la situación específica de cada actor, antes que plantear generalidades, por ejemplo, desde contextos de países extranjeros que ya iban adelantados en el proceso. Este estudio se realizó en un periodo de 6 meses, se utilizaron métodos de investigación como la bitácora y las bases de datos. Las herramientas de investigación utilizadas fueron entrevistas no estructuradas, encuestas, análisis de recopilación documental e instrumentos para recolección de datos. Finalmente, un rasgo muy específico en la metodología del presente trabajo es que, al situar esta investigación en un momento crucial del contexto, la investigación- acción sirvió de plataforma para no sólo buscar verificar una hipótesis, sino dinamizar procesos sociales que ocurrían en ese momento. Para ese fin, el proceso de sistematización fue el catalizador que contribuyó “de manera directa a la transformación de las mismas prácticas que se sistematizan, en la medida que posibilita una toma de consciencia crítica sobre ellas y permite una interpretación conceptual” (Expósito & González, 2017). Algunas conceptualizaciones Con la finalidad de construir un entendimiento común acerca de conceptos trascendentes para esta investigación, se eligieron cuatro términos teóricos relevantes que cimientan un punto 65 de partida y acercamiento al objeto de esta investigación. De estas cuatro conceptualizaciones, en la que más ahondaremos será en la primera por ser el objeto del presente trabajo. Organizaciones de la Sociedad Civil. Son aquellas organizaciones que “brindan servicios a terceros o instituciones filantrópicas con fines no lucrativos, ya que los remanentes no se reinvierten ni se distribuyen entre sus miembros. No hacen proselitismo ni religioso ni partidario” (Canal Cemefi, 2020). Tienen una constitución legal y autonomía ante el gobierno y las entidades privadas. En México existen tres tipos de Organizaciones de la Sociedad Civil: “organizaciones que operan directamente servicios a terceros, fundaciones con patrimonio propio que hacen donaciones e instituciones que sirven al sector completo para su fortalecimiento” (Canal Cemefi, 2020). Las OSC promueven el ejercicio de la ciudadanía por medio de la participación de la sociedad civil. Ante las problemáticas enfrentadas en una sociedad con desigualdades evidentes y crecientes, las OSC son catalizadoras de cambios, “atendiendo problemas que el gobierno no atiende de forma suficiente, planteando soluciones de raíz, agiles, flexibles, eficientes y eficaces” (Canal Cemefi, 2020), creando con ello modelos de acompañamiento escalables y replicables, que pueden ser retomados por los gobiernos para la atención de dicha problemática. Estas organizaciones “supieron encarnar un fenómeno de reconstrucción de redes sociales y solidarias” (Maroscia & Ruíz, 2021), que les permite tejer lazos firmes entre las comunidades que atienden, sus pares para resolver otro tipo de problemáticas de la misma población y sus aliados, como los donantes, para llevar la inversión social a un alto nivel de impacto. Según el índice CIVICUS de la Sociedad Civil Argentina, son un “espacio social diferenciado del Estado, del mercado y la familia, construido por organizaciones y acciones voluntariamente orientadas a consumar o promover intereses comunes” (Maroscia & Ruíz, 2021), generando con ello un equilibrio entre los intereses de la sociedad civil, los políticos y los económicos. Sin embargo, el quehacer de las OSC no es menor, impactando aspectos sociales (satisfacción de necesidades básicas, defensoría de los derechos y construcción de soluciones de acceso a esos derechos), políticos y ambientales; incluso, aspectos económicos. 66 La OSC atienden una diversidad de poblaciones y temáticas con “modos de intervención heterogéneos” (Maroscia & Ruíz, 2021), que pueden incidir en varias temáticas al mismo tiempo y con una misma población. En México hasta julio del 2020 había “45, 901 OSC; de las cuales sólo 9,601 OSC cuentan con el título de donataria autorizada” (Canal Cemefi, 2020) que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que las hace sujetas a obtener donativos deducibles. Como agentes de cambio, las OSC buscan que las transformaciones sociales sean sostenibles en el tiempo, por lo que trabajan por impactar el contexto por medio de la incidencia política. Lo anterior las posiciona “como actores sociales legítimos e independientes que ganan peso propio en el diálogo social” (Maroscia & Ruíz, 2021). Modelos de acompañamiento. Son el marco guía del trabajo que una OSC tiene para atender a una comunidad o población. Constituyen la “forma de trabajar con recursos, métodos y técnicas diversas para facilitar el desarrollo personal, la maduración social y la autonomía de las personas” (Gasteiz & Jaurlaritza, 2001). La idea central es potenciar las habilidades y capacidades existentes, agregándoles valor con conocimientos, técnicas o estrategias nuevas. En un modelo de acompañamiento social el liderazgo de las personas a las que se acompaña es el motor y eje vertebral de cada acción, parte de “la consideración de la persona como sujeto activo de sus decisiones y cambios, estando a su lado para hacerlos posibles” (Gasteiz & Jaurlaritza, 2001); cuando son modelos para entes colectivos, es la comunidad o el grupo atendido quien detecta sus problemáticas y construye sus propias soluciones, en las que también son la figura ejecutora. Inversión social. Es la acción de invertir recursos económicos o de infraestructura en una causa, programa o servicio de beneficio social. “No busca directamente mejorar las operaciones principales de una organización, busca mantener y fortalecer sus relaciones con la comunidad y con diversos grupos de interés con los que se interactúa” (Vives, 2012, p.4). 67 Esta inversión no tendrá necesariamente un retorno económico, sino un retorno de beneficio social en la vida comunitaria promoviendo así el desarrollo. Hacer inversión social es comprender el desarrollo como algo sistémico. Si un elemento del sistema avanza, provoca también un avance en el sistema completo. Por lo anterior, “una inversión con créditos positivos para el crecimiento económico y el cuidado con el medio ambiente: aumentan la capacidad de innovación…, la competitividad sistémica” (CEPAL, 2016, p. 5), y el desarrollo social. Antecedentes La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado mundialmente a retos sin precedentes, y con ello las Organizaciones de la Sociedad Civil no son la excepción. La pandemia ha sido motivo de millones de muertes en el mundo, se han colapsado los sistemas de salud en países de todos los continentes y la humanidad está en una intranquilidad permanente por el riesgo al contagio; el miedo ahora es parte del día a día. Aunado a ello, el confinamiento está dejando estragos fuertes en el tejido social, en lo económico y en la salud; en el caso específico del Sector Social, se ha acentuado la necesidad de accionar de forma inmediata y resiliente en medio de un contexto desalentador (Canal Cemefi, 2020). Ya desde el 2019 las Organizaciones de la Sociedad Civil en México enfrentaban un escenario incierto frente a un gobierno federal que parecía cuestionar su labor, haciendo señalamientos generalizados al tomar la decisión de “no transferir recursos del presupuesto a organizaciones sociales, sindicales, civiles y movimientos ciudadanos con el propósito de terminar con la supuesta intermediación” (Muñoz Grandé, 2020) entre éstas y los ciudadanos; evitando con ello la supuesta corrupción de la que fueron señaladas, sin bases. En México existe un debate político sobre el actual gobierno, dicho debate ostenta que el gobierno federal no tiene interés de incluir en su agenda al trabajo de las OSC, para muestra “desaparecieron el Programa de Coinversión Social (PCS) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que proveía de financiamiento público a las organizaciones” (Muñoz Grandé, 2020). Por otro lado, las reformas fiscales más recientes que rigen las 68 actividades de las OSC, han causado el descontento del sector surgiendo colectivos como “UnidOSC, que integra a especialistas, académicos y OSC especializadas en defensa de los derechos de las organizaciones” (Muñoz Grandé, 2020). Este colectivo ha analizado dichas regulaciones, dando propuestas alternativas que preserven los derechos de las Organizaciones. Ante esta circunstancia, la inversión social privada delimitaba entonces una puerta de acceso a la sostenibilidad financiera de proyectos sociales encaminados al desarrollo sostenible. En 2019, en un foro sobre los retos enfrentados por las OSC frente a la actual administración, Jorge Villalobos nos compartió los siguientes datos: “En el 2015, el gobierno federal destinaba 3, 600 millones de pesos para el desarrollo de los proyectos de la sociedad civil. Desde el 2017 el gobierno federal ha estado bajando este monto. El sector privado invirtió en las OSC 45, 000 millones de pesos en el 2018; 5 000 millones en especie y 40, 000 millones en efectivo” (Villalobos, 2019). “En 2018 el gobierno federal destinó 2,700 millones de pesos al desarrollo de proyectos de las organizaciones de la sociedad civil. Cantidad que fue repartida entre 2 mil 275 organizaciones, es decir, solo el 6.4 % del total de OSC registradas” (Ramos & Ávila, 2019). Lo anterior nos arroja que, en 2018, el sector privado invirtió 14.8 veces más que el gobierno federal en proyectos sociales. Además, se demuestra que los montos otorgados por el gobierno federal en 2015 fueron a la baja en los siguientes años. Con ello podemos notar papel que juega la inversión social privada en mancuerna con las OSC, para la generación de desarrollo social, económico y ambiental. Aunado a las circunstancias anteriores, es innegable también la necesidad de fortalecimiento en el sector social. La realidad social es el objeto de estudio y trabajo de las OSC, esa realidad no es estática, es dinámica y cambiante por lo que se requiere una constante 69 profesionalización y actualización en sus modelos de acompañamiento. Según un Modelo de Análisis de las Problemáticas, Debilidades y Vulnerabilidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil creado en Argentina, las principales problemáticas que enfrentan las OSC son: “Falta de formalización institucional, dificultades en la conformación y gobierno, dispersión de las actividades/tareas a gestionar, deficiencias en la planificación, evaluación y control, inadecuados sistemas de información para la toma de decisiones, financiamiento discontinuo, dificultades para la auto sustentabilidad, dificultad de acceso e identificación de posibles fuentes de financiamiento, alta rotación del personal, informalidad en las relaciones laborales, obsolescencia o carencia del equipamiento necesario… problemáticas asociadas a factores económicos, socioculturales, legales, políticos gubernamentales y demográficos... falta de definición de visión estratégica, falta de vínculos, alianzas o pertenencia a redes, deficiencias en la comunicación sectorial, falta de visibilidad de la institución y de las actividades desarrolladas” (Maroscia & Ruíz, 2021). El fortalecimiento y acompañamiento a las OSC es una necesidad inamovible, es importante que el ecosistema completo de la sociedad civil se sume como “trabajo asociativo, que les permita lograr un fortalecimiento institucional para sobrevivir y poder desarrollarse de un modo sostenible” (Maroscia & Ruíz, 2021), en especial ahora, en tiempos de pandemia. Problemática La pandemia supuso desde sus inicios crisis y problemáticas mayúsculas a nivel mundial, en México la crisis sanitaria por la enfermedad causada por el coronavirus COVID-19, ha tenido grandes impactos en el ámbito social, económico y de salud, incluyendo la salud emocional. El CONEVAL estimó que “esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerables y puede llegar a revertir los avances en materia de desarrollo social” (2020, p.1). La “Población Económicamente Activa (PEA) en México reportó una disminución de 2.4 millones, al pasar de 57.8 millones en febrero de 2020 a 55.5 millones en el segundo mes de este 2021”, según el INEGI (Informador, 2021). Se estima un aumento en la pobreza por 70 ingresos y la pobreza laboral, la primera “se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020” (CONEVAL, 2020, p.1). Para el caso de la pobreza laboral se considera un aumento de casi 10%, creciendo de “37.3% a 45.8% en el segundo trimestre del 2020” (CONEVAL, 2020, p.1). De la misma forma, “la tasa de subocupación llegó a 13.9%, cifra superior en 5.2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado” (Informador, 2021). A todas estas repercusiones económicas, debemos sumar la pandemia y ola de violencia contra las mujeres. “El 2020 cerró con 220 mil 28 denuncias por violencia familiar” (Arteta, 2021), el mayor número de denuncias registradas en México. Se hizo evidente el limitado acceso a derechos fundamentales como la salud, empleo y sentirnos en un ambiente seguro, “se reportaron 25 denuncias por violencia familiar hechas por mujeres, cada hora” (Arteta, 2021). México siempre ha sido un país de desigualdades, sin embargo, el COVID- 19 transparentó aquellas que pensábamos atendidas. “Crecieron niveles de pobreza, marginación y exclusión” (Canal Cemefi, 2020), además que se hicieron evidentes problemáticas como: la baja infraestructura tecnológica en comunidades rurales, necesidades básicas no cubiertas en numerosas poblaciones, como alimentación; un sistema educativo con soluciones no pertinentes para lugares remotos, la inseguridad recrudeció y llevo a los ciudadanos a actuar por su propia cuenta en varios casos, ciudades con escasas estrategias de movilidad sostenible, un sistema de salud carente de respuestas eficientes ante el aumento de contagios y muertes por COVID-19. Ya nos lo antelaba también el CONEVAL: “Es necesario considerar que hay sectores de la población que afrontan esta pandemia con mayores desventajas, por ejemplo: las mujeres, los trabajadores tanto del sector formal como del informal, las personas desempleadas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los jornaleros agrícolas, y niñas y niños, cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías” (2020, p.1). 71 Estos y más temas, reafirmaban la importancia y pertinencia de la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Para dar continuidad a su trabajo en programas y proyectos sociales, era necesario ajustar cambios y prioridades en los modelos de acompañamiento. Había una urgencia inmediata por cubrir las necesidades del momento y dar paso a nuevas formas de hacer las cosas para continuar con la reconstrucción del tejido social, que se necesitaba más que nunca. Sin embargo, en medio de toda esta vorágine y desde antes de la pandemia, las OSC tenían “poca diversificación de fuentes de ingreso” (Canal Cemefi, 2020), por lo que se enfrentaban a la mayor crisis de sostenibilidad financiera de su historia. En concordancia con todas las consecuencias de la pandemia enfrentadas en todos los sectores, las OSC no estaban fuera de enfrentar nuevas problemáticas o que agravaran algunas otras que ya venían acarreando, como: “Confinamiento indefinido, afectación a la salud de sus colaboradores, distanciamiento social con afectaciones a la salud emocional, contracción económica y en algunos casos despidos, disminución de ingresos, reducción de donantes, reducción de voluntarios, proyectos con necesidad de modificarse o incluso, cancelarse; en algunos programas de asistencia, capacidad de atención rebasada; falta de capacidades y/o infraestructura tecnológica” (Canal Cemefi, 2020). Debemos recordar que, a pesar de que muchas organizaciones cuentan con los equipos de cómputo necesarios para su personal y red inalámbrica de internet en sus oficinas, en su mayoría, el campo de acción está en comunidades; en donde las problemáticas de acceso se combinan con las condiciones propias de los contextos en los que trabajan. Aún así, no es un secreto que “las organizaciones demandan fortalecimiento digital para mejorar su trabajo y reducir las brechas frente a la vertiginosa digitalización derivada de la contingencia” (Alternativas y capacidades A.C., 2020). Respecto la incidencia por los derechos de las OSC en el presente sexenio, y en paralelo a la agenda propia y específica de cada organización, el sector social tiene la tarea de “contribuir a la democratización de la propia sociedad civil, defender las instituciones democráticas que 72 tanto trabajo ha costado construir y mantener la lucha por los derechos humanos en todo su alcance” (Olvera, 2020). Para el sector privado, la problemática no es menor. Las empresas enfrentan “el desafío de la urgencia por mantener la actividad productiva y su cadena de valor, garantizando el abastecimiento de servicios e insumos esenciales” (Maroscia & Ruíz, 2021). Para algunas empresas, las más vanguardistas, la inversión social está contemplada dentro de su cadena de valor; sin embargo, desafortunadamente para las OSC, son las menos. Las empresas también vivieron momentos de crisis de sostenibilidad financiera por la contracción del mercado causada por la pandemia y el confinamiento necesario para frenar los contagios. Operativamente se vieron obligadas a reducir su operación al mínimo, y con ello, las plazas para sus colaboradores y la entrada de recursos. Existe una brecha entre las empresas y las OSC que nos obliga a “pensar nuevas formas de… inversión más eficientes y sostenibles, integrando los intereses… y vínculos con otros actores, incluidas las OSC” (Maroscia & Ruíz, 2021). Una forma integral de colaboración es una respuesta contundente ante los retos del panorama actual, proponer que las alianzas se tejan no sólo desde lo económico y que incluyan vinculaciones e intercambio de saberes, además de que posicionen a las OSC como entes necesarios para la reconstrucción del desarrollo social. En el Foro “La respuesta de la Sociedad civil a la Pandemia” el padre superior de los Misioneros Scalabrini, Leonir Chiarello dijo: "Que se vea a la sociedad civil no como un receptor de la caridad o la filantropía, sino como socios estratégicos en dar respuestas a corto y largo plazo” (Informador, 2020). Desde los inicios de la pandemia y durante los primeros meses de confinamiento el área de inversión social de Fundación ADO previno que habría al menos, dos etapas problemáticas en relación con la ejecución de los montos de inversión social en los proyectos de sus Aliados Sociales. A corto plazo se requería una respuesta inmediata a prioridades derivadas de la indefensión sanitaria dentro de una etapa de crisis, lo que llevaba a muchos de los aliados a las acciones de asistencia. A mediano plazo, la problemática se transformó en el retorno a una nueva normalidad, en los pocos casos que fuera posible; la mayoría enfrentó la tarea de 73 trabajar de forma remota con las comunidades por medio de líderes comunitarios. Desde el papel de Fundación empresarial, se presentó el reto de construir una acertada colaboración con las OSC durante la crisis que, emanara modelos sociales flexibles y sostenibles. Hubo diversas amenazas que aquejaban, y aún en el presente aquejan, al trabajo de las OSC, pero como en otras ocasiones está presente “una resiliencia y proactividad que caracteriza al sector de la Sociedad Civil” (Alternativas y capacidades A.C., 2020), dicha proactividad se notó desde los primeros días de confinamiento en México. La resiliencia se vio reflejada en los planes que las OSC comenzaron a configurar, para algunas organizaciones fue casi de inmediato, para otras se elaboró después de la etapa de crisis y algunas otras tardaron un poco más en la elaboración de estos planes. Justificación del estudio Se considera que uno de los principales factores que justifican la relevancia de la presente investigación, es que desde su configuración no pretendía quedarse en el proceso de observación y análisis, sino llegar al entendimiento y pasar a la acción dinamizando procesos sociales con los resultados obtenidos. Procesos que respondieran a las necesidades cambiantes y cada vez más complejizadas del contexto. Las OSC constituyen agentes de cambio que lideran programas y proyectos sociales, de muy diversos temas y para mejorar la calidad de vida de una gran cantidad de poblaciones. Nos aportan acciones concretas para transformar la realidad social con miras al desarrollo, “la presencia de las organizaciones condiciona a la política, las clases sociales, la economía, la tecnología, la religión, la familia e incluso la psicología social” (Maroscia & Ruíz, 2021); por ello, los estudios que se realicen acerca de su quehacer, se convierten en elementos valiosos para contribuir a la evolución de los caminos para el desarrollo sostenible. Como se revisó en la enunciación de las problemáticas, las Organizaciones de la Sociedad Civil enfrentan retos fuertes como el de la sostenibilidad financiera ante la caída de recursos y el desprestigio por parte del gobierno, la recesión de donativos por parte de las empresas, las necesidades prioritarias de asistencia con las poblaciones que atienden, la necesidad de 74 adaptar sus modelos de acompañamiento y sus programas, los retos que enfrenta el distanciamiento social para atender de manera remota las problemáticas sociales; entre otros. Frente a dichas circunstancias, las OSC deben tener claro que “es necesario reinventarse sin perder la identidad y objetivo de la organización” (Canal Cemefi, 2020). El ecosistema completo de la sociedad civil organizada, incluidas las fundaciones empresariales, deben comprender que el reto en un modelo de alianzas, es colaborar acertadamente con las OSC en la adaptación modelos sociales flexibles y sostenibles, que provean soluciones innovadoras y resilientes. Era imperioso el surgimiento de nuevos paradigmas que hicieran posible el trabajo en alianzas horizontales entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, fundaciones empresariales y grupos comunitarios, con los nuevos retos, Un nuevo paradigma de sostenibilidad y relaciones horizontales que ponga de vanguardia que las contribuciones van más allá de solamente los recursos económicos, y con ello “identificar y valorar las aportaciones y diversidad de quienes se vinculan con la organización y su causa” (Canal Cemefi, 2020). Como actores co-partícipes de un mismo objetivo, institucionalmente el área de Inversión Social de Fundación ADO encontró de gran valía el proceso y los resultados de esta investigación; ya que permitió compartir con las OSC, aunque sea en una mínima parte, los efectos causados por la pandemia hasta ese momento. En un ejercicio de corresponsabilidad, con la intención de colaborar para dinamizar los ajustes y adaptaciones en los modelos de acompañamiento incluida la inversión social, era “importante contar con información confiable con respecto al entorno y afectaciones derivadas de la contingencia” (Canal Cemefi, 2020). Adaptar el modelo de inversión social de una Fundación empresarial requiere hacer un acercamiento individualizado, empático y de generación de confianza con cada OSC, para comprender la situación particular en la que se encuentran, acompañarlas en la evaluación de los riesgos, retos y colaborar en la construcción de soluciones; lo que a su vez, se reflejará en las adaptaciones del modelo de inversión social que también puede escalarse a otras fundaciones empresariales. Para ello el camino más efectivo era la realización de la presente investigación. 75 Resultados y próximos pasos Durante el confinamiento ocasionado por la pandemia, el área de inversión social de Fundación ADO mantiene contacto cercano y humano, con sus Aliados sociales y las comunidades con las que colaboran. Las problemáticas iniciales necesitaban una respuesta inmediata a las prioridades derivadas de la indefensión sanitaria, dentro de una etapa de crisis, lo que nombramos 1ra etapa. En la 2da etapa, la problemática se transformó en el retorno a una nueva normalidad que sumaba las dificultades y aprendizajes detectados durante los primeros meses de pandemia; y con ello, el reto de colaborar acertadamente en la adaptación modelos sociales flexibles y sostenibles útiles para el resto de la pandemia. Esto incluyó recoger aprendizajes para el Modelo de Inversión Social de Fundación ADO. Acciones emergentes: 1ra etapa Como resultado de la primera etapa, de acuerdo a las entrevistas con los aliados sociales, se detectaron diversas necesidades prioritarias en ese momento de la emergencia sanitaria, que incluían sobre todo acciones puntuales en temas específicos. Con la finalidad de sistematizar la información y elaborar generalizaciones que después puedan servir de guía, las resoluciones que dieron las OSC se agrupan en los siguientes puntos: 1. Traducción de información sobre prevención sanitaria del COVID-19, del español a lenguas indígenas y distribución de folletos informativos. Activaciones presenciales en otras lenguas para dar a conocer el lavado correcto de manos, no tocarse la cara y tener distancia; aunado a campañas de información dirigidas a toda la población sobre los temas sociales que impactaría la emergencia sanitaria. 2. Se comparten precauciones generales y específicas sobre el cuidado sanitario en estacones de radio comunitarias. 3. Infografías de recomendaciones y estrategias para prevención de violencia de género en el confinamiento por COVID-19. Monitoreo de situaciones y protocolo de apoyo e intervención. 4. Información y recomendaciones para mantener activa la economía local en barrio, colonia o comunidad. 76 5. En caso de que las comunidades atendidas se hayan autoaislado, no permitiendo el paso o tránsito a personas externas, respeto su decisión colectiva y fortalecimiento a su autonomía guiando planes de autoaislamiento por etapas, con tiempos determinados; haciéndoles ver también los riesgos de su decisión. 6. Todas las organizaciones que en esta etapa continuaron trabajando en las comunidades, maximizaron las medidas de higiene recomendadas y evitaron reuniones de más de 5-10 personas. 7. Se hace contacto con organizaciones internacionales para saber sus estrategias ante el COVID-19, por medio de redes latinoamericanas. 8. Aplicación de diagnósticos para detección de situaciones emergentes en la población y asistencia a problemáticas prioritarias como la soberanía alimentaria. Ejemplos: Recicladores. Continuaron trabajando, su labor es su única fuente de subsistencia; sin embargo, se exponen a contagios y altos costos médicos para recuperarse. Se previó que muchas familias solicitarían apoyo financiero para enfrentar un contagio u obtener un ingreso en caso de que la jefa/e de familia se enferme y no aporte dinero al hogar. En Inversión Social, se planteó generar en el proyecto un fondo solidario dirigido al apoyo requerido por esta emergencia sanitaria. Apicultura. Se continuó con la realización de material fotográfico y en vídeo para continuar con la enseñanza de separación de colmenas de abejas meliponas. La distribución, se llevó a cabo por medio de líderes comunitarios. Fue interesante notar cómo, organizaciones trabajando en diferentes estados de diferentes regiones del país, enfrentaban los mismos retos y daban soluciones similares a las de otra organización que parecía lejana. Frente a los retos mayúsculos para las OSC y las comunidades, a las fundaciones empresariales sólo les quedaba hacer un acercamiento solidario a la inicial creación de un plan de contingencia y adaptación. El único camino era acompañar de forma empática y 77 fraterna todo el proceso, enfatizando que la relación de donante se estrechaba más allá de lo financiero. Acciones detectadas: 2da etapa Las desigualdades sociales son evidentes, hecho que reafirma la importancia y pertinencia del trabajo de los aliados sociales y del sector social a nivel mundial. En los siguientes párrafos se mostrarán algunos ejemplos porcentuales de los resultados obtenidos en las encuestas. Para algunas organizaciones, la sostenibilidad financiera es aún un estado a alcanzar y con la crisis sanitaria surgieron problemáticas como: disminución de ingresos para operar, reducción en el número de donantes y cancelación de programas y proyectos; el reto era sobrevivir. Lo anterior obligó a algunas organizaciones del sector a cerrar temporalmente sus operaciones, el 84% de los aliados de Fundación ADO, continuaron trabajando de forma presencial o remota (gráfica 1), sólo el 16% de las organizaciones tuvo que detener su operación temporalmente; cabe apuntar que algunas de las organizaciones que pararon, fue porque algunos grupos comunitarios decidieron cerrar sus fronteras y autoaislarse. Considerando lo anterior, en el análisis del 84% de OSC que siguieron trabajando, se puede atribuir a que, en la mayoría de los casos, las organizaciones aliadas cuentan con un buen trabajo en “los 4 pilares de la sostenibilidad integral” (Canal Cemefi, 2020)4, hecho que les permitió mantener su operación. Previo a generar la alianza con cada OSC, se hace un filtro que sin duda garantiza la sostenibilidad de las organizaciones. El 37% de aliados confirmaron que una o más personas de su equipo operativo, es de la comunidad y viven ahí (gráfica 2). Este hecho, permitió dar continuidad y seguimiento a las actividades de los proyectos de dichas organizaciones, a pesar de la crisis sanitaria o el 4 Según el Cemefi, los 4 pilares de la sostenibilidad para las OSC son: conceptual y metodológica, institucional, social y política y financiera. Con esos cuatro pilares, tendremos una sostenibilidad integral. 78 autoaislamiento. Dicho porcentaje, subraya la importancia de promover que cada vez más organizaciones tengan una estrategia de salida que incluya los enlaces o promotores comunitarios desde el inicio de la ejecución, es importante heredar progresivamente los proyectos a la comunidad para la construcción y crecimiento de su autonomía. Un factor de relevancia en la encuesta, arroja lo que desde inicios de la pandemia se podía predecir: la brecha digital y de medios de comunicación a distancia en las personas de las comunidades. Las formas en que las organizaciones se comunicaron con las comunidades (gráfica 3) durante los primeros meses de pandemia, puso de manifiesto que no todos los modos de comunicación son viables en condiciones rurales; encontrando como principales problemáticas la cobertura de internet limitada, dispositivos analógicos dentro de los cuales hay celulares que sólo pueden recibir y hacer llamadas y mensajes de texto, intermitencia en la señal de antenas satelitales5, analfabetización cibernética, y, formas de vida socioculturales en que la comunicación formal siempre había sido presencial. Los datos nos ayudan a notar que por su bajo costo y por la poca cantidad de datos que requiere, el medio de comunicación más popular fue la mensajería instantánea de Whatsapp; sin embargo, a pesar de esas bondades hay muchas personas que aún no pueden acceder a un equipo celular digital. Aprendizajes para las OSC Las Organizaciones de la Sociedad Civil han sido pieza medular en distintos momentos de lo que hasta hoy ha representado la pandemia por COVID-19 para las comunidades. En México, esta emergencia sanitaria se ha visto combinada con sismos, huracanes e inundaciones que mermaron a varios estados del país. Los Aliados Sociales tienen resultados y aprendizajes durante los primeros meses que se resumen en tres hechos: han demostrado su resiliencia ante la incertidumbre financiera, han elaborado estrategias de sostenibilidad social y emocional, y de reactivación económica, con los grupos y comunidades con las que colaboran; y están siendo piezas clave para la innovación social en problemáticas sociales nacientes y en relación con sus modelos de acompañamiento. 5 Son la mejor opción para tener señal de internet en zonas rurales. 79 A continuación, se enuncian los aprendizajes arrojados en las entrevistas individualizadas, los cuales se sistematizaron, en algunos casos según su frecuencia de las menciones, y en otros casos, la relevancia de lo comentado. Dichos aprendizajes se dividen en organizacionales y operacionales: Aprendizajes Organizacionales. Corresponde a la forma a la que las OSC manejaron los RRHH y recursos materiales: • El trabajo a distancia como en todos los sectores fue un requerimiento para salvaguardar la salud de sus integrantes y de las personas que acompañan a las comunidades. • Crearon estrategias sostenibles para salarios de plantilla fija, estas estrategias tuvieron el objetivo de mantener por el mayor tiempo posible a la plantilla completa de colaboradores. Ejemplo: sueldos solidarios con personal tercerizado, donde la mayor parte de los colaboradores cooperaban para cubrir el sueldo de un mes. • En varios casos, fue necesario dar seguimiento de salud integral (biopsicosocial) de los colaboradores. Ya que, desde el inicio del confinamiento, las jornadas laborales por teletrabajo, se extendieron. • Para las organizaciones que cuentan con promotores comunitarios, fue importante encontrar una forma de comunicación efectiva para mantener el contacto y seguimiento con esta figura. En algunos casos, para dar seguimiento a la comunidad, en otros para dar instrucciones de las acciones de continuidad en los proyectos y en algunos otros, ofrecer capacitación para procesos que antes no habían estado a cargo del promotor comunitario. • Fue mencionado también este tiempo de confinamiento como un tiempo extra para sistematizar procesos y proyectos pendientes como institución; y lograr certificaciones que antes no tenían el tiempo de documentar. De acuerdo a los datos recabados también en la encuesta, el 88.4% de las organizaciones aliadas se evaluaron en una rango alto o muy alto de resiliencia que por su reacción en los primeros meses de la pandemia (grafica 4), lo que equivale a 46 de las 52 organizaciones estudiadas, no sólo se han documentado para tener esa capacidad, sino que consideran que la 80 aplicaron satisfactoriamente en un momento de crisis. La resiliencia es un concepto retomado de las ciencias naturales duras, para lo social según la Coordinadora de gestión de conocimiento en resiliencia de OXFAM, se define como “la capacidad de las personas de ver realizados sus derechos frente a un contexto que cada vez conlleva más riesgos de crisis, volatilidad e incertidumbre” (Benavides, 2020). En la misma gráfica, podemos encontrar que 51 de las 52 organizaciones considera que tiene un nivel alto o muy alto de solidaridad durante los primeros meses de pandemia. Seguido de un 94.2% de las organizaciones encuestadas que se conciben un nivel alto o muy alto en creación de alianzas. Estos resultados dan cuenta de tres de las principales características del sector social, que sirvieron de apoyo para el inicio de la pandemia: resiliencia, solidaridad y alianzas. Aprendizajes Operativos. Las acciones que fueron aplicadas directamente en los proyectos. Engloba la forma de ejecución de programas y proyectos, así como, el perfeccionamiento del modelo de acompañamiento de cada organización: 1. Atender el acceso alimentario durante la crisis y promover la autosuficiencia alimentaria como práctica de prevención ante futuras crisis. 2. Adaptar medios y formas de comunicación sobre prevención y tratamiento de COVID-19, con lenguaje y modalidad acorde a las comunidades o poblaciones atendidas. Además de la adaptación de materiales visuales, utilizar otras formas de comunicación efectiva para dar a conocer las medidas, por ejemplo, videos con audios en lengua indígena, videos en lengua de señas mexicanas, o audios descriptivos para personas con discapacidad visual; lo que constituyó un aprendizaje entre pares. 3. Adaptación de modelos de acompañamiento alineados a protocolos de prevención de salud vigentes, como ejemplo los proyectos de turismo comunitario hicieron frente creando un protocolo dirigido a quien brinda el servicio y al visitante, para cuando se reactivaran las actividades. 4. Adaptación de modelos de acompañamiento en estrategias sostenibles y de economía solidaria. Se promovió el trueque, los círculos de comercio local, las prácticas agroecológicas y la creación de grupos de ahorro. 81 5. Gestionar eficientemente los recursos existentes, no sólo financieros. Por ejemplo, hubo grupos de mujeres con talleres de costura que elaboraron cubrebocas para su comunidad con sus máquinas de coser, en el momento que había desabasto. 6. Potenciar el e-commerce y marketing digital como estrategia de comercialización. En los modelos de acompañamiento para empresas comunitarias en etapa de comercialización, este aprendizaje fue la única opción viable durante los primeros meses de pandemia, bajo el cuál idearon condiciones de aseguramiento de venta como servicios pagados por adelantado. 7. Generar estrategias para el cuidado de la salud emocional y prevención de violencia de género, tanto en la estructura de la organización, como en las comunidades o poblaciones con las que trabajan. 8. Fortalecer la comunicación a distancia y la infraestructura o equipo digital en las comunidades, con lo cual se reduce la brecha digital en acceso y en habilidades tecnológicas y virtuales, y se pueden realizar acciones como los intercambios virtuales entre grupos de base de diferentes estados. 9. Tener preparado un diagnóstico de detección de necesidades inmediato ante cualquier emergencia o crisis, en formato digital como opción. Así mismo, tener un plan de aplicación de ese diagnóstico a distancia, ya que fue muy necesario en el inicio de esta pandemia y pocas organizaciones lo tenían previsto. 10. Adaptar modelos de acompañamiento: necesidad de adaptación de actividades o fases completas de los proyectos, para migrar al mundo cibernético. En algunos casos, el proyecto completo pudo migrar a una modalidad virtual. Valores intangibles de Fundación ADO: una mirada desde los aliados El acercamiento empático y de generación de confianza, llevó al equipo de Fundación ADO a ser propositivo y sumarse en las soluciones de las OSC, en las que consideraba que podía colaborar activamente. Dentro de los datos arrojados por la encuesta y las entrevistas, los aliados señalaron a Fundación ADO con valoraciones que van más allá que la del sólo papel de financiador. Dichas valoraciones se sistematizan en tres grandes campos: Articulador para potenciar alianzas en diversos temas sociales, que potencialmente se conviertan en trabajo en Red; Coordinador de estrategias de reactivación económica y economía social; y, Promotor 82 de transferencia de saberes y conocimientos en temas como negocios, comercialización y logística. A continuación, se resumen algunas propuestas en temas concretos: • Promover espacios de vinculación y articulación de Aliados, estatal y regional; ser iniciadores de una red de economía solidaria. • Liderar intercambios de saberes entre OSC, no sólo entre grupos de base. • Ser líderes en agenda para estrategias de reactivación económica; continuar con espacios de comercialización y promoción de productos o servicios, así como promoción en redes sociales. • Ser líderes en agenda de promoción de la igualdad de género y la defensa de derechos de las mujeres, sobre todo en entornos comunitarios. • Compartir sistematización de saberes con otros financiadores. • Un 70% de las OSC afirmaron que les gustaría realizar intercambio de conocimientos con otra organización social aliada de Fundación ADO, mediante mesas de expertos (gráfica 5). • Voluntariado virtual para fortalecer OSC en el tema de negocios y marketing. Apoyo para crear un programa de logística para distribución de productos. Hallazgos y aprendizajes en la inversión social de Fundación ADO Se dice que “para garantizar que la adaptación sea sostenible, una institución adaptable cuenta con sistemas para evaluar las repercusiones positivas y negativas de cualquier cambio y, al mismo tiempo, asegurar que se realizan mejoras continuas” (Currie & Savage, 2020, p.p. 56); los modelos de acompañamiento de las OSC son dinámicos, y por lo tanto, sujetos a tener adaptaciones y mejoras continuas. Una de las formas de evaluar las repercusiones positivas y negativas, es ver la efectividad de la inversión social versus el beneficio social. A lo largo de la investigación, el área de inversión social de Fundación ADO fundamentó aprendizajes valiosos para ser aplicados durante las etapas de crisis, que bien podrían aplicarse a cualquier crisis social y escalarse a otras fundaciones empresariales. De puerta de 83 entrada es importante iniciar con un seguimiento cercano, individualizado, empático y de generación de confianza con cada OSC. El primero de estos aprendizajes consiste en que, tener una lectura sistémica del entorno previa por cada uno de los proyectos, como parte de las prácticas cotidianas del área de inversión social, permitió realizar un buen análisis de contexto; teniendo suficientes elementos para hacer las primeras modificaciones a los proyectos, de acuerdo a las situaciones particulares de cada organización y de cada territorio donde se llevan a cabo. Un segundo aprendizaje que fue sumamente valorado, consistió en que durante toda la pandemia se ha brindado información certera, personalizada y cercana a las OSC sobre el financiamiento a los proyectos sociales, sobre todo en la primera etapa de la pandemia. Eso sumó confianza en el proceso de posicionar la relación entre OSC y donante, desde un nivel de colaboración integral, no centrado sólo en el donativo económico. El tercer aprendizaje fue ir comprendiendo que, para realizar cambios sostenibles en modelos de acompañamiento, es necesario hasta donde sea posible, hacer las adaptaciones prioritarias que nos permitan continuar en momentos de crisis; después de ese período, se capitalizan los aprendizajes, se evalúan las adaptaciones realizadas y se suman a estrategias más elaboradas para obtener cambios sostenibles e innovadores, que sean temporales o permanentes. Como un siguiente aprendizaje, se refuerza la importancia de que las relaciones de inversión social, de forma regular (no sólo en una crisis) se concreten alianzas con base en la confianza, transparencia, horizontalidad y un proceso de selección objetivo y de asesoramiento en los proyectos. Durante una crisis, es necesario dar “continuidad de la operación a través de confianza, comunicación y resiliencia” (Canal Cemefi, 2020). Un último aprendizaje en la inversión social durante los primeros meses de pandemia, fue la flexibilidad en los presupuestos y actividades acordadas. Durante la primera etapa de emergencia, fue significativo atender necesidades prioritarias derivadas del COVID-19, ser 84 empáticos con las características del contexto y evaluar paralelamente si había actividades que tenían que adaptarse, aplazarse o intercambiarse por otra actividad. Gracias a la comunicación continua con las OSC, la lectura permanente de sus contextos y la pronta aplicación de los aprendizajes, la investigación cierra con varios hallazgos en beneficio del modelo de inversión social de Fundación ADO. En algunos casos representan confirmaciones de saberes contemplados desde antes de la pandemia, en el modelo de inversión social, y en otros casos corresponden a hallazgos derivados de la crisis sanitaria: • Las organizaciones que tienen metodologías participativas en la conformación de sus proyectos, involucran a más cantidad de miembros en la comunidad desde el inicio y ante una crisis, esas capacidades generan resiliencia comunitaria. • Las organizaciones que dependen de un solo financiador para ejecutar un proyecto, les es complicado mantener la sostenibilidad financiera ante una crisis. Es fundamental la diversificación de ingresos. • Las organizaciones que cuentan con promotores comunitarios contemplados en sus modelos de acompañamiento, tienen más posibilidades de que los proyectos continúen a pesar de que la OSC no pudiera dar seguimiento presencial. • Actualmente, ante la crisis, el equipamiento en redes y gadgets inteligentes, y la alfabetización cibernética, son fundamentales para que las comunidades se mantengan comunicadas y capacitadas. • Las organizaciones encontraron grandes espacios de viabilidad en los mercados en línea o virtuales, como estrategias de promoción y comercialización de productos o servicios. Esto también aplica para fundaciones empresariales, organizaciones fortalecedoras y empresas sociales. • Ante una pandemia es muy necesario flexibilizar objetivos y modelos que respondan a necesidades prioritarias y con ello, recoger aprendizajes que lleven a cada modelo de acompañamiento a tener soluciones innovadoras y sostenibles. • Es trascendente crear alianzas y vinculaciones colaborativas con otras fundaciones, organizaciones a nivel estatal y regional, y con grupos de base; incluso, generar vinculación con las empresas que están presentes en el mismo territorio. 85 • El ecosistema completo de la sociedad civil organizada, debe promover intercambios y socialización de conocimientos entre grupos de base y entre OSC, rescatando experiencias de otras organizaciones. • Las organizaciones que crean lazos de solidaridad y colaboración entre pares y actores del ecosistema social, se perciben a sí mismas como más fuertes en torno a la respuesta a esta crisis y con mayor resiliencia. • Es necesario aprovechar el recurso del voluntariado gestionándolo adecuadamente con un programa formal, estructurado y bien organizado, que valore la participación voluntaria. Conclusiones En conclusión, el curso de la presente investigación durante la primera etapa del confinamiento en México, fortaleció la relación cercana y empática de las OSC con uno de sus donantes, capitalizando los recursos y colaboraciones no financieras; por el lado del financiador, le permitió acompañar las acciones emprendidas por COVID-19 en la etapa de crisis. La siguiente etapa de pandemia y del trayecto de este trabajo, nos hizo comprender cómo las OSC enfrentaban el retorno a la nueva normalidad, capitalizando aprendizajes y retos de la etapa anterior, en modificaciones pertinentes que contribuían a las disposiciones sanitarias y a la continuidad en la ejecución de los proyectos pactados previo a la pandemia. Los hallazgos derivados de esta investigación representaron aprendizajes para el área de inversión social de Fundación ADO, durante la primera etapa de la crisis que incluyeron: explorar nuevas formas de colaboración entre OSC y donante; prácticas de adaptación y flexibilización en el modelo de inversión social de Fundación ADO; y, procesos de acompañamiento con las OSC aliadas para la adaptación de sus propios modelos. Dichos hallazgos también permitieron colaborar de forma empática, oportuna, resiliente, acertada y eficiente en la renovación específicamente de los proyectos de inversión social; desde el rol de financiador. 86 Finalmente, si bien las OSC aliadas de Fundación ADO ya tenían elementos que las hacía resilientes, el proceso del acompañamiento y la investigación misma contribuyeron a fortalecer en momentos de crisis, la resiliencia de las OSC y las comunidades con las que se colabora. Bibliografía Alternativas y Capacidades A. C. (8 de septiembre 2020). 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La sociedad civil frente a la agenda federal II.I. La importancia de la sociedad civil en la construcción de políticas migratorias en México Judith Pérez Soria1 Resumen Esta ponencia tiene como objetivo mostrar el papel de la sociedad civil en la atención a migrantes, solicitantes de asilo y refugio concentrados en las fronteras de México, esta población su quedó varada en las fronteras por el efecto de la pandemia, la implementación y finalización del Protocolo Quédate en México, y ante la ausencia de estrategias gubernamentales para atender a dicha población. La crisis sanitaria, por COVID-19, puso en evidencia la importancia de las actividades que realizan las asociaciones civiles, las asociaciones religiosas y los centros de derechos humanos en la atención a migrantes, solicitantes de asilo y refugio. Por tanto, es fundamental recuperar las experiencias de estas asociaciones y grupos para diseñar políticas públicas, desde abajo y con apego a los derechos humanos, en materia de gestión de la migración y el refugio. Palabras clave: política migratoria, México, Estados Unidos, asociaciones civiles, derechos humanos, flujos migratorios mixtos. Introducción México se había caracterizado por ser un país de emigrantes hasta el siglo pasado. Si bien tenía inmigración y migración de tránsito, estos flujos eran menores en comparación con el volumen de mexicanos que se dirigía (y dirige) a los Estados Unidos (CONAPO, 2010). Sin embargo, el fenómeno migratorio se ha complejizado en las dos últimas décadas por factores que presionan a la población en sentidos opuestos: 1) las necesidades no cubiertas de las 1 Profesora investigadora, El Colegio Mexiquense, A.C. 92 personas en los lugares de origen y 2) las políticas migratorias de los países que limitan la entrada. Por un lado, la movilidad humana muestra un incremento considerable en la última década: el número de migrantes internacionales aumentó 80.7 % con respecto de la cantidad registrada en 2009, los refugiados 85.0 % y los desplazados internos 96.7 % (OIM, 2019). Por el otro lado, la mayoría de los países ha adoptado gradualmente un enfoque de securitización en sus políticas migratorias, es decir, de protección y control de las fronteras nacionales para reducir la “amenaza” que representan los inmigrantes para la seguridad nacional (Adamson, 2006; Messina, 2014). Si bien México no se ha caracterizado por tener una política abiertamente antiinmigrante como los Estados Unidos en diferentes periodos, siendo el más resiente el del presidente Donald Trump (2017 -2021), sí se han implementado un conjunto de mediadas (planes y protocolos) en las dos últimas décadas, para frenar, contener y reducir el número de inmigrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que pretenden ingresar al país. Uno de esos programas, cuyos efectos se analizan aquí, es el Migration Protection Protocols (MPP) o Protocolo Quédate en México (en adelante MPP) que estuvo vigente del 29 de enero de 2019 al 19 de enero de 2021. Fue finalizado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden. Y, posteriormente, el 19 de febrero de 2021, inició una estrategia por fases para la población solicitante de asilo en los Estados Unidos que se vio obligada a permanecer en territorio mexicano por efecto del MPP (U.S. Department of Homeland Security, 2021). Sin embargo, el MPP, el cierre de fronteras por las medidas que se tomaron ante la pandemia, la ausencia de políticas para atender a migrantes y solicitantes de asilo y los problemas de salud agravados por el COVID-19 aumentaron la precariedad y vunerabilidad de la población que, paulatinamente, se concentró alrededor de los principales puertos fronterizos de México. La ausencia de estrategias gubernamentales, tanto de México como de los Estados Unidos, para atender a la población que era retenida en México, bajo el MPP, fue la constante durante 93 los dos años que duró el Protocolo, porque no se establecieron mecanismos de cooperación bilateral para asegurar las mínimas condiciones de esta población. La atención y ayuda provino principalemente de las asociaciones religiosas y civiles (tanto de México como de los Estados Unidos) y de particulares. Por tanto, sostenemos, es fundamental partir de las experiencias de estos grupos, de su vínculos y actividades para diseñar políticas públicas, desde abajo (bottom-up), si es que las autoridades competentes en la materia están interesadas en la gestión de la migración y el refugio desde un enfoque de derechos humanos. Para términos de la exposición, primero se analiza la política migratoria de México y de los Estados Unidos, con énfasis en el MPP y la actual la estrategia de asilo de los Estados Unidos. Posteriormente, se da cuenta de los problemas generados por estas medidas y de las condiciones de la población, así como de la importania de la sociedad civil (organizada y no organizada) en la atención de migrantes y solicitantes de asilo, a partir de reportes, notas periodísticas, foros y estudios preliminares. Para finalizar con una reflexión sobre la política migratoria en México a partir de la amplia experiencia de la sociedad civil que, por décadas, ha atendido a la población migrante, desde un enfoque de derechos humanos. Política migratoria de México y de los Estados Unidos: un desafortunado encuentro La política en materia de migración en México se puede dividir en dos vertientes, la política dirigida a los mexicanos en el exterior y la centrada en las personas de otras nacionalidades que se encuentran en el país, principalmente solicitantes de asilo y refugio. La primera, es la que ha primado en la agenda pública, ya que México ha sido un país principalmente de emigrantes. 2 Sin embargo, otros tipos de movilidad humana han estado presentes en el país y han cobrado mayor relevancia en las últimas décadas. 3 Esto ha implicado una postura pública en torno a la 2 Para una revision de este tipo de política ver Délano, 2006. En materia de asilo y refugio, hay dos momentos históricos importantes: la recepción de exiliados españoles en la década de los cuarenta y de personas procedentes de Guatemala en la década de los ochenta que, a consecuencia de la guerra de este país, fueron desplazadas y se establecieron en campamentos en lo largo de la frontera sur del país. Por estas experiencias de recepción de grupos de población es que predomina en los discursos públicos, independientemente del partido que se encuentre gobernado, la imagen de México ante los organismos es la de un país que brinda “protección y asilo” (ACNUR, 2021). 3 94 inmigración indocumentada, la transmigración, el asilo y el refugio, así como un conjunto de acciones dirigidas a la población que conforma estos flujos migratorios mixtos y que se ha concentrado en las fronteras (sur y norte) del país. Si bien México no se ha caracterizado por tener una política abiertamente antiinmigrante, sí se han implementado medidas y protocolos en las dos últimas décadas para frenar, contener y reducir el número de inmigrantes centroamericanos y de otras nacionalidades que pretenden cruzar el país. El más reciente fue el Protocolo Quédate en México (MPP) que estuvo vigente del 29 de enero de 2019 al 19 de enero de 2021 (U.S. Department of Homeland Security, 2021), pero en 2001 se implementó el Plan Sur para contener la migración centroamericana y en 2014 se deplegaron operativos para reducir la migración de niñas, niños y adolescentes centroamericanos (París, 2018; 2021). Tanto el Protocolo como las estrategias de contención de los flujos migratorios muestran cómo las políticas migratorias de los Estados Unidos y de México se articulan y repercuten negativamente en la población migrante, en los solicitantes de asilo y refugio. En el caso de los Estados Unidos, la política migratoria tiene un enfoque de securitización, es decir, de protección y control de las fronteras nacionales para reducir la amenaza que representan los inmigrantes a la seguridad nacional, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Adamson, 2006), y se tornó abiertamentente antiinmigrante desde la administración de Donald Trump (2017-2020). Durante este periodo se amplió el muro fronterizo, se destinaron más recursos para vigilar y controlar la frontera con México, se promulgó un nuevo reglamento para eliminar visas turísticas para mujeres embarazadas, se elaboró el reglamento para los Acuerdos de Tercer País Seguro, se implentaron nuevos criterios para prohibir la entrada a personas por ser “carga pública” y se implementó el MPP (CEJIL, 2020). El MPP inicialmente fue un programa piloto implementado en el puerto de entrada de San Ysidro, California, pero se fue ampliando a Calexico, El Paso, Laredo, Brownsville y Eagle Pass. De esta forma, los solicitantes de asilo en los Estados Unidos tenían que esperar en México la resolución de su proceso (IMUMI, 2019). Su propósito era: “asegurar las fronteras, hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas, facilitar el comercio y los viajes legales, 95 combatir a los traficantes, contrabandistas y organizaciones criminales transnacionales, y prohibir las drogas y el contrabando ilegal” (U.S. Department of Homeland Security, 2019: 1-2). El MPP fue parte de las medidas de control fronterizo de los Estados Unidos, cuya política migratoria fue abiertamente antiinmigrante entre 2017 y 2020, y cuya implementación se ejecutó en México. Aunque se afirme que México aceptó por “razones humanitarias”, lo cierto es que el presidente Donald Trump presionó públicamente con aumentar los aranceles de los productos procedentes de México, y que México no cuenta con capacidades institucionales para atendera a la población varada en las fronteras, con apego a los derechos humanos como se estipula en la Ley General de Población y en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. El 20 de enero de 2021 se canceló el MPP, bajo la nueva administración del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, y el 19 de febrero inició un programa de ingreso gradual a Estados Unidos para los solicitantes de asilo que fueron retenidos bajo el MPP. El total de personas en esta situación se estimó en 25 000 (U.S. Department of Homeland Security, 2021). Para reanudar el procedimiento, las personas solicitantes de asilo deberían: 1) permanecer donde estaban, 2) registrarse virtualmente y 3) acudir sólo el día y a la hora indicadas a los puertos de entrada de los Estados Unidos, es decir, las condiciones precarias de las personas que se encontraban varada en la frontera norte -acumulada en los dos años que duró el MPPno se atendieron. La prueba piloto de la fase uno de la recuperación del sistema de asilo estadounidense se realizó con las personas que se encontraban en el campamento de Matamoros, situado a las orillas del Río Bravo y conformado por alrededor de 2 500 personas (acumuladas en dos años) (Ecodiario Zacatecas, 13 de marzo de 2021). Sin embargo, la OIM calculó que se estas personas solo 700 reunían los requisitos para ingresar a los Estados Unidos (Pie de Página, 26 de febrero de 2021). 96 La coordinadora especial de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, anunció que, si las personas buscaban entrar a los Estados Unidos y no tenían un caso activo, como solicitantes de asilo, realizado bajo el MPP, serían expulsadas inmediatamente (Proceso, 16 de febrero de 2021). De esta manera, se dio por terminando el MPP establecido por el anterior presidente, Donald Trump, pero esto no implica un cambio en el enfoque en la política migratoria estadunidense. Las expectativas generadas por un nuevo gobierno en los Estados Unidos, la finalización de los discursos públicos abiertamente antiinmigrantes y la cancelación de algunos programas como el MPP, por un lado, aumentaron el número de personas (muchas sin solicitud de asilo en curso) en la frontera. Por ejemplo, en el Chaparral, Tijuana, en un corto periodo llegaron más de 300 familias creando un nuevo campamento (Atando Cabos, 16 de marzo de 2021). Las condiciones de dicho asentamiento improvisado son sumamente precarias,4 no cuenta con servicios sanitarios, ni disponibilidad de agua, hay hacinamiento ya que son más de mil personas reunidas (en su mayoría mujeres, niñas y niños procedentes de Honduras) y las lonas que utilizan no son suficientes para protegerse del clima (Del Monte y París, 2021). Por el otro, aumentaron los flujos migratorios mixtos que tienen como destino los Estados Unidos, pero que cruzan por México. De manera que, para mediados de marzo de 2021, se reportaron las cifras más altas de inmigrantes sin documentos en los Estados Unidos, destacando el número de niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA): 4 200 NNA se encontraban bajo custodia de las autoridades migratorias, 8 500 bajo custodia del Departamento de Salud y 3 500 detenidos y en espera de albergue. Algunos lugares públicos se trasforman en albergues temporales, como ocurrió en el centro de convenciones de Dallas, Texas, para 3 200 menores de edad (Atando Cabos, 16 de marzo de 2021). A partir de este repunte en la inmigración indocumentada, y bajo otro tipo de negociaciones, representantes del gobierno de los Estados Unidos y de México sostuvieron una reunión para acordar medidas para contener el flujo migratorio que ingresa por la frontera sur de México, cruza el país, con el propósito de llegar a los Estados Unidos. A partir de esta reunión, realizada el 23 de marzo de 2021, se desplegaron nuevamente operativos, a cargo de la 4 Similares a las del campamento de Matamoros. 97 Guardia Nacional de México, en la frontera con Guatemala para frenar las oleadas de migrantes, solicitantes de asilo y refugio de diferentes países (El País, 23 de marzo de 2021). En este sentido, la política migratoria de los Estados Unidos repercute directamente en la política migratoria de México. La orientación política de los Estados Unidos tiene una parte operativa que se ejecuta en México con consecuencias negativas para la población migrante de terceros países. Por un lado, México parece haber encontrado un tema que le permite posicionarse y negociar ante el gobierno de los Estados Unidos, sin cuestionar que, en los hechos, está asumiendo una política de securitización que no es compatible con el enfoque de derechos humanos. Por el otro, los Estados Unidos amplían los filtros para reducir el ingreso de inmigrantes sin documentos, solicitantes de asilo y refugio. Ambos países están aumentando los riesgos que enfrentan las personas migrantes sin documentos, solicitantes de refugio y asilo. Migrantes, solicitantes de asilo y refugio en las fronteras de México Las decisiones y acciones públicas, analizadas anteriormente, repercuten directamente en las condiciones de la población que compone los flujos migratorios mixtos y que se han concentrado en las fronteras sur y norte del país, sea porque las personas son detenidas por las autoridades migratorias, porque son devueltas, porque son víctimas del crimen organizado, porque están esperando trámites de visa o asilo, o porque deciden asentarse en estas localidades (temporal o permanentemente). Mientras que la frontera norte se ha fraguado en el arribo constante de personas que pretenden llegar a los Estados Unidos y que se van asentando gradualmente, en la frontera sur esta dinámica es relativamente nueva, ya que hasta hace unas décadas solo era un lugar de paso. Estas características, repercuten en que la mayor parte de las asociaciones civiles y religiosas en el sur eran alberges (temporales) y comedores. Y rápidamente crearon alianzas 5 y 5 Como se puede observar en los diferentes comunicados firmados por: Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura – GIDMT, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria – GTPM, Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica – RJM CANA, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Organizaciones independientes participantes de la Misión de Observación (CDH Fray Matías de Córdova A.C., 2021). 98 ajustaron sus actividades, para atender en la medida de lo posible, a esta población en varios frentes: denuncia, acompañamiento y provisión de alimentos, ropa y medicinas básicas. Por ejemplo, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, compuesto por asociaciones civiles internacionales, nacionales, asociaciones religiosas y centros de derechos humanos,6 han denunciado los abusos de la Guardia Nacional y de los centros migratorios desde que inició el confinamiento sanitario por COVID-19. En este sentido, han fungido como observadores del proceder de las agencias gubernamentales que se han encargado de implementar las medidas de control fronterizo y reducción del tránsito de migrantes, solicitantes de asilo y refugio. Por ejemplo, han dado cuenta del arribo de camiones provenientes de la frontera norte con migrantes centroamericanos que fueron arrojados en la frontera, en la noche, así como de las condiciones de los centros de detención, de la nula protección de NNA en Chiapas y de la detención arbitraria de personas con documentos que prueban su estancia regular en el país (Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, 2021). Por otra parte, las asociaciones civiles y religiosas se han encargado de proveer comida, información sobre el COVID-19, medicinas y ropa a los migrantes que lo solicitan o a los que se encuentran en las calles y que, por el cierre de los espacios públicos por COVID-19, fueron desalojados de los lugares donde se concentraban. Sobre todo, en las localidades fronterizas grandes como Tapachula. El gobierno federal no destinó recursos para atender a la población que se iba a detener por los efectos del MPP y el cierre de las fronteras, 7 ni diseñó estrategias, programas o medidas American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes (Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, 2021). 7 La solicitud de asilo fue cosiderada como actividad no esencial (Del Monte y París, 2021). 6 99 que permitieran resolver los problemas básicos del asentamiento de dicha población. Los gobiernos estatales y locales también han estado ausentes, sobre todo en la frontera sur de México. De manera que el MPP y su cancelación ha ocurrido en la ausencia de programas y presupuesto para atender a la población varada en las fronteras y en los campamentos improvisados. La poca o mucha ayuda que recibe esta población proviene de la sociedad civil (organizada y no organizada), de las congregaciones religiosas y de particulares. A esta situación, se le suma el creciente número de NNA migrantes en México y en los Estados Unidos. En enero de 2021, en México se publicó la reforma a la Ley de Migración, en el Diario Oficial de la Federación, que contempla la protección de NNA, sin embargo, las instituciones gubernamentales involucradas como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, la Dirección General de Políticas para la Primera Infancia, Familias y Situación de Vulnerabilidad, la Procuraduría de Protección de NNA y las correspondientes instituciones a nivel estatal y municipal: 1) no cuentan con presupuesto para atender a NNA y están solicitando “ayuda” a las asociaciones civiles y religiosas y 2) no conocen el procedimiento para atender a NNA. Los centros de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) a nivel estatal y municipal están deteniendo, separando y privando de la libertad a NNA (Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, 2021). Ahora, en la frontera norte, los albergues se vieron rebasados por el incremento de la población por la implementación del MPP y por las medidas sanitarias por el COVID-19. Si bien, el MPP inició antes que se decretara el cierre de las fronteras, la pandemia incrementó la vulnerabilidad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio, por la falta de acceso a los servicios básicos y de salud, el hacinamiento y la indefinición del proceso, como reportan algunos testimonios, no contaban con ningún tipo de información de cuando se abrirían las oficinas correspondientes para continuar con el trámite de asilo. El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) reportó 76 276 personas que quedaron varadas en varios puntos de la frontera norte, tales como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros (Pie de Página, 26 de febrero de 2021). De las cuales 25 000 cumplen con los requisitos para 100 solicitar asilo en Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, 2021), es decir, solo una tercera parte de esta población podrá ingresar a los Estados Unidos. En esta frontera, las asociaciones pro derechos humanos también cumplieron un papel fundamental en la observación y denuncia, por ejemplo, Human Rights First documentó 1 314 casos de secuestro, robo, extorsión, violación y amenazas en contra de esta población en los dos años que duró el MPP (Pie de Página, 26 de febrero de 2021). Tanto en este tiempo, como en el desmantelamiento gradual de los campamentos (por reinicio del proceso de asilo en Estados Unidos y cancelación del MPP) la sociedad civil ha jugando un papel fundamental. Primero, con la donación de alimentos, ropa y medicinas, así como en la gestión de algunos servicios básicos. Por ejemplo, el campamento de Matamoros comenzó a formarse a inicios de 2019 con carpas, muchas de ellas donadas por las asociaciones y particulares, debajo del puente Internacional y sin ningún servicio. La respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) fue: reubicar el campamento en un terreno cercano, a orillas del río Bravo, y poner una cerca para separar y “confinar” a la población por la pandemia (Hernández, 2021). Este campamento, como reportan diferentes medios, se encontraba en condiciones precarias, y la atención que recibía la población provenía de las organizaciones civiles y religiosas, tanto de México como de Estados Unidos. Estas donaban alimentos y proveían atención médica (Pie de Página, 26 de febrero de 2021). Posteriormente, con la finalización del MPP, la Pastoral de Movilidad Humana, en colaboración con ACNUR, OIM, UNICEF, la Cruz Roja y el Grupo Beta, están atendiendo y orientando a la población (Hernández, 2021). A pesar de los grandes esfuerzos que han hecho los miembros de grupos civiles y religiosos y las personas que a título individual han contribuido, las intervenciones son insuficientes, porque los recursos con los que cuentan los grupos y las personas son siempre escasos y dependen, en gran medida, de las contribuciones voluntarias que realizan sus miembros y simpatizantes. Por ello, no pueden resolver los problemas que aquejan a la población varada en las fronteras, esto es responsabilidad de los gobiernos. 101 Reflexiones finales Desde que México se convirtió en un país importante (de tránsito) para arribar a los Estados Unidos, hay una relación estrecha entre la política en materia de migración, refugio y control fronterizo de los Estados Unidos y de México. Sin embargo, dicha política no está acompañada de programas, protocolos y medidas bilaterales que protejan los derechos humanos de las personas en tránsito o detenidas en las fronteras, mucho menos garantiza condiciones mínimas para la sobrevivencia. Esta ausencia, ha aumentado la vulnerabilidad y la violación de los derechos fundamentales de las personas que conforman los flujos mixtos de migración, a pesar de que el enfoque de protección de los derechos humanos de todas la personas está considerado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (desde la reforma de 2011), en el Ley General de Población y en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y de que México ha suscrito el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018) y el Pacto Mundial sobre los Refugiados (ONU, 2018a), este enfoque no orienta la política migratoria, la gestión de las fronteras y el asilo en el país. Por un lado, México cuenta con un marco constitucional fundamentado en los derechos humanos que se puede instrumentalizar en la gestión de la migración y el asilo y, por otro lado, hay nulo interés en considerar las condiciones de la población migrante indocumentada, solicitante de asilo y refugio como un problema público. Antes la ausencia de un mínimo de atención gubernamental, la sociedad civil (organizada y no organizada) ha jugado un papel fundamental en el acompañamiento, en la dotación de servicios, en la provisión de comida y medicamentos a la población que gradualmente se ha concentrado en las fronteras del país. Esta atención no es nueva, ya que la mayoría de las asociaciones llevan varias décadas de trabajo continuo con migrantes, cuentan con experiencia directa en campo, atendiendo a comunidades y familias de migrantes, y con el reconocimiento social de su labor. Estos son 102 dos recursos importantes en la relación que establecen con la población atendida. En ese sentido, tienen un valioso capital social y simbólico que es difícil tenga cualquier otro actor. Por ello sostenemos, y proponemos, que las instancias gubernamentales tienen mucho que aprender de las asociaciones civiles y religiosas que atienen migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. No se trata de pedir “ayuda”, porque la responsabilidad directa es del gobierno federal y no está destinando recursos ni diseñando programas para atender a esa población. Se trata de aprender de la experiencia de las asociaciones civiles y religiosas, y sumarse a los esfuerzos que realizan con recursos, personal y facilitando los procesos. La sociedad civil (organizada y no organizada) no es el “enemigo” de las instituciones gubernamentales, una de sus actividades es la vigilancia y la denuncia, ya que son un actor importante en la rendición de cuentas de las democracias, pero esto no indica, como suelen confundir los funcionarios vinculados con la migración, que es un obstáculo para la gestión de la migración y el refugio. Si se pretende implementar un nuevo enfoque en la gestión de la migración, el refugio y el asilo, con apego a los derechos humanos, las asociaciones civiles y religiosas son pioneras en la materia, por ello, es menester incluirlas en el diseño y ejecución de cualquier medida gubernamental que esté orientada a atender a las personas. Bibliografía ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado) (2021). Página oficial México. Disponible en: <https://www.acnur.org/mexico.html> [Consultada el 10 de abril de 2021]. Adamson, F. (2006). 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La ciudadanía padece la incapacidad de las instituciones del Estado en materia de procuración de justicia, prevención de la criminalidad (fuero común y delitos federales), y de los delitos de género que derivan en desapariciones y feminicidios; siendo que en general observamos una disolución de los aparatos de Estado y de seguridad que apliquen políticas públicas eficientes y eficaces. México se encuentra inmerso en un momento de disolución de las estructuras gubernamentales, de carencia de políticas públicas que resuelvan las demandas de la agenda social (o de las diversas agendas sociales), a través de instituciones sólidas que, de manera oportuna, transparente y con integridad atiendan y garanticen el bien común. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) cohesionan y dan identidad grupal a los diversos subsectores sociales; lo cual es fundamental no sólo para resolver problemáticas cotidianas como el abasto de medicinas, el acceso a las vacunas y a instituciones salud bien equipadas y atendidas; sino también para atender los graves problemas de inseguridad, criminalidad, violencia de género y feminicidios; así como la búsqueda de personas desaparecidas. Esta es en esencia la gran importancia de las OSC en la coyuntura que atraviesas el país. 1 Profesor investigador tiempo completo UASLP, correo: alfonso.munoz@uaslp.mx. 107 Palabras clave: violencia género; violencia Estado; desaparición personas; crimen organizado; sociedad líquida; Organización Sociedad Civil. Tesis El régimen gubernamental establecido por Andrés M. López Obrador se sustenta en una concepción de concentración de poder en la figura presidencial, en la que el carácter dual del jefe de Gobierno y jefe de Estado, se complementan con su atribución de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, volviendo a un modelo presidencialista autoritario. En este régimen autocrático se pretende instaurar un sistema de administración pública con funcionarios militantes del partido en el poder, con una fuerte influencia ideológica de veneración al jefe del Ejecutivo; en este régimen se utiliza a corporaciones (al estilo del falangismo del dictador F. Franco es España, como la Falange y la Sección Femenina), para tener un férreo control político -ideológico de población, substituyendo y eliminando a las Organizaciones de la Sociedad Civil, como entes de cohesión social que buscan resolver los temas de la agenda ciudadana que el Estado no asume como prioritarios por no convenir a su agenda política de Estado. Enfoque teórico A partir de la premisa de trabajo que refiere Zygmunt Bauman de Vivir en una época de incertidumbre en Tiempos líquidos en una sociedad líquida (Bauman, 2007), la sociedad civil mexicana ha venido padeciendo cada vez más, la incapacidad de las instituciones del Estado en materia de procuración de justicia, prevención de la criminalidad (fuero común y delitos federales), y de los delitos de género que derivan en desapariciones y feminicidios; y en general observamos una disolución de los aparatos de estado y de seguridad que apliquen políticas públicas eficientes y eficaces. Ello ha derivado en lo que algunos autores han designado para el caso mexicano como Estado fallido: “La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se 108 manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos… Las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema… Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA indicando que México es un «Estado fallido», fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección”. (Manaut, 2009) Bajo estas condiciones, en México la sociedad civil ha respondido en muchos de los casos de violencia, criminalidad, violencia de género 2, etcétera, de manera espontánea reclamando por varias vías la acción del Estado y sus representantes; esas respuestas van desde el cierre de carreteras, toma de plazas públicas, hasta el linchamiento masivo de presuntos delincuentes, o las acciones de confrontación y resistencia del movimiento feminista de los pañuelos verdes en la actualidad. Todo ello, es el síntoma de esa sensación de instituciones y mecanismos que se han vuelto “líquidos” 3, el Estado se diluyó dejando en el desamparo a la población. Pero también por su parte, la ciudadanía toma medidas radicales, muchas veces que rallan en la violación de derechos humanos de presuntos responsables y clama justicia a manos propias, dejando fuera a las agencias de seguridad y los procedimientos judiciales y penales, que en otras circunstancias deberían de implementarse. 2 Respecto de la violencia de género en México, a pesar de los datos falsos que dio el presidente de México en su 20 Informe de gobierno del 1° de septiembre de 2020, consultamos esta página en la que se pone en evidencia que no solamente no se ha combatido ni erradicado, sino que ésta ha aumentado significativamente: https://youtu.be/e0qC5vSa-gw, consultado el 03 de septiembre de 2020, 18:35 3 Tal es el caso de la Comisión de los Nacional de Derechos Humanos, que frente a las demandas de las mujeres porque se haga justicia en el caso de niñas violadas y jovencitas desaparecidas, su titular, la señora Piedra Ibarra, optó por abandonar las instalaciones, no dar respuesta ni atender a los colectivos, dejando a esa institución en estado de “licuefacción o en Estado vegetativo”. Dando pie a la toma de las instalaciones y la acción directa por parte de los colectivos feministas. Septiembre 2020. 109 Lo que es evidente, por el alto grado de corrupción de las fuerzas del orden en todos sus órdenes y niveles, como lo señala Zygmunt Bauman la condición de Estado Líquido que prevalece, genera la percepción de ausencia de Gobierno y la falta del ejercicio de la justicia, lo cual crea la percepción de que el país, al menos como lo ha señalado recientemente el Departamento de Estado norteamericano para más de treinta regiones, está siendo gobernado por el crimen organizado. Es decir, que sí existe un altísimo grado de corrupción que se refleja en la cantidad de decesos producto de la violencia descontrolada y de la ausencia del ejercicio de la justicia expedita y con eficacia. Esta afirmación trataremos de sustentarla con las tablas de datos que se presentan a continuación en la que se evidencia el incremento exponencial de los homicidios en el país desde diciembre 2018 al día cuatro de agosto de 2020, en que se publicaron los datos. Es importante señalar que, en gran medida este documento surge como un planteamiento de incidir en el desarrollo del aparato crítico o paradigma teórico de las Ciencias Criminológicas que ha planteado en estudios previos Alfonso Muñoz Güemes (Muñoz, 2020). “Es en este escenario de grandes rupturas epistemológicas y de creación de nuevos paradigmas donde surgen las Ciencias Criminalísticas contemporáneas 4. Se define su relación sujeto cognoscente ˂ - ˃ objeto de estudio, como eje de un nuevo paradigma que define: al victimario, el hecho o suceso criminal, la víctima, el entorno y contexto en el que ocurren los hechos, y el camino que lleva a la comisión del ilícito; todo ello, como partes de una intrincada de red de situaciones, actos deliberados, condiciones sociales económicas y culturales que posibilitan la culminación de los hechos que después serán re –construidos metodológicamente, analizados y sistematizados con el fin de emitir un veredicto jurídico con los consiguientes actos de Ley que de ello derivan. 4 Se recomienda al lector interesado consulta la obra: JUSTICIA PENAL EN EL SIGLO XXI, de Rosemary Barberet & Jesús Barquín, Instituto Nacional de Justicia, Oficina de Programas de Justicia, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Disponible en: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/213798_spanish/213798_spanish.pdf?iframe=true&width=95%&height=9 5%#page=11 110 Es decir, que para llegar a esta forma conceptual o teórica de concebir al crimen y estudiarlo, se debió haber construido el aparato teórico y la metodología propia de esta disciplina, que por antonomasia se consolida, robustece, y retroalimenta a diversas ramas del saber científico de la humanidad: Derecho (en varias de sus sub disciplinas), Antropología Social (estudios de los grupos sociales y las formas de adscripción y roles sociales), Antropología Física (Antropología Forense), Etnografía (metodologías de trabajo de campo in situ, metodologías de trabajo cualitativo), Medicina legal y medicina forense, Psicología, Psiquiatría, Sociología (estudios de género, estudios de poder, estudios de desviación social), entre muchas otras áreas del saber y sus subdisciplinas”. Del Erklären (explicar) al Verstehen (comprender)5: Este proceso de construcción de la dimensión de la articulación teórica de las Ciencias Criminológicas es precisamente lo que nos permite plantear que la Criminología como ciencia pasó de ser una herramienta que explique el funcionamiento de los “hechos criminales”, o de la “personalidad del delincuente”, a ser una disciplina formal con teorías específicas que comprenden los fenómenos (objetos) de estudio particulares, bajo un análisis categorial y con metodologías de recopilación y análisis de datos propios. Es pues en este proceso de construcción del aparato científico teórico propio, que podemos plantear que estamos haciendo trabajo científico Multi, Inter o Trans disciplinario. (Muñoz; 2020: 2-4) 6. Es decir, que en este trabajo partimos del planteamiento de utilizar una metodología inter y transdisciplinar, no solo para explicar y describir los hechos que llevan al Estado a realizar 5 Los lectores interesados en conocer más acerca de las diferencias epistemológicas fundamentales entre los paradigmas explicativos (Erklären), y los paradigmas comprensivos (Verstehen), en las ciencias, pueden consultar estos dos artículos que les permitirán adentrase en el tema: 1. El debate de la comprensión frente a la explicación en las Ciencias Humanas y Sociales Luis Francisco Ochoa Rojas, disponible en https://www.researchgate.net/profile/Luis_Ochoa_Rojas/publication/334331183_El_debate_de_la_comprensi on_frente_a_la_explicacion_en_las_Ciencias_Humanas_y_Sociales/links/5d251c6b458515c11c217dc7/Eldebate-de-la-comprension-frente-a-la-explicacion-en-las-Ciencias-Humanas-y-Sociales.pdf 2. Epistemología de la alteridad: entre el erklären (explicar) y el verstehen (comprender) del otro , Luís Mauro Sá Martino, disponible en: https://www.dacompreensao.com.br/wp-content/uploads/2017/12/Revista-Folios35-36._1pdf.pdf#page=148 Folios, Revista de la Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia, 2016. 6 Muñoz, Güemes. Alfonso (2020). La Construcción de un Paradigma (Multi), (Inter), o (Trans), Disciplinar en las Ciencias Criminológicas. (I. Ideaz, Ed.) Saskab. Revista de Discusiones Filosóficas. . Austria, 22 (3), 1-12. Recuperado el 16 de septiembre de 2020, de http://www.ideaz-institute.com/ ISSN 2227-5304. 111 el acto de “Desaparecer / raptar / secuestrar” ciudadanos de su Nación; sino que sustentamos la necesidad de desarrollar un aparato crítico que explique las relaciones causales y multifactoriales que inciden en el inter criminae, para llegar a la compresión de los hechos y poder construir la “verdad histórica”, que llevará a la “verdad jurídica” previo a las sentencias y las derivadas acciones legales y de reparación de daños. En esta sección, se sustenta la tesis del estado líquido y la creciente ingobernabilidad que ha repercutido en el incremento de la violencia y la criminalidad en todos sus tipos en México al menos en los últimos diez años utilizaremos dos fuentes de datos fundamentales. “El Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 captura las experiencias y percepciones de más de 25,000 ciudadanos y 2,600 expertos en los 32 estados del país.7 El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es la segunda edición del único índice subnacional producido por el WJP, y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país. Este Índice utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el WJP ha utilizado a nivel global, el cual fue adaptado para reflejar la realidad nacional y mide la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país. El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 presenta datos e indicadores originales, los cuales se organizan en 42 subfactores y ocho factores: i) límites al poder gubernamental, ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal. Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de Derecho, proveen información acerca de las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad y sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño de las 7 Durante más de una década, el World Justice Project® (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) ha aplicado encuestas en más de 120 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho, generando información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. El Índice de Estado de Derecho del WJP (WJP Rule of Law Index®, en inglés) se ha convertido en una herramienta destacada para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y fomentar la toma de decisiones basada en evidencia. 112 autoridades estatales a lo largo del tiempo o en comparación con el de sus contrapartes en otros estados”. (World Justice Project; 2020). Estos son algunos de los hallazgos encontrados en el estudio de referencia: “Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 fueron Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). Los estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35). Entre 2018 y 2019-2020, los puntajes del Índice de Estado de Derecho en México aumentaron en 15 estados, descendieron en 11 y permanecieron sin cambios en 6. Los puntajes del Factor 5: Orden y seguridad, que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, descendieron en 19 estados. La puntuación del Factor 1, Límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales, aumentó en 26 estados del país. La corrupción a gran escala en los ejecutivos estatales sigue siendo una de las áreas de mayor preocupación. La falta de acceso a la justicia y la poca eficiencia de los procesos de justicia civil, son los grandes pendientes en esta materia”. 8 (World Justice Proyect; 2020: 7). Por otra parte, y como un dato más sobresaliente para justificar la urgente necesidad de que existan las organizaciones de la sociedad civil abocadas a la protección, búsqueda y resarcimiento de la justicia en contra de las personas desaparecidas y de las mujeres en general, comentamos que en México es asesinada una mujer cada dos horas y media 9, sin que el Estado pueda controlar ni prevenir los feminicidios y desapariciones forzadas de género. 8 El Índice está dirigido a una audiencia amplia que incluye tomadores de decisiones, organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunicadores, entre otros. Nuestra intención es que esta herramienta sirva para identificar las fortalezas y debilidades de cada entidad federativa, así como para fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México. 9 https://www.sinembargo.mx/25-08-2020/3848110 consultado el 26 de agosto de 2020 a las 13:00 Hrs. 113 Sin embargo, al diez y ocho de septiembre de 2020, la incapacidad gubernamental para atender a las mujeres víctimas de la violencia de género, las violaciones y feminicidios, se evidencia por la toma de la sede la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte de diversos colectivos que ya solicitan incluso la dimisión inmediata de su titular, la señora Rosario Piedra Ibarra, dada su negligencia, omisión e incapacidad para operar al frente de esa institución.10 Con el objetivo de avanzar metodológicamente en este documento, vamos a plantear una serie de conceptos que si bien no son de orden teórico, si esclarecen el significado y alcance de los términos que se utilizarán para analizar el planteamiento General acerca de la importancia de la participación de la sociedad civil organizada en la búsqueda de las personas faltantes, así como en la generación de un marco de acción social sustentado en premisas que aborden la problemática de manera adecuada y con las herramientas necesarias para presentar cualquier tipo d demanda social tanto ante el Estado y sus Instituciones, como ante cualquier organismo jurídico nacional e internacional que pueda resolver cualquier tipo de demanda penal. “El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. El Estado de Derecho es un principio rector que vincula a autoridades y ciudadanos mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. El Estado de Derecho es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva y la paz. 10 Ver: http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpL6yfMTtw@@9Q13O b3JgAJGqZupstdER5B0JcySdwxIyawKyTOh@@eDERMWlEZyHPgQ==&opcion=0&encrip=1 , consultado el 18 de septiembre 2020, 16:00 Hrs. 114 El Estado de Derecho es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. Así lo ha reconocido la comunidad internacional al incluirlo en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. El Objetivo 16 busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y la meta 16.3 específicamente invita a los estados a “promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” (World Justice Project; 2020: 47). Como se verá en esta sección de la investigación, se parte de la idea que un Estado de Derecho Constitucional que garantice los Derechos Humanos Fundamentales y Universales de toda la población en condición de equidad social, sin distinciones de origen étnico lingüístico, sin distinciones de género, filiación política, credo religioso u orientación sexual, debe de llevar a cabo una procuración de justicia eficiente, expedita y oportuna, garantizando la paz y la seguridad social en un marco de transparencia gubernamental y plena participación democrática de toda la sociedad en sus procesos de toma de decisiones y de elección de tipo de régimen político y económico con alternancia en el poder. A esto le llamados gobernanza, y solamente se alcanza en países con pleno Estado de Derecho. La normalización de la cultura de violencia de género y su posible origen Además de la tesis ya encunada al inicio de esta ponencia, se hace énfasis en un problema social que no ha sido suficientemente estudiado ni por los académicos, ni por las propias OSC, pero que ya está analizando este investigador. Es el Fenómeno de la prisionización y subcultura carcelaria, referente a la paulatina instauración de una subcultura de violencia generada y propagada por los cárteles de narcotraficantes en México 11. Esta subcultura de la violencia abarca a amplios sectores de población en el país, desde los niños sicarios hasta campesinos y población urbana de diferentes estratos socio económicos 12. 11 Consultar esta excelente nota del periódico The New York times: https://www.nytimes.com/es/2017/10/28/espanol/america-latina/violencia-mexico-interpreter-homicidiosrecord.html, revisada el 18 octubre 2020, 15:00 Hrs. 12 Consultar: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/01/decada-violenta-en-mexico-mas-de200000-homicidios-y-un-asesinato-cada-23-minutos/ , revisada el 18 octubre 2020, 15:00 Hrs. 115 Esta subcultura de la violencia como forma conductual ha llevado a que en este sexenio se contabilicen hasta el sábado diez y siete de octubre 64,282 homicidios dolosos. Cifra que desde el año dos mil a la fecha alcanza 376, 284 homicidios. Mientras que los feminicidios 13 durante los primeros siete meses del año 2020 ascienden a14: 2,240 muertes de mujeres, con un promedio diario de 10.5 casos15. “De 2006 a 2020, en México se han encontrado 4,092 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6,900 cuerpos, informó el gobierno federal. En lo que corresponde al actual gobierno, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, se han localizado 1,257 fosas clandestinas y exhumado a 1,957 cuerpos. De éstos, 806 ya fueron identificados y 449 entregados a sus familiares” 16. Desde el año dos mil, con la transición hacia un régimen democrático en México, el Estado pierde fuerza política y cede su férrea hegemonía en el control social (transición de un régimen de partido único de Estado centralista y autoritario, hacia un Estado más abierto y laxo en el control político de la sociedad), con lo que los grupos o cárteles de narco tráfico incrementan su presencia social (se hacen visibles a la sociedad y al Estado mismo), ganando cada vez más control territorial en amplias regiones del país. Esas mismas organizaciones que controlan regiones cada vez más vastas para el trasiego de drogas, también les arrebatan a las fuerzas del orden del Estado, el control social (imponen su ley a través del uso desmedido de la fuerza en contra de la población civil). Volviéndose 13 Feminicidio en México designa los asesinatos cometidos contra mujeres. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres homicidas, motivados por la misoginia y el sexismo. Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio_en_M%C3%A9xico , consultado el 18 octubre 2020, 15:15 Hrs. 14 Consultar: https://www.lavanguardia.com/vida/20200127/473171115424/mexico-aumentan-feminicidios976-asesinadas.html , consultado el 18 octubre 2020, 15:15 Hrs. 15 Extraído de: Fueron asesinadas 2,240 mujeres en México en los primeros siete meses de 2020, de acuerdo con cifras oficiales disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/26/fueron-asesinadas2240-mujeres-en-mexico-en-los-primeros-siete-meses-de-2020-de-acuerdo-con-cifras-oficiales/ consultado el 18 octubre 2020, 15:15 Hrs. 16 Extraído de: En los últimos 15 años se han encontrado 4,092 fosas clandestinas; mil en el gobierno de AMLO, Por Redacción Animal Político 7 de octubre, 2020, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/10/fosas-desapariciones-15-anos-gobiernoamlo/#:~:text=En%20lo%20que%20corresponde%20al,y%20exhumado%20a%201%2C957%20cuerpos.&te xt=Y%20las%20entidades%20con%20m%C3%A1s,)%20y%20Michoac%C3%A1n%20(113). Consultado el 18 octubre 2020, 15:15 Hrs. 116 a su vez mucho más poderosas económicamente (las fortunas de los narcos ascienden a miles de millones de dólares y en su conjunto la derrama económica que se genera con el tráfico de drogas y armas es muy superior al PIB de varios países de la región). “Una economía del narcotráfico se ha consolidado en México. Cada año genera ingresos brutos del orden de 600 mil millones de pesos, una cifra que duplica las ventas de la industria farmacéutica” 17. En los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), se infiltran los miembros del crimen organizado, compran consciencias y voluntades y prácticamente ponen a su servicio a las diversas corporaciones policiales e incluso a sectores del ejército mexicano. En este escenario socio político, al que algunos analistas han denominado Estado fallido (Manaut, 2009) y otros lo han caracterizado como narco Estado, siendo que este autor prefiere utilizar la noción de Zygmunt Bauman Vivir en una época de incertidumbre en Tiempos líquidos en una sociedad líquida, (Bauman, 2007), surge una tendencia social que cada vez se arraiga más, tendiente a que cada vez más individuos (hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños), se incorporen a las filas de los grupos delincuenciales, llevando al incremento desmedido de la violencia criminal. Esta violencia cada vez es más atroz en el tipo de crímenes y los cruel e inhumano de los asesinatos que perpetran. “La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos… Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA indicando que México es 17 Dato extraído de: Roberto González Amador “Economía del 'narco' genera 600 mil millones de pesos cada año en México”. Periódico La Jornada. Domingo, 11 nov 2018 08:21 Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2018/11/11/economia-del-narco-genera-600-mil-mdp-cadaano-en-mexico-5650.html Consultado 18 de octubre 2020, 14:00 Hrs. 117 un «Estado fallido», fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección” (Manaut, 2009). En México desde el año dos mil se ha ido normalizando una subcultura prisionizada de la violencia, que ha permeado hacia todos los sectores de la sociedad: no solo en los sectores marginales de las zonas urbanas se han sumado cada vez más personas a estos grupos, sino que en las zonas rurales en donde los sectores campesinos han pasado de ser agricultores de bienes de consumo primario (vegetales, hortalizas, frutas, etc.), para primero ser productores de droga: marihuana y amapola para la elaboración de heroína y sus derivados, hasta llegar a ser integrantes de la estructura de esas bandas. En los espacios sociales que se generan fuera del ámbito carcelario por los miembros de los cárteles que fueron prisioneros, y por todos los presos que entran y salen constantemente de las cárceles del país, se reproducen los patrones tanto conductuales como valorares y simbólicos que aprendieron en su estancia en la universidad del crimen. Estas pautas, conductas, valores y “formas de ser”, se han ido extendiendo por el territorio donde operan estos grupos hasta conformar una nueva subcultura prisionizada sustentada en la violencia extrema, la progresiva deshumanización de los sujetos que las conforman, promoviendo actos de violencia generalizada que llega a cobrar hasta treinta o más víctimas al día durante todo el año. Es decir, que la violencia social se ha convertido en un patrón conductual que se manifiesta en el espacio social nacional, dando pie a la normalización de la criminalidad como forma o estilo de vida hegemónico en ciertos ámbitos sociales. La violencia homicida es la expresión más contundente de esta subcultura prisionizada que se extendiendo más y más por el país, conforme las filas de los cárteles se engrosan con decenas o cientos de nuevos miembros constantemente, dando pie a la violencia de género, como una vertiente adicional derivada de las conductas machistas y de dominación que imperan en estos grupos subculturales. 118 Por otra parte, y como un dato más sobresaliente para justificar esta ponencia en términos de la urgente necesidad de que existan las organizaciones de la sociedad civil abocadas a la protección, búsqueda y resarcimiento de la justicia en contra de las personas desaparecidas y de las mujeres en general, comentamos que en México es asesinada una mujer cada dos horas y media18, sin que el Estado pueda controlar ni prevenir los feminicidios y desapariciones forzadas de género. Sin embargo, al diez y ocho de septiembre de 2020, la incapacidad gubernamental para atender a las mujeres víctimas de la violencia de género, las violaciones y feminicidios, se evidencia por la toma de la sede la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte de diversos colectivos que ya solicitan incluso la dimisión inmediata de su titular, la señora Rosario Piedra Ibarra, dada su negligencia, omisión e incapacidad para operar al frente de esa institución. 19 En este sentido, hacemos un planteamiento inicial en el sentido de que existe un marco jurídico internacional basado en los Acuerdos y Tratados Internacionales que ha suscrito México y que son vinculantes; por ende, la legislaciones nacional en la materia está supeditada a esas normativas y preceptos legales que se han incorporado a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CEPEUM)20, y de no acatarse y cumplirse las autoridades Federales y Judiciales estarían violando Derechos Humanos reconocidos en la Declaración de Universal de los Derechos Humanos del a Organización de las Naciones Unidas (ONU).21 En este orden de ideas, y de acuerdo con la teoría jurídica, el Derecho Internacional prima sobre el Derecho nacional, por lo que el régimen lopezobradorista al incluir esta 18 Ver: https://www.sinembargo.mx/25-08-2020/3848110. Consultado el 26 de agosto de 2020 a las 13:00 Hrs. Ver: http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpL6yfMTtw@@9Q13O b3JgAJGqZupstdER5B0JcySdwxIyawKyTOh@@eDERMWlEZyHPgQ==&opcion=0&encrip=1 , consultado el 18 de septiembre 2020, 16:00 Hrs. 20 Ver: CEPEUM, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf. Consultado el 19 septiembre 2020, 13:00 Hrs. 21 Ver: La Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU. https://www.un.org/es/universal-declaration-humanrights/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los,historia%20de%20los%20derechos%20human os.&text=La%20Declaraci%C3%B3n%20establece%2C%20por%20primera,a%20m%C3%A1s%20de%20500%20idi omas. Consultado el 19 septiembre 2020, 13:00 Hrs. 19 119 normatividad, está violando Acuerdos, Tratados Internacionales suscritos vinculantes, así como jurisprudencia internacional en materia de Derechos humanos. Estructura social y tercer sector social Pasaremos a un breve análisis de la estructura social para tener una idea más clara de lo que es la sociedad civil en México 22, lo que denominados sectores sociales. Entendiendo por sectores de la sociedad algo diferente de lo que denominamos sectores económicos. Cuando hablamos de los sectores productivos en la economía nos referimos al Sector Primario, conformado por todas las cadenas productivas agrícolas y ganaderas (productores agropecuarios); el sector secundario es el que se encarga de darle valor agregado tanto a los productos agrícolas o primarios (industria alimenticia), como en la generación industrial de todo tipo de mercancías y bienes de equipo; el Sector Terciario es el que está conformado por lo que denominamos industria sin chimeneas, e incluye a todas las empresas que prestan servicios comerciales, bancos, grandes almacenes, toda la industria turística incluidos hoteles y restaurantes, entre muchos otros. Ahora bien, los sectores sociales que pueden intervenir en cualquiera de los ramos económicos mencionados son: 1. Sector Público 2. Sector privado o Iniciativa Privada 3. Sector social. Sociedad Civil Organizada 4. Sector: empresas de economía social23 22 En este sentido, es importante señalar, que, desde el punto de vista jurídico, desde el momento que nace un nuevo ser en territorio nacional, es mexicano. Además, desde el momento en que queda registrado con sus huellas dactilares y nombre con apellidos, se convierte en un sujeto de Derecho del Estado mexicano. Es decir, que como señala el texto Constitucional, adquiere derechos ciudadanos señalados en el articulado de la Carta Magna. Además de obtener derechos ciudadanos, cada nuevo mexicano/na, por Ley, debe de recibir todos los beneficios y prestaciones que le debe brindar en las políticas públicas (en materia de salud, educación, acceso al agua y a un medio ambiente sano, entre muchos otros), que se le garantiza en los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales. 23 Subrayamos el término de Cuarto Sector Social, referido a las empresas de economía social, que se encuentran entre las empresas privadas con fines de lucro, y las Organizaciones No Gubernamentales, que por definición son NO lucrativas. Es decir, que son Asociaciones civiles, que buscan crear riqueza social con el fin de hacer una redistribución de la renta obtenida entre sus miembros y obras sociales comunitarias. 120 El primer sector es el que se denomina Sector Público y es en esencia, toda la Administración Pública del Estado. Es decir, el conjunto de instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, que tienen por objetivo llevar a cabo todas las políticas públicas, o acciones gubernamentales que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que por ley cada presidente, presenta ante el Congreso para que éste avale o cambie, las diversas tareas, proyectos y programas que propone el Ejecutivo para alcanzar el Bien Común de la Nación.24 Las Secretarías de Estado Federales centralizadas, conforman el núcleo de la administración pública, y van replicando su estructura en las secretarias descentralizadas en las 32 entidades federativas; luego las instituciones desconcentradas llevan tareas específicas de cada subsector y replican su acción en los estados y en los 2,458 municipios y 16 alcaldías, que existen en nuestro país. En la administración pública mexicana, existen además los organismos des concretados, los fideicomisos, así como las empresas productivas del Estado, lo que conforma un cuerpo laboral inmenso, si pensamos que solamente, los dos sindicatos más grandes del país, el de los maestros y de los petroleros están conformados por unos cinco millones de personas. El Sector privado de la sociedad, es el encargado de crear, financiar, administrar y dirigir toda la actividad económica y productiva, laboral y comercial, del país. Es decir, engloba a todos los ramos de la producción nacional ya se del sector agropecuario, del sector industrial, o del sector de comercio y servicios. Para ello, debe tomar en consideración las reglas del juego que determina el gobierno Federal a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público (y las leyes hacendarias que crea el poder legislativo y aplica el SAT); así como de las reglas económicas que dicta la Secretaría de Economía; y con ello asegura la libre empresa y competencia25. El modelo económico vigente en México para el año 2020, se puede denominar desarrollo económico neo institucional 26, también llamado Neo Institucionalismo Económico. 24 De acuerdo con las definiciones clásicas de la Teoría del Estado, el fin último que pretende todo gobierno a través de las administraciones públicas del Estado, es el alcanzar el bien común de sus gobernados. 25 Se puede consultar https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-modelos-de-desarrollo-economico-enMexico-20190212-0165.html, 5 de septiembre 2020, 16:30 26 Consultar: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/teor_des.pdf 121 El Tercer Sector o Sector Social. Este es el sector que nos interesa más en este estudio, ya que es el que conforma la sociedad civil previamente definida en estas páginas. Cuando planteamos al inicio de este trabajo la importancia del concepto de sociedad líquida, en referencia a un conglomerado social amorfo, sin definir por sus características, socio demográfica, ni socio políticas, ni socio económicas; ni mucho menos por sus especificidades étnico lingüísticas y culturales, nos referíamos en que en un contexto de desmedida violencia y de falta de gobernabilidad e ineficacia de la justicia, la sociedad se ve arrinconada en espacios de silencio, de temor y de terror y se vuelve incapaz de ser resiliente ante el abandono de las instituciones del Estado. En este tipo de contextos es en donde los diversos segmentos y grupos sociales como mujeres, niños, grupos de la diversidad sexual, entre otros, se vuelven más vulnerables a actos de violencia de todo tipo. Es precisamente, como se dice en lenguaje coloquial “el caldo de cultivos”, para el surgimiento y actuar del crimen organizado. En este escenario, las niñas y jóvenes adolescentes viven más violencia doméstica (abusos físicos, abusos sexuales, mal trato psicológicos y finalmente los feminicidios), ya que están aisladas de grupo de iguales (amigas y compañeras de estudio), en condiciones de vulnerabilidad que hacen más fácil para l abusador cometer los actos en su contra. En este sentido, el origen y esencia de las Organizaciones No Gubernamentales es precisamente que un grupo de personas ajeno al grupo de socialización primario de las víctimas (no son familiares, ni personas cercanas emocional o familiarmente a las víctimas), se solidaricen con ellas, logrando empatía al comprender su dolor y sufrimiento; brindándole apoyo y ayuda de forma solidaria. Es decir, sin pedir nada a cambio. Este principio básico y fundacional de las Organizaciones No Gubernamentales, es lo que permite que las víctimas de delitos, y personas afectadas por desastres naturales o guerras que llegan a perder casa, bienes, empleos y hasta seres queridos, se vean arropados por otras personas que donan su tiempo, su esfuerzo, que, con los recursos financieros captados de voluntarios donadores, llevan a cabo su misión de ayudar al prójimo. 122 Además del principio de solidaridad social, las OSC se financian con recursos no provenientes del Gobierno, ni de la Iniciativa Privada en la forma que se entiende de dar dinero a cambio de una retribución como pago. Si bien es cierto que los grandes consorcios crean sociedades filantrópicas y organismos que dan aportaciones deducibles de impuestos a las OSC, estos son como un mecanismo de transferencia de riqueza socialmente producida hacia las organizaciones civiles sin fines de lucro; estos financiamientos altruistas le permiten a los corporativos no dar cuenta al fisco de esos impuestos y darlos a las organizaciones no lucrativos para obras de beneficio social. Pero quizás el rasgo distintivo más importante de las OSC, es el de llevar a cabo actividades y labores que los gobiernos Federal, estatal o municipal no pueden hacer, por ello se denominan no gubernamental, ya que actúan ahí donde el Estado es incapaz de hacerlo. En los casos mexicano y en el caso argentino que tratamos en este estudio, la clara orientación de las asociaciones civiles no gubernamentales está orientado precisamente a dar el respaldo a las víctimas y los familiares de las víctimas de diversos delitos y circunstancias que muestran que el Estado ha sido omiso; o que existen serias trabas como en el caso argentino donde privó la impunidad y la protección de los militares involucrados en la desaparición, tortura, asesinato y violaciones a las mujeres prisioneras, por para de los mando castrenses. En el caso mexicano de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, encontramos por las evidencias de estos últimos días (septiembre de 2020), que el Estado mexicano y el aparato Judicial, quiere borrar la verdad histórica que se creó en la administración de Enrique Peña Nieto, para substituirla por una nueva verdad histórica de este régimen. Para esta nueva versión de los hechos o verdad histórica, que es requisito sine qua non, previo a la verdad jurídica, se está partiendo de la premisa que más valen los derechos de los presuntos implicados y se les libera con el argumento de que se obtuvieron declaraciones bajo tortura. Es decir, prima una supuesta legalidad procesual, antes que los Derechos humanos de los afectados. Lo cual sería comprensible, pero una vez más se destruye el avance en el proceso y las indagatorias y no llega a hacerse justicia. Ahí es donde el papel fundamental de las OSC, se pone de manifiesto, ya que son los cuerpos sociales que genera la presión política y social para que se actúe con presteza y eficiencia. 123 La otra parte fundamental de las OSC, tiene que ver con la creación de los issues políticos sociales y la agenda de los políticos en la administración pública nacional. Es decir, que al verse presionado el Poder ejecutivo y el Poder judicial deben asumir las responsabilidades de la indagatoria y resolución (castigos a os culpables de los delitos). La sociedad civil organizada presiona al Estado a resolver los temas o issues de la agenda ciudadana. Transparencia del sector gubernamental. Esto significa, que cuando el Estado (aparato de gobierno y de la administración pública de un país), asume una agenda ciudadana, tiene que rendir cuantas de los logros alcanzados. Cuando se unieron diversas organizaciones no gubernamentales para exigirle al presidente Felipe Calderón el esclarecimiento de os saos de la familia Le Barón, del hijo de Javier Sicilia, de la hija de Nelson Vargas, junto con otras personalidades que venían solicitando el esclarecimiento del secuestro y asesinato de varias, personas, el presidente tuvo que recibirlos después de varias negativas y asumir la responsabilidad el Estado en brindar seguridad pública y certeza jurídica a los demandantes. Eso es precisamente que el Estado haga suya la agenda política ciudadana y la convierta en parte de su agenda gobierno, pero que además acepte el escrutinio público y la rendición de cuentas. En el sexenio actual, después del crimen horrendo de las niños y mujeres de la familia Le Barón el presidente no aceptó recibirlos para hacer suya la agenda de la violencia y la criminalidad imperante en su régimen. Cuando la madre del niño Dylan se acercó al presidente a pedir el apoyo para encontrar al menor sustraído en un mercado público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no la recibió ni hizo suya la agenda de la desaparición de menores con fines de trata. Cuando la madre de una niña de tres años que fue violada en Río Verde San Luis Potosí se acercó a denuncia los hechos en la Defensoría de los Derechos Humanos de San Luis capital, fue desechada la carpeta y no se le dio seguimiento a la denuncia. Tuvo que viajar como puedo la madre de la niña hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad De México; y la titular, la señora Pierda Ibarra, no se dingo recibirla hasta que se amarró a una silla y amenazó con suicidarse por las intimidaciones de que estaba siendo objeto por funcionarios de esa dependencia. Es decir, que con esto ejemplos vemos la 124 importancia de las ONG en la sociedad, debido a que hacen colectiva la voz de individuos o grupos de individuos vulnerables que no son atendidos, ni son resueltos sus casos. Las OSC tienen la función de robustecer y fomentar la Concientización social, ya que generan empatía de diversos actores sociales que va sumando esfuerzos para alcanzar las metas y objetivos trazados. Esta conciencia social deriva en que los colectivos agrupados en torno a demandas específicas le exigen transparencia a los gobiernos y demanda acciones que solucionen las carencias previas. Por otro lado, se dice que una sociedad organizada en cuerpos sociales formales como las OSC se vuelven refractarias al crimen organizado y la delincuencia común, ya que sus miembros establecen redes de trabajo colaborativo y de comunicación tales que, hacen prácticamente imposible que al interior del colectivo se repliquen los casos de violencia previamente sufridos. La sociedad civil estructurada hace que baje la delincuencia en sus sectores sociales y entre sus miembros ya que ofrecen alternativas de participación social en voluntariados, fomentando el trabajo productivo y la inserción social en espacios libres de criminalidad, drogas, generando acceso a circuitos educativos y de empleo formal o informal que incrementa el nivel de vida de los asociados. Cuarto Sector: empresas de economía social. Desde hace unos diez años aproximadamente, se habla del surgimiento de un nuevo actor social en los países desarrollados principalmente. Este sector social emerge al escenario de las naciones cuando se da la crisis del capitalismo Neoliberal que promulgaba la desaparición del Estado como rector de las economías nacionales, para dar paso a la auto regulación de los mercados por las leyes de la oferta y la demanda, en escenarios de hiper globalización. Este paradigma tuvo evidentemente como principal contingencia económica, la sobre explotación de los recursos naturales no renovables, la hiper contaminación de los océanos que se aprecia en la formación de cuatro grandes islas de plásticos que flotan en varios océanos de globo; con la formación de grandes áreas del océano en el mundo en donde la contaminación del mar es tan grave, que los vertidos tóxico s han matado todas las formas de vida, eliminando el oxígeno del agua. Explotando la selva s y los bosques generando la mayor contaminación de la atmósfera, lo 125 cual incide en el efecto invernadero, y el sobrecalentamiento de la tierra, siendo este fenómeno, el causante del cambio climático. 27 Con la ruptura del paradigma Neoliberal de Milton Friedman, comienzan a surgir los paradigmas, del comercio justo, el comercio alternativo, las empresas sustentables, las organizaciones comprometidas con el medio ambiente. Surgen las grandes cumbres globales promovidas por la ONU en torno a los Acuerdos de Kioto y el Tratado de París, COPP21 y todos los mecanismos multilaterales que se abocan a crear las políticas públicas ambientales que serán vinculantes para los Estados signatarios. Dentro de este escenario que intenta frenar el cambio climático y detener el calentamiento global que previamente había generado el sistema capitalista bajo el esquema del propio Friedman, ahora se busca generar alternativas productivas y económicas. Es ahí donde las OSC preocupadas por la sustentabilidad y por la sostenibilidad comienzan a proponer un modelo alternativo de propiciar el desarrollo en las regiones deprimidas y en asimetría económica y social. En el caso de la Unión Europea28 esta pretendió destinar el 0.7% del PIB total de esa región geoeconómica para ayuda al Desarrollo de los países del Tercer Mundo. “Se entiende como ayuda o asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto es, en condiciones financieras favorables y que tengan como objetivo primordial el desarrollo económico y social del país receptor. La ayuda oficial para el desarrollo busca la mejora de las economías de los países en vía de desarrollo mediante las políticas y préstamos de las instituciones de crédito del sistema de las Naciones Unidas mundiales a causa de su pobreza y endeudamiento Se recomienda a lector interesado leer el artículo del profesor y académico Enrique Danz: “Friedman, enterrado y pisoteado: redefiniendo la función de la empresa”. Disponible en: https://www.enriquedans.com/2019/08/friedman-enterrado-y-pisoteado-redefiniendo-la-funcion-de-laempresa.html 28 Consultar: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/fundingopportunities-ngos_es 27 126 extremos (estos países son conocidos también como países menos desarrollados). Los países donantes (22 países de los más ricos) acordaron destinar el 0.7 % de su producto nacional bruto (PNB) a este grupo de países. Además de los Estados mencionados se encuentran aquellos con características especiales que requieren de atención especial. Entre estos se encuentran los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares y los países con economías en transición”.29 En este sentido, surgen las empresas de economía social como los agentes que promoverán actividades económico-productivas para mercados locales en zonas subdesarrolladas, que llevarán un mayor desarrollo económico y social a la población. En ese sentido, las OSC buscan hacer sinergia con asociaciones civiles que puedan producir bienes de consumo y materias primas con escaso valor agregado para posicionar los productos en mercados alternativos. Estado Patriarcal y violencia de género30 La comprensión de la criminalización de las protestas de los colectivos feministas que se han desarrollado en diversas ciudades de México desde el año 2020. La subsunción formal del género femenino a la construcción social androcéntrica es una construcción ideológica que ha permeado a todos los ámbitos de la vida: la cultura, las instituciones del Estado, el aparato legal, la economía, la educación entre otros ámbitos sociales, creando estereotipos de la mujer y lo femenino; por lo tanto, la leyes y códigos penales, así como el ejercicio judicial y el sentido de las sentencias, tienen una fuerte carga androcéntrica que subyace en los veredictos impuestos a las mujeres infractoras. Para llevar a cabo el análisis, partimos del planteamiento que señala la subsunción formal del género femenino a la construcción social androcéntrica. 29 Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_oficial_al_desarrollo, consultado 5 septiembre 2020, 19:15 Hrs. 30 Muñoz, Güemes Alfonso (2021) “Criminalidad femenina y violencia de Estado. Hacia la deconstrucción de una condición social”, Saskab. Revista de discusiones filosóficas desde acá, cuaderno 17 2021, ISSN 22275304, http://www.ideaz-institute.com/sp/CUADERNO17/C172.pdf 127 La criminalización de las protestas de los colectivos feministas que se han desarrollado en diversas ciudades de México durante el año 2020. Las protestas han abarcado diversos métodos de visibilizarían de los problemas que atraviesan las mujeres en México. Estas movilizaciones han representado diversos grados de conflictividad con las fuerzas del orden, pero sobre todo, han cuestionado la legitimidad de las instituciones públicas que deberían abocarse a la resolución de los conflictos; el activismos feminista puso en entredicho la existencia de una verdadera política de Estado de combate, prevención y resolución de los delitos de feminicidio, violencia de género, desapariciones forzadas, tráfico de menores con fines de trata, entre otros asuntos de la agenda feminista. Para llevar a cabo el análisis, partimos del planteamiento que señala la subsunción formal del género femenino a la construcción social androcéntrica. La subsunción formal del género femenino a la construcción social androcéntrica es una construcción ideológica que ha permeado a todos los ámbitos de la vida: la cultura, las instituciones del Estado, el aparato legal, la economía, la educación entre otros ámbitos sociales, creando estereotipos de la mujer y lo femenino; por lo tanto, la leyes y códigos penales, así como el ejercicio judicial y el sentido de las sentencias, tienen una fuerte carga androcéntrica que subyace en los veredictos impuestos a las mujeres infractoras. “En este orden de ideas la sociedad civil en México se encuentra inmersa en una suerte de momento de disolución de las estructuras gubernamentales, de carencia de políticas públicas que resuelvan las demandas de la agenda social (o de las diversas agendas sociales), a través de instituciones sólidas que, de manera oportuna, transparente y con integridad atiendan y garanticen el bien común”. (Muñoz & Ferreyra, 2020; 7-9) Cabe señalar que el día 24 de noviembre del 2020, se demandó judicialmente a trece de las mujeres que hicieron la toma del inmueble de la CNDH, acusando la Fiscalía daño patrimonial al Estado. 31 Haremos un análisis crítico de los factores que han llegado a ser 31 Esto es una muestra de la lógica del Estado mexicano, que antepone el patrimonio de la Nación al Derecho fundamental de las mujeres y niñas en el país. Ver https://laotraopinion.com.mx/denuncian-a-mujeres-tras-portomar-instalaciones-de-cndh/ 128 determinantes, para que las acciones de los colectivos feministas sean consideradas desde la perspectiva del Estado patriarcal, como delitos, al grado de girar órdenes de presentación y entablar demandas judiciales en contra de algunas de las mujeres que participaron activamente en las movilizaciones. Esto es importante, ya que, para el caso mexicano, la construcción social de la cultura machista tiene su estrato histórico en este período de la formación del Estado moderno, y se fundamenta en el pensamiento post nacionalista que cimienta la Estructura de violencia populista corporativa. Esta estructura de organización política fue característica del México post revolucionario y hasta la transición política. Consistió en el uso sistemático y de forma institucional (desde el aparato de estado), para controlar a la sociedad a través de las tres grandes corporaciones sociales: Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). La violencia de Estado basada en el principio del populismo como modelo de control político ideológico se denominó “Nacionalismo Revolucionario”. Pablo González Casanova autor marxista mexicano, explica espléndidamente en su libro: (González, 1965), La democracia en México, esta argumentación con el fin de establecer dos aspectos analíticos fundamentales: 1. La violencia de Estado en México, como fenómeno consustancial de los regímenes autoritarios presidencialistas que recurrieron (y están recurriendo ahora bajo el régimen lopezobradorista), al corporativismo de Estado como mecanismo de control social. Esto explica la correlación directa entre el Movimiento Falangista de la dictadura fascista de Francisco Franco en España y la estructura estatalizada de los Siervos de la Nación de López Obrador. Este modelo es una ramificación de los regímenes totalitarios de la primer mitas del Siglo XX, tanto de signo nacional socialista, como de la esfera comunista de la URSS, que recurrieron a grandes confederaciones sociales para controlar ideológicamente a la población. 2. La cultura machista basada en los principios androcéntricos de control, dominación y sujeción de género que desde la perspectiva de Michel Foucault (Foucault, 1979), transitan hacia la microfísica del poder. En esa esfera de lo micro social es en donde cobra su fuerza de violencia más grave la dominación de género, o relación hegemónica de 129 subordinación social (Gramsci, 1981) (Bonfil, 1989), teniendo su expresión más brutal y final en el feminicidio. En este punto de nuestra argumentación no podemos dejar pasar el hecho que, en la actualidad, con el régimen presidencialista lopezobradorista, se ven reforzadas y potenciadas las características de un Estado androcéntrico, que niega la relación de subordinación femenina hacia la esfera de poder masculino, lo cual se evidencia en varios hechos. La desaparición de las estancias infantiles para los hijos de madres trabajadoras; la desaparición de estancias de resguardo para mujeres víctimas de la violencia, así como de programas y fideicomisos dedicados a la protección de estas mujeres; en la desaparición de las ayudas a los grupos organizados de la sociedad civil abocados a la búsqueda y reparación del daño en el caso de mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas y víctimas de la trata de menores y de mujeres en vulnerabilidad 32. El caso más relevante de este análisis tiene que ver con la criminalización de las mujeres que forman parte del movimiento feminista que en 2020, realizó varias protestas públicas por la falta de atención y resolución jurídica por parte del gobierno Federal; así como del desmantelamiento de las instituciones gubernamentales que atienden el problema de la violencia de género, las desapariciones, la trata de menores, las violaciones sexuales, entre otros delitos de género. Mujeres y colectivos feministas que se vieron forzadas a emprender acciones “extremas” como encadenarse a las rejas de los edificios institucionales y tomar las instalaciones para que la responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos atendiera los asuntos de esa agenda ciudadana y les brindara la debida atención jurídica, legal y asesorías en todos y cada uno de los casos. La respuesta fue no tomar los expedientes, no responder con diálogo formal estableciendo protocolos y seguimientos, así como establecer compromisos de solución a los diferentes casos. En respuesta, se criminalizó a las mujeres y 32 En este orden de ideas, es muy revelador del carácter misógino, androcéntrico, patriarcal y autoritario del régimen presidencialista lopezobradorista que postuló y defiende política e institucionalmente (desde la misma presidencia de la República y del partido gobernante), a un presunto violador y agresor sexual con denuncias formales como es el caso de Félix Salgado Macedonio, para ser candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por parte el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 130 colectivos participantes, girando órdenes de presentación y estableciendo juicios en su contra por daños a la nación. Antes continuar con el desarrollo de este artículo, volvemos a un breve análisis de lo que ocurre actualmente en el país, con referencia a la construcción de un régimen autoritario, androcéntrico basado en estructuras de control político ideológicas totalitarias que en la esfera de lo económico pretende volver a la economía estatista controlada por el gobierno central. Lo que el autor marxista mexicano Adolfo Sánchez Vázquez 33 llamó la fase de capitalismo monopolista de Estado 34. En este sentido, los populismos latinoamericanos de izquierda tienen a concentrar el poder económico y político en la figura del Jefe de Gobierno, quién además se erige como caudillo de una causa, con un discurso ideológico muy cargado de retórica que moviliza la sensibilidad de la ciudadanía hacia su causa “legítima”. La resultante de esa doble condición de hegemonía androcéntrica y de cultura machista de dominación de género, resulta hoy en día la criminalización de los movimientos sociales feministas que analizaremos a continuación. Por qué protestan las mujeres ¿Son criminales las mujeres de los colectivos feministas que realizan protestas públicas? ¿Qué papel juegan las OSC en la defensa de los derechos de las mujeres que protestan por la violencia de género? 33 Consultar: https://www.redalyc.org/jatsRepo/584/58463411004/html/index.html revisado “La economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Para ello el Estado debe intervenir la economía y encargarse de las tareas de distribución de recursos. Exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Es un tipo de sistema económico contrario al capitalismo o economía de mercado. Consultado en: https://economipedia.com/definiciones/economia-planificada.html 34 131 La paulatina instauración de una subcultura de violencia generada y propagada por los cárteles de narcotraficantes en México 35 abarca amplios sectores de población en el país, desde los niños sicarios hasta campesinos y población urbana de diferentes estratos socio económicos36. Esta subcultura de la violencia como forma conductual ha llevado a que en este sexenio se contabilicen hasta el sábado diez y siete de octubre 64,282 homicidios dolosos. Cifra que desde el año dos mil a la fecha alcanza 376, 284 homicidios. Mientras que los feminicidios 37 durante los primeros siete meses del año 2020 ascienden a 38: 2,240 muertes de mujeres, con un promedio diario de 10.5 casos39. “De 2006 a 2020, en México se han encontrado 4,092 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6,900 cuerpos, informó el gobierno federal. En lo que corresponde al actual gobierno, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, se han localizado 1,257 fosas clandestinas y exhumado a 1,957 cuerpos. De éstos, 806 ya fueron identificados y 449 entregados a sus familiares”40. Desde el año dos mil, con la transición hacia un régimen democrático en México, el Estado pierde fuerza política y cede su férrea hegemonía en el control social (transición de un régimen de partido único de Estado centralista y autoritario, hacia un Estado más abierto y laxo en el control político de la sociedad), con lo que los grupos o cárteles de narco tráfico 35 Consultar esta excelente nota del periódico The New York times: https://www.nytimes.com/es/2017/10/28/espanol/america-latina/violencia-mexico-interpreter-homicidiosrecord.html. 36 Consultar: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/01/decada-violenta-en-mexico-mas-de200000-homicidios-y-un-asesinato-cada-23-minutos/ . 37 Feminicidio en México designa los asesinatos cometidos contra mujeres. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres homicidas, motivados por la misoginia y el sexismo. Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio_en_M%C3%A9xico. 38 Consultar: https://www.lavanguardia.com/vida/20200127/473171115424/mexico-aumentan-feminicidios976-asesinadas.html. 39 Extraído de: Fueron asesinadas 2,240 mujeres en México en los primeros siete meses de 2020, de acuerdo con cifras oficiales disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/26/fueron-asesinadas2240-mujeres-en-mexico-en-los-primeros-siete-meses-de-2020-de-acuerdo-con-cifras-oficiales/ 40 Extraído de: En los últimos 15 años se han encontrado 4,092 fosas clandestinas; mil en el gobierno de AMLO, Por Redacción Animal Político 7 de octubre, 2020, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/10/fosas-desapariciones-15-anos-gobiernoamlo/#:~:text=En%20lo%20que%20corresponde%20al,y%20exhumado%20a%201%2C957%20cuerpos.&te xt=Y%20las%20entidades%20con%20m%C3%A1s,)%20y%20Michoac%C3%A1n%20(113). 132 incrementan su presencia social (se hacen visibles a la sociedad y al Estado mismo), ganando cada vez más control territorial en amplias regiones del país. Esas mismas organizaciones que controlan regiones cada vez más vastas para el trasiego de drogas, también les arrebatan a las fuerzas del orden del Estado, el control social (imponen su ley a través del uso desmedido de la fuerza en contra de la población civil). Volviéndose a su vez mucho más poderosas económicamente (las fortunas de los narcos ascienden a miles de millones de dólares y en su conjunto la derrama económica que se genera con el tráfico de drogas y armas es muy superior al PIB de varios países de la región). En los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), se infiltran los miembros del crimen organizado, compran consciencias y voluntades y prácticamente ponen a su servicio a las diversas corporaciones policiales e incluso a sectores del ejército mexicano. En México desde el año dos mil se ha ido normalizando una subcultura prisionizada de la violencia, que ha permeado hacia todos los sectores de la sociedad. En los espacios sociales que se generan fuera del ámbito carcelario por los miembros de los cárteles que fueron prisioneros, y por todos los presos que entran y salen constantemente de las cárceles del país, se reproducen los patrones tanto conductuales como valores y símbolos que aprendieron en su estancia en la universidad del crimen. Estas pautas, conductas, valores y “formas de ser”, se han ido extendiendo por el territorio donde operan estos grupos hasta conformar una nueva subcultura prisionizada sustentada en la violencia extrema, la progresiva deshumanización de los sujetos que las conforman, promoviendo actos de violencia generalizada que llega a cobrar hasta diez o más víctimas femeninas al día durante todo el año. Es decir, que la violencia social se ha convertido en un patrón conductual que se manifiesta en el espacio social nacional, dando pie a la normalización de la criminalidad como forma o estilo de vida hegemónico en ciertos ámbitos sociales. La violencia homicida es la expresión más contundente de esta subcultura prisionizada que se extendiendo más y más por el país, conforme las filas de los cárteles se engrosan con 133 decenas o cientos de nuevos miembros constantemente, dando pie a la violencia de género, como una vertiente adicional derivada de las conductas machistas y de dominación que imperan en estos grupos subculturales. Las mujeres y colectivos feministas que protestan están confrontando al Estado nacional, ya que, aunque en el imaginario discursivo del jefe del Ejecutivo, su gobierno corresponde a un proyecto liberal humanista, la verdad es que no toma en cuenta los reclamos de justicia social de las mujeres que han sido víctimas de cualquier forma de violencias género y las criminaliza. Conclusiones El crimen sí tiene género, sobre todos cuando hablamos de feminicidios, de trata de niñas y de la violencia social que ejerce el Estado en contra de diversos sectores sociales como las mujeres jóvenes que se manifiestan en contra de la complicidad e inacción del aparato de Estado en la búsqueda de personas desaparecidas; pero sobre todo, en la falta de acción penal que las ha llevado a la protesta pública, y no reciben de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni de la Ombudsperson41 resoluciones; y que tampoco haya querido entablar diálogos ni negociaciones. En cambio, la CNDH ha girado órdenes judiciales en su contra por haber tomado las instalaciones de dicho organismo. Las mujeres de Ni una más Ni una menos, pasan de ser víctimas a victimarias desde la óptica del sistema judicial mexicano y de la clase política, que, desde su visión machista, androcéntrica y patrimonialista, las considera como violadoras del Estado de Derecho. La principal conclusión del análisis que se ha realizado en este documento es que las mujeres que protestan individualmente o en colectivo contra la falta de resultados, la inacción del Estado, la carencia de respuestas institucionales ante los casos presentados, pero, sobre todo: la no acción del sistema judicial en la procuración de justicia, serán concebidas como actos criminales que las posicionan como victimarias. Es decir, transitan desde la condición de víctimas directas o indirectas, hacia la condición de presuntas delincuentes que atentan contra el Estado. 41 Ver: https://www.iadb.org/es/temas/acerca-del-ombudsperson. 134 Es importante señalar que la consigna de “Estado patriarcal violador”, es el eje ideológico del movimiento, que ve desplazada su agenda de Derechos Humanos y Derechos de la mujer de la agenda política del gobierno Federal, y lucha contra el Stablishment no sólo para visibilizar sus demandas, sino para exigir su solución. El Estado no contempla las agendas de la diversidad sexual ni de los feminismos, como ya se ha señalado, por lo que no están en el radar político. Las mujeres y los colectivos feministas no están en el abanico de grupos sociales de interés para el gobierno populista; por ello, se convierten en grupos de oposición al régimen, que las criminaliza, las persigue y les da el estatus de grupos subversivos a los que reprime utilizando su monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Antes de concluir, se invita a revisar la nota de la periodista y escritora Sabina Berman que ejemplifica muy bien, la estructura social machista, androcéntrica que conforma la súper estructura ideológica de género en México. Las mujeres y colectivos feministas que protestan están confrontando al Estado nacional, ya que, aunque en el imaginario discursivo del jefe del Ejecutivo, su gobierno corresponde a un proyecto liberal humanista, la verdad es que no toma en cuenta los reclamos de justicia social de las mujeres que han sido víctimas de cualquier forma de violencias género y las criminaliza. En este orden de ideas la sociedad civil en México se encuentra inmersa en una suerte de momento de disolución de las estructuras gubernamentales, de carencia de políticas públicas que resuelvan las demandas de la agenda social (o de las diversas agendas sociales), a través de instituciones sólidas que, de manera oportuna, transparente y con integridad atiendan y garanticen el bien común. De esta forma hemos concluido que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en agrupaciones autónomas, que le den cohesión e identidad a los subsectores que las conforman, es fundamental no sólo para resolver problemáticas cotidianas como el abasto de bienes de consumo, el acceso al agua y al medio ambiente saludable; sino también para atender los graves problemas de inseguridad, criminalidad, 135 violencia de género y feminicidios, y la búsqueda de personas desaparecidas. Esta es en esencia la gran importancia de las OSC en la coyuntura que atraviesas el país. De acuerdo con la teoría jurídica, el Derecho Internacional prima sobre el Derecho nacional, por lo que el régimen lopezobradorista al incluir esta normatividad, está violando Acuerdos, Tratados Internacionales suscritos vinculantes, así como jurisprudencia internacional en materia de Derechos humanos. Bibliografía Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. vivir en una época de incertidumbre. 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Aplicación de metodología supra-organizativa para redes de OSC basada en ToC (teoría de cambio): el caso de la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro Elsa Nadia Ontiveros-Ortíz1, Paloma Cervantes-Reynoso2 El objetivo de esta investigación es demostrar que la metodología de ToC (Teoría de cambio) puede ser exitosamente implementado a niveles supra-organizacionales en redes locales de OSC. La ToC permite espacios para discutir e identificar como las visiones comunes motivan y alinean las estrategias y objetivos de las diferentes OSC para ser abordados uno a uno. Este artículo presenta el estudio de caso de la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro y como se va implementando con un resultado ya visible en cuanto a la identificación de política públicas a incidir que han sido calificadas como de temas de emergencia a trabajar a manera de red colaborativa. Introducción La Teoría de Cambio (ToC por sus siglas en inglés) nace como una propuesta metodológica partiendo del objetivo de una evaluación de impacto que vaya mas allá de la noción de acciónefecto (Coryn et al., 2011). Esta metodología se populariza dentro de las comunidades de evaluación por el Instituto Aspen (Fuller, 2018) y es actualmente parte importante para cualquier organización de la sociedad civil (OSC). La teoría de cambio, entre otras cosas se usa comúnmente para facilitar el proceso de comunicación entre una OSC y una institución filantrópica o de inversión de impacto. Este modelo permite un mapeo rápido similar al elevator pitch en el que se explican modelos de intervención complejos. El objetivo es logra explicar como los insumos de la OSC generan impactos inmediatos y a largo plazo, a partir 1 Profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y Presidenta de Trascendencia Social, A. C. 2 Directora Ejecutiva de Trascendencia Social, A. C. 139 de esto y las experiencias de las OSC se logran identificar variables medibles que indiquen el éxito o áreas de oportunidad para la mejora de los procesos, en otras palabras, nos permite gestionar los impactos a partir de un monitoreo de indicadores. De la misma forma, la ToC al ser una herramienta muy simple, se puede lograr en un instrumento flexible y útil para diferentes procesos y niveles organizativos dentro del tercer sector. La ToC logra identificar como las acciones forman parte de un proceso lógico de pequeñas acciones asumidas, y nos invita a validar todo tipo de acciones asumidas y de esta forma garantizar los impactos. Pero también va más allá, la ToC se usa también como modelo de fin a principio o Backwards Design (Dávila, 2017) en el que la metodología se puede utilizar de forma invertida para lograr identificar los insumos requeridos para lograr el impacto esperado. De esta forma, en modelos de intervención en planeación, o en etapas tempranas de desarrollo de impacto, la ToC se presta como un modelo flexible que permite trabajar objetivos esperados en impacto social a largo plazo para ser traducidos en los insumos fundamentales y los caminos a seguir, o líneas de acción del proyecto dentro de una OSC. La ToC invertida se puede usarse no solamente para lograr procesos internos de una OSC sino que la flexibilidad de esta herramienta se puede utilizar también de forma supraorganizacional. Con la finalidad de lograr un impacto social específico, la ToC puede ser adaptada a procesos de formación de redes, en particular en el contexto de OSC (Metodologías y Herramientas Para ONGs y Empresas Sociales., 2018). La metodología antes descrita inicia con un proceso de Bakcwards Design (Dávila, 2017) de ToC en donde se logran definir los objetivos en conjunto de OSC pertenecientes a una red para identificar los puntos en común a trabajar. Las redes de OSC son como alianzas estratégicas son “un ejemplo vivo de cooperación en donde las organizaciones combinan recursos para sobrellevar la incertidumbre contextual” (Gargiulo, 2014). De esta forma, las OSC después de establecerse en sus modelos de intervención buscan sobrellevar problemáticas comunes del contexto local en el que se encuentran, tal es el caso de la Red de Discapacidad de estado de Querétaro. 140 Las redes de OSC se generan de forma local, pero tienden a extenderse no solo en tiempo sino en espacios locales, nacionales e internacionales. Si bien la mayoría de las organizaciones identifican problemáticas comunes por las cuales formar alianzas, es común que estas alianzas giren dentro de temáticas específicas, generando comunidades epistémicas. Según la teoría del funcionalismo (Haas, 2008) estas temáticas se convierten en temas no solo locales, sino de nivel internacional. Consecuentemente, en cuanto se avance a nivel local el avance por dicha temática, se encontrará un reflejo a nivel internacional. En el caso por ejemplo de la Red de Discapacidad, si bien se abordan temática a nivel local, las OSC ya han mapeado de manera individual y ahora colectiva, los instrumentos de derecho internacional a manera de bandera para guiar y exigir los cambios necesarios a nivel local. De la misma forma que las OSC se reúnen generalmente por su mismo tipo de organización, en este caso OSC, sin embargo se espera que a partir del trabajo que se vaya realizando a manera de red de OSC, entonces esta misma red se encontrará entrelazada con diferentes organismos gubernamentales a nivel local a internacional, y sea por fondeo, incidencia, como estatus de observadores en procesos, proyectos compartidos, guía en tema de política pública e incluso por medio de compartir espacios físicos como oficinas (Ontiveros-Ortíz, 2005). Este marco nos permite mapear actores relevantes para lograr el objetivo de las redes si al implementar la ToC invertida para logar a los objetivos de la red. La Red de Discapacidad de Querétaro ha sido un esfuerzo a largo plazo en el que se han generado no solamente diferentes iniciativas sino documentación de operación. La red desarrolla un manual de resolución de conflictos que se genera durante el año 2012 y el cual se apega a los principios de la educación para la paz. A la par de este documento se generan los fundamentos d la red, que es un proyecto impulsado por Fundación Merced Querétaro inicialmente, y quienes continúan con un acompañamiento cercano con la red. Dicho documento menciona la forma de operar de la red en donde todos serán estuchados y se maneja como una red bajo consenso. Este punto se menciona ya que puede tener implicaciones en la implementación de planes de trabajo que puedan generase bajo esta metodología en el caso de que el resto de las OSC pertenecientes a la red no participan. Otra documentación relevante existente de la red son los manuales de operación y crecimiento. La Red de Discapacidad de Estado de Querétaro integra para abril del 2021 a 17 OSC que giran 141 alrededor del tema de discapacidad. Algunas de estas organizaciones abordan temas de educación, talleres artísticos para personas con discapacidad, daño cerebral, sordera, débiles visuales, autismo y discriminación, por mencionar algunas. Esta red está encabezada por el liderazgo de la Lic. Mónica Perrusquia de APAC Querétaro, I. A. P. y Francesco Teutli de CALI, A. C., ambos con amplia experiencia en procesos gubernamentales fundamentales para una incidencia en política pública efectiva. Así mismo, la red cuenta con diez miembros altamente activos y comprometidos con el avance de la Red de Discapacidad que son con quienes se han llevado a cabo los procesos iniciales de implementación de ToC de manera supra-organizacional. En el momento de la intervención aquí expuesta la Red de Discapacidad de Estado de Querétaro no es registrada como una figura legal propia, y sigue trabajando a manera de colectivo con actas, minutas y documentación interna. Así mismo, la red ya cuenta, con una estructura organizacional que les permite desarrollar iniciativas como la gestión de comunicación por medio de redes sociales, y de acciones específicas como la Caravana por la Discapacidad que se llevó a cabo en diciembre del 2020 por medio de vehículos privados para seguir con los planes de contingencia por pandemia, y otras actividades en línea como webminars y entrevistas de los miembros de OSC que logran diversas colaboraciones debido a su participación en esta Red. Metodología La metodología implementada se especificada, paso por paso, en ToC para redes de OSC (Metodologías y Herramientas Para ONGs y Empresas Sociales., 2018) que consiste en una ToC supra-organizacional. La implementación de la ToC consiste en el desarrollo de una visión colectiva y actualizada desde las OSC que conforman la red que lleva a identificar los objetivos y estrategias mas adecuadas a implementar. De la misma forma, la metodología ToC nos permite identificar las áreas de oportunidad, así como las estrategias mas viables a implementar a corto, mediano y largo plazo y la identificación de los objetivos más urgentes para las OSC dentro de la red. Esta metodología se pretende llevar a cabo para responder al contexto cambiante y aunque la documentación inicial se sigue observando, la ToC sirve 142 como una herramienta que debe revisitarse cada cierto tiempo y en particular cuando nos encontramos con cambios radicales en el contexto, como en este caso la pandemia. Cabe mencionar que la mayoría de la documentación de la red se genera dentro de la red es previa al año 2015, aunque bien, siempre se generan minutas y registros de las reuniones, así como acciones coordinadas desde dentro de la red que se logran efectivamente. Como consecuencia, la red ha avanzado y continúa observando los acuerdos en los manuales, ahora el contexto cambiante actual requiere lograr una estrategia de trabajo alineada a las necesidades actuales y a las emergencias identificadas dentro de la red. Cabe resaltar nuevamente que las organizaciones que han participado activamente en este proceso de implementación de la ToC supra-organizacional han sido 10 OSC de 17 en total que conforman la red. Si bien esto nos habla de que aún falta compromiso y tiempo por parte de las OSC que se han acercado para integrase a la red, y de la misma forma, se espera lograr un objetivo más claro en tema de impacto y comunicación, con fines de acercar a las OSC que aún no participan activamente en este trabajo. En el contexto de pandemia, la implementación de esta metodología, así como el levantamiento de información por medio de un formulario, han sido digitales. De manera inicial se generó una reunión en donde la facilitadora explica los procesos a grandes rasgos a las OSC pertenecientes a la red. Después de dicha introducción, se genera un formulario para el levantamiento de información y perspectivas de las OSC para lograr capturar una visión colaborativa y actualizada de la Red de Discapacidad de Estado de Querétaro. Dicho formulario fue respondido por diez organizaciones, cuya finalidad era especificar estrategias y áreas de oportunidad en las que la red pudiera concentrarse a manera de lograr un plan estratégico. Si bien surgieron dudas en cuanto a la toma de decisiones a partir de la perspectiva de un poco mas de la mitad de las OSC de la red, la facilitadora recomendó trabajar con lo que se tiene para poder avanzar, pero siempre estar abiertos a la integración de la visión y necesidades de las OSC que aún no participan en este proceso. Dentro de este punto es importante recordar la toma de decisiones consensuales dentro de la red, por lo que, si bien se llegue a identificar puntos de trabajo en un contexto de pandemia y post-pandemia, habrá que revisar nuevamente esta información a nivel red con el resto de las OSC listadas 143 como miembros. Si bien, debe de entenderse la ToC como un documento vivo que estará en constante cambio y evaluación según las necesidades del contexto vayan cambiando y los integrantes de las OSC vayan adentrándose en los trabajos y estrategias. Posterior al levantamiento de información y el análisis de esta, se realizó una reunión con la Red para presentar lo encontrado y trabajar necesidades y estrategias, así como puntos urgentes de trabajo desde el punto de vista de las OSC participantes en los procesos de desarrollo estratégico de la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro. Los resultados explicados a continuación son el resultado del levantamiento de información, su análisis y la discusión que se generó con las OSC participantes que iba guiando las estrategias y propuestas a seguir. Si bien el proceso de la generación de un plan estratégico de trabajo usando la ToC de manera supra-organizacional demuestra efectividad en cuanto a un marco de acción amplio, lo que se encontró, aún no cuenta con el compromiso de todos los integrantes de las OSC pertenecientes a la red, y esto es un punto que habrá que continuar seguir observando para identificar como los procesos de compromiso pueden alterar la entrada de nuevos actores o salida de OSC que actualmente conforman dicha red. En el Anexo I podrá encontrar el listado de las OSC pertenecientes a la red que participaron en el levantamiento de información digital. En e Anexo II encontrará la encuesta inicial y que dio pie para analizar y discutir en la reunión posterior con las OSC respecto al inicio del desarrollo de un plan estratégico para la red. Resultados Lo resultados surgen del análisis de la información generada por cada organización en un formulario para posteriormente ser discutida en una sesión de trabajo con la red y la facilitadora. La mayoría de las OSC registran que la misma persona dentro de la organización es quien atiende a las reuniones de la red, en su defecto son máximo dos personas involucradas en este punto. Una de diez de las OSC reporta que diferentes personas atienden las reuniones. Este punto es importante debido al seguimiento y la curva de aprendizaje, así como la continuidad de los trabajos y acuerdos dentro de la red. Existen minutas sobre las 144 reuniones, pero un mejor entendimiento de los procesos de la red si pocas personas o la misma persona es la que se dedica a los temas de la red. Dentro de la razón por la que las OSC se integran a la red se encuentra una variedad de razones, entre estas se genera un análisis visual de las repuestas a manera de sentimiento inicial de las OSC para el desarrollo de estos trabajos. La generación de esta red data al 2012 bajo el acompañamiento de Fundación Merced Querétaro. Figura 1. Nube de palabras a partir de las respuestas de la razón inicial para integrarse a la red. Las respuestas también incluyen el valer los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, las políticas públicas, generar alianzas, compartir experiencias y generar visibilidad a la causa. Esta respuesta también esta ligada con su visión actual de la red, y dentro de la pregunta referente a la visión de cada OSC, se identifican los siguientes puntos en común: la difusión de sus trabajos, la incidencia en políticas públicas y la coordinación con el estado, la respuesta a necesidades, lograr visibilidad en cuanto al estado y finalmente, ser un modelo de red replicable en otros estados de México. Debido a que la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro es una iniciativa de varios años, existen áreas de oportunidad que ha generado la desconexión de algunas OSC, por lo cual se aborda la pregunta de crítica constructiva para identificar dichas áreas. Como es de 145 esperarse, las OSC registran que otras OSC exigen resultados como Red, pero no participan en los procesos y esperan que los demás lleven a cabo los trabajos. Esto nos habla de una falta de compromiso evidente en el número de respuestas que se obtuvieron de la red, sin embargo, también nos habla de la constancia de las OSC que participan activamente en la red y que siguen buscando formas de avanzar el tema de la discapacidad no solo dentro de su modelo de intervención y sus sujetos de derechos, sino para toda la población en general. Esto genera que las OSC participativas están consientes de que la mejora para las personas con discapacidad en realidad es una mejora que tiene un impacto a nivel sociedad, y más allá de las personas con discapacidad y sus familias. Un punto importante que se genera en la crítica constructiva es que se valora mucho la acreditación entre las mismas OSC ya que trabajan áreas similares, y cabe mencionar que anterior a la formación de esta red y por el tema de falta de fondos o lanzamiento de convocatorias bajo lineamientos temáticos, se generaban una constante falta de colaboración y enemistad entre varias organizaciones de la misma red, al obligar ser competencia una en cuanto a otra organización, ya que los fondos siempre han sido limitados. A partir de la red, se ha generado una especie de compañerismo en donde si pueden existir fondos, se pretende lograr obtenerlos bajo estrategias conjuntas con objetivos comunes. Bajo crítica constructiva también se menciona el seguimiento a acuerdos y la importancia en incidencia en políticas públicas. Los acuerdos, mencionan, a veces se dejan atrás o no les da tiempo para llevarlos a cabo ya que todos también tienen que avanzar temas en sus propias organizaciones. Si bien no se ve tanto como falta de compromiso, la menos de las organizaciones que participan en este proceso, si se ve como un problema con el tiempo que le pueden asignar a la red. Finalmente, el tema de incidencia en política pública se denota como lo mas relevante en solo en cuanto a logros en crítica constructiva, sino en propuestas específicas que observaremos mas adelante. Las OSC que participan, identifican como prioridades de la red la política pública nuevamente, la inclusión a nivel sociedad, el respaldo entre organizaciones, la visibilidad y el compartir buenas prácticas, lo cual ha sido evidente en cuanto a protocolos de pandemia 146 en temas de discapacidad que ha generado y visibilizado la red desde sus medios sociales como su página de Facebook (https://www.facebook.com/reddediscapacidaddelestadodequeretaro). A partir de la propuesta de compartir nuevas experiencias se propone llevar cabo un mapeo de alianzas de diferente índole, por ejemplo, alianzas con departamentos como podría ser Derechos Humanos quienes podrían participar como observadores en las mismas rumiones de la red. Así mismo, se menciona la posibilidad de generar alianzas que beneficien directamente a las OSC que conforman la red, así como a sus sujetos de derecho y sus familias. Esto se refiriere a la generación de un directorio de profesionistas y prestadores de servicios recomendados por la misma red y con quienes podrían generar descuentos para su población interna. Aquí se mencionan por ejemplo doctores especialistas, especialistas en diagnósticos médicos, terapeutas, psicólogos, abogados, y otros profesionistas de calidad relacionados con las áreas de discapacidad. De la misma forma, se propone generar apoyos especiales para sujetos de derechos y que estos puedan trabajar diferentes temáticas con diferentes OSC que pudieran responder a sus necesidades. En otras palabras, que los sujetos de derechos que atienden alguna actividad física, por ejemplo, en una OSC de l red, tuviera una cuota de recuperación preferencial si atiende también algún taller creativo de otra OSC que pertenezca a la red, generando una mejor calidad de vida para su misma población. Otra propuesta que surge como una línea a seguir es el ver a la red como un motor auto sostenible d sus propias actividades. Se discute en la reunión la falta de tiempo de las OSC para lograr cumplir todos los objetivos y actividades que se proponen y se menciona que les gustaría tener a alguna persona que les ayude en este aspecto. Se genera una diferenciación entre una persona encargada de la administración y seguimiento de los objetivos de la red y/o también la participación de un profesional en discapacidad, como lo podría ser un médico o médica especializado o un abogado o abogada, por ejemplo. Se nota un sentimiento de preocupación en cuanto a la generación de fondos, ya que a partir de la pandemia y debido a movimientos políticos los fondos para las OSC cada vez han sido mas limitados a través del tiempo. Sin embargo, también dentro de las alianzas se identifica que se pueden generar webminars muy especializados que generen pequeñas cuotas de recuperación y que de esta 147 forma se logren cubrir algunos gastos en los que la red pudiera incurrir en el futuro. En este punto también se mencionan otros proyectos en red en donde los administrativos generan proyectos colaborativos entre OSC de la red o a nivel red y dentro de estos la coordinación puede ser fondeada. Este es un punto de discusión importante que parecerá continuar conforme se genere un plan estratégico para la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro. Finalmente, y aún dentro del tema de la generación de alianzas, se menciona el apoyo de un despacho de abogados dispuestos a apoyar en cuanto al desarrollo de políticas a favor de la discapacidad. Esta garantía genera mucha confianza para moverse en temas de política pública. La sección que aborda el tema de políticas públicas pareciera ser el mas relevante, aquí se pide a las OSC participantes identificar temas específicos en lo que a discapacidad se refiere. Al momento de la reunión y posterior al análisis de la información hubo áreas que aún no se habían identificado y las OSC concuerdan que son temas que hay que abordar cuanto antes. Si bien en la última reunión no se logró terminar el trabajo en esta sección, se logran generar avances importantes para la red. Para el desarrollo de la identificación de la importancia de las propuestas capturadas se lleva a cabo un pequeño modelo Hanlon para priorizar los objetivos mas importantes. Las variables que se usan para este fueron la de apertura estatal (que tan dispuesto se cree que el estaría respecto a la propuesta), las capacidades (refiriéndose a las capacidades de las OSC para lograr dicho objetivo), los tiempos, y el nivel de urgencia. Entre las temáticas que se ven como de emergencia para las OSC de la red, y en las que concordaron durante las discusiones fueron las siguientes que se presentan en orden de importancia: a) La creación de un REGLAMENTO de la Ley para la inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro. Se discute que, si bien existe la ley, si no hay un reglamento no hay una forma de ejecutar dicha ley. Este punto se considera como fundamental para todos los participantes de las OSC y un objetivo en común que lograr como Red de Discapacidad. 148 b) La realización de tamizajes a los bebés prematuros y en general a todos los bebés, se mencionan entre otros el tamizaje oftalmológico o neurológico. Si bien se menciona que las instituciones públicas pueden llevar a cabo dicha tarea, esto no se hace. Dentro de la discusión este punto se identifica como de urgencia, y se menciona que lo que hace falta es la difusión de la información a padres de bebés en hospitales de saber que tienen derecho a estos análisis. Este punto se ubicó como una acción relativamente sencilla de llevar a cabo y se identifica el amplio impacto que pudiera provocar a partir de una implantación relativamente sencilla (en comparación con el desarrollo de una política pública a nivel federal, por ejemplo). c) La propuesta de IVA tasa “cero” para prótesis. Se identifica que esto beneficiaría de manera importante a la población con discapacidad. Sin embargo, se siente la frustración de identificar este objetivo como de nivel federal en el que se requieren cientos de votos de diputados, sin embargo, no se deja de observar como algo inalcanzable, y también se menciona la oportunidad electoral en la que nos encontramos durante abril del 2021. Las siguientes propuestas también se relacionan con políticas públicas que mantener en la agenda para ir avanzando después de las emergentes: d) Que la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro tenga voz y voto en el Consejo Estatal de Atención a PcD (Personas con Discapacidad). En este punto se discutió que si bien participan no siempre la participación es constante, y aunque a veces hay dependencia de voluntarios para dar seguimiento en varias ocasiones nadie ha podido atender. En este punto se buscan maneras de dar continuidad, por un especialista en discapacidad para poder opinar y reportar a la red en cuanto a lo que se pueda lograr, de manera inicial. e) En no cumplimiento la Convención. Si bien varias OSC no lo identifican como algún fundamental o tan importante como las propuestas iniciales, una de las participantes de la red hace referencia a la importancia de este marco, por su naturaleza internacional y como base para apoyar cualquier propuesta que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad y en temas de inclusión. Por 149 lo tanto, si bien no se identifica como emergente, se acuerda que este tema es algo que no se puede perder de vista y guiará el resto de las decisiones en cuanto a política pública. f) Se mencionan por separado, la inclusión laboral y la inclusión en los temas escolarizados para toda PcD. Se abordan ejemplos complicados en ambas temáticas y se acuerda también en seguir trabajando ambas por separado. Como parte de la temática laboral se conviene coordinar con los evaluadores de SEDESU quienes otorgan el Premio del Mérito a la Responsabilidad Social Empresarial del Estado de Querétaro, quienes evalúan el tema de inclusión en las empresas que se registran a este tema para entonces no solo asegurar la correcta implementación de políticas internas empresariales, sino también identificar a la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro como un actor importante en el contexto empresarial en cuanto a temas de inclusión. A manera de conclusión se recupera nuevamente el sentimiento de compromiso de los participantes de las OSC de la Red quienes proveyeron información para el desarrollo de esta metodología. Para antes de la reunión de análisis y discusión de resultados para comenzar el mapeo de la visión y objetivos, el compromiso que reportan las 10 OSC era el siguiente: Figura 2. Compromiso que reportan en el diagnóstico digital para con la Red. 150 Y una recopilación un tanto más cualitativa de la misma respuesta se demuestra en la figura 3, en la que se identifica que se generaría mas compromiso desde su OSC para con la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro si hubiera mas incidencia en políticas públicas, destaca la palabra “lograra”, reconocimiento y distintivo, que nos habla de la acreditación que se menciona al inicio de los resultados. Figura 3. Nube de palabras en cuanto como generar mas compromiso de parte de las OSC. Discusión Es fundamental mencionar que los conforme las OSC identificaban objetivos en común también se sumaban a las diferentes visiones de las otras OSC y se abrían espacios en donde se permitía el intercambio de ideas y la importancia de sumarnos a estas. Dentro de estas discusiones la priorización en tema de políticas públicas fue algo que aclaro la visión de las OSC y al parecer generó un sentimiento de motivación que será necesario continuar observando conforme estos trabajos en red de organizaciones se siguen desarrollando. La ToC demuestra ser una herramienta que permite integrar diferentes aspectos y niveles, de manera colaborativa, y al mismo tiempo esto ayuda a clarificar la visión conjunta, que esperemos con el tiempo logre integrar a las OSC que no han estado tan activas dentro de la red hasta ahora. 151 Conclusiones Esta investigación pretende ser un pequeño punto de partida empírico de una metodología flexible y demostrar como puede utilizarse a nivel supra-organizacional. Si bien apenas este proceso comienza, ya se puede ver la motivación de los participantes al ver el análisis de sus propias visiones y lo que quieren lograr en conjunto. Dentro de las recomendaciones, valdría la pena revisar los protocolos de operación como la necesidad de consenso dentro de la Red de Discapacidad de Estado de Querétaro, ya que esto a largo plazo pudiera obstruir el avance y la motivación que estas organizaciones participativas muestran para con los objetivos en común y para mejorar la situación de la vida de las PcD y para con la sociedad en general. Agradecimiento Agradecemos a la Red de Discapacidad de Estado de Querétaro la disponibilidad para el desarrollo de esta investigación y su disposición para con los trabajos y las reuniones. Anexo I OSC que llenaron el formulario inicial de información para el proceso (10 de 17 que conforman actualmente la Red de Discapacidad del Estado de Querétaro): 1. Centro de Apoyo y Calidad de Vida CALI, A. C. 2. Instituto Mexicano de Oftalmología, I. A. P. 3. Nuevo Mundo en Educación Especial Querétaro, I. A. P. 4. Fundación Bertha O. de Parte, I. A. P. 5. Ándale para oír padres de niños sordos, A. C. 6. APAC Querétaro, I. A. P. 7. GiGi´s Playhouse México, I. A. P. 8. Unión de Minusválidos de Querétaro, I. A. P. 9. El Arca en Querétaro, I. A. P. 10. Casa María Goretti, I. A. P. Anexo II Encuesta digital de levantamiento de información para facilitar la implementación de ToC supra-organizacional: https://forms.gle/2GfxAwxWfWYpShuSA 152 Bibliografía Coryn, C. L. S., Noakes, L. A., Westine, C. D., & Schro, D. C. (2011). A Systematic Review of Theory-Driven Evaluation Practice From 1990 to 2009. https://doi.org/10.1177/1098214010389321 Dávila, A. (2017). Wiggins , G ., & McTighe , J . ( 2005 ) Understanding by design ( 2nd ed .). Alexandria , VA : Association for Supervision and Curriculum Development ASCD. 19(1), 140–142. Fuller, G. (2018). Enthusiasm for Making a Difference: Adapting Data Journalism Skills for Digital Campaigning. Asia Pacific Media Educator, 28(1), 112–123. https://doi.org/10.1177/1326365X18768134 Gargiulo, M. (2014). Where Do Interorganizational Networks Come From ? 1 Where Do Interorganizational Networks Come From ? 1. March 1999. Haas, E. B. (2008). Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization. ECPR Press. Metodologías y herramientas para ONGs y Empresas Sociales. (2018). Trascendencia Social. Ontiveros-Ortíz, E. N. (2005). Networks of IGOs: Quality of connections that link IGO-IGO and IGO-INGO. In The University of Texas at El Paso, ProQuest Dissertations Publishing (Issue 1425903.). 153 IV. IV.I. Alternativas de acción desde la sociedad civil Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas Puebla Ana Karina Caballero Sosa Resumen En los recientes años la violencia contra las mujeres en México ha incrementado exponencialmente y se encuentra presente en todos los ámbitos y espacios, por lo que la mayoría de las mujeres mexicanas tienen una gran probabilidad de ser víctimas de alguna expresión de violencia en los distintos aspectos de su vida. Las escuelas públicas y privadas del país, lamentablemente, no han sido la excepción. La libertad que conllevan los niveles educativos superiores ha provocado que dentro de las universidades e instituciones de educación superior los índices y consecuencias de la violencia sean graves, lo cual afecta directamente al desarrollo profesional y personal de los y las alumnas. Es por lo anterior que las autoridades universitarias están obligadas a establecer las medidas que prevengan, atiendan y sancionen las conductas violentas, garantizando así un espacio seguro para sus estudiantes. La violencia es un concepto amplísimo que se compone de distintos elementos, por lo que se debe identificar, estudiar y atender detalladamente cada expresión. Para los efectos de la investigación se aborda la modalidad de violencia sexual en su forma de expresión más sutil: el acoso y hostigamiento sexual. Los tendederos de denuncias, campañas digitales, y hashtags viralizados en redes sociales han expuesto la magnitud del problema. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes debido principalmente a la sutiliza de las conductas que dificultan la identificación y atención de casos. Por otro lado, la inexistencia de protocolos debidamente elaborados provoca 154 desconfianza en las víctimas, pues se ha comprobado la revictimización a través de los procedimientos y en el peor de los casos no proceden. A partir de la identificación de las problemáticas anteriormente mencionadas la investigación surge a partir de la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las figuras jurídicas qué se deben considerar en el diseño de un protocolo universitario eficaz y eficiente contra el acoso y hostigamiento sexual? La metodología empleada fue la revisión exhaustiva del marco jurídico nacional e internacional con el objetivo de identificar las figuras que actualmente sancionan el acoso y hostigamiento sexual en el contexto nacional. Posteriormente se realizó la lectura y análisis de los instrumentos jurídicos internos de universidades e instituciones de educación superior que tienen como objetivo erradicar la violencia de género, la violencia sexual, el acoso y/u hostigamiento sexual. A partir de la investigación se encontró que los protocolos deben ser elaborados de manera específica, interseccional y transversal para que sea un proceso integral y que su aplicación sea posible, además es importantísimo que se elaboren desde el punto de vista jurídico para que contemple y garantice los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Como resultado de la presente investigación, se desarrolló un protocolo íntegro contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. Se conjunta la técnica legislativa y jurídica con la lucha por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia, para crear un protocolo íntegro que garantice la prevención, atención y sanción de acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de las Américas, Puebla. El protocolo aquí presentado es una herramienta que conjuga los elementos jurídicos necesarios para erradicar la violencia sexual dentro de la Universidad de las Américas, Puebla. Palabras clave: acoso, hostigamiento, universidad, violencia contra las mujeres, protocolo, violencia sexual. 155 Antecedentes Contestando a los contantes ataques a las consignas feministas: Sí, sí todas y todos tienen riesgo y posibilidad de ser víctimas de un delito. Es innegable la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país. Pero nacer mujer aumenta las probabilidades de riesgo. La violencia de género ha convertido a México en uno de los 20 países más inseguros para ser mujer (Forbes, 2019). Conociendo que la violencia se compone de muchas aristas y de muchos vértices y que se ejerce de distintas maneras, es necesario que los estudios se hagan de manera especializada y enfocada. La violencia sexual es una de las aristas que más afecta al género, pues 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 40% niñas (Ortiz y Rodríguez, 2019). Ésta es definida por la Organización Mundial de la Salud (2011) como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo". La violencia sexual, al componerse de distintos vértices y formas de expresión, se da en todos los ámbitos y espacios, en ámbitos privados, así como lugares públicos, como la escuela y los entornos educativos. El 39.2% de las mujeres y el 31.7% de los hombres se sienten inseguros en los centros educativos mexicanos (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2018). Esta percepción no es irracional, sino que parte de situaciones reales y cotidianas, pues la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) presentó como resultado que el 25.3% de las mujeres mexicanas encuestadas mayores de 15 años ha vivido un episodio de violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida. De ese total, el 10.9% ha sido víctima de violencia sexual en la institución educativa. Del total de actos de violencia sexual dentro de la escuela, el 47.1% fue ejercida por un compañero, el 14% por una persona desconocida y un 11% por parte de un profesor o docente, todos de sexo masculino. El porcentaje restante se divide en otros rubros con porcentajes menores por parte del personal administrativo, personal de limpieza, entre otros. 156 Problemática Partiendo de los antecedentes anteriormente presentados, se puede percibir que existe una problemática de violencia sexual en el país que permea hasta dentro de las instituciones educativas, afectando en su mayoría a mujeres. La violencia sexual tiene consecuencias negativas, pues se ha determinado que afectan a las capacidades de concentración, la autoestima, el rendimiento y éxito académico, así como provocación de trastornos psicológicos, físicos y alimenticios, todos estos elementos repercuten directamente en el abandono escolar, pues muchas de las víctimas dejan de asistir a clases y a los centros educativos para evitar encontrarse con su agresor (Cuenca, 2017). La violencia sexual en las aulas impacta negativamente en el desarrollo educacional y aumenta la deserción escolar. Además de la clara violación a derechos humanos que esta implica. La libertad que conllevan los niveles educativos superiores ha provocado que dentro de las universidades e instituciones de educación superior los índices y consecuencias de la violencia sean mucho más graves que en los niveles de educación básica. Entendiendo que la violencia, en cualquiera de sus tipos, es un concepto amplísimo que se compone de distintos elementos, conviene explicar la siguiente teoría. Hay tres tipos de violencia que se relacionan entre sí: 1) la violencia directa que se representa a través del comportamiento; 2) la violencia cultural expresada en actitudes y que por lo tanto la legitima; y 3) la violencia estructural que se ejerce a través de la negación de necesidades. Esta relación genera un triángulo de violencia, del cual solamente la directa es visible, los otros dos tipos se representan de formas mucho más sutiles, pero sigue siendo parte del problema. Es decir, hay una relación directa entre la extrema violencia física y las expresiones menos visibles (Galtung, 1990). La problemática de la violencia sexual en las universidades e instituciones educativas se debe a distintas razones. En primer lugar, el 91.3% de las víctimas de violencia sexual en el ámbito escolar no solicitó ningún tipo de ayuda ni presentó denuncia alguna, mientras que tan solo el 8.8% recurrió a alguna autoridad o institución para solicitar apoyo, lo que se traduce a un total de 8.6 millones de mujeres que no denunció a pesar de haberlo vivido. De este total, el 157 49.3% no denunció por no considerarlo de importancia. Mientras que el 51.7% no denunció por miedo a consecuencias, a la revictimización, vergüenza, o por falta de conocimiento sobre el proceso de denuncia (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares., 2016). La construcción sobre los roles que desempeñan las personas en la sociedad según su sexo ha provocado que una gran cantidad de hombres y mujeres no denuncien, derivado del estigma social que hay entorno a su género. En este sentido, se ha detectado que los hombres no denuncian cuando el acoso es ejercido por parte de una mujer, porque consideran que denunciar implica aceptar que no pudieron controlar la situación y por lo tanto afecta la imagen socialmente impuesta al varón como un ser que debe ser autosuficiente. Por otro lado, hay una convención social que reafirma la masculinidad a través del desempeño sexual. Por lo que la percepción de los hombres respecto al acoso varía según el sexo de quién los acosa. Si se trata de una mujer minimizan el impacto, pues a pesar de no sentir ningún tipo de atracción hacia la agresora, las situaciones pueden resaltar su masculinidad, bajo la idea de que se trata de un hombre deseado. En comparación, cuando el agresor es otro hombre, se sienten inconformes, enojados y ofendidos (Cass y Mallicoat. 2014; Aguilar y otros, 2017). En el caso de las mujeres, son más renuentes a denunciar si el agresor se trata de alguien con quien tuvieron algún tipo de relación afectiva, emocional o sexual, por miedo a la amenaza o peligro que el acosador le provoca. Por otro lado, si hubo algún acto sexual, se avergüenzan de mencionarlo, debido a que socialmente se le ha impuesto a la mujer conceptos como virginidad y abstinencia sexual (Ibidem, 2014). La falta de denuncias perpetúa la existencia de violencia sexual dentro de las universidades, pues al no visibilizarlo parece ser que no hay casos y que por lo tanto es innecesario inmiscuirse en el tema. Si bien, la medición del problema es importante porque genera conocimiento, ha sido insuficiente para generar comprensión, pues es compleja, debido a que se trata de conductas normalizadas fáciles de confundir, ya que se manifiestan de muchas 158 distintas maneras. La violencia sexual no es indetectable, aunque a veces se avoque su difícil visibilidad con la finalidad de normalizarlo o banalizarlo (Fuentes, 2019). Aunado a las razones anteriores, se ha demostrado que de las pocas denuncias que se efectuaron, tan solo el 18% fueron sancionadas, por lo tanto, hacen ocioso el proceso de denuncia y contribuyen a los altos índices de impunidad en el país (Meléndez, et al., 2016). Lo anterior demuestra que los índices bajos de denuncia no se deben a la inexistencia de casos, sino a la negligencia e incompetencia por parte de las autoridades universitarias para atender a las víctimas y sancionar las conductas de los agresores. Para objeto de la presente tesis se abordaron únicamente el acoso y hostigamiento sexual como formas sutiles de violencia sexual. En el caso particular de la Universidad de las Américas Puebla, actualmente no existen registros cuantitativos oficiales que reflejen la situación de acoso y hostigamiento sexual dentro de la Universidad de las Américas, Puebla. Sin embargo, la existencia de la problemática se ha evidenciado a través de otros medios. Por ejemplo, en redes sociales se generó en el año 2018 un perfil en Facebook llamado “UDLAP sin acoso” que tenía como finalidad pronunciarse en contra del acoso dentro de la institución. Un año después, se denunciaron en Twitter situaciones de hostigamiento sexual vividas por las alumnas bajo el hashtag #metooartesmx. El pasado 6 de marzo de 2020, se realizó un paro activo por iniciativa estudiantil dentro de las instalaciones con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres que se viven en el Estado. Durante dicha actividad se generó un buzón de quejas contra el acoso donde las víctimas redactaron las situaciones en las que fueron acosadas u hostigadas señalando al agresor que era parte de la comunidad universitaria. Justificación La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé el acoso sexual y hostigamiento sexual como formas de violencia, y estipula que se deben 159 implementar mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas, así como la creación de procedimientos claros y precisos para sancionar los ilícitos. Sin embargo, los índices de violencia sexual ejercidos en las escuelas mexicanas no han disminuido y su erradicación parece seguir siendo una utopía. Esta situación impacta negativamente a las comunidades educativas, siendo las mujeres y niñas el sector más afectado. El principal problema es la inexistencia de protocolos contra la violencia sexual en las universidades e instituciones de educación superior. Por otro lado, los pocos protocolos implementados han sido deficientes, pues el proceso no es efectivo al ser instrumentos con lagunas o sin perspectiva de género. A lo largo de mi estadía en la universidad fui testigo de un sinfín de casos de acoso y hostigamiento sexual que nunca fueron resueltos. Formé parte del Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas, Puebla (CEUDLAP) por dos gestiones y observé que la mayoría de los casos quedaban impunes debido a la falta de un ordenamiento específico que detallara el procedimiento y los lineamientos para atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual. Esta situación ha dejado a las víctimas en un estado de indefensión, inseguridad y peligro, incluso orillándolas a abandonar sus estudios por la falta de atención y sanciones hacia el agresor. A pesar del interés del alumnado, cuerpo académico y administrativo en la emisión de un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta concreta al respecto. Es urgente que se le dé prioridad y solución a este tema, dado que de esa forma se preverá, sancionará y erradicará uno de los aspectos de la violencia de género que se da dentro de la institución, garantizando un ambiente sano y seguro que propicie la educación y desarrollo de toda la comunidad universitaria. Por todo lo anterior, mi objetivo con la tesis consistió en elaborar un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual eficaz y eficiente, que pueda ser adaptado por la Universidad de las Américas, Puebla. Será la coyuntura entre los conocimientos jurídicos adquiridos a lo largo de la licenciatura en Derecho y la perspectiva de género, lo que permitirá crear un protocolo 160 transversal e interseccional, que resolverá las lagunas y ausencia de normativa dentro de la institución en torno al acoso y hostigamiento sexual. Metodología La metodología empleada consistió principalmente en el estudio de múltiples instrumentos vigentes para analizar los puntos fuertes y débiles, para así crear un documento sólido, elaborado a partir de medidas efectivas. Además, análisis de la normativa institucional para que el instrumento sea aplicable en la Universidad de las Américas, Puebla. En primer lugar, se revisó la legislación internacional y nacional que sanciona la violencia sexual y prevé el acoso y hostigamiento sexual, para establecer el marco jurídico bajo el cual el protocolo debe regirse. Posteriormente se realizó la lectura y análisis de los instrumentos jurídicos internos de universidades e instituciones de educación superior que tienen como objetivo erradicar la violencia de género, la violencia sexual, el acoso y/u hostigamiento sexual. Se eligieron únicamente aquellos instrumentos catalogados como protocolos, o bien, que contemplaran un proceso sólido para atender las situaciones de violencia sexual. Los documentos consultados son los que cada universidad proporciona a través de sus portales electrónicos oficiales. Si bien, los anteriores proporcionan un parámetro de calidad al ser los procesos más integrales, era necesario estudiar en mucha mayor medida las universidades mexicanas, debido a la similitud de contexto. Por lo que se eligieron aquellas que contaban con normativas al respecto más reconocidas. Por otro lado, se investigó exhaustivamente respecto a guías que establecieran parámetros mínimos que los protocolos deberían contemplar. Sin embargo, el único documento encontrado fue el elaborado por el gobierno de Chile: Protocolos contra el Acoso Sexual en Educación Superior - Sugerencias para su elaboración. En este documento se establecen recomendaciones claras y completas respecto a los elementos a contener. 161 Una vez revisada la bibliografía se eligieron los elementos necesarios para elaborar un instrumento integral, bajo la perspectiva jurídica garantizando los principios de igualdad procesal, el debido proceso, y los derechos humanos de todas las personas involucradas. Posteriormente se hizo una revisión exhaustiva de diversos instrumentos aplicables de la Universidad de las Américas, Puebla, con el objetivo de construir un elemento que se ajuste al marco normativo institucional. Principales hallazgos Como principal resultado de la tesis se obtuvo la elaboración de un protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas Puebla. Consta de 39 artículos divididos en 10 títulos y un anexo que contiende las tablas de conducta. Primero que nada, se establece que el instrumento elaborado deja a salvo los derechos de la víctima y del agresor para poderlos ejercer en la vía jurisdiccional pública. Un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual es un documento que fija la postura de la universidad y sirve como herramienta para llevar al campo de acción los ideales de la institución. La palabra “protocolo” tiene distintas acepciones y en la práctica diversos alcances, por lo que la discusión sobre el contenido mínimo y máximo es amplia. Sin embargo, se denominó protocolo por el significado convencional que se le ha dado. Es necesario precisar que como resultado del estudio integral del marco normativo institucional se halló que, en el caso de la Universidad de las Américas, Puebla, se contemplan cuatro clasificaciones de los documentos normativos de acuerdo con sus contenidos y alcances: reglamento, procedimiento, política y manual. Sin embargo, al no existir una base normativa sólida para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla, se integraron las estrategias, el conjunto de derechos y obligaciones y las funciones del proceso en un solo instrumento denominado protocolo. 162 El documento debe ser público y accesible a todas las personas, ya que se ha identificado que en muchas instituciones este documento no es conocido, provocando su inutilización, a pesar de su existencia. Derivado de lo anterior, el protocolo debe ser elaborado con perspectiva de género, tomando en cuenta el contexto general y los antecedentes de la problemática. No obstante, cualquier persona puede ser víctima, por lo que se ha decidido que sus alcances serán generales. Es decir, todas las personas, sin discriminación alguna, podrán denunciar o ser sancionadas bajo los lineamientos establecidos, siempre y cuando: 1) ambas formen parte de la comunidad universitaria, si el hecho ocurre fuera de las instalaciones, o 2) que el hecho ocurra dentro de las instalaciones, aun cuando las partes involucradas no pertenezcan a la institución. Es necesario que las políticas adoptadas estén dirigidas a prevenir cualquier tipo de violencia de género en todas sus dimensiones. La erradicación del acoso y hostigamiento como una forma de violencia sexual debe ser integral, es decir que no únicamente se logrará a través de una manera punitiva, sino también a través de la concientización de la comunidad universitaria. Por lo que contemplar acciones dentro del protocolo que contribuyan a alcanzar este objetivo es fundamental para que sea un instrumento que contemple todos los procesos. Dentro de estas medidas se establece la Comisión de Género, que tiene como objetivo involucrar al estudiantado en actividades de concientización y sensibilización. Su papel dentro de la universidad es fundamental, pues su buen funcionamiento será mancuerna para el Comité Especializado contra el Acoso, ya que cada uno de los organismos tendrá facultades complementarias entre sí. Por otro lado, el protocolo contempla la implementación de una guía de buenas prácticas que toda la comunidad deberá adoptar con la finalidad de reducir las confusiones, malentendidos o situaciones que constituyan acoso y hostigamiento sexual. Es fundamental que se conforme un organismo independiente para que conozca de los casos de acoso y hostigamiento sexual, ya que se requiere una especialización y atención distinta a 163 las problemáticas generales que se puedan presentar en la institución. En este sentido, el comité debe ser integrado por representantes de las distintas áreas de la universidad, dotando así al proceso de interseccionalidad y neutralidad. El cargo será honorífico, para que no medien intereses económicos que contaminen el proceso. Por un lado, es necesaria la participación de estudiantes, ya que normalmente tienen mayor cercanía con el contexto estudiantil. Además, generan empatía con los implicados, que muy probablemente en la mayoría de ocasiones serán estudiantes; los representantes del cuerpo académico garantizarán que se observen los intereses de la planta docente y juegan un papel de contrapeso fundamental a la representación estudiantil; la representación del cuerpo administrativo, sobre todo, aportará el punto de vista de las implicaciones que las resoluciones podrían tener respecto a los procesos internos de la misma universidad; además es indispensable la participación del área psicológica para evaluar las condiciones mentales de las partes involucradas; finalmente, la participación del área jurídica garantiza el respeto a los derechos y la legalidad de los procesos. Es importante que el Comité esté conformado por un número impar de integrantes, para que las decisiones siempre se tomen por mayoría absoluta. Por otro lado, es necesario establecer como requisito la participación mínima de mujeres, pues esto implica que el proceso cuenta con perspectiva de género y fomenta la paridad de género. Además, la representación binaria estudiantil y académica implica neutralidad y contrapesos dentro del Comité. Por otro lado, es sumamente importante que la decisión tomada por el Comité sea vinculante, pues si la resolución únicamente funge como recomendación para la universidad, será un proceso pobre en cuanto a su alcance. Además, de esta forma se asegura su independencia. Por último, para establecer el catálogo de sanciones se tomaron ideas de todos los protocolos y se estructuraron de manera proporcional al daño o gravedad de las conductas. Las sanciones siempre tendrán la finalidad de proteger la seguridad de la víctima, reparar el daño, sancionar al culpable de manera proporcional y con el propósito de evitar la comisión de conductas que dañen a la comunidad. 164 El proceso de denuncia es medular en el protocolo, pues se ha observado que en la mayoría de las ocasiones de él depende que la comunidad universitaria utilice el instrumento de manera positiva. Los lapsos establecidos fueron elegidos para que el tiempo procesal sea el suficiente para realizar las diligencias, pero no extenso y ocioso, además que en la mayoría de las ocasiones se requiere que el acoso u hostigamiento cese inmediatamente. Es necesario que la denuncia no sea anónima, porque eso únicamente entorpecería el proceso y sería imposible cumplir con la reparación del daño a la víctima. Se deben especificar los elementos que la denuncia debe contener de tal forma que sea posible identificar principalmente los datos de la persona denunciada, los hechos sucedidos y la afectación. Tomando en cuenta los riesgos y alcances que una denuncia puede implicar, es menester respetar los otros candados y principios establecidos a lo largo del protocolo como la no revictimización, confidencialidad y las medidas cautelares, para asegurar a ambas partes. Las medidas de protección son previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en el último párrafo remite a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta Ley, en el artículo 27, se establecen una serie de medidas que tienen como finalidad salvaguardar la integridad de la víctima. Por otro lado, en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas se establecen los principios bajo los cuales se deben regir estas previsiones. A partir de lo anterior se adaptaron y adecuaron las medidas que deben aplicarse a los contextos universitarios con la finalidad de proteger a la víctima y evitar que el proceso se obstaculice. En todos los instrumentos implementados en las universidades se contemplan el proceso de las entrevistas con las partes involucradas con la finalidad de escuchar a cada una de ellas y así aclarar detalles que hayan quedado inconclusos, además de respetar el derecho de audiencia. Sin embargo, las entrevistas siempre deben realizarse bajo los principios del protocolo, principalmente la no revictimización, buena Fe e imparcialidad. 165 Por otro lado, algunos protocolos prevén careos o sesiones de mediación entre las partes involucradas. Sin embargo, es importante mencionar que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece el derecho de la víctima a no participar de forma obligatoria en mecanismos de conciliación con su agresor. Se considera que el careo o cualquier mecanismo análogo abre la puerta a situaciones de intimidación y amenazas entre las partes, además se considera que esta situación solamente alargaría el proceso y lo desgastaría. Por lo que, para el presente protocolo, únicamente se permitirá el careo o mecanismo de conciliación si la víctima lo solicita y bajo ninguna forma se le impondrá. Por otro lado, es muy importante que sea un documento equitativo e integral, que observe principios de igualdad procesal y respete los derechos tanto de la parte denunciante como de la parte denunciada. En este sentido, es fundamental que se notifique a la parte contraria de la denuncia que hay en su contra, para que la conteste y presente las pruebas que a su derecho convenga. Respetando así principalmente su derecho a defenderse y su derecho de audiencia a través de la entrevista que se le realizará. El apartado de pruebas es sumamente complicado y delicado, pues de ellas depende la resolución del caso. Por un lado, se debe tomar en cuenta que estas conductas son de realización oculta, por lo que en muchas ocasiones es imposible contar con pruebas. Por lo que, si las pruebas son muy rígidas y no se toman las características anteriormente mencionadas puede implicar desventaja para la víctima al demostrar los hechos. Por el contrario, si los medios probatorios quedan muy amplios y ambiguos dan la posibilidad de falsificación o alteración de pruebas, lo que violaría la seguridad jurídica de la parte denunciada y sería contraproducente para el objetivo del protocolo en sí mismo. Fue por lo anterior, que los medios de prueba señalados buscan un equilibrio para ambas partes y que no representen ningún riesgo. Además, se hace la distinción de ciberacoso, que la mayoría de los protocolos universitarios no contempla, para que la forma de probarlo sea congruente con los medios en los que se comete y que lo diferencian de las otras conductas. Además, se establece una sanción para quien intente falsificar o alterar alguna prueba. De 166 esta forma se previenen este tipo de conductas y desmotivan la presentación de pruebas falsas. Conclusión A pesar de que, a un año de su defensa en el examen profesional correspondientes, aún no se ve interés por parte de la institución en implementarlo, confío en que el ruido necesario se causó. Provocando que las alumnas y los alumnos conocieran algunos de los derechos básicos que su institución educativa debe garantizarles entorno a la prevención de la violencia sexual. Los protocolos deben ser elaborados de manera específica, interseccional y transversal para que sea un proceso integral y que su aplicación sea posible, además es importantísimo que se elaboren desde el punto de vista jurídico para que contemple y garantice los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Así como la teoría general del proceso y la técnica legislativa. El protocolo aquí presentado es una herramienta que conjuga los elementos jurídicos necesarios para erradicar la violencia sexual dentro de la Universidad de las Américas, Puebla. Ahora es tarea y responsabilidad de las autoridades universitarias convertirse en parte del cambio y adoptar herramientas que le garanticen a la comunidad una vida universitaria agradable, sana y no peligrosa. Bibliografía Cuenca, C. (2017). El acoso sexual en el ámbito académico. Una aproximación. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, VI(3), 426-440. Echeverría , R., Paredes, L., Kantún, M., Batún , J., & Carrillo, C. (2017). Acoso y hostigamiento sexual en estudiantes universitarios: un acercamiento cuantitativo. Enseñanza e investigación en psicología, 22(1), 15-26. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. (2018). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. (2016). Principales resultados. México: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 167 Forbes. (7 de febrero de 2019). México, entre los 20 peores países para ser mujer. Forbes México , pág. 1. Obtenido de https://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-20-peores-paisespara-ser-mujer/ Fuentes, L. (octubre de 2019). Cuentos que no son cuento: Acoso sexual, violencia naturalizada en las aulas universitarias. Nómadas 51, 136-156. doi:10.30578/nomadas.n49a8 Galtung, J. (agosto de 1990). La violencia: cultural, estructural y directa. Journal of Peace Research, 27(3), 147-168. Gutiérrez, C. (2016). Protocolos contra el acoso sexual enn educación superior: Sugerencias para su elaboración. Santiago, Chile: Ministerio de educación. Hernández , A., Jiménez, M., & Guadarrama., E. (diciembre de 2015). La percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes en dos instituciones de educación superior. Revista de la educación superior. ANUIES, XLIV(176), 63-82. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación 1 de febrero de 2007. Ley General de Víctimas. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013. Meléndez, J., & González , G. (13 de marzo de 2019). Protocolos vs acoso y violencia sexual en América Latina . Recuperado el 7 de abril de 2020, de Distintas Latitudes: https://pasoenlau.distintaslatitudes.net/contexto/ Meléndez, J., Ilizaliturri, A., Pérez, D., & Pagola, F. (2016). Violencia sexual en las universidades de América Latina: Omisiones, obtáculos y opacidad. Distintas Latitudes. Obtenido de https://distintaslatitudes.net/historias/reportaje/violencia-sexual- universidades-america-latina Mingo, A., Moreno, H. (2015). El ocioso intento de tapar el sol con un dedo: violencia de género en la universidad. Perfiles Educativos. Vol. 37 no. 148, México. Organización Mundial de la Salud. (2011). Violencia contra la mujer: violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptima N°. 239., Ginebre. ONU Mujeres en México. (2018) Programa para la prevención y atención del acoso y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos de la Ciudad de Puebla. México: Casa abierta al tiempo. ISBN: 978-1-63214-093-7 Valerio, F. (23 de septiembre, 2018) Campaña contra el acosos sexual visita la UDLAP. La Catarina. Publicación Estudiantil de la Universidad de las Américas, Puebla. 168 IV.II. La gestión social en redes de las organizaciones de la sociedad civil José Alejandro Jaidar Cerecedo Resumen Las Organizaciones de la Sociedad Civil para atender a la población beneficiaria necesitada, diseñan modelos de intervención con procesos que interconectan estructuras organizacionales, programáticas, ocupacionales y financieras, para darle viabilidad y sustentabilidad a su operación por medio de redes de intercambio de información y comunicación de las áreas y personal especializado, que han establecido para funcionar a través de sistemas de gestión, coordinación y evaluación de resultados e impactos con indicadores, metas y objetivos estratégicos en torno a una misión institucional, en ocasiones a una visión; conforman alianzas con organizaciones sociales, privadas y públicas, que fortalezcan sus protocolos, métodos y técnicas de seguimiento y acompañamiento; propongan e incorporen nuevas tecnologías y metodologías que adapten a la organización a los cambios en los contextos demográficos y territoriales donde inciden. Palabras clave: gestión, redes, alianzas, organizaciones, procesos, modelos. Introducción Las Organizaciones de la Sociedad Civil desarrollan procesos de gestión verticales, horizontales y transversales, para atender población vulnerable y vulnerada, víctimas y victimizadas, excluidas y marginadas, por medio de protocolos de atención especializada en diferentes campos disciplinarios e interdependientes, principalmente en las áreas de trabajo social, médica, psicológica, psiquiátrica, jurídica y educativa. Particularmente los Refugios, Asilos, Albergues y Casas Hogar brindan atención integral, in situ, con alimentación, hospedaje, limpieza e higiene. 169 La gestión social obedece a modelos diseñados por las propias organizaciones para asistir a la población objetivo a través de áreas funcionales con programas estratégicos, que obtengan resultados y efectos en la satisfacción de necesidades y expectativas de los individuos, familias, grupos y comunidades con un perfil homogéneo en su condición social, económica, legal, física y neurológica, lo que premedita la atención de personal profesionalizado, tanto científica y técnica como de trato digno y calidez, sensible al dolor y al miedo de los individuos necesitados de apoyo. El perfil del usuario o beneficiario adquiere relevancia al empatarlo y contrastarlo con el diseño ad hoc de la organización para atenderlo con personal profesional y protocolos de intervención especializadas y validadas, que en conjunto permitan el acompañamiento durante el proceso sincronizado de cada área experta, con indicadores medibles en nuevas habilidades y actitudes de los involucrados para una vida digna. Los diagnósticos y evaluaciones sociales con la intervención de peritos consultores y/o de la propia organización, a través de entrevistas, encuestas, observaciones e investigación documental, identifican áreas de oportunidad que mejore los impactos en los beneficiarios al modificar y adaptar los modelos de atención o provisión de bienes y servicios. Asimismo, detectan fortalezas y debilidades de la organización, de los protocolos, procesos y sistemas, del capital humano, infraestructura financiera, tecnológica y logística, que permitan la toma de decisiones orientadas a elevar la seguridad, eficacia y eficiencia institucional. Gestión social La gestión social de las OSC implica la intervención de campos interdisciplinarios e intersectoriales de conocimientos y de prácticas (Licha, 2001:2-4) con metodologías y técnicas de análisis multidimensional de los problemas que afectan a la población objetivo, sean familias o comunidades, que aseguren el logro de la misión de la organización, premedita una estructura sincronizada de diferentes áreas de especialización con protocolos de actuación profesionales con talentos y competencias, en la atención de necesidades y expectativas de personas y grupos con un perfil de riesgo, vulnerabilidad, exclusión y marginación. 170 Beneficiarias Las personas usuarias y beneficiarias necesitadas directas e indirectas de los resultados e impactos de los apoyos y servicios que brindan las OSC, acuden o son canalizadas a éstas en condiciones de deterioro físico, mental y social, marginadas de grupos de apoyo fundamentales como la propia familia cuyas características en México están tipificadas como hogares nuclear, ampliado, compuesto y no familiar. El Censo1 (INEGI,2010) revela que 1.8 millones de hogares familiares nucleares con padre, madre, hijas e hijos, tienen presencia de un integrante con discapacidad, 1.4 millones de hogares familiares ampliados tiene discapacitados y vive con ellos un pariente, los hogares familiares compuestos 64,101 tienen discapacitados y vive con ellos una persona sin parentesco. Resaltan 367,206 hogares monoparentales con discapacitados, donde las mujeres jefas de hogar son 306,886, lo que complejiza la sobrevivencia y las relaciones intrafamiliares. Las personas beneficiarias directas, utilizan para sí mismas el bien o el servicio; como lentes, aparatos auditivos, sillas de ruedas, alimento, protección, rehabilitación, acompañamiento, adiestramiento. Las personas beneficiadas indirectamente son aquellas que, al mejorar las condiciones del receptor inicial, tienen un mejor desempeño en su desarrollo personal y profesional, sea el docente que logra el adecuado aprendizaje del alumnado al mejorar su capacidad visual de lo anotado en el pizarrón o auditiva de lo que se dice en el salón de clase; las familias pueden dedicar su tiempo a estudiar o trabajar y lograr mejores condiciones de bienestar personal y social, al estar más preparadas para un trabajo y de obtener un ingreso. Las comunidades al contar con capacitación y recursos para cultivar un huerto o una granja avícola o porcina; compartir el pozo de agua, construcción de fosas sépticas. 1 Hogar familiar. Hogar censal en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a). Se clasifican en nucleares, ampliados y compuestos. Hogar ampliado. Hogar familiar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por una jefe(a) y al menos otro pariente. Hogar compuesto. Hogar familiar conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco. Hogar nuclear. Hogar familiar conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos. Hogar no familiar. Hogar censal en el que ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a). Incluye el hogar formado por una persona. Se clasifican en unipersonales y de corresidentes. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clvglo=cpv2010&s=est&c=27432 171 Las personas vulnerables (Fuentes, 2012:788) se ubican en una dimensión límite, extrema y no pocas veces desesperada como el abandono, la soledad, la marginación, la orfandad, las discapacidades, la violencia, la discriminación, el maltrato intrafamiliar y la desprotección. Las personas marginadas (Alonso,1989:12,208) están al margen, fuera de una determinada realidad o proceso social, en las afueras de la convivencia tolerada y en la base de la pirámide social. Alianzas interorganizacionales La OSC realizan alianzas interorganizacionales que describen (Villar et al 2020: 123-246) los siguientes testimonios de casos: El caso de Nutre a un Niño cuyo modelo para erradicar la desnutrición consistía en el reparto de paquetes nutricionales y talleres de nutrición con el seguimiento de peso y talla de los niños; incorpora la estufa ahorradora de leña en el hogar y capacita en la instalación y mantenimiento en alianza con Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada de la UNAM; durante la evolución de su modelo, incorpora el sanitario seco y la cisterna capuchina y capacita con otro aliado Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A. C. (GRUPEDSAC), en paralelo las familias instalan huertos, gallineros y lombricomposta en alianza con Fundación La Rústica. Nutre empieza a sistematizar las experiencias de las ecotecnias y agrupa las intervenciones aisladas en el programa “Vivienda Saludable”, que adaptaría su Modelo de Atención. Durante el acompañamiento de Project Concern México, Nutre y la consultora elaboran un sistema de evaluación. En PostNutre da seguimiento cada 6 meses al medir la hemoglobina, talla y peso de los niños y verifica las ecotecnias de cada hogar. El caso de Nacional Monte de Piedad replanteó el modelo de inversión social y seleccionó un grupo de organizaciones, entre las cuales Fundación Tarahumara José A. Llaguno incorpora a solicitud del NMP un consultor externo para la valoración social de las intervenciones. La Fundación de segundo piso, entregaba recursos generalmente a comunidades religiosas arraigadas en la región. Posteriormente, entregaban leche en polvo a comunidades rarámuri de la sierra Tarahumara. El enfoque asistencial se transformó en un 172 modelo que involucra a la población en procesos de desarrollo y promueve su participación para la solución de los problemas de la región; transitó de atender a muchas personas a generar procesos de transformación. El diagnóstico detectó debilidades en la operación, capacidad organizacional, articulación de los programas, mecanismos de seguimiento y evaluación, definición del concepto de desarrollo territorial. La fundación incrementó los recursos que orientaba a programas relacionados con la producción de alimentos, acopio de agua, manejo de parcelas y construcción de obras para captación de agua pluvial. El caso de Appleseed México para el fortalecimiento legal de OSC creó la Red Pro Bono México con más de 50 firmas de abogadas y abogados; otorga asesoría y acompañamiento para constituir una OSC en Derecho Corporativo (acta constitutiva, estatutos sociales, actas de Asamblea), Derecho Fiscal (Donataria Autorizada, reporte de donativos, informes), Derecho Administrativo, Inmobiliario, Laboral (contratos, incorporación de trabajadores, seguridad social), Protección de Datos (avisos de privacidad, políticas internas de tratamiento, ciclos de vida de datos), Propiedad Intelectual (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), Prevención del Lavado de Dinero, Contratos (elaboración y/o revisión de contratos civiles como arrendamiento, prestación de servicios, comodato). El papel de NMP en la creación de AliadOSC Nacional Monte de Piedad estableció su visión estratégica y se identificó como actor relevante para impulsar en las organizaciones aliadas un cambio de paradigma sobre los problemas públicos que atienden, cómo los abordan y fortalecer la rendición de cuentas y vinculación con otras entidades; incrementar la eficiencia y eficacia con miras al desarrollo sostenible de México. Formó una alianza “AliadOSC”, con Dibujando un Mañana México, IAP (DUM), Fundación de la Asociación de Bancos de México, A. C. (Quiera) y Promotora Social México, A. C. (PSM), para los enfoques de Gestión para Resultados de Desarrollo y el Basado en Derechos Humanos. El caso de Fundación Quinta Carmelita con NMP El Patronato de Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, IAP (SEDAC), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México y la 173 organización Living Bridges, Catholic Charities de Chicago (EE.UU.), se aliaron para un programa de adopciones que en 2001 que concretó la reintegración de 184 niñas y niños a la vida en familia; debido a que el proceso para cada adopción era demasiado largo en 2001, inauguraron una casa hogar en tanto se resolvía su situación jurídica y fuera posible integrarlos a familias en menor tiempo. Entre 2001 y 2010 lograron más de 200 adopciones. En 2010, el Programa Quinta Carmelita y la SEDAC hacen una separación formal que dio lugar a la constitución de Quinta Carmelita, IAP en 2011. NMP acompaña a la fundación en la selección del equipo de dos consultores con experiencia y enfoque adecuados en la atención infantil. El caso de Nacional Monte de Piedad y Un Kilo de Ayuda Un Kilo de Ayuda, A. C., a través del Modelo Integral para el Desarrollo Infantil Temprano (MIDIT) trabajan con mujeres embarazadas y cuidadoras principales de niñas y niños menores de cinco años a través de tres Programas: Desarrollo Físico, Desarrollo Neurológico, y Desarrollo Comunitario; se trabaja con los padres o cuidadores en el fomento de prácticas de estimulación oportuna, en el marco de la crianza sensible y cariñosa, para generar beneficios a largo plazo en desarrollo de capital humano y movilidad social. El plan de trabajo de NMP y el equipo de consultores consistió en consolidar un sistema de monitoreo; sistematizar la información y diseñar una evaluación experimental aleatoria con representatividad en comunidades rurales en los estados de Chiapas y Oaxaca. El plan a 5 años con la colaboración técnica, operativa y financiera del Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Perinatología. La Procuración de fondos más allá de sus técnicas: el Caso de PROCURA El diplomado consiste en trabajar junto con la OSC para elaborar el caso de su institución al revisar la estructura interior de la misma: su misión, visión y objetivos, el ciclo de la procuración de fondos; preparar el mensaje de las necesidades de la organización para los donantes, analizar los requerimientos del mercado e involucrar al Consejo de la organización en este proceso y capacitar voluntarios. 174 El énfasis es que el participante conozca las entrañas de la organización con el apoyo de los profesores de Procura como facilitadores del proceso de autoconocimiento y preparación. “Si dominas tu propio caso, entonces sabes todo lo que un donante te puede pedir, incluyendo los números que sustentan tus proyectos y el impacto que representan”. Cooperación internacional para fortalecimiento de la sociedad civil en la implementación del ODS 16 La “Comisión Bilateral” México y Alemania reunió una misión de evaluación de la cooperación técnica para fortalecer el papel de la sociedad civil mexicana en la implementación del Objetivo de Desarrollo Social, 16. La misión entrevistó a representantes de la Embajada Alemana, AMEXCID, DGVOSC, SEGOB e INDESO y crea la Iniciativa para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, IFOSC; establece financiamiento de proyectos concretos de OSC mexicanas enfocados en las metas del ODS 16; promociona la participación activa de las OSC mexicanas en el desarrollo de la estrategia nacional de cumplimiento del ODS 16. La IFOSC implementa Laboratorios de intercambio de experiencias prácticas entre las organizaciones mexicanas, en 20 Laboratorios (LABIFOSC) participaron 300 OSC de 17 estados y se capacitaron 441 personas. El IFOSC formó alianzas con 7 fortalecedoras de la sociedad civil mexicana para la implementación de su metodología de LAB-IFOSC: Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones Civiles (CFOSC), Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, Fundación Merced, Fundación MAJOCCA y Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos. El Caso del Centro de Comunicación Comunitaria (CICC) El CICC constituyó un espacio multidisciplinario para promover y fortalecer procesos comunitarios a partir de las necesidades identificadas por las propias comunidades y mejorar las condiciones de vida en los barrios, comunidades y pueblos originarios e indígenas de México. En los procesos de fortalecimiento que desarrolla, sigue su misión “compartir 175 saberes y herramientas que proporcionen capacidades integrales a largo plazo”. Después decidió que su misión y objetivos debían alinearse a los ODS. Con el apoyo de especialistas brindan talleres y asistencia jurídica a mujeres indígenas en los estados de Oaxaca y Guerrero. El objetivo es colaborar en el fortalecimiento del tejido comunitario a partir del trabajo con mujeres y niñas, para que cuenten con capacidades y herramientas prácticas que les permitan vivir una vida en la cual sus derechos como mujeres indígenas sean respetados. También trabaja de manera paralela con hombres de estas comunidades. Estableció el área de Comunicación Comunitaria con estaciones de radio y la pedagogía de la metáfora para explicar las cosas con ejemplos locales; el área de Economía Solidaria y Medio Ambiente para una vida digna entre la población, el desarrollo sostenible y responsable. Para proyectos de comunicación o productivo, recurren a las autoridades por usos y costumbres […] con asambleas como instancias de decisión de las comunidades. Los proyectos buscan impulsar la autogestión, democracia en la toma de decisiones, conformación de redes colaborativas y formación de promotoras y promotores locales que repliquen los aprendizajes en las mismas comunidades. Se hace especial énfasis en el mejoramiento de experiencias de producción o comercialización de bienes y servicios que brindan las comunidades, de tal forma que se potencien los saberes locales y comunitarios, a la vez que se generan condiciones de trabajo justas y respetuosas a su cultura. Refugios En congruencia con el concepto de gestión social y su estrategia de redes, uno de los casos más representativos son los Refugios, debido a la coordinación intra organizacional de diferentes áreas internas especializadas que proveen servicios integrados y a su vez tienen relaciones de comunicación e intercambio con instituciones externas, que fungen como parte de estos procesos preestablecidos, para monitorear desde el ingreso para atender la protección de las víctimas que durante su estancia cuentan con orientación y acompañamiento y al egreso para su reintegración a una vida social segura. 176 El Modelo de atención en Refugios 2 tiene el propósito de brindar protección, atención integral especializada desde las perspectivas de género y derechos humanos a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en situación de riesgo. Para ello, establece una organización con áreas especializadas y protocolos de funcionamiento en las áreas de Trabajo social, Atención psicológica a población adulta, Atención psicológica a población infantil, Atención jurídica, Atención médica, Atención educativa. Asimismo, servicios de hospedaje, alimentación, enfermería, capacitación, vestido y calzado. El concepto de gestión social considera la coherencia entre problemas, fines, medios y consecuencias. En los Refugios el reto son los grupos vulnerables y vulnerados, criminalizados y discriminados, por la severidad y frecuencia de los actos violentos a que han sido objeto, amenazas de muerte o tentativas de homicidio, peligrosidad del agresor, por lo que manifiestan miedo, vergüenza, agotamiento, baja autoestima y lesiones. Los fines son brindarles protección y seguridad. atender lesiones y padecimientos físicos, otorgar asistencia psicológica y legal con acompañamiento, dotarles de herramientas aptitudes y actitudes para desactivar la reproducción de patrones de conducta violentos y sean autosuficientes, acompañarlos en un proyecto de vida al egresar del Refugio. Las víctimas pueden permanecer por tres meses, según las necesidades del caso, el cupo sugerido es de diez familias compuesta por una mujer mayor de edad y tres hijas o hijos menores de 18 años (los hijos hombres mayores de 12 años son valorados por el equipo del refugio; en caso de alto riesgo se le canalizará a una instancia que pueda resguardarlo, mientras su madre, hermanas/os permanezcan en el Refugio). Pueden ingresar mujeres menores de 18 años, previa valoración y referenciación al refugio por algún centro o institución acreditada o carta del tutor. Los medios son las entrevistas y diagnósticos de cada área, la sistematización de la información especializada y la coordinación entre las áreas para establecer un programa 2 El Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus hijas e hijos. Instituto Nacional de las Mujeres. Primera edición, diciembre de 2011. 177 integral específico para cada familia, la aplicación de técnicas terapéuticas, atención médica especializada, acceso a la justicia en materia familiar y penal, capacitación y acceso a un proyecto productivo o de empleo, constitución de redes de apoyo; infraestructura de protección y seguridad, hospedaje, alimentación, higiene y salud; administración de recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y tecnológicos. Los Refugios pueden variar sus condiciones de operación, pero no su objetivo general, depende de su infraestructura y capacidad instalada. Las consecuencias pueden ser altamente positivas si la intervención es oportuna y de calidad en el Refugio, así como en los Centros de Atención Externa, en torno a la protección y seguridad; los diagnósticos e intervenciones especializadas para contener los estragos médicos, psicológicos, legales, sociales, educativos y culturales; la construcción de redes de apoyo y el fortalecimiento de aquellas existentes; la estabilidad emocional de la familia con la adquisición de herramientas para lograr autosuficiencia; el acompañamiento legal y social. Los efectos pueden ser negativos al revictimizar a la familia al volver al espectro de violencia. En este escenario se puede presentar feminicidio, suicidio, homicidio, violación, por la intervención inoportuna del Refugio y debido a la ineficacia del capital humano por la carencia de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes, como en las medidas de protección y seguridad, infraestructura técnica, tecnológica, organizacional y financiera. Los acuerdos horizontales se efectúan con: • CAE, CAER e IEAV. • Casas de emergencia en donde la acogida de las familias es inmediata y de corta estancia – tres días- mientras se estudia su situación y se localiza a su red social de apoyo. • Casas de Transición como espacios habitacionales temporales de las familias que egresan de un Refugio y donde el riesgo se ha reducido lo suficiente, pero las víctimas carecen de una vivienda. • Servicios médicos especializados en unidades médicas dentro de las clínicas u hospitales o en centros dedicados a la atención exclusiva de violencia familiar, sexual 178 y contra las mujeres. Cuentan con personal especializado en trabajo social, enfermería y psicología, un sistema ágil de referencia y contrarreferencia a unidades de salud que ofrezcan otras especialidades. Mantiene vínculos estrechos con unidades de procuración de justicia y una red de instituciones, organizaciones y refugios, para una atención integral. • Clínicas, hospitales psiquiátricos y centros de desintoxicación. • INDESOL, a través del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos 3 • Juzgados de lo Familiar4 • Juzgados de Justicia para Adolescentes 5 • Ministerio Público6 3 Acreditar experiencia comprobable de por lo menos 3 meses en la operación de Refugios Especializados con infraestructura y personal especializado acorde a su capacidad operativa, para atender cuando menos a cuatro familias de manera simultánea, y que brinde servicios de alojamiento; alimentación; vestido y calzado; espacios habilitados para la atención y acompañamiento a la salud; trabajo social, atención psicoeducativa, psicológica y representación legal. 4 Conocen de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, relacionados con el derecho familiar, de los juicios relativos al matrimonio a su ilicitud o nulidad; de divorcio; que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio; que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones de las actas del Registro Civil; que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación; que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela y las cuestiones de ausencia y de presunción de muerte, y que se refieran a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de familia, con su constitución, disminución, extinción o afectación en cualquier forma; de los juicios sucesorios; de los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a la capacidad de las personas y a las derivadas del parentesco; de las diligencias de consignación en todo lo relativo a la materia familiar; de la diligenciación de los exhortos, suplicatorias, requisitorias y despachos, relacionados con el orden familiar; y de las cuestiones relativas a los asuntos que afecten en sus derechos de persona a los menores e incapacitados. 5 Les corresponde conocer las causas instauradas en contra de las personas a quienes se imputen la realización de un acto tipificado como delito en las leyes locales, cuando tengan entre doce años cumplidos y dieciocho no cumplidos; promover la conciliación entre quien ejerza la patria potestad, o en su caso, represente al adolescente y la víctima u ofendido como formas de rehabilitación social, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y subsidiaridad y en su caso, decretar la suspensión del proceso por arreglo conciliatorio; resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y términos previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal; y resolver sobre las medidas a imponer, atendiendo al estudio de los hechos y estudio de su personalidad, que lleven a establecer los principios de culpabilidad, proporcionalidad y racionalidad, por el acto antisocial, así como a las circunstancias, gravedad de la conducta, características y necesidades de los Adolescentes, que represente el menor daño al adolescente para su reincorporación social. 6 CPEUM. ART. 20. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación 179 • Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia7 El concepto de Gestión Social se refiere a procesos, son protocolos del Refugio para la atención e intersección de las diferentes áreas especializadas que derivan en funciones precisas. El área de Trabajo social es un nodo de intersección en Red, ahí se da el ingreso y el primer contacto con las víctimas, realiza la entrevista inicial, integra el expediente valorando las necesidades básicas para cada una de las áreas de atención interna e informa a la persona que ingresa sobre la operación del Refugio. Las entrevistas detectan el tipo de violencia, valoran el riesgo e identifican redes de apoyo para y de la propia víctima, a fin de reactivarlas, fortalecerlas o gestionarlas y de su reintegración social, tanto al interior de la organización como de instituciones externas. El Área de Trabajo social como nodo de intersección en Red, tiene contacto con los Centros de Atención Externa (CAE), Centros de Atención Externa de Refugio (CAER) y con la del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 7( PFPNNA) es la institución creada al interior del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) con el objetivo de procurar una efectiva protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia en México. En su labor, tanto la PFPNNA como las Procuradurías estatales tienen la facultad de solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno para asegurar la protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; además de establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, servicios de salud, educación, protección social, cultura, deporte y con todas aquellas que sea necesario para garantizar el Interés Superior de la Niñez. Entre las responsabilidades de la PFPNNA para proteger a NNA se encuentran: Brindar asesoría y representación jurídica a NNA. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de derechos de NNA. Conciliar y mediar en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de NNA hayan sido restringidos o vulnerados. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de NNA. Solicitar y supervisar la ejecución de medidas de protección para NNA. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de NNA. 180 Institución Especializada en la Atención a la Violencia contra las mujeres (IEAV)8, quienes realizan la valoración previa de las víctimas (si detectan problemáticas severas de enfermedad física, discapacidad psiquiátrica y /o de adicción, se canalizan a clínicas, hospitales psiquiátricos, centros de desintoxicación) antes de remitirlas al Refugio. También el contacto es con la propia víctima y con las áreas internas, ya que monitorea y da seguimiento al caso, desde el ingreso hasta el egreso. El perfil de ingreso de la víctima es vital porque se encuentra en situación de alto riesgo y carece de redes de apoyo, en estricto sentido. A través de la entrevista se realiza una valoración de la severidad y frecuencia de los actos violentos, amenazas de muerte o tentativas de homicidio, peligrosidad del agresor, vulnerabilidad de la víctima, valoración de la red familiar/ social y valoración psiquiátrica/psicológica. El perfil de la víctima arroja información y datos significativos para una intervención estratégica durante la gestión social en el Refugio, por medio de sus áreas especializadas, identifica indicadores representativos 9 «Cualquier acto de violencia basado en el género, que puede dar lugar o de hecho da lugar a dolor físico, sexual o psicológico, incluyendo amenazas, coacciones o privaciones arbitrarias de la libertad, tanto en la esfera pública como en la esfera privada». Miedo (Camarasa y Rodeschini, 2009: 20-21) como restricción a actuar de ser rechazadas (por la familia, amigos/as u otras personas), agresiones (hacia ella o hacia otros), perder la casa/ser desplazada después de la separación, problemas económicos después de la separación, problemas legales/ administrativos (falta de permiso de residencia/ trabajo…), pérdida de los hijos, soledad. Vergüenza como restricción a actuar al no explicar su experiencia de Violencia de Género o mentir acerca de ella, de no relacionarse o comunicarse con otras personas, ni acceder a los servicios (sanidad, legales) o pedir ayuda, no ir a trabajar 8 IEAV: Unidades de Atención del Sector Salud, Agencias del Ministerio Público, Centros Especializados de las Procuradurías, Procuradurías del Menor, la Mujer y la Familia de los DIF locales, Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, Comisiones Estatales de los Derechos Humanos, Consejos Estatales de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). 9 Propuesta de nuevos indicadores para medir los efectos de la violencia de género. Fundación de Dones. http://www.surt.org/gvei/docs/propuesta_variables_cualitativas_gvei.pdf 181 ni buscar empleo, ni dejar la pareja/terminar la relación, ni llevar a cabo una acción legal. Agotamiento y baja autoestima como restricción a no relacionarse o comunicarse con otras personas y otros de los indicadores mencionados. En el Refugio al ingreso de la víctima, deben registrarse los antecedentes de lesiones físicas (ojos morados, traumas craneales, morados, huesos rotos, golpes, contusiones, pérdida de dientes, pérdida de la conciencia) y los antecedentes legales. En todas las áreas de atención del refugio se realiza una entrevista y se valora a la víctima desde cada una de las especialidades. Todas las áreas de atención especializada reciben a la víctima y realizan una entrevista para hacer una valoración que conforma la carpeta de información integral de las víctimas. El Área de Atención Psicológica a Población Adulta, en caso de crisis define el objetivo de la intervención y selecciona las técnicas terapéuticas, elabora estrategias de tratamiento grupal e individual, elabora el plan de intervención y para ello colabora con las demás áreas de atención, da seguimiento al caso y define un proyecto de vida, recupera recursos psicológicos y sociales. El Área de Atención Psicológica a Población Infantil, en caso de crisis realiza una intervención, define objetivo de intervención, selecciona las técnicas terapéuticas, elabora estrategias de tratamiento grupal y/o individual o familiar, elabora el plan de intervención y para ello colabora con las demás áreas de atención, asigna tareas y actividades por sesión, recupera recursos psicológicos, sociales y educativos, da seguimiento al caso e instrumenta estrategias en coordinación con el proyecto de la madre. El Área de Atención Jurídica informa sobre sus derechos, ofrece representación y/o acompañamiento, elabora el plan de intervención, da seguimiento al caso, colabora con las demás áreas de atención, refiere el caso a través del CAER o IEAV. El Área de Atención Médica realiza la historia clínica y diagnóstico, valora la atención de segundo o tercer nivel, el especialista brinda tratamiento, elabora el plan de control y seguimiento, colabora con las demás áreas de atención. 182 El Área de Atención Educativa identifica necesidades básicas de educación y capacitación, elabora el plan de intervención en educación escolarizada y capacitación para el empleo, informa sobre redes en materia productiva y de empleo e ingreso, da seguimiento al caso. Los Centros de Justicia para las Mujeres 10 que forman parte de las Instituciones Especializadas en la Atención a la Violencia contra las mujeres (IEAV) proceden a solicitud de las víctimas a un plan de intervención que le permita afrontar la violencia y construir un proyecto personal para su empoderamiento con la participación de áreas especializadas de Trabajo Social; Psicología para crisis y de emergencia, procesos de psicoterapia individual y grupal y canalización a servicios de Salud Mental; Lúdica con actividades psicopedagógicas con las niñas y niños que acompañan a las personas usuarias, que les permitirán desarrollar destrezas y habilidades psicosociales; Médica; Jurídica con orientación y asesoría en materias familiar, civil, penal y laboral para el ejercicio de los derechos de las mujeres, favoreciendo su acceso a la justicia. Asimismo, con medidas de protección para representar y acompañar a las mujeres en situación de riesgo, en la solicitud y procedimiento de medidas de protección, con la finalidad de salvaguardar su integridad física, psicoemocional y su patrimonio, creando condiciones de seguridad, conforme a lo establecido en la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”. Empoderamiento que fortalezca las capacidades, confianza, visión y protagonismo de las mujeres, para impulsar cambios positivos en sus vidas, a través de su participación en talleres, programas sociales y educativos para lograr su autonomía social y económica. Fundación Reinserta Reinserta11 es una organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de delincuencia para mejorar la seguridad del país, trabajando con el sistema penitenciario. Impulsa de forma directa a niñas, niños, jóvenes y familiares a desarrollar sus habilidades y capacidades para que puedan construir un proyecto de vida alejado del delito y la violencia. 10 11 https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres https://reinserta.org/ 183 Ha impactado a personas en el sistema penitenciario, trabaja con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, y en proceso de reinserción y con mujeres privadas de la libertad y sus hijas e hijos. El proceso de intervención de Reinserta es a través del Centro de Prevención Comunitario, el Programa de Reinserción de Adolescentes y el Programa de Fianzas de Libertad en alianza con Fundación Telmex-Telcel. El Centro otorga atención psicológica individual, grupal y familiar; actividades educativas, recreativas y culturales en primarias y secundarias; club de tareas; talleres de verano, música, fotografía, serigrafía, panadería; eventos comunitarios. El programa de Reinserción otorga servicios de tratamiento a adolescentes bajo medidas cautelares dictadas por los jueces, por medio de asesoría jurídica, asistencia psicológica, tratamiento de adicciones, programa de inclusión educativa y laboral, fortalecimiento de la autoestima, reconstitución de las relaciones familiares, identificación y manejo de factores de riesgo asociados con las conductas delictivas. Reinserta busca transformar la vida de las y los niños que nacen y viven en prisión con sus mamás, a través del modelo de atención especializado, para su desarrollo integral durante la primera infancia, basado en evidencia e intervención en grupos de acuerdo a sus edades. Mantiene alianzas con Fundación Primero la Infancia, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, USAID, Universidad ORT México, Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, Colegio Alemán, CONALEP, Instituto de Capacitación para el Trabajo, Prep@Net, Data y Media Systems, TCF Abogados, entre otros. Asilos Los Asilos tienen redes de colaboración con instituciones de educación superior o técnica por medio del servicio social o prácticas profesionales de estudiantes de las carreras de enfermería, trabajo social, psicología, rehabilitación, terapia física. Asimismo, tienen el soporte de médicos geriatras que asisten un par de veces a la semana o de forma permanente. Los apoyos de instituciones públicas de salud se llevan a cabo en campañas de vacunación. Existen relaciones con clínicas privadas para exámenes generales de laboratorio a solicitud del médico del asilo. En el suministro de materiales cuentan con redes de proveedores de 184 alimentos, medicinas y la provisión de servicios de mantenimiento a las instalaciones, como plomeros, electricistas, albañiles, herreros. Los Asilos, en torno a la gestión social, tienen protocolos de ingreso que varían en aceptar huéspedes que accedan a sus instalaciones por su propio pie, no usen pañal y no tengan discapacidad física o mental. Otras instituciones aceptan con grados de deficiencia mental no grave ni peligrosa (comportamientos agresivos). En los Asilos puede encontrarse habitaciones individuales con baño compartido o privado y habitaciones compartidas de 2,4, 6 y 12 camas, con capacidad de hasta de ciento ochenta personas, mixtos o sólo para mujeres. En todos los casos el requisito es que el médico del asilo, valore presencialmente las condiciones físicas y mentales del adulto mayor; revise los resultados de laboratorio de análisis clínicos de sangre, orina y radiografías, previamente obtenidos. El familiar es un eslabón en red fundamental para el Asilo al proveer información esencial de las relaciones intrafamiliares del adulto mayor con su hijas e hijos, hermanas y pareja, su estilo personal de control, autoridad, solidaridad; los antecedentes médicos por intervenciones quirúrgicas, medicamentos, enfermedades congénitas, padecimientos, diagnósticos hospitalarios, evolución de movilidad o neuronal. De requerir hospitalización el inquilino, por no contar el Asilo con la capacidad técnica o infraestructura para atenderlo por fractura o contagio, el familiar se hace cargo del traslado de su paciente a un hospital; es vital que sea derechohabiente en alguna institución de salud. Los Asilos registran en el ingreso si es pensionado del IMSS o ISSSTE u otra, tarjeta de ayuda del gobierno, servicio de previsión final, el uso de pañal, bastón, andadera, silla de ruedas; el apoyo que requiere para actividades diarias; los datos del responsable, el contacto en caso de emergencia y las identificaciones de éstos y del paciente. Los Asilos solicitan que el adulto mayor autorice o este consciente de su ingreso, sin está condición no se aprueba. La familia se enfrenta al dilema de que su paciente reconozca que está incapacitada para valerse por sí misma y que la cuidadora familiar, generalmente mujeres, no tiene la capacidad técnica, ni física, ni mental. En otro ángulo, si algún familiar no acepta por la creencia de “expulsarlo” de su propia casa o al qué dirán, obliga a las hijas 185 se roten en el cuidado de asearlo y alimentarlo, lo que impacta en su deterioro físico y mental al ser testigo presencial de la disminución progresiva de facultades de su propio padre, madre o abuela. Tener al paciente en casa incrementa los gastos por asistencia médica permanente o eventual, suministros de medicamentos, alimentos, gas, energía eléctrica, artículos de consumo, más si pagan a una cuidadora. El costo por permanecer en casa se triplica en comparación con el Asilo. Las investigaciones demuestran que el cuidado familiar genera el Síndrome del Cuidador Quemado (Villarejo et al; 2012:159) por mayor probabilidad a mayor edad de la persona dependiente, presencia de agresividad, mayor número de enfermedades o patologías físicas y psicológicas, ausencia de colaboración de otros familiares, ausencia de formación e información en el cuidador y no formar parte de una asociación o grupo de ayuda. 12 Otras investigaciones definen como colapso de cuidador el grado en que éstos perciben que el cuidado que otorgan tiene un efecto adverso en su funcionamiento con síntomas de frustración e irritabilidad para llevar sus roles que tenía, hasta trastorno de ansiedad, depresión, empeoramiento de patologías pre-existentes y fatiga.13 Los Asilos tienen el proceso de gestión protocolizado de atención a los inquilinos con personal permanente de enfermería, cuidadoras, cocineras, limpieza, lavandería, seguridad; todas colaboran e intercambian información y se coordinan; las enfermeras controlan las dosis de medicamentos, mantienen comunicación con el médico sobre los registros de presión arterial, temperatura, oxigenación y alteraciones en las condiciones físicas y mentales; las cocineras conservan y preparan alimentos; las cuidadoras de la higiene diaria y movilidad hacia el comedor, sala, recamaras, baños, jardines, terrazas y asistir en la alimentación, cambio de pañales; el personal de limpieza se encarga de las habitaciones, cambio de ropa de cama y personal, llevarla a la lavandería, apoyan a las cuidadoras; vigilancia checa el acceso a las instalaciones de proveedores y visitantes, personal interno y que no salgan los inquilinos. 12 Villarejo Aguilar L, Zamora Peña MA, Casado Ponce G. Sobrecarga y dolor percibido en cuidadoras de ancianos dependientes. Enferm Glob. 2012; 11 (27): 159-65 13 Detección y Manejo del Colapso del Cuidador. México: Secretaría de Salud; 2 de diciembre de 2015 186 Redes intergubernamentales Con el gobierno, tanto del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el orden federal, estatal y municipal. En los Juzgados14 para adopción, divorcio, reconocimiento de hijos, nacimiento, matrimonio, concubinato, defunción, parentesco, alimentos, patria potestad, violencia familiar 15. En los Ministerios Públicos16 para denuncias por homicidio, lesiones, ayuda o inducción al suicidio, aborto, feminicidio, secuestro, desaparición forzada, tráfico de menores, retención o sustracción de menores, violación, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto. Los Ministerios Públicos vigilan que en la investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos; promueven las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos; solicitan medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso; solicitan a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad. Con INMUJERES17 como órgano de consulta de los sectores público, social y privado en materia de perspectiva de género, igualdad entre mujeres y hombres y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; realiza estudios y organiza un sistema de capacitación; establece vínculos permanentes con las autoridades responsables de la procuración, administración de justicia y de la seguridad pública de la Federación y entidades federativas, para fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; impulsa políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos, que contribuyan a la eliminación de las diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres; impulsa que los refugios para mujeres en situación de violencia familiar sean creados de acuerdo al modelo establecido. 14 Código Civil para el Distrito Federal. Gaceta Oficial. 5 febrero 2015 Código Civil DF. Artículo 323 Quáter.- La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño… 16 Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF. 19 febrero 2021 17 Estatuto Orgánico de INMUJERES. DOF.4 dic 2017 15 187 Con INDESOL18 por motivo al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, como espacios temporales, multidisciplinarios y seguros para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia por razones de género. El apoyo es para la infraestructura y personal especializado acorde a su capacidad operativa, para atender cuando menos a cuatro familias de manera simultánea, y que brinde servicios de alojamiento; alimentación; vestido y calzado; espacios habilitados para la atención y acompañamiento a la salud; trabajo social, atención psicoeducativa, psicológica y representación legal; cuenten con programas de capacitación para el desarrollo del empoderamiento y autonomía de las mujeres, para el auto empleo, la inserción laboral y la auto gestión económica; presten los servicios bajo los principios de igualdad y no discriminación, grado de peligrosidad de la persona agresora, violación a los derechos humanos de las mujeres usuarias; acrediten la legal posesión del inmueble en que se encuentra establecido el Refugio y en su caso el Centro de Atención Externa; cuenten con un modelo propio y específico que cumpla con lo establecido en el Modelo por INMUJERES. Con la Secretaría de Salud para campañas de vacunación y a través del Programa de Acción Específico de Atención del Envejecimiento que busca establecer una cultura de vida saludable, con perspectiva de género, en las personas adultas mayores y en aquellas con patologías de mayor relevancia; gestionar modelos de atención gerontogeriátricos con atención multidisciplinaria, en unidades de primer nivel de atención y fomentar la atención integral de las enfermedades de mayor prevalencia, para la persona adulta mayor. Bibliografía Alonso, Torréns J. (1989) Pobreza, Marginación y Estado de Bienestar en España en Muñoz de Bustillo, R. (Compilador). “Crisis y futuro del estado de bienestar”. Madrid, ed. Alianza Editorial. Camarasa y Rodeschini (2009) Propuesta de nuevos indicadores para medir los efectos de la violencia de género. Barcelona, ed. Fundació de Dones. Fuentes M.L. (2012) “La asistencia social en México. Historia y perspectivas”. México, Editorial Paideia. 18 Lineamientos de Operación del Programa. DOF. 7 abril 2020 188 Licha, I. (2001) “La gerencia social como un enfoque innovador y democratizante de la gestión municipal”. Washington, DC INDES/BID, agosto, VI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 59-Noviembre. Villar et al (2020). Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: estrategias para su efectividad. México: Ed. CIESC, Fundación Merced, Universidad ORT México. Villarejo et al (2012) Sobrecarga y dolor percibido en cuidadoras de ancianos dependientes. Murcia España, ed. Universidad de Murcia, enfermería global. Hemerografía Código Civil para el Distrito Federal. Gaceta Oficial. 5 febrero 2015 Código Nacional de Procedimientos Penales. DOF. 19 febrero 2021 Estatuto Orgánico de INMUJERES. DOF.4 dic 2017 Instituto Nacional de las Mujeres. El Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus hijas e hijos. Primera edición, diciembre de 2011 Lineamientos de Operación del Programa. DOF. 7 abril 2020 Secretaría de Salud. Detección y Manejo del Colapso del Cuidador. México. 2 de diciembre de 2015. Páginas electrónicas http://www3.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clvglo=cpv2010&s=est&c=27432 189 V. Trabajo de la participación ciudadana hacia la incidencia V.I. Incidencia política y construcción de ciudadanía en los Consejos de Participación (COPACIS) en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2020 Miguel Rodrigo González Ibarra Verónica Martínez Sandoval Resumen El objetivo de esta ponencia es analizar el proceso de estructuración de la agenda política y la construcción de ciudadanía en los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México en 2020. Se trata de una investigación cualitativa con base en una revisión teórica y documental, así como en los datos obtenidos de una encuesta realizada y entrevistas en localidades del municipio. El trabajo destaca que los COPACI son espacios importantes para la interacción social y comunitaria, y existe un cierto avance en la incidencia ciudadana en los asuntos públicos, pero su desempeño se percibe limitado por los ciudadanos debido al control político y gubernamental que existe aún en los procesos de definición de las políticas públicas locales de este lugar. Introducción La construcción de ciudadanía es, sin duda, uno de los objetivos más importantes de todo régimen político, así como del funcionamiento de las democracias contemporáneas. En el ámbito de los gobiernos locales y municipales esta tarea resulta mucho más importante debido a que estos órdenes políticos constituyen una parte medular de la articulación de los procesos de gobierno, las políticas públicas y la incidencia ciudadana.  Profesor-Investigador Titular en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa. Contacto: ibarra000@yahoo.com  Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Actualmente trabaja sobre el tema de participación ciudadana en gobiernos locales en el Estado de México. Contacto: vemasan2204@hotmail.com 190 En el caso de México, y en particular en el Estado de México, la formación de una ciudadanía crítica y participativa se advierte como la clave para resolver una amplia diversidad de conflictos existentes en esta región y que reflejan la profunda crisis de las formas de representación política y partidista, así como la existencia de prácticas vinculadas a la corrupción, la violación de los derechos humanos y la desigualdad económica que afectan la estabilidad y las condiciones de gobernabilidad del país. Algunos estudios (Solano, 2001; Cardona, 2017; Hernández & Tinoco, 2015) señalan que el estudio de los gobiernos locales y de la participación ciudadana se distinguen por un contexto sociopolítico cambiante y fuerzas políticas en conflicto que plantean diferentes visiones y modos de comprender y hacer política. En el caso de la Zona Metropolitana que rodea a la Ciudad de México, el municipio de Ecatepec de Morelos constituye un objeto de estudio para comprender el desarrollo territorial, político y urbano en la entidad, así como las contradicciones y los desafíos que se presentan en la construcción de procesos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Aunque los espacios locales han sido tema de análisis en la agenda política del país, debido a los procesos de cambio político registrados a nivel federal, existe una mayor preocupación por avanzar en el análisis de la construcción de ciudadanía y en impulsar una sociedad democrática más justa, educativa y solidaria. Como apunta Dewey (1953:93) es imposible pensar en un espacio democrático sin una auténtica ciudadanía en donde los procesos sociales y educativos sean abiertos e inclusivos. En efecto, la relevancia de pensar procesos participativos más allá de los aspectos jurídicos y normativos consiste en analizar el cómo y en qué condiciones se desarrollan los procesos participativos; asimismo, conlleva a generar una explicación acerca de las oportunidades que se presentan en la construcción de una agenda política en la que se reflejen las necesidades y demandas de los ciudadanos y se fortalezca un sentido de pertenencia hacia su entorno. Esta ponencia tiene como objetivos: 1) analizar cuál es la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos; 2) comprender qué características tiene el contexto normativo y la política institucionalizada en funcionamiento de los Consejos de Participación Social (COPACI en adelante) en el municipio de Ecatepec de Morelos en 2020; y 3) explicar 191 cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre la construcción de ciudadanía y las políticas públicas del gobierno municipal. Utilizando un enfoque de investigación cualitativa a través de la consulta de fuentes bibliográficas teóricas e institucionales, así como un estudio de opinión realizado y una sistematización de entrevistas en una selección de los COPACI del municipio de Ecatepec de Morelos en el año de 2020. Se plantea como hipótesis que los COPACI son relevantes en la construcción de procesos de organización social y comunitaria, pero su desempeño contribuye relativamente a la construcción de ciudadanía debido al control político y gubernamental que restringe la participación ciudadana en el lugar. Asimismo, se percibe entre la ciudadanía la necesidad de generar procesos de incidencia política y educativa para contrarrestar el clientelismo político y la desafección en los asuntos públicos locales. Consideraciones teóricas al tema Si bien se reconoce entre la literatura existente que la participación ciudadana es un derecho inalienable y es un requisito fundamental de la democracia, la construcción de ciudadanía, por su parte, constituye un motor esencial para generar procesos de incidencia más allá de aspectos reivindicativos y se considera medular en la formación de procesos socioeducativos en la comunidad. De acuerdo con Dewey (1953:93) la democracia participativa advierte un proceso de formación participativo, abierto e inclusivo, así como una visión educativa centrada en la igualdad de oportunidades con el fin de construir una mejor concepción de la realidad. En efecto, la fundación de nuevas relaciones entre Estado y la sociedad civil, así como de nuevos sujetos cívicos, críticos y motivados moralmente a participar en los asuntos públicos, apunta hacia la ruptura del control y la ciudadanía política dominante que caracteriza a una gran parte de los sistemas políticos y de las democracias contemporáneas. Asimismo, se infiere que es importante contextualizar, reconstruir y deconstruir los discursos y las prácticas políticas, sociales y educativas con el fin de generar otras bases alternativas que permitan cimentar y proponer nuevas formas de entender y educar a la ciudadanía. La construcción de ciudadanía refiere a la formación de procesos educativos y pedagógicos cimentados en la conformación de un imaginario colectivo, así como esencialmente en los hábitos y actitudes que se presentan de los sujetos en un determinado sistema político. Si bien 192 estas prácticas no obedecen al seguimiento estricto de un marco legal o normativo, es importante fortalecer los lazos y canales de comunicación informales de forma sistemática y enaltecer los valores colectivos. “La ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad” (Marshall, 1998: 37).” En este sentido, la formación de ciudadanía constituye un pilar de los procesos de participación participativa y de los mecanismos de vinculación entre Estado y sociedad. En esta relación existe la necesidad de organización colectiva para afianzar los contenidos establecidos en la ley, así como revisar otras fuentes que permitan generar el establecimiento de políticas públicas y atender los problemas públicos desde otra visión y perspectiva en la cual un “nuevo sujeto ciudadano” se interese en el bien de su comunidad. Mercedes Oraisón (2005:20) dice que la ciudadanía moderna se ha ido construyendo en los distintos contextos sociopolíticos, y se apoya bajo principios y postulados en tensión que tienen que ver con las condiciones en que se ejerce la libertad-igualdad, representaciónparticipación, interés individual-interés común, entre otros. En este proceso, la construcción de ciudadanía ha involucrado diferentes disputas ideológicas y políticas debido a la necesidad de asumir la formación de los procesos educativos desde el Estado hacia la sociedad. Además, se establece que: “el principio de educación común entre en conflicto con el tema de tolerancia cultural, suscitando controversia sobre cuáles deben ser los contenidos de la educación del ciudadano y qué grado de inclusión y fuerza de cohesión social deberían tener los valores en lo que aquella se sustenta” (Oraisón, 2005:21). En base a lo anterior, se puede afirmar que la cuestión de la construcción de ciudadanía es posible enmarcarla en una configuración de carácter pedagógico en donde se requiere generar competencias y virtudes éticas, cívicas y sociales que permitan contribuir a la formación educativa y al conocimiento de la imagen de ciudadano. Esta formación del ciudadano advierte no sólo potenciar comportamientos y aptitudes, sino también generar una vinculación con la democracia participativa y representativa con el fin de establecer otra perspectiva en la visión de lo político y de lo público. En esta discusión Adela Cortina (1993:91) expone que la formación de ciudadanía tiene un valor formativo en que la 193 educación plantea la posibilidad de generar un sujeto político y social capaz de involucrarse en los asuntos públicos. En el ámbito de la democracia representativa, éste sujeto se constituye como un enlace que permite realizar sus fines privados y atender, la defensa de los derechos colectivos. El ciudadano es no sólo un sujeto político que participa en la vida pública, sino se constituye como el motor principal de los asuntos colectivos. En efecto, la construcción de ciudadanía plantea valorar un nuevo esquema de relaciones sociales y procesos de comunicación entre los individuos, así como generar competencias cívicas donde la labor pedagógica se considera esencial en la formación de ciudadanos activos e interlocutores para procesos de cooperación y construcción de normas generales de convivencia. Consideramos que es importante fortalecer los canales de interlocución y mecanismos de diálogo a través de los cuales se logre definir instancias de carácter ciudadano y participativo entre el Estado y los distintos grupos y organizaciones de la sociedad civil, así como crear formas de representación que permitan proveer de insumos para las decisiones en las políticas públicas. Ahora bien, y desde un enfoque sociológico (Gallino, 2008, 681), la participación ciudadana alude a la posibilidad de que los ciudadanos participen directa e indirectamente en los procesos de decisión, así como en aquellas actividades que tienen que ver con sus espacios de convivencia y desarrollo comunitario. Debido a la crisis de representación política que existe en todo el mundo por la falta de sinceridad en el manejo de los asuntos públicos, la acción colectiva se considera una parte medular para explicar el éxito y la legitimidad de la gestión pública. Como bien lo expresa Nuria Cunnill (1991, p. 48), el concepto ha tomado fuerza para explicar la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos. La participación ciudadana tiene que ver con diversas actividades sociales y ciudadanas que refieren a los fenómenos de agrupación y convivencia de individuos, así como a la defensa de sus intereses sociales y existencia colectiva. La distinción entre la acción social y ciudadana implica examinar la dirección de la participación y su ámbito de interacción con el Estado. La decisión de participar es resultado de un actuar reflexivo, de una decisión; se no se trata de una decisión apoyada en la sola ponderación de los costos y beneficios que derivarían de la participación; es, más bien, una decisión racional de los individuos 194 entendidos como personas, esto es, condicionada por el conjunto de características que integran su contexto vital (Pliego, 2000: 28). Finalmente, la construcción de ciudadanía y los procesos de incidencia colectiva en los asuntos públicos advierten la necesidad de fortalecer al sujeto con plenas competencias acerca de su conocimiento del sistema político y enfatizar en las habilidades de comunicación, ética e interlocución política. La construcción de ciudadanía plantea la definición de procesos de cooperación con base en esfuerzos pedagógicos que permitan avanzar en la formación de sujetos interesados en su comunidad política y que, al mismo tiempo, formen parte en el establecimiento de la estabilidad y la gobernabilidad democrática. El contexto de la participación ciudadana en México y el Estado de México En México, y en particular en el Estado de México, la legitimidad, la consistencia y la eficacia de un gobierno no sólo propone la creación de mecanismos de interlocución y representación política, sino propone garantizar la construcción de una agenda política que permita la inclusión de los ciudadanos en los procesos de consulta, deliberación y decisión de los asuntos públicos. El proceso de institucionalización de la participación ciudadana ha sido un reto complejo que se encuentra ligado a la democratización del país en las últimas cuatro décadas. En efecto, la democratización en México se puede ubicar a finales de la década de los años setenta con las reformas políticas generadas a nivel electoral y el fortalecimiento del sistema de partidos para generar cierta competencia política, aunque bajo un contexto corporativo de participación social y prácticas clientelares. La construcción de mecanismos de interlocución Estado y sociedad se caracterizó por una agenda generada desde el gobierno y formas de interacción limitadas para acceder a la toma de decisiones (Frutos: 2002:32). Hacia la década de los años ochenta, y en el contexto de la crisis económica y la ejecución de políticas neoliberales y la reforma estatal, se gestaron instrumentos de democracia directa con base en la consulta popular, el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, y que originaron varias reformas a la constitución política general y a las leyes orgánicas de las entidades federativas y municipios. En este proceso, y durante la década de los años noventa, se concretaron iniciativas para generar una nueva gobernanza y se fueron constituyendo 195 mecanismos de consulta, comités y consejos de participación como espacios de deliberación y cierta incidencia en los asuntos públicos locales. El caso de la Ciudad de México fue, sin duda, el ejemplo más claro de la apertura política y del inicio de un esquema de gobernanza democrática a través del impulso de la concertación y la participación ciudadana (Álvarez: 2019: 323). Al inicio de la década de los 2000, la experiencia generada en la capital del país, y las reformas políticas que contribuyeron a la alternancia política, generaron un mayor interés por establecer un marco legal para la participación ciudadana y una cierta apertura en los procesos de gestión pública de los ciudadanos. En este sentido, se generaron condiciones para incluir en diferentes leyes la creación de instancias para dar cabida a los ciudadanos en los asuntos públicos, así como se reformaron diversas disposiciones para reconocer la necesidad de inclusión de la acción colectiva y la movilización social. En un contexto caracterizado por una gran concentración urbana llevada hasta sus extremos en la llamada Zona Metropolitana de la Ciudad de México y las masivas corrientes de población en sus municipios, así como un incontrolado número de actividades industriales, comerciales, asistenciales, entre otras, y un sin fin de problemas para la vida de los habitantes como la vivienda, transporte, seguridad, servicios elementales de (agua, luz, drenaje, pavimentación), hacinamiento e insalubridad, entre otros, el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana se consideró una alternativa para atender la crisis de representación política, así como hacer un reconocimiento a las diversas formas de organización comunitaria autónomas y prácticas participativas en la relación Estado-sociedad. En el caso del Estado de México, la participación ciudadana se impulsó desde diversas instituciones estatales y locales. En 1995, se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, incorporando mecanismos de participación como el referéndum y en el Artículo 15 se definió como ciudadano al actor significativo que puede intervenir en los quehaceres gubernamentales, ya que se menciona que las organizaciones civiles podrán coadyuvar en la elaboración de los planes de desarrollo tanto estatal como los municipales. Si bien el impulso de la participación ciudadana se consideró como una oportunidad para fortalecer los procesos de concertación y gestión pública, debido a las prácticas formales e 196 informales de los actores en el proceso político estas iniciativas se estuvieron limitadas debido a la falta de interacción con la sociedad (Cruz, 2015: 83). En efecto, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y con sustento en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica en sus primeros títulos (PLEM, 2020) que es importante contar con principios para que los municipios contemplen al ciudadano como un actor central en los procesos de gobierno y que éste pueda influir en las decisiones de forma efectiva, así como en los programas municipales. Si bien existe un avance a nivel legislativo, se advierte un proceso es complejo debido a la mega concentración urbana que se detecta en los municipios conurbados a la Ciudad de México, así como a los conflictos sociales existentes y la escasa cultura política en la dinámica participativa. Coincidimos con Solano (2001:89) respecto a que la historia del Estado de México, y de la mayor parte de sus municipios, ha estado marcada por el dominio de una clase política fuerte y consolidada, así como presenta particularidades específicas para comprender el control político que por décadas han ejercido los partidos políticos, especialmente el del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En este contexto, la ley antes citada señala en el Capítulo Quinto, Artículo 64, que los Ayuntamientos para desarrollar eficazmente sus funciones, podrán auxiliarse de las comisiones del ayuntamiento, los consejos de participación ciudadana y de las organizaciones sociales representativas de las comunidades, así como de otras instancias que determinen las leyes y reglamentos o los acuerdos del ayuntamiento. También se infiere en el Artículo 66, que las comisiones del ayuntamiento serán responsables de estudiar, examinar y proponer acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la administración pública municipal, la solución de los litigios laborales en su contra, así como de vigilar e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que dicte el cabildo (PLEM, 2020: 28-29). En esta tesitura, y para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales, la ley acota que es importante auxiliarse de consejos de participación ciudadana municipal y establecer los mecanismos de incidencia conforme a los aspectos territoriales. 197 En el Artículo 74, se establece que los consejos de participación ciudadana se definen como: “órganos de comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades. Básicamente sus funciones son: promover la participación ciudadana en la realización de los programas municipales; coadyuvar para el cumplimiento de los programas; proponer acciones tendientes a integrar o modificar los programas, así como supervisar la prestación de servicios públicos e informar de sus actividades y, en su caso, dar cuenta de las aportaciones económicas que esté a su cargo” (PLEM, 2020:30). Con lo anterior, se infiere que el Estado de México y sus municipios cuentan con instrumentos gubernamentales que coadyuvan a la construcción de vínculos de participación y que aún se encuentran en proceso de definición. En el caso del Municipio de Ecatepec de Morelos los denominados COPACI se encuentran regidos por el artículo 40 del bando municipal de Ecatepec, vigente en 2019, donde se le atribuyen funciones como órganos de representación entre la ciudadanía y el gobierno municipal para la promoción de la participación, la gestión social y el resguardo de los bienes inmuebles que se utilizan para el beneficio de la ciudadanía. Específicamente en el Artículo 40, se indica que: “los Consejos de Participación Ciudadana, en el marco de la normatividad y con un alto sentido de responsabilidad y honestidad, se constituyen como órganos de representación entre la ciudadanía y el gobierno municipal. Tienen como finalidad la promoción y gestión social, así como el resguardo y utilidad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal que se destinen para beneficio de la población, en cumplimiento de los planes y programas municipales, a favor de las vecinas y los vecinos de sus respectivas comunidades” (BMECM, 2019:37). Con base en lo anterior, se puede derivar que el diseño institucional de los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) ha tenido un avance importante, pero el sentido de su operación política se infiere como espacios de consulta y la calidad de su intervención es acotada a las acciones de la misma gestión pública gubernamental. De hecho, se considera en el Artículo 77 de la misma ley antes citada, que estos espacios son instancias de apoyo entre los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, constructores o desarrolladores de 198 las autoridades municipales, lo cual advierte la limitada autonomía en su capacidad de gestión municipal. Ecatepec de Morelos y la agenda hacia la participación ciudadana El municipio de Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que componen actualmente el Estado de México y es el municipio más grande con una población cercana a un millón setecientos mil habitantes. Este lugar se caracteriza por ser un municipio geográficamente complejo y multicultural debido a la composición de su población y actividades diversas que se registran en este lugar. El municipio se encuentra ubicado en el oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y colinda con localidades de los municipios de Tultitlán, Jaltenco, Tonanitla, Tecámac, Gustavo A. Madero, Nezahualcóyotl, Texcoco, San Salvador Atenco, Texcoco, Acolman, Coacalco y Tlalnepantla (Figura 1). Figura 1. Ecatepec de Morelos y la Zona Metropolitana de la CDMX, 2020. Fuente: Instituto Nacional de Geografía e Informática, 2020. 199 Desde su origen el Municipio ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sólo hasta el año 2000, se reconoció un triunfo del Partido Acción Nacional (PAN). Hacia el año de 2003, este lugar fue gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y recientemente en el año de 2019, por el llamado Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). De caracterizarse como un municipio dedicado a actividades agrícolas y ganaderas hasta la primera mitad del siglo XX, Ecatepec de Morelos se transformó rápidamente, con el proceso de industrialización y urbanización iniciado en los años cincuenta, en un espacio de empresas del sector químico y, con ello, la vida urbana en el municipio se vinculó a la vida obrera y sindical. De acuerdo con Bassols (2011: 185), en este lugar los procesos de transformación económica e industrial generaron una gran concentración urbana llevada hasta sus extremos en la región y se originó un crecimiento poblacional sin control para el desarrollo económico local. En las últimas décadas Ecatepec, al igual que otros municipios conurbanos a la capital del país, ha registrado una pérdida de la calidad de vida y un aumento importante de pobreza extrema y marginación social con un desarrollo social y económico desigual, así como procesos de control social y político desde el Estado y una escasa participación ciudadana en la gestión pública del municipio. En efecto, el contexto socioeconómico de Ecatepec revela que la inseguridad, la violencia, el consumo de drogas y el empleo informal, entre otros aspectos, son características que se observan en el desarrollo de este lugar. A este respecto, y desde el año 2008, el país tiene un sistema de medición multidimensional de la pobreza que le ha permitido contar con un panorama preciso del desempeño la política de desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal. Si bien es importante reconocer el esfuerzo de los gobiernos municipales por atender asunto, datos del CONEVAL en 2020, señalan que en Ecatepec se registró un porcentaje de pobreza relativamente bajo, pero con un alto (Véase Gráfica 1. 42.7%) número de personas viviendo en esta situación en comparación a los demás municipios de la entidad federativa. 200 Gráfica 1. Municipios con mayor porcentaje y número de personas en situación de pobreza, Estado de México (Ecatepec de Morelos), 2015. Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020. Desde otra perspectiva de análisis, el dato anterior revela que este municipio es un caso en el que se registra un menor porcentaje de población en pobreza extrema, aunque el informe infiere que existe un mayor número de personas en esta condición en ambos años. Asimismo, se pone en evidencia que la tendencia en la distribución de pobreza y pobreza extrema entre los municipios de esta región requiere de políticas públicas integrales, así como atender las necesidades básicas en aquellas localidades que padecen de los mínimos necesarios para el bienestar. De la misma forma, se deduce la necesidad de impulsar una agenda para el desarrollo municipal con perspectiva integral de derechos sociales no solo de la pobreza en sí misma, sino generar mecanismos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana efectiva. Ahora bien, y como se aludió en la sección conceptual, el desarrollo de una democracia plena y participativa sólo es posible con la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos. En el caso de Ecatepec la construcción de una agenda política participativa se sustenta en las normas generadas en los Bandos de Policía y Buen Gobierno (2020), así como en las disposiciones del Plan de Desarrollo Estatal y Planes de Desarrollo Municipales que se constituyen para coadyuvar al desarrollo político, económico y social del lugar. En estos 201 documentos se define y delimita el papel de que tienen los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) en el desarrollo local. Los nombrados COPACI en el Estado de México adquieren características específicas de acuerdo con el contexto sociodemográfico y educativo que existe en cada municipio, sin embargo, su funcionamiento se encuentra sustentado conforme a la Ley Orgánica Estatal, así como a las adecuaciones que se realizan en los reglamentos municipales, que establecen las características de la participación ciudadana y los procedimientos para la elección. En este sentido, en el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Ecatepec del año de 2019, se expone claramente en su Artículo 6, que la Administración Pública Municipal podrá auxiliarse de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, las autoridades auxiliares, los Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones o Asociaciones de la sociedad civil representativas a las comunidades para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales. Para formar parte de un COPACI, el reglamento en su Artículo 40, establece que se deben reunir los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; b) Contar con mayoría de edad al día de la elección; c) saber leer y escribir; d) tener su residencia en la comunidad donde se le proponga o designe cuando menos seis meses antes de las elecciones; e) No haber sido condenado por delito grave, ni estar sujeto a proceso penal alguno; f) Firmar de conformidad la aceptación para el cargo que sea propuesto, absteniéndose de participar en más de una planilla; y, g) No haber sido integrante propietario del Consejo de Participación Ciudadana, ni delegado o suplente en funciones de propietario en el periodo próximo pasado (Reglamento de COPACI, 2019: 11). Por otro lado, y en cuanto a su método de elección, la convocatoria para la elección de los COPACI indica en su Artículo 12, que será el Ayuntamiento quien deberá de publicar la convocatoria conforme a los Artículos 59 y 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. En términos generales, el artículo 59 señala que la convocatoria deberá expedirse cuando menos diez días antes de la elección, y se realizara entre el segundo domingo de marzo y el 30 de ese mes del primer año de gobierno del ayuntamiento, quienes a su vez 202 entraran en funciones a más tardar el 15 de abril del mismo año. Por otro lado, el artículo 73 expone que cada Consejo de Participación Ciudadana se integrará hasta con cinco vecinos del municipio con sus respectivos suplentes, uno de los cuales presidirá, otro fungirá como secretario y otro como tesorero, y en su caso dos vocales que serán electos en las diversas localidades por los habitantes de sus comunidades. Se puede subrayar que los COPACI se constituyen en el marco de la agenda política municipal, así como en las funciones y atribuciones que la legislación les otorga para el desempeño de sus funciones. En este proceso, se puede afirmar que la agenda política se promueve desde el gobierno y la finalidad que se busca, en un primer momento, es lograr incentivar la gestión social, así como, en segundo lugar, crear las condiciones para construir procesos de organización social y, de alguna manera, incidencia pública sobre necesidades específicas de vivienda, equipamiento e infraestructura urbana, así como servicios públicos municipales, entre otras actividades que tienen que ver con eventos comunitarios, seguimiento al uso de recursos públicos y tareas de fomento cívico e identidad vecinal, entre otras. Es necesario recordar que la legitimidad de un gobierno radica en la capacidad para crear un diagnóstico acerca de las condiciones que son necesarias para fortalecer la legitimidad. En este sentido, el funcionamiento de los COPACI es posible visualizarlos desde una perspectiva más amplia relacionada con la interacción gobierno-ciudadano y que, ciertamente, se deriva del trabajo que se desarrolla desde cualquier punto de la estructura del gobierno municipal. En este marco, la imagen que el ciudadano posee de su gobierno se relaciona directamente con las instancias y sujetos con los que interactúa, así como con el grado de atención que se genera en la prestación de servicios y bienes públicos. Como bien apunta Cabrero: “Cualquier proyecto estratégico de gobierno municipal por más implacablemente que se haya diseñado puede desvanecerse si no se cuida sistemáticamente el punto de interacción con ciudadanos […] la existencia de mecanismos institucionales y normas para la participación, si bien no deber ser interpretadas como un indicador de inexistencia de participación, dado que ésta se puede dar aun sin mecanismos formalmente establecidos, sí induce a pensar en una falta de organización o sistematización capaz de hacer más útil y constructivo el proceso (1999:55).” 203 Para comprender la interacción entre gobierno y ciudadanos en Ecatepec de Morelos, el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2022, señala en su Eje Transversal 2. Gobierno moderno, capaz y responsable, vigorizar los procesos de diálogo con la ciudadanía con el objetivo de mantener la gobernabilidad y fortalecer el desempeño de las instituciones. En este proceso se destaca la atención de demandas y necesidades con base en mecanismos de diálogo, respeto a sus libertades y con apego a derecho. Textualmente el Plan aclara que: “En el Municipio de Ecatepec se pretende, difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público (H. Ayuntamiento de Ecatepec, 2019: 353).” De esta forma, se destacan dos grandes estrategias que apuntan hacia: 1) Incrementar la retroalimentación entre autoridades municipales y población (redes sociales, escritos y digitales); 2) Hacer partícipe a la población en general a las diversas campañas impulsadas por los distintos medios de comunicación (mediante encuestas y entrevistas de la población y mantenerlos informados). En este contexto, y para llevar a cabo un proceso integral que permita evaluar el desempeño del municipio en su conjunto, el Plan de Desarrollo propone que la Contraloría Interna Municipal sea la instancia clave para conocer el desempeño de las actividades, así como estimar el trabajo que realizan los servidores públicos. Así, se destaca que este órgano es el responsable de generar procedimientos no sólo de vigilancia a la función pública municipal, sino también para coadyuvar a los procesos de planeación y organización que permita el mejor desempeño del municipio por medios informáticos. Ahora bien, y de acuerdo con el Informe de Gobierno de 2021, el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, informó que en el contexto de la pandemia COVID19, que afecta a la mayor parte del mundo y del país, se llevaron a cabo una serie de “estrategias especiales” para buscar acciones coordinadas en una población de poco más de dos millones de personas en este lugar. En su informe no sólo se destacó la falta de apoyo del gobierno estatal para hacer frente a los principales públicos relacionados con el abastecimiento de agua potable, sino que también subrayó algunos de los avances que se 204 tienen en el mejoramiento de la infraestructura vial, la seguridad ciudadana y la salud, entre otras acciones vinculadas con la equidad de género y la inclusión social. Figura 2. Aprobación de la gestión municipal de alcaldes (Ecatepec de Morelos), 2020. Fuente: Consulta Mitofsky, diciembre 2020. De acuerdo con la empresa Consulta Mitofsky (2021. Figura 2), la gestión pública del primer edil del municipio se ha colocado entre los mejores alcaldes de México al obtener el 47.7% de aprobación ciudadana y una mención sobresaliente entre los municipios de la región, ya que en 2019 alcanzó el 26.15 de aprobación ciudadana. Para el presidente municipal las repavimentaciones, bacheo, instalación de luminarias y la construcción de grandes obras como la clínica materno infantil del DIF municipal, así como la perforación y rehabilitación de pozos de agua potable, entre muchas otras obras, influyeron en la percepción ciudadana sobre el gobierno. En esta misma línea, en marzo de 2021, se llevó a cabo la toma de protesta a 542 autoridades municipales de la comunidad y COPACI en la cual se dijo que existe la necesidad de reconstruir al municipio, así como fortalecer la idea de participación ciudadana con el registro de 596 planillas y se registró una votación de 185 personas. Como se ha dicho, la imagen sobre corrupción que la ciudadanía y los medios de comunicación tienen sobre un gobierno local constituye un tema central en el discurso 205 ideológico y la definición de una agenda de participación ciudadana. Un análisis del discurso realizado por el edil en fuentes electrónicas del propio municipio evidencia que existe una fuerte necesidad de avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de control y gestión municipal, así como mejorar los mecanismos de interlocución con la sociedad por medio de obras públicas y la incidencia ciudadana. En este sentido, y como lo destacó el edil, Fernando Vilchis, en su discurso en marzo de 2021, el municipio requiere la suma de voluntades y esfuerzos y concluyó señalando que: “hay gente que estará velando esos interese para que Ecatepec sea no el municipio más grande ni con más problemas, sino el más importante, el de mayor crecimiento económico, el de mayor seguridad y el de mayor prosperidad (2 Informe de Gobierno Ecatepec, 2020:2). Percepción ciudadana y discusión sobre los COPACI en Ecatepec de Morelos El Municipio de Ecatepec de Morelos ha sufrido una serie de transformaciones sociodemográficas y urbanas en los últimos años. Este lugar, históricamente se ha caracterizado por un amplio número de necesidades y demandas que trae consigo diversos conflictos que afectan no sólo la reconstrucción del tejido social y el desarrollo comunitario, sino la creación de condiciones propicias para la gobernabilidad y fortalecer los mecanismos para mitigar la exclusión social, los altos índices de pobreza, la inseguridad urbana y la violencia social que se registra en las colonias y barrios que integran el municipio. Se puede enunciar que, por décadas, Ecatepec ha sido un espacio político en el cual los gobiernos que han administrado el municipio han fincado sus bases de apoyo en redes de poder territoriales, grupos de interés y grupos minoritarios que han controlado la participación ciudadana desde una óptica paternal, partidista y clientelar. Durante la etapa de los gobiernos del PRI, este lugar se caracterizó por el intercambio político en la prestación de servicios públicos y la obra social limitando la construcción de una ciudadanía autónoma y restringiendo la formación de organizaciones sociales libres de los intereses políticos del municipio. 206 Todos estos hechos, en su conjunto, advierten la necesidad de conocer la percepción que se tienen entre la población sobre el desempeño del gobierno local, así como el sentir que se expresa para generar procesos de construcción de ciudadanía, movilización social e incidencia hacia la agenda política de gobierno. En este contexto, y bajo las consideraciones teóricas y contextuales antes señaladas, a continuación, se presentan selección de los principales resultados obtenidos en una encuesta realizadas en el mes de septiembre de 2020. Es importante aclarar que, si bien en 2019 se constituyeron 542 Consejos de Coordinación de Participación Ciudadana en el municipio, en el mes de septiembre de 2020, la Dirección General de Gobierno del municipio señaló que sólo 271 estaban funcionando. En base a esta información, se consideró una muestra de 36 COPACI con un nivel de confianza de 80% y un margen de error del 10%, y se complementó el trabajo con entrevistas realizadas a integrantes a informantes claves. En este sentido, se elaboró un cuestionario semiestructurado con 3 temas generales y 22 preguntas concisas sobre: a) perfil de los entrevistados y conocimiento sobre la participación ciudadana; b) opinión sobre la cultura política y la democracia en el lugar; y c) sobre los COPACI y su funcionamiento en el municipio. El trabajo de campo se realizó en las colonias: Ciudad Amanecer, Ciudad Oriente, U.H. Federación Ecatepec, Sauces Coalición, Sauces PRI, Sauces II, Sauces V, Alborada, Poesía Mexicana, 16 de septiembre, Novela Mexicana II y Bugambilias de Aragón. Las entrevistas se realizaron en las colonias: Cuauhtémoc, Sección Tízoc, Laderas del Peñón y Campiña de Aragón. Con todos los datos obtenidos, se realizó una sistematización de las categorías de análisis concretas a discutir conforme a los objetivos de este trabajo. El primer tema que se abordó en la encuesta fue acerca del perfil de los entrevistados, así como de su conocimiento sobre la participación ciudadana (Gráfico 2). A este respecto, se obtuvo que: los integrantes de los Consejo de Participación Ciudadana en el Municipio de Ecatepec se caracterizan por la presencia de mujeres (62%) y una menor presencia de los hombres (38%); en su mayor parte (44%) de las personas entrevistadas se dedican a labores del hogar y el 66% se distribuye con actores dedicados al comercio (13%), son empleados (13%), desempleados (9%) o se dedican alguna profesión eventual (9%) o son pensionados (3%). En este universo, se registró que más del 53% saben o han oído acerca de la noción de 207 participación ciudadana, y se detectó que existe un conocimiento general del tema en las tareas que realiza el municipio. En este mismo sentido, una parte importante (53%) asoció la idea de participación con el tema de los derechos ciudadanos y con la noción de elegir a los representantes en las elecciones (38%). Gráfico 2. Conocimiento sobre la participación ciudadana en los COPACI en Ecatepec de Morelos (septiembre, 2020). Fuente: elaboración con datos de la Encuesta COPACI, Ecatepec de Morelos, 2020. En este contexto, es interesante señalar que un 32% de los interrogados dijo haber participado en el último año en acciones colectivas relacionadas con asambleas vecinales, en las que se habla de temas como la falta de agua, alumbrado público e inseguridad, principalmente; otro, 32% de los consultados indicó haber participado en jornadas de limpieza, reforestación de camellones o áreas verdes y espacios de convivencia (Gráfico 3). Por otro lado, un 12% de los entrevistados señaló que la idea de participar se relaciona con marchas, como la única forma en que el gobierno visibiliza sus problemas y les hace caso. En este tema, destaca que un 10% de los entrevistados afirmó que en las asambleas políticas: “es más fácil que resuelvan problemáticas si perteneces a una organización o partido político, y más si éste último se identifica con el color del gobierno en turno”. Finalmente, sólo un 10% de los encuestados matizó que es necesario realizar bloqueos en las avenidas para dialogar con el gobierno y para que sus demandas sean atendidas. 208 Gráfico 3. Acción colectiva de los integrantes de los COPACI en Ecatepec de Morelos, (septiembre), 2020. Trabajo Comunitario, 32% Mitin Asambleas Vecinales, 32% Marchas, 12% Bloqueos, 6% Asambleas Políticas, 10% Fuente: elaboración con datos de la Encuesta COPACI Ecatepec de Morelos. Ahora bien, cuando se les preguntó a los entrevistados acerca de su participación en las tareas que realiza el gobierno en las colonias antes citadas, se encontró que más del 59% considera que se requiere de algún contacto (algunos dijeron “padrino”) para lograr una cierta incidencia en los Consejos de Participación Ciudadana, ya que por lo general las reuniones son dentro del municipio y con líderes sociales y políticos en la que se advierte una relación de intercambio y clientelismo político previa a la discusión de los problemas públicos. En este sentido, más del 50% de los indagados reconoció que: “no se les toma en cuenta, ya que existe muchas demandas de la comunidad, pero poca transparencia del municipio en su gestión pública (Gráfico 4). Casi un 20% de los encuestados dijo sentir desconfianza en las instituciones del y sólo un 16% acepta que existe desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, así como, por otro lado, el 59% dijo que en México no existe una democracia plena. Sólo un 20% indicó que con el PRI se les daba más apoyos o su “dinerito”. 209 Gráfico 4. Opinión sobre la participación ciudadana en los COPACI en Ecatepec de Morelos, (septiembre), 2020. Fuente: elaboración con datos de la Encuesta COPACI Ecatepec. De esta manera, del 100% de los encuestados, más del 53% indicó la necesidad de construir mecanismos de participación ciudadana con respecto a los derechos humanos y, asimismo un 19%, señaló la importancia de lograr transparencia y rendición de cuentas en las tareas que lleva a cabo el municipio en la democracia de la entidad. A este respecto, existe entre la mayor parte de los entrevistados la necesidad de “hacer algo por el municipio”, aunque se reconoce que existe falta de información sobre los problemas principales y cómo se resuelven por parte de las autoridades. Asimismo, y cuando se les preguntó acerca de sí la política contribuye o no a mejorar la vida de todos los mexicanos, más del 63% de los encuestados indicó que sólo influye para algunos aspectos y el resto (37%) dijo que: “no influye en nada en su vida ni en su entorno de vida”. Como se advierte en los datos presentados, ciertamente entre los entrevistados existe un conocimiento limitado sobre la importancia que tienen los COPACI en el escenario de la construcción de ciudadanía en Ecatepec de Morelos. A este respecto, más del 78% de los entrevistados indicó saber para qué sirven estas instancias ciudadanas, pero más del 66% desconocen su funcionamiento explícito, así como el trabajo de representación que se realiza 210 en su interior, y un 16% asocia el trabajo con lo que hacen los partidos políticos y sólo el 6% afirman saber lo que hacen los funcionarios del municipio en el tema. Gráfico 5. Causas de la deserción de la participación ciudadana en los COPACI en Ecatepec de Morelos (septiembre), 2020 Fuente: elaboración con datos de la Encuesta COPACI Ecatepec Morelos, 2020. En este marco, y al preguntar si conocer el programa de trabajo de los COPACI, los datos obtenidos revelan que más del 84% de los encuestados admiten no tener conocimiento de un programa o agenda desde el gobierno para organizar las tareas de colaboración ciudadana. En este orden de ideas, se identificó que el 44% de los integrantes de los COPACI no concluyen su periodo de gestión para el que fueron electos y un 37% no tienen los conocimientos necesarios que le permitan participar mejor y un 13% dijo que hay “otros factores” que le impiden seguir en las labores, aunque más del 90% de los encuestados señaló que su principal motivación para participar es lograr mejorar las condiciones de sus comunidades, así como realizar trabajo comunitario u otras tareas (Gráfico 5). En síntesis, uno de los objetivos de la encuesta fue determinar la percepción y el conocimiento que tienen la muestra elegida de los integrantes de los COPACI, así como conocer no sólo el tipo de cultura política que prevalece en este lugar, sino también evaluar los desafíos que se presentan para la construcción de ciudadanía y la incidencia en políticas públicas. En este sentido, y al analizar los componentes de la cultura política asociada con la 211 democracia se deduce que un 53% de los integrantes coincide en que es necesario motivar la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas, las elecciones libres y el bienestar social. Por un lado, y si bien más del 90% de los entrevistados señala la importancia que tiene la organización social para incidir en políticas públicas, se deriva que existe aún un conocimiento limitado del funcionamiento de los mecanismos de participación política en el lugar. La información obtenida permite enunciar que en las colonias de estudio impera la apatía, la desinformación y la desconfianza para generar organización social y constituir procesos de incidencia en políticas públicas en el corto plazo. Por otra parte, entre los integrantes de los COPACI seleccionados se observó que les interesan los asuntos públicos, pero no existen los espacios o mecanismos apropiados para construir discusión y deliberación. Su conocimiento se percibió limitado para hacer frente a los problemas sociales de una forma colectiva y, por el contrario, su realidad es de constante desconfianza hacia las acciones de gobierno. Por lo general, se identifica a los COPACI con las acciones de gobierno y su labor no es reconocida como un espacio autónomo que permita generar propuestas descentralizadas a las decisiones del gobierno en turno. Precisamente, y como se ejemplifica en la Figura 3, es a través de la Dirección de Gobierno como se articula el trabajo de interfaz con la comunidad de un modo vertical y que se asemeja más a las formas tradicionales de control político que han prevalecido por décadas en este lugar. A este respecto, más del 90% de los entrevistados considera que los partidos políticos influyen directamente sobre la selección de los COPACI, teniendo como base la experiencia que han obtenido en su vinculación con líderes locales que pertenecen a los diferentes colores que han gobernado el municipio por décadas y que genera un rechazo dadas las características de centralismo y clientelismo electoral que ha prevalecido en el Estado de México. En este sentido, el tema de construcción democrática se expresa como un imaginario y motiva sentimientos confusos, ya que más del 59% de los entrevistados dicen que: “no creen que en México se viva en una democracia plena”, debido a que no lo ven reflejado en el mejoramiento de su forma de vida; mientras que un 41% consideran que sí. Asimismo, más del 50% de los ciudadanos señalan que: “no se les toma en cuenta y se sienten rechazados 212 por el gobierno, por esta razón prefieren no participar y expresan que la política tiene una cierta influencia en su vida”. Figura 3. Los Consejos de Participación Ciudadana con el Gobierno Municipal de Ecatepec de Morelos. Fuente: elaboración con base en el Organigrama del Municipio de Ecatepec de Morelos. Desde otra perspectiva, y con base en los datos obtenidos, se puede esbozar que la selección de personas entrevistadas refleja que en Ecatepec de Morelos existe una desafección cada vez mayor por la política y la democracia lo cual se refleja en el funcionamiento de los COPACI, en el sentido de que su forma de operación no es la más adecuada para integrar procesos de inclusión en la agenda de gobierno y, por el contrario, es limitado, poco autónomo y con frecuencia se desarrollan relaciones de tipo corporativo y clientelar que afectan el desempeño y un mayor interés de los ciudadanos ante la presencia de personas que simpatizan o se vinculan directamente a los partidos políticos locales. De acuerdo con los integrantes entrevistados en los COPACI, los grupos o partidos políticos son los actores más relevantes en Ecatepec de Morelos, concentrando el poder y 213 centralizando la mayor parte de las decisiones públicas. Lo anterior, explica no sólo el débil funcionamiento de los mecanismos existentes de participación social, sino la construcción de lazos político y acuerdos para lograr el control territorial en la zona e incidir políticamente. Es importante subrayar que, cuando se cuestionó a los entrevistados sobre temas relacionados con la democracia y la cultura cívica, se registró un desconocimiento casi total que explica no sólo las tensiones y conflictos que se expresan en el lugar, sino la necesidad de construir procesos de formación cívica y ciudadana para fortalecer la cohesión social, así como crear mecanismos alternativos de movilización que se expresen como contrapeso a la decisiones de gobierno y a la incipiente calidad en la gestión pública que se desarrolla en ese lugar. En suma, estos hechos, sin duda, consideramos que constituyen obstáculos para el desarrollo político y democrático que se requiere en el municipio, así como desincentivan la participación de liderazgos sociales para generar procesos de gobernanza que se expresan por una sana colaboración con el gobierno y a margen de partidos políticos que controlan y fomentan estratégicamente la no participación ciudadana en los asuntos públicos. Como se ha expresado, la participación ciudadana es un mecanismo que permite a los ciudadanos acceder al ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales y, al mismo, tiempo, permite construir ciudadanía de una forma consciente para influir en las decisiones y debatir los temas de mayor interés. En Ecatepec de Morelos, este proceso aún se encuentra en marcha. Reflexiones finales Con base en lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que los nombrados COPACI constituyen órganos importantes para impulsar la representación y cuyo objetivo principal es vincular a los ciudadanos con su gobierno, así como motivar la discusión, deliberación y toma de decisiones sobre los problemas públicos que se presentan en la comunidad. En este sentido, la noción de participación permite el ejercicio de la ciudadanía en sus diferentes acepciones (civil, política y social), contribuye a la construcción de espacios plurales en el que se propone el involucramiento de las personas, grupos y organizaciones en lo público. La participación forma parte de un proceso más amplio en el que no sólo intervienen actores poseedores de igualdad y autonomía, sino se crean las condiciones para impulsar procesos socioeducativos que permitan para fortalecer la identidad y la representación política. 214 Desde otra perspectiva, el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana abona no sólo a la legitimidad de las acciones de gobierno, sino permite integrar y generar cohesión social para estimular el sentido de pertenencia e intervenir en los asuntos públicos. Precisamente, la construcción de ciudadanía advierte un proceso cultural que implica fortalecer los valores y el conocimiento de los derechos, así como constituye un proceso de incidencia política en el que se movilizan las demandas y se definen mecanismos de organización política para generar vínculos y espacios de cooperación colectivos. En el caso del municipio de Ecatepec de Morelos la construcción de mecanismos de participación ciudadana, como exactamente los COPACI, ha sido un proceso lento y gradual que desde la década de los años setenta se caracteriza por un control de la agenda de gobierno y un sistema político con rasgos autoritarios en la toma de decisiones, así como partidos políticos que no logran generar alternativas diferentes en el ejercicio de interlocución política con la sociedad. Si bien Ecatepec fue considerado hace más de treinta años como un territorio atractivo para la población por la presencia de industrias y fuentes de trabajo, el desarrollo de procesos de participación ciudadana ha sido muy limitado, en contraste con el crecimiento urbano excesivo y un aumento de la población sin control donde se percibe un déficit en la provisión de servicios públicos, especialmente el agua y el drenaje, y se registran problemas sociales, inseguridad y violencia que afectan la cohesión social y la estabilidad del lugar. Una forma de construir una mejor gobernanza participativa en este municipio es, ciertamente, a través de la creación de espacios de participación autónomos y organización social horizontal para incidir en lo público y aumentar la confianza institucional. De los datos obtenidos, se concluye que es necesario revisar no sólo el marco jurídico e institucional de los COPACI, sino conviene reformar los mecanismos existentes para complementar la gestión política y administrativa y dejar de ser percibidos entre la población como instancias oficiales del gobierno, o bien, como espacios que carecen de autonomía de gestión e incluso órganos para fortalecer el control político del territorio a favor de los partidos políticos y el gobierno en turno. De acuerdo con las evidencias presentadas, se puede afirmar que los COPACI no constituyen mecanismos efectivos para la construcción de ciudadanía política, ya que son entidades que 215 forman parte de la estructura del gobierno y se utilizan para incentivar la participación controlada que tiene como objetivo movilizar los apoyos políticos y las preferencias electorales entre los habitantes. No hay duda de que es necesario impulsar una participación ciudadana auténtica en Ecatepec de Morelos, pero para lograr este objetivo se requiere voluntad por parte del gobierno para generar un nuevo modelo de interacción entre gobiernosociedad, así como un firme compromiso para fundar programas desde una visión descentralizada y ajena a cualquier interés por parte de líderes y grupos que promueven la cooptación sistemática a favor del gobierno y que no permiten generar proyectos de inclusión desde un enfoque descentralizado y con plena libertad entre los ciudadanos. De la misma forma, es importante señalar que existe otros mecanismos de participación política que se han experimentado en algunas zonas del territorio como el presupuesto participativo que requieren analizarse y evaluarse para conocer el impacto que se tiene desde los COPACI y su papel en la detección de demandas y necesidades entre la población. En este sentido, es importante señalar que, desde el año de 2008, en Ecatepec de Morelos se registra un esfuerzo importante para sensibilizar a la ciudadanía en los asuntos públicos y lograr una mejor transparencia en el ejercicio del presupuesto público. No obstante, este proceso requiere de un trabajo inmenso debido a la desconfianza y cultura política que tiene la población sobre su gobierno. En este marco, se advierte en el actual gobierno municipal encabezado por Fernando Vilchis Contreras y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el compromiso para motivar el cambio en el mediano plazo. Sin embargo, y como se puede reconocer en diferentes eventos públicos realizados por el gobierno en el contexto de la política local (Diario Basta!, 2019), existe una limitada operatividad para resolver los conflictos en el tema de los servicios públicos, problemas de comunicación social, focalización de programas sociales y falta de transparencia gubernamental, entre otros factores, que limitan la construcción de una agenda política confiable y justa para la participación ciudadana en este lugar. 216 Se puede concluir subrayando que la implementación de mecanismos de participación ciudadana efectivos no basta con la adecuación del marco jurídico o su inclusión en los reglamentos del municipio, sino se requiere combatir las prácticas, rutinas y valores que no contribuyen a construir ciudadanía activa y responsable sino que, por el contrario, aumentan la incertidumbre, incrementan la desconfianza y la corrupción institucionalizada, así como desincentivan las iniciativas de transformación democrática en la gestión pública municipal. 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En este sentido, se exponen diversas causales y factores de orden político-administrativo y ciudadano que explican la baja intervención e incidencia ciudadana en este proceso deliberativo. Palabras clave: democracia participativa, presupuesto participativo, participación ciudadana, diseño institucional. Introducción El establecimiento de los mecanismos de la democracia participativa, como procesos complementarios a la democracia representativa, tiene su origen en dar respuesta a los problemas que actualmente enfrentan los regímenes democráticos a nivel mundial. La crisis de representación del sistema de partidos (Zovatto, 2014, p.13), aunado a la persistencia de problemas sociales y económicos, han alentado un desafecto ciudadano hacia la política en general. La respuesta que dieron los gobiernos en turno, desde la década de los noventa, fue impulsar diversos programas de descentralización de toma de decisiones hacia el ámbito subnacional (Morales y Ahuactzin, 2018) y la promoción de los mecanismos de la democracia 1 Maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa. 220 participativa2. El presupuesto participativo, siendo uno de estos, tiene por objetivo promover la participación ciudadana sobre el destino de un porcentaje determinado de los recursos públicos escasos. Este mecanismo ha sido implementado desde el año 2010 en la Ciudad de México a través de una reforma a la otrora Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Desde entonces, a pesar de ser un proceso de participación ciudadana que se ha realizado anualmente, después de diez consultas realizadas muestra un porcentaje de participación promedio del 4.77% del total de la lista nominal de electores. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es analizar el impacto del diseño institucional y de las prácticas político-administrativas y ciudadanas en la baja participación e incidencia ciudadana en el presupuesto participativo en la capital mexicana. La pregunta guía que orienta a la presente investigación es: ¿Cuáles han sido los factores institucionales que desincentivan a los ciudadanos de la Ciudad de México para participar en las consultas ciudadana de presupuesto participativo? Partiendo de la anterior pregunta se infiere a lo largo del análisis que, a pesar de que la Ciudad de México cuenta con un complejo diseño institucional procedimental, los vacíos legales existentes en el mismo, las prácticas político-administrativas que alientan al fortalecimiento de la agenda gubernamental vertical de las alcaldías, y el desconocimiento ciudadano sobre el procedimiento se han constituido como potenciales obstáculos que impiden un mayor interés y participación de sus habitantes en este mecanismo de la democracia participativa. El presente trabajo se divide en tres secciones. La primera hace referencia a las características de la democracia participativa y a las modalidades del presupuesto participativo; en la segunda parte se da a conocer el análisis comparativo del diseño institucional de este mecanismo en la Ciudad de México para que, en la tercera, se analicen los resultados 2 Los procesos de reforma, sobre todo en América del Norte, llevaron a la tensión entre mayor eficiencia o adoptar modelos más participativos en la gestión pública (Pardo y Velasco, 2009). 221 generados durante el periodo 2010-2020 considerando aquellos factores que promueven una baja participación ciudadana. Democracia participativa y el presupuesto participativo: fundamentos teóricosconceptuales El involucramiento de los ciudadanos en las decisiones públicas que inciden en la vida cotidiana de estos se puede expresar a través de distintos métodos. La democracia participativa, a través de diferentes mecanismos, tiene su fundamento en otorgar mayores espacios de participación ciudadana en el ámbito público, complementando a la actual democracia representativa3. Como tal, esta consiste en una serie de instrumentos o mecanismos jurídicos con el objetivo de ampliar la participación popular en el gobierno de la comunidad (Ramírez Nárdiz, 2009, p. 97). Esta surge como concepto y forma de régimen de gobierno democrático en la década de los años setenta con los denominados Núcleos de Intervención Participativa (Dienel y Harms, 2000, p. 83), derivado una mayor exigencia social sobre la ampliación de los espacios de la participación ciudadana en los asuntos públicos. De lo anterior, se comprende que el uso de los mecanismos de participación ciudadana, en lo general, representan la involucración directa de la comunidad en los asuntos del Estado o en la administración pública, teniendo una visión más amplia del ámbito público (Serrano Rodríguez, 2015, pp. 95-96) a través de diversas estructuras institucionales y jurídicas regulatorias. Lo anterior implica, en primera instancia, la promoción y consolidación de estructuras de condiciones sociales e institucionales que faciliten la libre discusión entre ciudadanos iguales, promoviendo condiciones favorables para la expresión, asociación, discusión y la autorización en el ejercicio del poder público (Cohen y Sabel, 1997, p. 320) y, con ello, 3 Algunos autores plantean que el marco institucional participativo amplía la concepción del ciudadano a uno más involucrado en los problemas de la comunidad, el llamado comunitarismo no se contrapone a la democracia liberal representativa, sino que mejora el desempeño democrático al involucrarse en la solución de los problemas públicos (Breña, 1995). 222 generar modelos de cogestión de decisiones públicas que regularmente son más fáciles de concretar en el ámbito local (Bowman y Hampton, 1989). Aunado a ello, se considera que la aplicación de estos mecanismos corresponde a una serie de procesos continuos de orden político y social entre autoridades gubernamentales y la ciudadanía (Tilly, 2010, pp. 37-42), basados en la inclusión, igualdad, razonabilidad y publicidad (Young, 2000, pp. 21-25), que busquen la satisfacción conjunta de las necesidades básicas económicas, políticas, culturales de la sociedad (Calle Collado, 2011, p. 22). Por otro lado, los mecanismos de la democracia participativa van de la mano de los procesos de democratización y descentralización de toma de decisiones, creando un modelo de hacer política basado en reglas consensuales y participativas (Whitehead, 2011, p. 47), es decir, en un modelo de gobernanza de alta intensidad a través de la inclusión y empoderamiento social, la responsabilidad y la rendición de cuentas (Selee y Santín, 2006, pp. 21-22). Las anteriores premisas de la democracia participativa son aplicadas en el presupuesto participativo que tiene una realización preponderante a nivel local o municipal bajo el precepto de ser, en primera instancia, un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, en que la población puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas (Porto de Oliveira, 2011, p. 120), y en atención a las necesidades comunitarias (Breña, 1995). El presupuesto participativo, entonces, se puede definir como aquella clase de mecanismos que permiten a la ciudadanía, bajo formas organizativas que combinan la participación directa y la delegación, así como la territorialización y sectorialización de las demandas y actuaciones, establecer las prioridades presupuestarias del gobierno local, la fiscalidad y el gasto (Gomá y Rebollo, 2001, p. 201). Este mecanismo, además de ser útil para responder a las demandas e intereses comunitarios o sociales, es esencial para fortalecer el régimen democrático al consolidar los procesos de inclusión social, englobando a grupos sociales, asociaciones civiles y a los habitantes tanto 223 de barrios, ciudades y regiones (Buele Nugra y Vidueira Mera, 2018, p. 161), mejorando la credibilidad y confianza gubernamental. No obstante, al buscar comprender este mecanismo, su concepción gira en torno a la selección de características generales teóricas y particulares empíricas. De ahí que no exista una definición reconocida del presupuesto participativo, ya sea política o científica, explicando los criterios mínimos que deben cumplir (Sintomer et al., 2012, p. 2). Es por ello por lo que, para considerar y analizar a un ejercicio de consulta ciudadana como presupuesto participativo, es menester contemplar las concepciones basadas en la experiencia de Porto Alegre, Brasil y en otras experiencias locales localizables. El análisis de dichas experiencias otorga el siguiente marco de características básicas mínimas procesales para la definición conceptual del presupuesto participativo: a) La participación ciudadana es directa en el proceso de toma de decisiones; el rol gubernamental supervisa la aplicación del derecho de participación. b) Existen diversos niveles de aplicación (enfoque territorial o temático) en una ciudad o distrito basados en la descentralización administrativa y de recursos que permiten a los ciudadanos tener influencia en la decisión sobre los montos y su distribución. c) Sus reglas regulatorias permiten la combinación de los modelos de la democracia directa y de la democracia representativa y se realiza a través de instituciones de funcionamiento regular. d) Es un proceso que se repite a lo largo de los años que se distancia de una sola reunión o un proceso de referéndum presupuestal. e) Los recursos se distribuyen a través de criterios generales y técnicos en cada distrito, pueblo o colonia de una localidad. f) Reuniones deliberativas previas como requisito para establecer una decisión final ciudadana sobre los proyectos a llevar a cabo a través de reuniones comunitarias junto a sus representantes de los consejos locales o miembros del parlamento local. g) Transparencia administrativa y fiscal como elementos disuasorios de la corrupción, alentando la renovación de la cultura política democrática donde los ciudadanos se 224 convierten en agentes (de Sousa Santos, 2003, p. 28), (Russon Gilman, 2016, p. 7) y (Sintomer et al., 2012, pp. 2-3). El conjunto de características analizadas establece, como definición guía general para el presente trabajo, que el presupuesto participativo es un proceso complejo de interacción ciudadana-gubernamental aplicable a lo largo del tiempo que, a través de procesos técnicospresupuestales, se decide el destino de un porcentaje determinado de los recursos públicos escasos en atención a las demandas sociales fortaleciendo, así, el tejido social y las condiciones de vida generales de la comunidad. Por otra parte, su funcionamiento es diverso alrededor del mundo tomando en cuenta el contexto comunitario y la metodología emprendida. Tradicionalmente, la convocatoria proviene de los alcaldes y de su cuerpo técnico que tienen la encomienda de otorgar asistencia técnica y administrativa a los ciudadanos; estos últimos se reúnen en para deliberar sobre las necesidades y temáticas prioritarias. Además, cuentan con representación en diversos consejos presupuestales que deben formular, ejecutar y monitorear el proyecto presupuestal en su apartado de iniciativas de presupuesto participativo (Wampler, 2007, p. 53). Sin embargo, no todas las experiencias registradas muestran el anterior tramo procesal general. De ahí que conviene distinguir entre tres tipos de arreglo institucional que determinan el grado de control político de los ciudadanos o ser políticamente controlados por la administración gubernamental en turno: a) Arreglo mínimo: los alcaldes controlan políticamente el mecanismo al gestionar la participación de los ciudadanos y usualmente es aplicado a nivel barrial sin una regulación establecida, deliberando hasta el 2% del total del presupuesto público. b) Arreglo mediano: la ciudadanía tiene un rol más activo e interactúa con las instituciones gubernamentales; tiende a aplicarse tanto a nivel barrial y territorial con base en una regulación que, además, establece la decisión entre el 20% y 80% de los recursos públicos escasos. Cabe mencionar que este modelo comprende esquemas de planificación anual sin un proceso consolidado de descentralización administrativa. 225 c) Arreglo máximo: los ciudadanos, a través de organizaciones comunitarias inclusivas, controlan el desarrollo del proceso de presupuesto participativo y las instituciones gubernamentales actúan de manera responsable y transparente. En él, se comprende una regulación que promueve la deliberación de más del 80% de los recursos públicos, ligado a esquemas de planificación organización, descentralización administrativa y la formación de una cultura política participativa (Cabannes, 2005, pp. 22-30). A partir de los anteriores modelos analíticos, se puede establecer el grado de institucionalización y de tipo de diseño institucional del presupuesto participativo que determinan, en primera instancia, el esquema operativo de este. No obstante, se debe considerar las posibles distorsiones en su aplicación y que dependen, en buena medida, de factores de índole político, jurídico, financiero, cultural, administrativo y social. De ahí que un ejercicio exitoso de presupuesto participativo requiera de la voluntad política de los alcaldes para permitir la participación ciudadana y que esta, a su vez, esté expresada en la existencia de una plataforma legal regulatoria, en procesos de descentralización política de toma de decisiones, contar con personal administrativo capacitado para llevar a cabo el ejercicio y suficientes recursos públicos para la ejecución de proyectos (Goldfrank, 2006, pp. 7-8). En contraposición a lo anterior, un ejercicio tendiente a su manipulación y control político gubernamental consistiría en la falta de voluntad política de los alcaldes para impedir el desarrollo continuo del mecanismo y/o busque incidir en la organización y en los resultados generados, además de la falta de una regulación específica y de esquemas de profesionalización del personal administrativo y la predominancia de fines clientelares partidistas y electorales. Las anteriores bases previas darían resultados diversos en la formación del capital social comunitario y en la credibilidad hacia las instituciones. Los fines procesales determinarían, en un sentido positivo, la eficacia y transparencia gubernamental que promueva la justicia 226 social, la solidaridad y el empoderamiento ciudadano o, por otro lado, en su sentido negativo, la opacidad en el manejo de los recursos públicos, la cooptación del proceso por líderes comunitarios y desincentivar la participación ciudadana logrando, así, acrecentar la desconfianza política de la comunidad hacia sus autoridades representativas (Allegretti et al., 2011, pp. 95-114). En resumen, el presupuesto participativo depende en su ejecución programática de los fines, objetivos y metas de sus actores participantes. Si bien este mecanismo permite la decisión ciudadana sobre el destino de los recursos públicos en la atención de los problemas y las demandas de índole comunitario, su continuidad, consolidación y aceptación social dependerán del contexto político y social sobre el cual ha de operar. Marco legal y diseño institucional del presupuesto participativo en la Ciudad de México La primera ciudad en desarrollar y promover la participación ciudadana a través del presupuesto participativo fue Porto Alegre, Brasil en 1989. Dicha medida, promovida por el alcalde Olívio de Oliveira Dutra, contempló reformas fiscales en materia tributaria y la reducción del gasto corriente que permitieron la constitución del orçamento participativo con una dimensión técnica y sostenible en el tiempo. Los resultados generados consistentes en la satisfacción de las demandas de los ciudadanos con bajos ingresos, mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso presupuestal y la profundización del compromiso cívico ciudadano en el ámbito público (Baiocchi et al., 2011, pág. 31), permitieron que esta experiencia se replicara en distintas regiones del mundo y que, en la actualidad, esté siendo aplicado en aproximadamente 11,690 y 11,825 ciudades (Dias et al., 2019). Su aplicación mundial, incluyendo el contexto latinoamericano, refleja como tendencia organizativa la participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en asesorías a gobiernos locales, la promoción de la participación ciudadana a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y ejercicios piloto en las instituciones educativas universitarias como medios de formación cívica-ciudadana. 227 La experiencia mexicana, a diferencia de los países latinoamericanos, refleja un avance lento y paulatino en su aplicación. En doce países restantes que contemplan el uso del presupuesto participativo en sus comunidades4, se observa una tendencia regresiva debido a los cambios políticos-administrativos en distintos niveles de gobierno, a la resistencia de líderes locales, la falta de recursos públicos y al contexto social-político adverso sobre la paz social. Con base en lo anterior, para el caso mexicano, se encuentran diversos antecedentes, desde la década de los años setenta, de experiencias sui generis de presupuesto participativo con diversos objetivos y fines programáticos. Actualmente, este mecanismo está regulado en 12 de las 32 entidades federativas, siendo el menos reglamentado después de la revocación del mandato, mismo que está presente en sólo 8 estados del país. En el caso de la Ciudad de México, se encuentra reglamentado desde el año 2010 a través de la entonces Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF) y que, tras la reforma política del Distrito Federal del 2016, se preservó como mecanismo de participación ciudadana en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (LPCCDMX) vigentes. No obstante, dicha continuidad, a lo largo del periodo 2010-2019, se han generado distintos cambios al diseño institucional y, por ende, a las prácticas administrativas en la forma de llevar a cabo el procedimiento del presupuesto participativo. En la tabla 1, se observan las distintas estructuras legales procesales que han regulado al presupuesto participativo en la capital mexicana a través de su análisis comparativo. En primer lugar, se comprende la existencia de dos normatividades secundarias que han regulado al presupuesto participativo: la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal entre el año 2010 al 2019 y la actual Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; no obstante, existió la Ley del Presupuesto Participativo del 2015 que no tuvo aplicación ni validez jurídica5. 4 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay contemplan su uso programático a nivel subnacional y local. 5 La ley del Presupuesto Participativo del Distrito Federal fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 30 de abril de 2015. No obstante, dicha norma nunca fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, por tanto, nunca tuvo aplicación ni validez jurídica. 228 Mientras tanto, en ambas regulaciones establece que el proceso se debe desarrollar anualmente a través de distintas interacciones y faces procesales enmarcadas en las leyes secundarias. La LPCCDMX establece una excepción al señalar que en los años donde se realicen elecciones de autoridades constitucionales a nivel local, no se deberá realizar el procedimiento. Por otro lado, en cuando al porcentaje de recursos públicos destinados a los ejercicios de presupuesto participativo, la LPCDF enmarcaba el uso del 3% del presupuesto anual de las demarcaciones dividido entre el número de colonias o pueblos originarios existentes en cada una de ellas; mientras tanto la LPCCDMX establece un 4% donde se distribuyen 50% de los recursos de manera alícuota y 50% con base a criterios distributivos: índice de pobreza, marginación, inseguridad, población y condición de pueblo originario o rural. La distinción que enmarca a ambas normatividades en cuanto al porcentaje de recursos públicos a deliberación es que la Ciudad de México es una de las entidades que distribuye una menor cantidad de recursos públicos. Los Estados de Jalisco y Chiapas representan el porcentaje más alto con 15% mientras que entidades como Aguascalientes, Chihuahua y Morelos consideran un porcentaje mayor al establecido en la capital mexicana, es decir, entre el 4% al 10% de los recursos públicos. En otro orden de ideas, el proceso en la Ciudad de México se realiza bajo un enfoque territorial, es decir, focalizado al ámbito de las colonias, barrios y comunidades atendiendo a las demandas y problemas particulares de cada una de ellas. Como tal, el diseño institucional del presupuesto participativo en la Ciudad de México no refiere propuestas de proyectos que trasciendan a una visión transversal de los problemas de la ciudad y, por ende, una visión de bienestar común mayor y global. Acto seguido, en cuanto a los actores facultados para participar, este ha ido aumentando a lo largo de las legislaciones en la materia. Con el paso del tiempo, ha sido el papel de las alcaldías y del Instituto Electoral local quienes han tenido mayor preponderancia en su andar institucional derivado de las facultades que les han sido otorgadas para el desarrollo del proceso de consulta ciudadana y la ejecución de los proyectos seleccionados. 229 Tabla 1: Instancias, facultades y fundamentos legales comparativas del presupuesto participativo en la Ciudad de México Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal Instancia Facultad Fundamento Incluye en el proyecto de Jefe de Gobierno presupuesto de egresos, los montos y rubros que han de aplicarse en el presupuesto participativo. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México Instancia Facultad Fundamento Incluye en el decreto anual de Art. 83, Inc. presupuesto de egresos de la A), B) y C) Jefe de Ciudad de México el monto Art. 201, Gobierno total de recursos al que Núm. I -V Art. 117 haciende el mecanismo por demarcación. Aprueba en el decreto anual de Asamblea Legislativa del Distrito Federal presupuesto de egresos, los recursos del presupuesto participativo y vigila el ejercicio de los recursos a través de la Contaduría Mayor de Hacienda Art. 83, Inc. A), B) y C) Art. 202, Núm. I-V Aprueba en el decreto anual de Congreso de la presupuesto de egresos, el Ciudad de monto total correspondiente a México los recursos del presupuesto Art. 117 participativo. de este órgano legislativo. Incluye Jefaturas Delegacionales operativos anuales recursos en sus y programas anteproyectos presupuestales del los Art. 54 Incluye en sus programas Art. 125, Art. 83, Inc. operativos y anteproyectos Núm. I-IV D) Alcaldías anuales presupuestales del los Art. 126 y 127 presupuesto Art. 203, recursos presupuesto (Órgano participativo, aplicando estos de Núm. I-V participativo, Además, realiza Dictaminador) 230 manera igualitaria entre las Art. 203 Bis. dictámenes de viabilidad de colonias de la demarcación. proyectos Además, realiza dictámenes de informa al Gobierno de la viabilidad proyectos Ciudad la información sobre ciudadanos e informa a los el avance físico y financiero Comités Ciudadanos y Consejos de de Pueblos sobre el ejercicio del mecanismo. de las ciudadanos actividades e del Presupuesto Participativo. Asesora y capacita a los Instituto Electoral del Distrito Federal Educa, asesorara, capacita y ciudadanos, evalúa a los integrantes de los civiles Comités Ciudadanos. Además, Art. 84 coordina a autoridades para Art. 191, Inc. realizar la consulta y debe emitir I) la convocatoria y organiza, Art. 204, desarrolla, vigila, computa y Núm. I-III Instituto Electoral de la Ciudad de México y organizaciones Comisiones de Participación Comunitaria en la materia. Además, coordina a autoridades para realizar la consulta y debe emitir la convocatoria y organiza, valida los resultados del proceso desarrolla, vigila, computa y de consulta. valida los resultados Art. 121 Art. 123 Art. 129, Núm. I-III del proceso de consulta. 231 Diseñar Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos Participa en los procesos de Art. 171, planeación y de presupuesto Núm. V, Inc. participativo. C) y aprobar diagnósticos y propuestas de Asamblea presupuesto participativo. Ciudadana Además, de seguimiento y Art. 130-133 evalúa el mecanismo en cada unidad territorial. Representantes de Manzana Contraloría General e internas Emite opinión orientación del sobre la presupuesto Comisiones de Art. 139 participativo. Conoce y sanciona en materia de presupuesto participativo. Participación Comunitaria Art. 83 Secretaría de la Contraloría Presenta proyectos de Presupuesto Participativo e Art. 84, Núm. instrumenta decisiones de la V Asamblea Ciudadana. Además de conocer y sancionar en materia de presupuesto participativo, debe vigilar y supervisar la dictaminación y ejecución de Art. 128, Núm. I-V los proyecto a través de la Red de Contralorías Ciudadanas. Fuente: elaboración propia con base en la (LPCDF, 2016) y en la (LPCCDMX, 2019). 232 La coordinación entre dichas instancias se expresa en materia de difusión y, fundamentalmente, en la etapa de dictaminación de viabilidad de los proyectos presentados por la ciudadanía. A las alcaldías les corresponde realizar los programas operativos y anteproyectos presupuestales donde incluyan los recursos del presupuesto participativo, su ejecución y remisión de informes a los ciudadanos sobre el avance y cumplimiento de demandas sociales. Mientras tanto, al órgano electoral local le corresponde asesorar y capacitar a los ciudadanos para formular proyectos de presupuesto participativo, emitir la convocatoria, organizar, desarrollar, vigilar, computar y validar los resultados del proceso de consulta. El Jefe de Gobierno se limita a la presentación global del proyecto de presupuesto público de cada año fiscal y el Congreso local aprobarlo y vigilar el uso correcto de la cuenta pública. Finalmente, los órganos de participación social como son las Asambleas Ciudadanas y Comisiones de Participación Comunitaria (antes Consejos Ciudadanos y Consejos de los Pueblos) han tenido un crecimiento limitado en materia de deliberación y vigilancia de los recursos públicos. Dichas facultades crecieron con la LPCCDMX, teniendo una participación más activa en la aplicación y vigilancia, junto a las autoridades gubernamentales, de los recursos del prepuesto participativo. Los recursos públicos destinados al presupuesto participativo se incluyen en distintos rubros o temáticas de participación que han ido cambiando con el paso del tiempo. En la LPCDF se establecieron 7 rubros: obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito y actividades recreativas, deportivas y culturales (LPCDF, Art. 83, 2016), mientras que en la LPCCDMX se contemplan 6 temáticas: mejoramiento de espacios públicos, infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas, deportivas y culturales (LPCCDMX, Art. 117, 2019). A pesar de lo anterior, en las normatividades analizadas persiste un vacío legal consistente en no establecer, de forma precisa, cada rubro o temática, con lo cual, la capacitación y 233 asesoría del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), además de establecer criterios analíticos y descriptivos, se torna fundamental para la elaboración de los proyectos. La conjunción de las facultades y actividades de distintos actores, así como métodos procesales y características generales, se enmarcan en distintas etapas procesales. El modelo operativo de la LPCDF enmarca nueve etapas para operar el presupuesto participativo, las cuales son las siguientes: 1. El Instituto Electoral emite la convocatoria a consulta, donde se especifican plazos, requisitos y etapas subsecuentes procesales. 2. Los ciudadanos interesados deben registrar sus proyectos ante los órganos desconcentrados del Instituto Electoral local o por vía internet. 3. El órgano técnico colegiado recibe las propuestas presentadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para determinar su viabilidad. 4. Los proyectos seleccionados se difunden de manera personal o en foros que realicen los órganos de representación social. 5. Se realiza la Jornada de Emisión de la Opinión a través de mesas receptoras o por vía electrónica. 6. El IEDF valida los resultados emitidos en la Jornada de Emisión de la Opinión y determina los proyectos que fueron seleccionados por la ciudadanía. 7. Se entregan constancias y expedientes de validación de resultados al Jefe de Gobierno, Asamblea Legislativa, Alcaldías y a Consejos Ciudadanos. 8. Se difunden los resultados generados en la consulta y se deben incorporar los proyectos seleccionados al anteproyecto de presupuesto de egresos de cada Alcaldía para su aprobación en la Asamblea Legislativa. 9. Las alcaldías tienen que realizar la ejecución de los proyectos y difunden informes trimestrales sobre los avances respectivos de estos ante la Asamblea Legislativa y a los ciudadanos en general (Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2018, pp. 2130). Dicha estructura procesal, cabe mencionar, no estaba plenamente formalizada en la LPCDF y, de hecho, varias fases y elementos de la anterior ruta de aplicación del presupuesto 234 participativo fueron propuestos por el órgano electoral local. Estas deficiencias en el diseño institucional fueron parcialmente resueltas con la promulgación y sanción de la LPCCDMX, quedando expresas de la siguiente manera: 1. El Instituto Electoral emite la convocatoria con todas las etapas del proceso. 2. En cada Unidad Territorial (UT) de colonia o barrios se cita a la Asamblea Ciudadana a fin de realizar un diagnóstico comunitario de necesidades y problemas. 3. Cada habitante de las UT, sin distinción de edad, puede presentar proyectos al órgano electoral de manera presencial o digital. 4. El órgano dictaminador de las Alcaldías dictamina los proyectos contemplando su viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público; la selección se remite al Instituto Electoral. 5. Los proyectos seleccionados son sometidos a consulta a los ciudadanos para que emitan su opinión a favor de uno de ellos. 6. Posterior a la jornada electiva, se convoca nuevamente a la Asamblea Ciudadana a fin de dar a conocer los proyectos seleccionados y se conformarán los Comités de Ejecución y Vigilancia. 7. Los proyectos seleccionados en cada UT deberán ser realizados por los Comités de Ejecución y Vigilancia del presupuesto participativo. 8. En cada UT, se convocarán a tantas Asambleas Ciudadanas como sean necesarias para que se den a conocer los informes de avance y cumplimiento de proyectos y la ejecución del gasto (LPCCDMX, Art. 120, 2019). A través de la comparación procesal se puede establecer que, si bien las Alcaldías y el Instituto Electoral tienen un papel preponderante en la organización, difusión y vigilancia del proceso, con la LPCCDMX se fortalece el papel comunitario al establecer reuniones comunitarias en cada localidad y la participación de los ciudadanos en los Comités de Ejecución y Vigilancia, siendo un modelo sui generis más cercano a la experiencia de Porto Alegre. A diferencia de los órganos de representación social, como lo eran los Consejos Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos que tenían únicamente la facultad de participar en los procesos de consulta ciudadana y de obtener información acerca del avance y 235 cumplimiento de proyectos, estos Comités implican un incipiente modelo de cogestión de las demandas ciudadanas a través de la ejecución y vigilancia de las iniciativas ciudadanas. El Comité de Ejecución se encarga de dar seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo y será el receptor de los recursos económicos y de su correcta administración, así como comprobar la aplicación de estos (LPCCDMX, Art.131, 2019), mientras que el Comité de Evaluación se encarga de verificar la aplicación de los recursos y el avance de obras (LPCCDMX, Art. 132, 2019); ambas instancias tendrán supervisión de la Secretaría de la Contraloría capitalina. A pesar de lo anterior, en ambas normatividades y procesos, el papel preponderante en la dictaminación de los proyectos ciudadanos, es de las Alcaldías. Si bien con la LPCCDMX se subsana el vacío legal que tenía la LPCDF en cuanto a los criterios base de dictaminación, no existen medios de exposición e intercambio de ideas entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía que representen un ejercicio de deliberación que, como tal, representa una de las bases del presupuesto participativo. Mientras tanto, el papel del Congreso local en materia de vigilancia en el uso de los recursos públicos ha sido suprimido en la LPCCDMX y es la Secretaría de la Contraloría quien, en la actualidad, la que cuenta con dicha función. Salvo este cambio, las funciones reales y explicitas de este órgano legislativo, aunado a las establecidas al poder ejecutivo local y al órgano electoral local, persisten en ambas normatividades. Resultados del presupuesto participativo en la Ciudad de México: continuidad y baja participación e incidencia ciudadana En la Ciudad de México se han realizado, desde 2011 al 2020, un total de diez consultas ciudadanas sobre presupuesto participativo. Nueve de ellas han sido realizadas bajo el mandato de la LPCDF y una bajo el nuevo marco procesal otorgado por la LPCCDMX; el conjunto de los ejercicios realizados muestra una baja participación promedio del 4.77% del total de la lista nominal de electores. 236 Únicamente los procesos de consulta ciudadana para 2014 y 2017 han obtenido índices superiores al 10% de participación ciudadana. Como se observa en el gráfico 1, la participación se eleva en estos años debido a que hubo elecciones concurrentes de Consejos Ciudadanos y Consejos de los Pueblos lo que generó un mayor interés ciudadano por participar en la jornada deliberativa. Esta tendencia no se replicó en el año 2020, donde se obtuvo una participación preliminar del 5.6%. En dicho ejercicio, si bien había elección de Comités de Participación Comunitaria y de Presupuesto Participativo, no se visualizó un interés ciudadano similar a los procesos previos, debido al desconocimiento social sobre las nuevas figuras de representación social y al contexto inicial de emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Por otro lado, si se analiza a la participación ciudadana de forma disgregada entre las dieciséis demarcaciones que componen a la Ciudad de México, históricamente reflejan diferentes tradiciones y perspectivas sobre la misma y la acción comunitaria. Han sido las demarcaciones de Álvaro Obregón, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Venustiano Carranza las más participativas (entre 5% y el 6% anual promedio), mientras que la Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tláhuac son las que menos participan (entre el 2% y el 3% anual promedio). A pesar de que los ciudadanos de la Ciudad de México han experimentado durante 10 años la ejecución del mecanismo de presupuesto participativo, no han tenido mayor atractivo de participación durante la jornada de emisión de la opinión a pesar del interés creciente por promover proyectos comunitarios que son sujetos de análisis por parte del Comité Evaluador de las Alcaldías. Dicho interés ciudadano en la presentación de proyectos va aparejado, de manera mutable, con un mayor índice de rechazo por parte de los Comités Evaluadores Técnicos de las Alcaldías. Como tal, las demarcaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las que promueven mayor cantidad de proyectos mientras que las referentes a Milpa Alta 237 y Cuajimalpa de Morelos son las que, históricamente, presentan una menor participación ciudadana en esta fase (Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2019). En cuanto a los índices de aceptación y rechazo, en las alcaldías de Iztapalapa y Tlalpan se aceptan más proyectos ciudadanos de presupuesto participativo; mientras que en Tláhuac, Cuauhtémoc o Milpa Alta, hay una tendencia a rechazar un mayor número de proyectos presentados. Con base en lo anterior, no sólo depende de la formulación metodológica de los proyectos, sino de las características generales de la población, la estructura de la interacción social al interior de las demarcaciones y la propia actuación institucional de las administraciones políticas en turno. Gráfico 1: Participación ciudadana en el presupuesto participativo en la Ciudad de México para los ejercicios fiscales 2011-20201 Fuente: elaboración propia con base en (Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2019). 1 No se incluyen los resultados del ejercicio de Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2020 y 2021, realizado el 15 de marzo del 2020, ya que se encuentra en proceso de elaboración y en espera de las resoluciones de las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. No obstante, de manera preliminar, se registró una participación del 5.6% en dicho proceso. 238 Por otro lado, en cuanto a la votación emitida por rubro, históricamente, han sido los proyectos inscritos en los rubros de obras y servicios, infraestructura urbana y prevención del delito quienes cuentan con una mayor votación en la jornada de la emisión de la opinión. Estos proyectos reflejan las necesidades inmediatas de la población, como son la mejora de los bienes inmuebles para la prestación de servicios públicos, la distribución de estos y aquellas destinadas a la seguridad pública y ciudadana. En el otro extremo, se encuentran las actividades recreativas, deportivas y culturales que permiten fortalecer el desarrollo cívico y personal de los habitantes de cada demarcación política. A pesar de ello, persiste la coincidencia entre la votación ciudadana y los principales problemas que afronta la ciudad, como son la inseguridad y la corrupción que afectan a la dotación de servicios y, a la postre, a la calidad de vida de los habitantes (Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2017, pp. 24), con lo cual, estos rubros tienden a ser menos votados. Por otro lado, el análisis inferencial sobre los resultados que se han señalado en el presente apartado permite aseverar que los ciudadanos de la capital no han ejercido un control social sobre el presupuesto participativo debido a su rol limitado al ámbito de la consulta, desde el punto de vista del diseño institucional, y desde diversas prácticas administrativas que desincentivan a los ciudadanos de involucrarse en este mecanismo. En la capital mexicana un 46% afirma conocer el presupuesto participativo y de este porcentaje, el 86% no ha participado en la presentación de proyectos (Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2017, pp. 111) por lo que entre las causas de la abstención están la falta de información (29%), desinterés (15%) y porque no sirve de nada o es catalogado como fraude el procedimiento (9%), como se observa en el gráfico 2. Dicha percepción se debe a la existencia de dos factores de prácticas administrativas que inciden en la baja confianza ciudadana sobre el mecanismo: el papel de los órganos de representación social como entes de conexión entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales y el rol que ejercen las alcaldías en la dictaminación de proyectos. Otro factor menos determinante, es el avance y cumplimiento de los proyectos comprometidos. 239 En cuanto al primero, existe la percepción de que los Consejos Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, son objeto de cooptación por parte de las autoridades de las Alcaldías a través de la promoción de fórmulas cercanas al alcalde y/o condicionamiento de apoyos a formulas ciudadanas. Posterior a ello, se infiere que se promovía la compra del voto o la movilización de los ciudadanos para votar a favor de dichas formulas cercanas al interés del grupo partidario para que fueran electas (Laguna, 2016). Gráfico 2: Razones por las cuales los ciudadanos no participan en el proceso del Razones de no participación presupuesto participativo No sabe 1% Otros 1% Mala organización 1% Sin credencial para votar 1% Problemas de salud 3% No sirve de nada 4% Es un fraude 5% No estaba en la colonia 10% No me interesa/gusta 15% Estaba ocupado 21% Falta de información 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Porcentaje Fuente: Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2017, pág. 111. Tras ser electas y, considerando que estos tenían la facultad de participar a través de la formulación de propuestas comunitarias, estos órganos a menudo se caracterizaban por obstaculizar la participación de otros integrantes vecinales en las reuniones plenarias, sin avisar de las juntas a realizar a todos los habitantes de cada Unidad Territorial, con lo cual, prevalecen las posturas particulares de los líderes de estas instancias, en supuesta relación con las administraciones políticas locales (Tejera Gaona, 2015, pp. 90-108). Esto alentó a que sólo dos de cada diez ciudadanos confiaran en su actuación para resolver distintos problemas comunitarios (Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2017, p. 41) y 240 cuya expectativa, bajo lo establecido en la LPCCDMX, pueda promover un mayor control social y ciudadano a través del mandato de la realización de reuniones deliberativas más representativas y del control comunitario de los recursos públicos. En cuanto al rol ejercido por parte de las autoridades gubernamentales, en primera instancia, en la dictaminación de los proyectos, las Alcaldías no han contado con una homologación de criterios de viabilidad física, técnica, financiera y legal bajo la aplicación de la LPCDF que alentaba a la argumentación ambigua, incapacidad de decisiones sobre diferentes temáticas de propuestas ciudadanas, omisión en firma de responsables sobre los proyectos analizados y posible sesgo político-clientelar en dicha etapa procesal (Instituto Electoral del Distrito Federal, 2016). Derivado de lo anterior, en cuanto al acceso a la información pública que implica un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos en turno era limitado para los ciudadanos y circunscrito a la petición de la información gubernamental. Los órganos de representación social únicamente tenían la facultad de recibir informes pormenorizados sobre el presupuesto participativo sin un papel fiscalizador del mismo (LPCDF, Art. 171, 2016). La ciudadanía, como tal, podía observar el avance y cumplimiento trimestral de los proyectos comprometidos a través de los sitios electrónicos de información en materia de transparencia de las Alcaldías cuyo acercamiento era complejo para esta. Aunado a lo anterior, podía realizar peticiones de información cuya accesibilidad y calidad de información tiende a ser en un índice de regular a nulo, como se demuestra en (Gómez Tagle, 2017, p. 211) y en (López de la Torre, 2020, p. 242). Como complemento a lo anterior, lo que señala la información obtenida sobre el avance y cumplimiento de las obras comprometidas, es posible observar que cuatro de cada diez proyectos fueron realizados al término del ejercicio fiscal correspondiente, siendo las demarcaciones de Milpa Alta, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras quienes han cumplido con un mayor número de compromisos, mientras que ha sido la Alcaldía de Benito Juárez que no ha cumplido un solo proyecto en el tiempo pactado (Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 2019). 241 Ante la estructura y vacíos legales señalados y la persistencia de prácticas de orden discrecional en la operación del presupuesto participativo, el diseño institucional de la Ciudad de México refleja un carácter de orden mediano a bajo, ya que estos han resultado ser elementos disuasorios para que la ciudadanía no se involucre en las distintas fases del mecanismo. Conclusiones El presupuesto participativo en la Ciudad de México se ha constituido como un mecanismo de uso regular de la democracia participativa para la atención de las distintas demandas sociales y comunitarias a lo largo de diez años (2010-2020). No obstante, este ejercicio se ha limitado al ámbito consultivo, con lo cual los ciudadanos no ejercen plenamente un control social en su ejecución y sobre las propuestas temáticas y control de los recursos públicos. A pesar de lo anterior, la aplicación del presupuesto participativo ha promovido, de manera incipiente, la corresponsabilidad y participación de distintos grupos de ciudadanos en los asuntos públicos a través de la propuesta, la deliberación y vigilancia de los recursos presupuestales como lo son organizaciones civiles y comunitarias. Aunado a ello, el diseño institucional, como se observó, plantea un esquema transversal y complejo de autoridades e instancias que ha sido referencia para otros ejercicios subnacionales mexicanos. Como se revisó en el presente artículo, el diseño institucional del presupuesto participativo durante la vigencia de la LPCDF dio papel preponderante a las Alcaldías y al órgano electoral local en la realización de la consulta y vigilancia de los proyectos. Con la LPCCDMX, los ciudadanos tendrán un papel más importante a través de los Comités de Evaluación y Vigilancia cuya aplicabilidad será observada con el paso de los siguientes procesos. Por otro lado, de acuerdo con la estadística revisada, ha existido poco interés de los ciudadanos en participar en cada consulta analizada y sólo ha aumentado cuando existen elecciones concurrentes con los órganos de representación social. A pesar de ello, ha existido un interés creciente de los ciudadanos en la presentación de proyectos con índices variables de aceptación y rechazo por parte de los órganos dictaminadores de las Alcaldías. 242 Mientras tanto, se analizaron aquellos factores que desincentivan a la ciudadanía a involucrarse en el presupuesto participativo, haciendo énfasis en aspectos del diseño institucional y de las prácticas político-administrativas. El papel limitado que se otorgaba a la ciudadanía, aunado a prácticas de posible cooptación de los órganos de representación social, la falta de acceso de información e incumplimiento de los proyectos pactados hacen, que persista una desconfianza sobre el proceso deliberativo. De ahí la importancia de analizar diversas tendencias mundiales organizativas que pueden mejorar la confianza en el desarrollo procesal del presupuesto participativo y, con ello, la relación entre las instituciones gubernamentales y la ciudadanía. Ejemplo de ello son el asesoramiento de grupos de la sociedad civil nacional y extranjera, la aplicación de programas de capacitación y de ejercicios piloto de presupuesto participativo en instituciones educativas, así como una mejor aplicación de las herramientas tecnológicas. La importancia de dichas medidas recide en que se construye, gradual y pedagógicamente, una ciudadanía que conozca el procedimiento deliberativo y pueda, mejorando el actual diseño institucional, incidir de manera efectiva en la presentación, consulta, ejecución y vigilancia de proyectos que deberán ser realizados en conjunto con las distintas instancias de orden político-gubernamental, promoviendo el desempeño y la calidad de la democracia en la Ciudad de México. Bibliografía Allegretti, G.; García Leiva, P. y Paño Yáñez, P. (2011). Viajando por los presupuestos participativos: buenas prácticas, obstáculos y aprendizajes. Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. 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La democracia representativa y sus instituciones no han estado a la altura para dar respuesta a las crecientes demandas de mayores derechos y participación por parte de la ciudadanía. La acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), cómo garantes de la democracia participativa, se ha visto especialmente vulnerada. Entendemos a las OSC cómo actores relevantes de la vida pública, por lo que la falta de condiciones básicas para su participación (y la de los ciudadanos que se expresan a través de ellas), cómo las garantías de participación efectiva, marcos jurídicos favorables, acceso a la información, financiamiento y marco para acciones colectivas, debilitan su acción. Esta situación adversa para las Organizaciones de la Sociedad Civil, especialmente en materia de incidencia pública y gobernanza, afecta la manera en que estas operan, actúan, se organizan e inciden públicamente. Cuando nos encontramos con una heterogeneidad cultural y social además de la ausencia del Estado, es que debemos de analizar si la idea de que las OSC son garantes de la agenda social, sigue vigente. Palabras clave: gobernanza, estado, sociedad civil, financiamiento, incidencia. 1 Correo: renato@ollinac.org 247 Planteamiento del problema Según Azucena Serrano, deben de existir cuatro condiciones base para garantizar una participación ciudadana y de la sociedad civil efectivas y con garantías en un contexto democrático y de Estado de Derecho. Estas son el respeto a los derechos individuales, la existencia de canales institucionales y un marco jurídico fuerte (igual tanto para tomadores de decisiones cómo para la sociedad civil), información sobre el contexto público y la confianza hacia las instituciones y sectores democráticos. Garantizando estos alcances es que podemos tener una real influencia en los asuntos públicos. Estos parámetros, importantes para la ciudadanía, son esenciales para una efectiva acción de la Sociedad Civil, articulada en Organizaciones y para profundizar las distintas democracias. Si entendemos que la democracia articula el poder y lo distribuye en la sociedad, son las OSC una de las mayores expresiones de esta articulación y de cómo la sociedad civil puede ser un contrapeso de lo público y de lo privado, a través de su expresión intermedia. Su ejercicio modera y limita las acciones autoritarias, los excesos del poder y vigila su acción para mantener el interés público y general. Es así cómo la sociedad, ante esta necesidad de contrapeso, se organiza, trascendiendo el apoyo social y articulando como un espacio de interlocución válida y reconocida. La actual administración federal eliminó este espíritu. El 14 de febrero de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emite una circular presidencial (Circular 1, 2019) en que señala de manera expresa el no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, para eliminar lo que denomina cómo intermediaciones. En el marco de esta cancelación, con intención de entregar ayudas de manera directa a los beneficiados, vemos una perspectiva reduccionista y de amenaza a las acciones de la sociedad civil, entendiéndose cómo meramente asistencial, obviando la multiplicidad de acciones realizadas por y desde la sociedad civil. 248 Esta reducción del espacio público y disminución de acciones de la sociedad civil no es excluyente a México. Países como Chile (y el marco de proceso constituyente cómo espacio para la profundización de la democracia participativa, deliberativa y directa) Brasil (y su enfoque autoritario) y Argentina (con un alto índice de incidencia ciudadana en la generación de políticas públicas) presenta ejemplos de cómo la sociedad civil organizada genera espacios de incidencia y deliberación pública. En teoría, a medida que las sociedades se vuelven más heterogéneas, los espacios de participación social se hacen más diversos, por lo que el Estado no es capaz de absorber una agenda social compleja. Es aquí donde comienza la acción de la Sociedad Civil, la cual se ha visto desafiada en este contexto diverso. Definir la naturaleza de la Sociedad Civil es un área que aún no genera consensos hacia una definición comprehensiva y acorde a las realidades de cada territorio que conforma a América Latina. ¿Cómo englobamos concepciones tan heterogéneas? Entendemos al tercer sector en contraposición a otros dos (Estado y Mercado), condicionando su definición a lo que estos sectores no son, no a que si es la Sociedad Civil, por lo que se hace necesario trascender de estas ideas para una conceptualización enriquecida, autónoma y metodológicamente independiente de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Pregunta de investigación ¿Cuál es el estado de las OSC en materia de incidencia y acción colectiva, tanto en México como en Chile y Argentina? Desarrollo La Universidad John Hopkins, en Estados Unidos, va a la vanguardia en términos de análisis y seguimiento a la acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en las categorías de análisis de las finanzas de las OSC; empleo y remuneraciones; además de un enfoque en el voluntariado. 249 Una de las bases de esta idea es que estos parámetros comunes son adaptables a las distintas realidades de la sociedad civil, la cual es muchos casos no presentan una linealidad en su creación, desarrollo, características y objetivos. Si tenemos en cuenta los diversos factores que determinar a la sociedad civil y su origen social, como sus dimensiones sociales, políticas, económicas, religiosas (no hay que olvidar que mucha acción social está vinculada a las distintas iglesias y credos asociados) y culturales, podemos encontrar luces de sus respuestas organizativas. Algunos ejemplos los encontramos en que han evaluado que el empleo dado por las OSC es más alto del esperado, con una mayor dispersión, de carácter dinámico y de un crecimiento más extendido que otras áreas productivas y de generación de empleo. Además de ser más diverso en términos territoriales, extendiéndose hacia áreas rurales y urbanas, con un incremento importante de salarios y una ampliación del mercado que cubren, contratando muchos profesionales con dificultades económicas y de acceso a un mercado laboral estable. También, podemos señalar que propicia ambientes de trabajo más horizontales. Tomando en cuenta estos factores, ¿podemos hablar de un sector cuando hablamos de la Sociedad Civil Organizada? La experiencia comparada nos puede ayudar a dilucidar estas ideas. México En los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una evaluación a través de la encuesta de Cemefi orientada hacia la Sociedad Civil. Esta herramienta de medición utiliza las ventajas que otorga el registro ante Cemefi, al ser contestada por 288 organizaciones de la sociedad civil, en un período de estudio que abarca las fechas que van del 8 de junio y el 4 de julio del 2020, en plena pandemia del COVID-19. Se hace necesario destacar y es posible observar la forma de agrupación de los alcances geográficos de la consulta, al agrupar a los estados en cinco zonas geográficas: Noroeste, Noreste, Centro, Occidente y Sureste. Uno de los reflejos de esta medición es la profunda centralización en la conformación y alcance territorial de las Organizaciones de la Sociedad 250 Civil. La medición ubica a la gran mayoría de las respuestas en la Ciudad de México, centro económico y político del país, concentrando a un 57% de las OSC. Seguimos esta evaluación con un 16% ubicada por el Occidente, 10% el Noroeste, 9% el Noreste y, por último, el Sureste con sólo un 8% de las respuestas. Aunque no es objeto de esta investigación, el que las zonas con mayor población indígena concentren sólo un 8% de las respuestas es decidor, por lo que se hace necesario salir de esta premisa de centralización y ampliar la articulación del tercer sector en estos territorios. Además, se enfocó la consulta a colaboradores de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la red de Cemefi, especialmente a aquellos que forman parte de las estructuras de presidencia, dirección general, que a pesar de contar con un conocimiento profundo de la organización, sus problemáticas y formas de enfrentar la situación actual, muestran un vacío en ver la perspectiva de los sectores operativos de las mismas organizaciones, quienes llevan el trabajo directamente con las poblaciones beneficiarias. Las características de las organizaciones también arrojan algunas luces. Su figura jurídica es principalmente de asociaciones civiles, con un 76%, instituciones de asistencia privada en un segundo lugar (22%) y sólo un 1% de sociedad civil organizada, siendo un 93% de carácter operativo, es decir, que atienden directamente y ofrecen productos y servicios directamente a las poblaciones bajo su atención. De estas, sólo un 6% son donantes o realizan subdonaciones para articular y fortalecer a sus poblaciones, mientras que sólo un 1% establece redes o alianzas para la articulación de iniciativas conjuntas. Es acá donde vemos e identificamos vacíos importantes a subsanar por el tercer sector, ampliar las iniciativas conjuntas e iniciar acciones de fortalecimiento democrático e institucional interno. ¿La antigüedad de las Organizaciones de la Sociedad Civil afecta en su desempeño? Aún no tenemos respuestas a esto, pero si vemos que las Organizaciones más nuevas se encuentran menos institucionalizadas y su alcance e impacto es menor. Cemefi caracteriza de la siguiente manera a las OSC: destaca que la mayoría de las organizaciones se encuentran agrupadas entre las que tienen 21 años o más, es decir, 251 constituidas desde 1920 hasta 1999 (44%), seguido de las que tienen entre 11 y 20 años — de 2000 hasta 2009— (31%). Las que tienen entre 6 y 10 años —de 2010 a 2014— tienen el 19% de las respuestas, y el grupo más pequeño lo conforman el que tiene de 4 a 5 años de constitución (4%) y el grupo de 1 a 3 años (2%). Otro enfoque lo encontramos hacia su gasto anual, al caracterizar el tamaño de las OSC, sus alcances operativos y el recurso necesario anual para alcanzar sus objetivos y metas. Así, siguiendo este criterio basado en el tamaño de las organizaciones, la encuesta les consulta sobre el total de su gasto anual. El 53% de las Organizaciones de la Sociedad Civil consultadas respondió que operan y accionan con un monto inferior a los de 4 millones de pesos anuales, mientras que el 29% alcanza una capacidad presupuestaria superior a los 7 millones y medio de pesos y el 18% con entre 4 y 7.5 millones de pesos anuales. Resulta alarmante que, más del 70 % opera con menos de 7.5 millones de pesos, lo que limita severamente su acción. Esto se agudiza al ver que cerca del 83% de las organizaciones reportaron una amplia disminución de sus ingresos para operar, además de verse seguido por menos vinculación con donantes, con el 65% de la reducción en el número de donantes y el 42% mencionando la cancelación de programas y proyectos cómo un efecto concreto en sus capacidades de articulación. La capacidad de obtener recursos es un factor a considerar. La encuesta enfoca preguntas hacia la fuente financiera con la que las instituciones operan y sostienen sus acciones, señalándose que un 74% funciona con su presupuesto actual, mientras que un 61% acciona con apoyos extraordinarios de donantes, necesidad que se profundiza en el contexto de pandemia, además un 31% se encuentra utilizando el patrimonio propio de la OSC para fortalecer su alcance financiero, y un 29% con apoyo adicional de su Consejo Directivo, los cuales han hecho un esfuerzo extra para solventar gastos operacionales. Esto muestra que se hace extremadamente necesario el poder ampliar la sostenibilidad y permanencia en el tiempo de las OSC mediante iniciativas para la diversificación efectiva de 252 sus fuentes de ingreso y operación. Así, la encuesta de Cemefi buscó ampliar los alcances del panorama general mediante la referencia al origen de las fuentes de financiamiento de las instituciones. Los donativos de empresas y fundaciones suponen una fuente principal de financiamiento, con un 49% de OSC ligadas a fuentes de ingresos de estas características, lo que hace restrictiva su forma de acción. Una fuente importante de recursos viene de cuotas y servicios, los cuales presentan un desafío para las OSC. Así, un 27%, recorre a este mecanismo. Otras formas de financiamiento vienen de donaciones individuales (solo un 23%), 17% de recursos del Estado (cada vez más limitados y restrictivos, siendo los Órganos Constitucionales Autónomos quienes presentan mayor discrecionalidad) La venta de productos alcanza un 14% de las Organizaciones de la Sociedad Civil, manteniendo dificultades en su alcance. Esto profundiza la situación de riesgo para las OSC, las cuales están en una posición de riesgo o vulnerabilidad de las organizaciones que amenaza su autonomía financiera y sostenibilidad económica, lo que dificulta el acceso a ingresos sostenibles en el tiempo. Un dato riesgoso para las Organizaciones que se necesita solventar a través de la diversificación del acceso a convocatorias y fuentes de ingreso, es que para mantenerse en el tiempo, más de la mitad de las organizaciones (59%) obtienen sus ingresos a partir de tres o cuatro fuentes de financiamiento distintas. Esto podría crear la falsa sensación de que estas OSC se encuentran en estado más estable que el resto. El pilar de la sostenibilidad busca reflexionar sobre ¿cómo se hace? Se entiende a partir de solidez en las estructuras de gobierno y liderazgo de la organización, su estructura interna, sus órganos de gobierno, procesos y procedimientos, capacidades administrativas y de recursos humanos y materiales, así como todo el equipamiento de la institución dirigido a lograr la efectividad de la misma; por último, sobre los resultados deseados y el impacto que busca generar. Otros datos mencionados por la encuesta de Cemefi son que estas presiones modifican la dinámica de trabajo, generando así cambios positivos en el desempeño de los colaboradores y las Organizaciones; buscando y reportando incrementos en procesos de innovación (73%), 253 resiliencia (67%), responsabilidad (58%) y el compromiso (57%) de los colaboradores, mientras que la efectividad continúa siendo la misma que antes de la pandemia (44% de las OSC reportan que la efectividad se ha mantenido igual).Estos datos pueden ser efectivos, pero necesitan ser sometidos a un mayor escrutinio y revisión, porque dada la contingencia, no sabemos cual va a ser su sostenibilidad en el tiempo. Un beneficio de la pandemia (o una necesidad) ha sido la idea de que las organizaciones han buscado participar en redes o alianzas y articular así esfuerzos conjuntos; 77% reporta haberlo hecho, buscando ampliar sus alcances, en contraste a un23% que no ha participado de esfuerzos colectivos. Es importante destacar que estas nuevas alianzas se han enfocado mayoritariamente hacia otras OSC. De aquellas que sí han entablado o construido nuevas relaciones durante este periodo de tiempo, 73% lo hizo con otras organizaciones de la sociedad civil, 63% con empresas o fundaciones, 45% con ciudadanos, 23% con gobierno federal o local, 20% con instancias universitarias y solo un 13% con sus propias comunidades y vecinos. Chile Los análisis en Chile siguen la misma tónica. Luego del estallido social de octubre de 2019, se generó una mayor acción de la sociedad civil organizada, a la que la institucionalidad no ha respondido a cabalidad. La valoración hacia las OSC va en crecimiento, por lo que la identificación de la percepción de la población sobre el trabajo de las OSC en Chile, en términos de su capacidad, adaptabilidad y confiabilidad, tiene características similares a las mediciones realizadas en México. Se hace necesario, dada la nueva contingencia, dimensionar cuantitativamente a las OSC. Algunos de estos componentes buscan y tienen por objetivo principal medir la magnitud del aporte cuantitativo de estas organizaciones a Chile, en términos de la participación en el PIB, (una diferencia con México) el número de empleos que genera, la cantidad de voluntarios que moviliza y el monto de donaciones recibidas, entre otros. Esto nos habla de un enfoque 254 mercantilista a la acción de sociedad civil, generando estudios que enfocan el impacto con criterios restrictivos. El retorno de la democracia se ha caracterizado por un mayor involucramiento de las empresas y la sociedad civil, lo que ha llevado a que buena parte del impulso a la acción de las OSC venga desde la Iniciativa Privada. Así, es necesario destacar los fundamentales avances hacia una mayor y mejor institucionalización, a través de formalizar de los vínculos entre la empresa y las organizaciones de la sociedad civil, mediante a través de donaciones y del desarrollo de la responsabilidad social empresarial (RSE). Además, se menciona que las características de las OSC desde el retorno a la democracia en Chile las ha hecho más dinámicas y diversas, llevando al surgimiento de muchas. Esto genera una idea de dinamismo (contrastada durante la revuelta social de octubre) al acercar a la vida pública las variadas y diversas preocupaciones e intereses de una sociedad civil cada vez más heterogénea en cómo viven, sus demandas y valores sociales. La apertura del contexto democrático chileno post dictadura, la entrada de influencias internacionales antes cerradas por el régimen militar y el avance de la globalización, han hecho que las nuevas (y no tan nuevas) demandas ciudadanas en áreas como participación, vivienda, derechos sexuales entre otros, tengan un protagonismo inédito en un contexto autoritario e invisibilizador. Surgen fuertes y articulados movimientos y organizaciones con enfoque de género, políticos, de derechos humanos, reinvindicatorios del uso del agua y del respeto al medioambiente, asistencialistas y formadores de competencias y acciones que buscan fortalecer la transparencia, la ampliación del espacio público y la recuperación de la memoria histórica borrada por la dictadura. Las organizaciones de la diversidad, disidencia y de perfil LGBTIQAAA+ son un ejemplo claro del cambio de paradigma y cómo entendemos la naturaleza y el funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuales. Cobran mayor relevancia y fuerza a partir de 2010, dentro de un clima de relevancia de esta discusión para la sociedad chilena, asociando a las luchas por el reconocimiento de la diversidad sexual hacia una perspectiva de Derechos 255 Humanos, mediante discursos convocantes y de diálogo que articulan y dan visibilidad a demandas comunes. Así podemos analizar que existen esfuerzos y banderas pero tenemos deficiencias en la institucionalización de las iniciativas, lo que acompañado de una baja calidad normativa, restringen los alcances y desarrollo de las OSC en la República de Chile. La evolución de las OSC en Chile obedece a los factores de la sociedad civil en el país, muy vinculada al asistencialismo de la Iglesia Católica y a un Estado subsidiario, ausente de la discusión pública. En Chile la sociedad civil históricamente ha tenido espacios de acción limitados, con un apoyo institucional muy bajo (dado el carácter subsidiario de las normas, que privilegian a la iniciativa privada por sobre las acciones públicas) lo que las ha obligado a adaptarse de forma dinámica y eficiente a los diferentes contextos históricos, no tan disímiles entre si en su baja calidad institucional. Esto lleva a la necesidad de abordar una mayor fortaleza institucional, articulaciones conjuntas y autonomías presupuestarias, para lo que el proceso de nueva constitución resulta esencial. Argentina En el caso particular de Argentina, podemos reseñar los alcances de las OSC en términos de género y la acción social y política hacia las mujeres. Podemos destacar que la acción de la Sociedad Civil Organizada está dirigida, además de hacia una acción pública, a visibilizar causas y defender intereses desde una perspectiva de la opinión pública cómo espacio para la incidencia hacia las decisiones políticas (véase el caso de la legalización del aborto). En Argentina, definen a la incidencia como los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. 256 A través del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) se ha buscado caracterizar, definir y clasificar a las distintas organizaciones del llamado tercer sector. Mediante la acción del CENOC es que se elaboran tipologías clasificatorias de las OSC que ayudan a estandarizar su funcionamiento, características y alcances. Introduce categorías cómo su nivel de desarrollo institucional, alcance geográfico (local, provincial, regional y nacional) además de su rol en la promoción de los Derechos Humanos. Así, las agrupa en cuatro categorías principales: Organizaciones de Promoción Humana (PH), Organizaciones de Promoción Social (PS), Organizaciones de Promoción del Desarrollo (PDes) y Organizaciones de Promoción de Derechos (PD), las cuales generan distintas identidades para su acción y desempeño en la esfera social. Un ejemplo son los diversos estudios de caso, con enfoque cualitativo, para profundizar en la acción de la Sociedad Civil. Algunas de las variables predominantes en Argentina para evaluar la calidad de las OSC se enfocan en la trayectoria de las mismas, la visibilidad social que alcanzan las Organizaciones, con que grupos socioeconómicos se relacionan y las características de su misión y objetivos. Esto llevó a una clasificación en la zona de Mendoza distinta a la del resto del territorio. 1. OSC orientadas a la responsabilidad social empresarial, principalmente destinadas a los sectores sociales medios y altos. De mayor interrelación con el sector empresarial. 2. OSC orientadas al fomento de la ciudadanía y participación social, y al desarrollo de mecanismos de control estatal. De inclinación al trabajo con sectores sociales medios. 3. OSC orientadas al apoyo de otras organizaciones de base, de sectores de alcance popular y medio, con enfoque en derechos humanos, centros culturales y comunitarios con aspiraciones de alcance regional. Se observa así, un foco hacia la generación de redes y trabajo asociativo, con vínculo hacia la articulación de esfuerzos conjuntos entre actores sociales y una utilización extensa de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) para comunicarse con sus beneficiarios y la consecución de metas comunes. 257 Conclusiones En una evaluación preliminar, las OSC enfrentan dificultades en su relación con la institucionalidad y su acción dentro del espacio público y en instancias de gobernanza, lo que genera un menor impacto de sus acciones. Es necesaria una articulación y evaluación de la misión de las OSC y de cómo los ciudadanos pueden transformar su realidad y beneficiarse de sus acciones concretas, a través de un impacto social claro. Para esto, se necesita un enfoque y fortalecimiento de las estructuras internas, fortalecer su financiamiento y otros factores que ayuden a generar el mayor impacto posible. Para esto, estrategias de trabajo horizontal, tanto internas cómo externas, son esenciales, dado que así podemos ampliar de manera orgánica el impacto de estas. Con un enfoque hacia un poder y alcance medible, delimitado territorial y sectorialmente, con alcances claros para la consecución de sus metas. Es importante así integrar los recursos financieros, humanos y operacionales, vincularlos con beneficiarios específicos y articular acciones con OSC afines, además de promover estrategias de coinversión de proyectos para que el mismo público, con el apoyo operativo de la Organización, implemente cambios concretos con criterio de realidad. Se necesita involucrar a los diversos sectores, para generar un ambiente normativo y social propicio para la acción pública, con incidencia en el marco normativo que regula y muchas veces restringe la acción de la Sociedad Civil. Otro enfoque importante es hacia la sustentabilidad de los esfuerzos, mediante la articulación de inversión social privada, estatal, de provisión de servicios y con una estructura de cooperación internacional por parte de fundaciones y organismos autónomos. Otro aspecto esencial es la promoción de donaciones, para dejar en un pie común a las OSC, con perspectivas de desarrollo a corto y mediano plazo. 258 Para fortalecer esta acción, tenemos un gran pendiente, el poder uniformar los distintos estudios y mediciones respecto a la Sociedad Civil, especialmente en sus alcances teóricos y de análisis tanto cuantitativos cómo cualitativos, tanto a nivel local como a nivel latinoamericano. Factores institucionales diversos, problemas similares Existen factores institucionales que determinan la acción de las OSC, pero una mayor dependencia hacia el financiamiento internacional genera que las normativas más restrictivas puedan tener menores efectos. Habiendo dicho esto, las limitantes hacia la gestión siguen existiendo, dado que estas normas restrictivas dejan en una situación de inequidad frente a los otros sectores de la sociedad. La vinculación entre el Estado y las OSC solía ser una de dependencia y subordinación. Peor cuando vemos que la acción estatal comienza a alejarse de las del tercer sector, es que la sociedad civil organizada, cómo puente y vinculación, genera una necesidad de apuntar a vinculaciones con otros sectores de la sociedad. Articulación conjunta Reenfocar esfuerzos conjuntos, con perspectiva territorial, funcional y sectorial se hace necesario. En el caso de Argentina, la incidencia colectiva de las OSC tiene un lugar protagónico. La incorporación de la incidencia pública como una acción estratégica, colectiva y articulada nos muestra la necesidad de extender esta noción hacia el resto de América Latina. Comunicación social Los esfuerzos en términos de comunicación social también son relevantes. Al no pertenecer ni a una esfera mercantil ni gubernamental, la promoción o “venta” de sus servicios, misiones y alcances se hace más difícil. Esta complejidad no significa que esté completamente alejada de las lógicas de la comunicación social o separadas totalmente de las lógicas de mercado en términos de la comunicación de su acción, su promoción y marketing. Es un importante desafío el poder delimitar estas esferas comunicacionales. La comunicación es esencial para 259 construir una imagen clara hacia la ciudadanía de la acción de una OSC, cómo desarrollar esto de una manera articulada es una respuesta pendiente. Reconocimiento social Las barreras entre los distintos sectores son cada vez más difusas, dada la idea de gobernanza que prevalece en las nuevas formas de interacción en el espacio público. Fortalecer la acción de la sociedad civil como agentes que satisfacen bienes públicos, los cuales pueden ser intangibles (como el acceso a la democracia participativa y el fortalecimiento de la acción social), como tangibles (el asistencialismo, co-inversión y sub donaciones de otras Organizaciones de la Sociedad Civil) Una de las ventajas de las OSC es su diversidad, adaptabilidad y dinamismo para enfrentar desafíos institucionales, económicos, sociales y de participación ciudadana. Así, proponemos algunas acciones: • Co-creación de iniciativas conjuntas • Mapeo de actores relevantes en materia de acción pública, democracia participativa y directa. • • Evaluación de ejes de acción en un ámbito territorial y sectorial. Vinculación y Alianzas • Creación de instancias para la deliberación entre OSC. • Generación de alianzas estratégicas con actores de la sociedad civil, instituciones e iniciativa privada, con una perspectiva de gobernanza. • • Foros temáticos orientados a la co-creación de iniciativas y alianzas. Fortalecimiento Institucional y Acción Social • Alianzas estratégicas con departamentos de participación ciudadana a nivel local, estatal y federal. • Talleres de fortalecimiento de capacidades operativas, comunicacionales y administrativas. • Articulación de acciones conjuntas 260 • Incidencia Pública • Campañas públicas de visibilización, fortalecimiento y defensa de la acción de la Sociedad civil organizada. • Fortalecimiento normativo • Promoción a legislación con perspectiva de OSC • Reactivar apoyos públicos a OSC Las necesidades de la sociedad han evolucionado y se han diversificado, es rol de las OSC responder a esta diversidad a través de un desafío articulado. A modo de conclusión, podríamos decir que las características de las Organizaciones de la Sociedad Civil no responden necesariamente a factores mercantiles o institucionales, lo que hace dificultosa su caracterización. Tampoco podemos señalar que necesariamente promuevan el cambio social, dada la difícil medición de sus alcances y objetivos de manera uniforme. ¿Cómo podemos reconocer estas diferencias y unirlas dentro de una perspectiva común? esa labor, acompañada necesariamente del fortalecimiento de la democracia participativa y directa para la consecución de resultados que afectan no sólo a los tomadores de decisiones, sino que a la comunidad política en su totalidad, es una pregunta que debemos de seguir estudiando y resolviendo desde su propia complejidad. Bibliografía Álvarez Padilla, Dalia Edith. Coordinadora. 2016, Análisis de los factores que inciden en el desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil en 6 estados de la República. Estudio de caso”. 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Manifestaciones feministas en la Ciudad de México: un acercamiento a la violencia Araceli Roldán Alcalá Carmina Galicia Fuentes Dalia Fabiola Hernández Escamilla Resumen En las últimas décadas la opresión 1 hacia la mujer, manifestada en relaciones de subordinación, inequidad y violencia, ha dejado de ser vista como un problema del ámbito privado para posicionarse de lleno en el ámbito público y en el debate político. La investigación plantea, desde un enfoque interpretativo, el derecho a las manifestaciones feministas con actos de violencia en Ciudad de México como un mecanismo de visibilización de la violencia de género. El análisis apunta a una crítica desde varias aristas, al pasar por el derecho a la manifestación, criminalización y cuestionamiento directo a la violencia misma como un acto de expresión social. El trabajo busca, por un lado, analizar posturas teóricas y legislativas para contrastarlas con la realidad de las manifestaciones y de la violencia; y, por otro, construir una propuesta sistémica que apele a la sensibilización, reflexión y praxis. Este trabajo de investigación abordará la pregunta: ¿Por qué son legítimas 2 las manifestaciones con actos violentos de colectivas feministas en la Ciudad de México en el 1 Para Marcela Lagarde, la opresión de la mujer se define por un conjunto de características enmarcadas en la situación de subordinación, dependencia vital y discriminación de las mujeres en sus relaciones con el hombre en el conjunto de la sociedad. (...) se sintetiza en su inferiorización frente al hombre constituido en paradigma social y cultural de la humanidad. (2011, p. 97) 2 Para Bobbio, Mateucci, N. y Pasquino, G. (1983) en su Diccionario de Política, el término legitimidad tiene dos significados: uno genérico y uno específico. En el significado genérico, legitimidad, es casi sinónimo de justicia o de razonabilidad. El significado específico aparece a menudo en el lenguaje político. En una primera aproximación se puede definir la legitimidad como el atributo del estado que consiste en la existencia en una 263 año 2020, para visibilizar y eliminar la violencia de género? Desde una postura crítica de la violencia, el derecho a manifestarse y la criminalización de las protestas. De manera análoga como lo realiza el historiador Erick Hobsbawm al caracterizar siglos cortos y largos sin necesariamente coincidir con el siglo cronológico sino con hechos sociales de fuertes consecuencias; cuando nos referimos a manifestaciones feministas del año 2020 proponemos una mirada holística que abarque también las manifestaciones realizadas durante el segundo semestre del 2019. Palabras clave: violencia de género, violencia estructural, violencia originaria, violencia derivada, violencia simbólica, derecho a la manifestación. Metodología La presente investigación aborda la generalidad de las manifestaciones del 2020 desde el enfoque interpretativo, definido por Della Porta y Keating como los que “tienden a sumergirse en la situación que estudian, a empatizar con la población, y a ver las cosas desde su propia perspectiva” (2008, p.44). Respecto a esta ambivalencia entre objetividad y subjetividad en ver las cosas desde una perspectiva personal, caminan entre las normas y los valores, sin poder separarlos realmente. Dentro del enfoque epistemológico interpretativista, los significados objetivos y subjetivos se conectan estrechamente, y da mayor peso a la voluntad humana (Della Porta y Keating, 2008, p.37). Situados en este enfoque, el investigador debe descubrir el significado que motiva las acciones, por ejemplo, qué motiva las colectivas feministas a manifestarse por medio de actos de violencia; “en vez de conformarse con leyes universales ajenas a los agentes” (Della Porta y Keating, 2008, p.37) donde podríamos conformarnos como investigadoras con la conceptualización de los actos de violencia como actos condenables, en cualquier caso; lo cual podría fungir en este caso, como ley universal. parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. 264 Se realiza una amplia documentación teórica, utilizando herramientas como el análisis textual expositivo y argumentativo, análisis de construcciones sociales y significados compartidos; cerrando con una reflexión crítica que conjuga la revisión documental y la experiencia de las autoras en el tema. Descripción y contextualización del problema Revisar el tema de la violencia contra las mujeres como un problema de ejercicio de derechos ya que constituye una transgresión a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Rico, 1996): violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación (art. 20). (Rico, 1996, p. 14) Esta violación de derechos se refleja en prácticas cotidianas que permean en la vida de las mujeres en el ámbito familiar, laboral, comunitario e institucional, limitando el desarrollo de su potencial creativo y menoscabando su dignidad como personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares de 2016, reporta que el "66.1% [de las mujeres de 15 años o más] han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor" (ENDIREH, 2016, p.8). Lo que significa que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que había en 2016 en México, 30.7 millones habían sufrido violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida (INEGI, 2019). Así mismo, "en 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales" (INEGI, 2019, p.1). 265 Y cada año, el número de feminicidios ha incrementado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, citados de enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios en el país, que representa un aumento de 9.2% a los feminicidios registrados en los primeros seis meses de 2019 y un aumento de 13.2% comparado con los primeros seis meses de 2018 (Forbes, 2020). Pese a los datos duros que demuestran que la violencia de género es una realidad para las mujeres mexicanas, ésta sigue siendo minimizada e incluso normalizada tanto por la sociedad como por el Estado mexicano, que se convierte en responsable porque no genera las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer sus derechos, para prevenir, castigar y erradicar la violencia de género. El Estado mexicano ha promulgado un conjunto de leyes3 con las que pretende enfrentar esta problemática. Sin embargo, su aplicación no es la deseada, por lo que su impacto real es limitado, generando una brecha importante entre las leyes y su aplicación; “se puede considerar incluso como una “política de simulación” que se enmarca en un proceso de impunidad institucionalizada” (Melgar, 2011). Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su última reforma del 13 de abril del 2020, en el artículo 18 señala que el Estado reconoce que existe la violencia institucional además de estipular que toda mujer tiene derecho al goce de sus derechos humanos y del disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En este mismo documento se hace referencia a la violencia política en el artículo 20 BIS, basados en él podemos declarar que queda prohibido anular o menoscabar por cuestiones de 3 Según la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, existen cinco leyes que articulan los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 266 género, el ejercicio efectivo de los derechos políticos; y aunque no es mencionado literalmente un ejemplo de ello es el derecho a la libre manifestación. En México, aún con la existencia del marco legal vigente, se requiere también valor para reclamar y ejercer los derechos. Se requiere de una profunda convicción de que es preciso reclamar justicia para movilizarse a pesar del miedo y la sensación de que será muy difícil o incluso imposible (Melgar, 2011). Ante este panorama, el problema que analizaremos será la legitimidad de las manifestaciones realizadas en la CDMX en 2020 por parte de colectivas feministas como mecanismo de visibilización e incidencia ciudadana para posicionar el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda política. Manifestaciones feministas en el espacio público Los feminismos han sido protagonistas de diversos movimientos y manifestaciones en el espacio público que buscan visibilizar y poner en el centro del debate político la violencia que viven las mujeres, resultado de una violación sistemática de sus derechos. El año 2020 se ha visto marcado por manifestaciones y actos históricos de unión social en contra de la violencia hacia las mujeres. Tal es el caso de la marcha del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer en la que, en varios países del mundo como Chile, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Tailandia, entre otros (El Universal, 2020) las mujeres tomaron los espacios públicos para protestar por la violencia de género y exigencia de sus derechos. En el caso de México, "en una manifestación histórica más de 80,000 mil mujeres salieron a las calles" (Arista, 2020) de la Ciudad de México para demandar justicia ante los miles de crímenes impunes, para que ni una más sea asesinada. Según datos de la asociación Comunicación e Información de la Mujer, quien realizó un recuento con base en información hemerográfica, entre 2007 y 2017 ocurrieron al menos 124 movilizaciones feministas en la Ciudad de México, contabilizando movilizaciones tanto presenciales como virtuales (CIMAC, 2019). En comparación, de acuerdo con el diario El 267 Universal (2020), durante el mes de septiembre 2020 se intensificaron las protestas feministas en al menos 25 estados de la República. El Estado de México es la entidad con más manifestaciones registradas, 80; seguido por Veracruz, con 54 y la Ciudad de México, con 43. Así mismo, en esos 3 estados, más Nuevo León, Puebla, Chiapas, Sonora, Tabasco, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán, Aguascalientes y Tlaxcala, los movimientos han tomado las oficinas regionales o estatales de las Comisiones de Derechos Humanos (El Universal, 2020). Enfocando el análisis en la estadística sólo de la Ciudad de México, durante 10 años el promedio anual fue de 12.4 manifestaciones, que mensualmente equivaldría a 1.03 manifestaciones; mientras que en septiembre del 2020 la cifra aumentó en 4,174% al realizarse 43 manifestaciones en un sólo mes. Bajo estas cifras, podemos decir que el incremento de la tasa de feminicidios, la impunidad, el hartazgo e incluso una mayor conciencia sobre los derechos de las mujeres, tienen su correlato en el aumento de la movilización social de las colectivas feministas. Violencia en las manifestaciones desde la conceptualización teórica Según Martín-Baró “la violencia es algo que se realiza con ímpetu y fuerza, se hace contra el gusto propio, se ejecuta fuera de razón y justicia” (1983, p. 407); sin embargo, también sirve de instrumento para reivindicar derechos. Estos actos violentos aplican una dosis de fuerza excesiva, ya sea simbólica o instrumental: la primera, se ejerce con simbologías en la cultura y no es una agresión directa a alguien más; la segunda, se ejerce directamente en contra de alguien o algo. Según Lubek “está verificado que los actos de violencia tienen un carácter autónomo que los dinamiza y multiplica” (Lubek en Martín-Baró, 1983, p. 371) teniendo como resultado, que para eliminar ciertas formas de violencia se establecen otras y se crea el "espiral de la violencia", el cual es un acto de represalia, que en la mayoría de las ocasiones no distingue defensa de ataque o protección de agresión. La violencia estructural repite una y otra vez la imposibilidad de que un grupo tenga sus necesidades o derechos cubiertos. Reclamar derechos que han sido cooptados a costa de mantener a la clase u orden dominante en el poder, con formas más radicales, es una respuesta 268 válida a la violencia originaria que ejerce un sistema o estructura que justifica su violencia a los oprimidos por medios legislados o con mecanismos ideológicos; los cuales, definen como violentas las acciones que alteran el orden y buscan cambiar el sistema. Los movimientos de desobediencia civil que buscan reivindicar derechos y cambiar el orden de poder de la clase dominante, son legítimos. Hoyos menciona que “(...) los motivos del desorden social y la violencia pueden estar en la no realización concreta de los derechos fundamentales(...). Mientras no se logre efectivamente esto, hay lugar para las diversas formas de manifestación del disenso legítimo” (s/f, s/p.). Al señalar dichos movimientos como violentos, comienza un repudio social ante la desobediencia civil. Con esa acción tan sencilla, el sistema justifica y completa el círculo de violencia, sin que la mayoría noten si quiera que su objetivo es preservar el estilo de vida que refuerza los intereses de la clase dominante (Martín-Baró, 1983, pp. 406-407). En relación con la violencia que ha aparecido en estas marchas, vale la pena cuestionarnos si estos actos de violencia en el espacio público surgen como mecanismo de visibilización e incidencia ciudadana, para posicionar el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda política. Aún más, vale la pena cuestionarnos si estos actos de violencia nacen derivados de actos previos en contra de la dignidad y los derechos de las mujeres. “La violencia originaria es la que ejercen las clases dominantes para mantener sus privilegios como parte de la violencia estructural, (entonces) la violencia derivada es la que ejercen los oprimidos y se da cuando estos sectores sociales recurren a la violencia para lograr su liberación” (MartínBaró,1983; p.407), en este caso estamos frente a varios actos de violencia derivada. Dentro de este espiral de violencia y la violencia estructural, aparece la violencia de género, que “es aquella que sufren las mujeres por razones basadas en su género y que sostiene la inferioridad y subordinación de las mujeres en sus relaciones con los hombres, en el conjunto de la sociedad y el Estado” (Díaz, 2009, p.2). Tenemos un orden dominante patriarcal que coloca a las mujeres en un campo minado en el que la violencia se ejerce desde todos lados y de todas las formas; desde la violencia más simbólica, hasta la violencia más instrumental 269 con sus matices más crueles, como tortura o desmembramiento, o los feminicidios que nos aquejan (Melgar, 2011). Es justamente la violencia de género en su más amplio sentido, la que dirige las causas de las colectivas feministas a manifestarse. En este contexto, el derecho a manifestarse, no se encuentra reconocido específicamente en la Constitución Política de nuestro país; no obstante, hay dos derechos humanos que sí están reconocidos explícitamente y en los que se enmarca: el derecho a la libre expresión y el derecho de reunión (Corzo, 2015). En relación con la legislación mexicana, el artículo 6o. constitucional expresa: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). El derecho de reunión se encuentra en el artículo 9o. constitucional, en el que se dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). En el marco internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados: a promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos 270 internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, p. 40, citado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019). Corzo entiende la manifestación pública como “la expresión de un reclamo o de una protesta en un lugar al que todos pueden acceder, sin importar el número de personas que asistan a ella (...) está implícita la libertad de expresión” (2015, p.78). Sin embargo, el derecho a la manifestación pública “es un derecho humano que debe tener límites para poder ejercerlo y para que las personas no se vean afectadas por otras que ejercen su derecho a manifestarse” (Corzo, 2015, p. 92). Desde esta postura, si el ejercicio del derecho a la manifestación pública produce violaciones a otros derechos, se debe utilizar la normatividad jurídica existente para sancionarlas. Es enfático en subrayar que no se está sancionando el derecho a la manifestación pública, sino los actos que se deriven de él y que puedan ser constitutivos de un delito, por ejemplo: lesiones, bloqueos a las vías de comunicación, cobro de peajes o suspensión de los mismos, entre otros. Esto último es lo que reclaman ciertos medios de comunicación e incluso una parte de la sociedad, al señalar que durante las manifestaciones feministas recientes se han presentado actos que pudiesen constituir delitos y por tanto un abuso al ejercicio del derecho de manifestación pública, más no su sanción correspondiente resultante de la aplicación del marco legal existente lo que pone en entredicho la salvaguarda del orden público, necesario para el correcto desarrollo de la vida social. Consideramos que esta visión, aunque importante, deja de lado una visión sistémica que permita el análisis de las causas que originan estos actos de violencia durante las manifestaciones, concentrándose únicamente en los hechos visibles de un momento particular: la marcha. Los actos de violencia durante determinada manifestación específica, tanto por parte de las manifestantes feministas como del personal policial, contribuirían a la espiral de violencia del que nos habla Martín-Baró. 271 Diálogo feminista para el ejercicio de la ciudadanía Para Habermas, el diálogo en el espacio público es uno de los principales elementos para el ejercicio de la ciudadanía. Las mujeres, como sujeto con identidad propia, necesitan participar en éste para influir en la autocomprensión cultural sobre los roles asignados a cada persona dentro de la sociedad patriarcal, y en la construcción y autoría de las leyes que rigen esta autocomprensión: “La clasificación de roles de los sexos y las diferencias determinadas por el sexo tocan capas elementales de la autocomprensión cultural de una sociedad. Sólo ahora ha hecho comprender el feminismo radical el carácter falible, necesitado de revisión y fundamentalmente cuestionable de esa autocomprensión.” (Habermas, 1997, p. 29). Cuando ciertos grupos perciben que su voz no ha sido tomada en cuenta, se pueden presentar expresiones de protestas con la exigencia de revisión de la legitimidad de las normas, porque éstas no cumplen las expectativas de justicia. Estos actos pueden presentar momentos de desafío al orden social establecido, pero son indicadores de situaciones que requieren un nuevo enfoque, una nueva propuesta que se considera necesaria. Las manifestaciones feministas de las que hemos sido testigos, pueden responder a esta inconformidad frente al sistema de derechos paternalista que no ha tomado en cuenta la voz del sujeto con identidad propia, en este caso las mujeres, para la formulación de sistemas jurídicos que pretenden ser universales. Se han creado leyes de aplicación universal que no cumplen con el principio dialogal de reconocer y escuchar al otro u otra. Como menciona Habermas citado por Hoyos (s/f, s/p): “únicamente pueden aspirar a la validez aquellas normas que pudieran conseguir la aprobación de todos los participantes comprometidos en un discurso práctico”. El movimiento feminista ha puesto en el debate la premisa de que los derechos de las mujeres como colectivo identitario, se han construido de manera ajena a ellas y enmarcados en una visión patriarcal y tradicionalista. 272 Es necesaria la participación de las mujeres en el debate público sobre la construcción de las normas; esto lleva aparejado intrínsecamente el reconocimiento y el ejercicio de la escucha y diálogo con el objetivo de que las experiencias personales -comúnmente vinculadas al espacio privado- se discutan como experiencias que tienen resonancia en lo público. Mientras esto no suceda plenamente, existirá la justificación para la manifestación legítima del desacuerdo, llegando incluso a prácticas de desobediencia civil. El reto de las manifestaciones feministas es poder articular argumentativamente su postura para: contribuir al diálogo y, al reconocimiento del otro y otra, en el ejercicio de la tolerancia activa. Hallazgos y aprendizajes A lo largo de esta reflexión uno de nuestros mayores aprendizajes es ser conscientes que existen personas que no piensan como nosotros. Esta divergencia de posturas es natural y hasta esperada. Cuando lo que se pide es una transformación de fondo, el encuentro de opiniones se puede dar por diversas circunstancias, ya sea por desconocimiento sobre la violencia de género, por formaciones diferentes que buscan la estabilidad del sistema, por una intención consciente de perpetuar la estructura patriarcal o sencillamente porque se está en contra de las protestas violentas. Durante las manifestaciones feministas se han presentado actos de violencia por parte de las manifestantes donde identificamos dentro de nuestros hallazgos, tres niveles de intensidad ascendente: ● Primero: violencia simbólica, como el uso de la diamantina para lanzarla a la autoridad. ● Segundo: manifestaciones violentas en el espacio público, es decir, daño a los bienes materiales (monumentos). ● Tercero: agresión a la autoridad o a cualquier persona civil. El mecanismo ideológico de condenar a la violencia “venga de donde venga” ignora por completo la naturaleza histórica de la violencia. Martín-Baró nos señala que en una perspectiva psicosocial “es necesario ir más allá de la apariencia visible de la conducta y penetrar en sus raíces históricas” (1987, p. 370) ello porque los actos mismos de violencia 273 tienen una expresión específica de ciertas estructuras sociales y, a su vez, muestran los intereses de clase que se enfrentan y que, para la estructura de poder vigente, es importante perpetuar: a eso llamamos la violencia estructural. Bajo lo anterior se infiere que en las manifestaciones de colectivas feministas en la CDMX: 1. Las manifestaciones feministas son condenadas en general, y cuando hay violencia por parte de las manifestantes, aún más. 2. Existe una violencia de la autoridad hacia las manifestantes, nuestra premisa es que son reprimidas porque atentan contra la estructura de poder. 3. Justificación mediática de la violencia estructural. Un aprendizaje ulterior aparece también en la pedagogía de los feminismos, sabemos sobre la importancia de organizar una masa crítica conceptual y operacional que organice los distintos feminismos, que eduque en la igualdad de género no sólo a las mujeres, no sólo a ciertas mujeres, no sólo a quienes están dentro de las colectivas feministas; porque ¿de qué sirven los feminismos robustos hacia dentro si no somos capaces de dialogar y construir con quienes no son parte de los feminismos? La responsabilidad es mayúscula, los feminismos no sólo se tratan de una postura política, también significan una filosofía de acceso a otra mirada de organización social, a una transformación del sistema patriarcal, que sea abarcativa e incluyente en sus beneficios, consciencia y derechos para cualquiera. El presente escrito no pretende convencer, el aprendizaje está puesto en la necesidad del diálogo con los diversos modos de pensar. Nuestra intención es escuchar y ser escuchadas, con miras a conciliar y construir. Un posible camino: estrategias para la acción Conscientes que la reflexión debe ir unida a la praxis, reflejada en propuestas concretas que nos permitan abonar a la transformación del sistema patriarcal, tomamos como base la 274 estrategia de inclusión para la discapacidad para delinear una propia que sea funcional, integral y sistémica en temas de género, cuyo eje transversal sea la tolerancia activa. La tolerancia activa se plantea como punto de partida y llegada; ésta, atraviesa transversalmente todas las etapas de nuestra propuesta y pone en práctica uno de nuestros mayores aprendizajes: el diálogo. Le llamamos tolerancia activa a aquella que reconoce al otro como un interlocutor tan valioso como yo; en ella, yo transformo al otro y el otro me transforma a mi (Cepeda, 2017), me permito el diálogo con postura crítica, escucho y entiendo posturas diferentes a la mía. Algunas características en la práctica son: ● Se ejerce hacia las ideas y razones, no hacia la persona en sí. ● Requiere necesariamente de reconocimiento de la otra persona. ● Requiere diálogo y escucha activa. ● Promueve y a la vez refuerza la ciudadanía participativa e informada. Gadamer decía que el diálogo es como una fiesta, aunque llegues con expectativas no lo podrás controlar (Gadamer en Cepeda, 2017). Finalmente es importante comprender que toda tolerancia tiene límites, los cuales deben estar puestos en no dañar aquellas condiciones que permitan el diálogo en la diversidad. El objetivo final de la propuesta es la transformación sistémica a nivel estructural y cultural, que permita el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres; entendiendo que no es un estadío final sino una revisión permanente de las construcciones sociales, que se facilitará por medio de la participación en espacios dialogales, enmarcadas en prácticas de tolerancia activa y reconocimiento del otro, de todos los actores involucrados en el espacio público. La estrategia que proponemos abarca cuatro etapas: 1. Mapeo multifactorial de las causas y manifestaciones de violencia de género. Aunado a la identificación de las necesidades y derechos no satisfechos para la población, esto complementado con un cruce de actores que intervienen en dichas interacciones e interrelaciones entre garante y sujeto de derechos. 275 2. Sistema de medición y evaluación, basado en evidencia e indicadores que permita, por un lado, documentar el proceso, sus aprendizajes y mejoras continuas; por otro, medir y evaluar los resultados e impacto alineados a la satisfacción de necesidades y problemáticas detectadas en la etapa anterior. 3. Sensibilización de los diferentes actores a través del diálogo en el espacio público con la intención de sumar las miradas diversas sobre el tema, para preparar al sistema para el cambio. Proponemos la construcción de un documento guía para dirigir estos espacios dialogales, donde se establezcan los puntos mínimos a cumplir relacionados con la operacionalización del enfoque de género, tomando en cuenta las características del contexto y de los actores. 4. Operacionalizar lo que significa el enfoque de género en lo cotidiano, esta es la etapa más larga porque es el momento de transformación y reconstrucción social: a. Políticas de discriminación positiva para propiciar cambios y visibilizarlos. b. Refuerzos de diálogo e información permanentes dentro y fuera del movimiento feminista. c. Vincularlo con el marco legal existente y realizar las ampliaciones normativas necesarias. Esta propuesta está estructurada como un proyecto a nivel nacional, que sea operacionalizable y medible en cascada; sobre todo, que considere la naturaleza sistémica del problema y los actores que en éste intervienen, con énfasis en la construcción del diálogo. Conclusiones Posterior al análisis realizado, la revisión conceptual exhaustiva; así como, la reflexión y comprensión de la dinámica de manifestaciones violentas de colectivas feministas en el contexto de la Ciudad de México en el 2020, es que reafirmamos nuestra postura a favor de este tipo de manifestaciones; apelando a la legitimidad de sus protestas por ser una respuesta 276 tangible a la violencia estructural histórica sufrida por las mujeres y representar la lucha de derechos y condiciones que contribuyan a la eliminación de la violencia de género. Comprendemos que la frustración y el resentimiento pueden ser desencadenantes de la violencia y que pueden nacer como sentimientos humanos en medio de una situación violenta en la que se trastocan derechos fundamentales o que denota injusticia. En su representación social y derivadas de estos sentires, se identifican escalas: en el nivel inmediato se puede traducir en violencia simbólica en espacios u objetos, interviniendo destructivamente los mismos. En una escala más amplia, en la que sistémicamente se ve negada la satisfacción de necesidades básicas por medios pacíficos, se gestan formas más radicales de demandarla, poniendo la violencia personal al servicio de los movimientos. Hay que resaltar que estas escalas de actos violentos, se muestran como una respuesta furiosa ante una agresión originaria del sistema. La propuesta es mirar más allá de los actos violentos derivados, en específico de una marcha y/o manifestación puntual. Apelamos a una mirada sistémica, que nos permita comprender los orígenes de la violencia contra las mujeres y las causas estructurales para incidir sobre ellas. Bibliografía Arista, L. (2020, marzo 03). Crónica: Mujeres unen voz y cimbran México con reclamo de alto a la violencia. 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La sociedad civil frente a las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas Gabriel Escaffi Perla Myrell Méndez Soto Resumen En este documento se lleva a cabo la revisión de la participación de la sociedad civil frente a las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas. Para ello, en primer lugar, se puntualiza sobre la relevancia de hablar de las condiciones de vida y de trabajo de la población jornalera, advirtiendo la situación histórica de violaciones a sus derechos humanos, la falta de información en torno al tipo de contratación, al número de jornaleras y jornaleros que migran de un punto geográfico a otro, por mencionar algunos ejemplos de vacíos de información. Asimismo, se realiza una revisión general de las políticas y acciones que ha habido orientadas específicamente a la población jornalera y la importancia de que se aceleren los esfuerzos, sobre todo ante el contexto de COVID-19. Finalmente se hace una breve descripción de cuáles han sido las iniciativas promovidas por las organizaciones de la sociedad civil y otros actores independientes ante el complejo panorama de la población jornalera. Palabras clave: población jornalera, derechos humanos, trabajo digno, organizaciones de la sociedad civil. Introducción El objetivo de esta ponencia consiste en describir y analizar la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil frente a la problemática laboral de las jornaleras agrícolas considerando: la visibilidad de las jornaleras agrícolas como sujetas políticas y sujetas de derechos; la movilización social en torno a las personas jornaleras agrícolas; y, la identificación de acciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil en torno a las jornaleras agrícolas en el contexto actual. Bajo este panorama, la pregunta que guía la ponencia es: ¿cómo ha sido la participación de organizaciones de la sociedad civil frente a las condiciones de laborales de las jornaleras agrícolas? 280 El objetivo de la ponencia es: realizar una revisión de las organizaciones de la sociedad civil que tienen como parte de su agenda las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas, las características y las demandas que plantean, para identificar la visibilidad de ellas como sujetas políticas y de derechos en un ámbito de trabajo precarizado y donde las desigualdades se pueden ver acentuadas por razones de género. El supuesto del que se parte es que la lucha por condiciones de trabajo digno de jornaleras y jornaleros agrícolas ha sido espaciada a lo largo del tiempo, que es un sector que actualmente se encuentra derivando en un estancamiento en las condiciones laborales y de vida de esta población. Al respecto, sí bien se han articulado algunos esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la articulación de distintas organizaciones de derechos humanos, en estos esfuerzos se ha precisado de poner el acento en las jornaleras como sujetas políticas y de derechos. Con base en lo expuesto, la presente ponencia se basa en una revisión documental del papel de las organizaciones de la sociedad civil en torno a las jornaleras agrícolas, destacando su relevancia y los retos de contar con un diagnóstico sobre sus condiciones de trabajo y de vida, así como aquellas demandas que se precisa hacer visibles como parte de una revisión interseccional de qué significa ser jornalera agrícola en México. De este modo, se busca describir qué antecedentes de movilización social existen, la presencia de demandas sociales en torno a las jornaleras en concreto, y cómo dichas demandas se encuadran y articulan. ¿Por qué hablar de la movilización de la sociedad civil en torno a las condiciones de trabajo de la población jornalera? Para responder esta pregunta precisamos de plantear información inicial sobre la población jornalera que enmarque el abordaje sobre qué hacen diversos actores frente a sus condiciones laborales. De acuerdo con el INEGI, en México, la población de 15 años y más ocupada en actividades agrícolas, es de 5.5 millones de personas a diciembre de 2015. Considerando este universo, se apunta que 56% son personas agricultoras y 44% trabajadoras agrícolas de apoyo, es decir, 281 personas que son peonas o jornaleras. Bajo este contexto 11 de cada 100 personas ocupadas en actividades agrícolas son mujeres (INEGI, 2016). Cuando nos centramos en las condiciones laborales identificamos que sólo tres de cada 100 personas trabajadoras agrícolas tienen un contrato escrito y, de ellas, seis de cada 10 tienen un contrato escrito temporal o eventual, y las cuatro restantes tienen un tipo de contratación de base o de planta (INEGI, 2016). Para 2016, las personas jornaleras ganaban en promedio 18.5 pesos por hora laborada. Asimismo, se ha documentado que de 100 personas, 66 son remuneradas y 34 reciben pago en especie, y siete de cada 100 reciben prestaciones como aguinaldo y vacaciones (INEGI, 2016). Como se puede advertir, las condiciones de trabajo de la población jornalera representa condiciones de trabajo contrarias a los derechos humanos. Al panorama descrito se suma que, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de cada 100 personas trabajadoras agrícolas, 24 hablan alguna lengua indígena. De ellos, 91.5% hablan también el español, por lo que se puede decir que de cada 10 personas jornaleras hablantes de una lengua indígena, uno es monolingüe (CNDH, 2019). Así, en términos de los derechos humanos que las jornaleras y jornaleros agrícolas ven afectados, se encuentran, de acuerdo con la Recomendación General de la CNDH: • Seguridad y protección social. Al encontrarse expuestas al trabajo eventual, de corta duración y sin contratos formales, las personas jornaleras agrícolas son afectadas al no recibir las prestaciones sociales, ni acceso a instituciones de salud. • Exposición a riesgos. A los trabajadores agrícolas, por lo general, no se le proporciona equipo de protección personal adecuado para realizar trabajos riesgosos, en especial para el manejo de agroquímicos, además de no contar con capacitación, ni medidas de seguridad adecuadas para la aplicación de éstos por lo que son recurrentes las intoxicaciones y quemaduras provocadas por la exposición a estas sustancias. Las precarias condiciones de trabajo, las jornadas extenuantes y las inclemencias del 282 clima generan deshidratación e insolación, a la vez que los trabajadores están expuestos a diversos riesgos de trabajo. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los 335,000 accidentes laborales fatales en el mundo, como 170,000 corresponden a fallecimientos de trabajadores agrícolas cada año (50.7%). Asimismo, se identifica que la población jornalera no vive las mismas afectaciones a sus derechos, en tanto que puede haber diferencias en función del sexo, de la edad, del estado civil y conyugal, entre otros elementos. Frente a este panorama, entre esta población que de manera histórica vive vulneraciones a sus derechos, destaca la situación de las jornaleras agrícolas, quienes ven afectado su derecho a la salud reproductiva, a una vida libre de violencia y llevan a cabo en mayor medida el trabajo de cuidados y el trabajo de la casa, viviendo así triples jornadas de trabajo. Frente a esta situación, ¿cuáles son las acciones que se llevan a cabo desde los distintos sectores de la sociedad? Las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas y las acciones por parte de agentes clave La visibilización de las condiciones laborales de las jornaleras y los jornaleros agrícolas es un campo de acción en específico que busca hacer eco en un panorama que se ve atravesado por problemáticas de diversa índole, en específico en el contexto de la pandemia por COVID19 que, por cierto, afecta de manera desproporcionada a las personas trabajadoras agrícolas. Aún cuando las actividades agrícolas son esenciales para la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto, no se han impulsado medidas de protección social ante la contingencia sanitaria que reflejen una apuesta por la garantía de los derechos laborales y de protección social de la población jornalera. Ahora bien, indagando sobre acciones y programas gubernamentales orientados a la población jornalera, se identifica como un antecedente relevante el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). Este programa se dirigió a “grupo de personas mayores de 16 283 años que laboraban como jornaleros agrícolas, así como a los integrantes de su hogar que presentaban la condición de pobreza” (SEDESOL, 2011, pág. 6). El objetivo del PAJA consistía en: contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y exclusión social de la población jornalera agrícola. Está dirigido a personas de 16 años o más que laboran como jornaleros y jornaleras agrícolas, así como los integrantes de su hogar. Otorga los siguientes apoyos directos: Estímulos para la asistencia y permanencia escolar, apoyo económico al arribo, apoyos alimenticios a niñas y niños y además realiza acciones que permiten el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola, tales como: servicios de acompañamiento a la población Jornalera Agrícola, acciones de promoción y participación social, acciones para potenciar el desarrollo, apoyos especiales para contingencias, estudios e investigaciones y dota de apoyos para el acceso de servicios y vivienda. Actualmente no existe un programa federal orientado de manera específica a la población jornalera, aun cuando las condiciones de vida y de trabajo representan afectaciones a los derechos humanos de las jornaleras y jornaleros, así como de sus familias. Otro de los programas que podían beneficiar a esta población es el Subprograma de Movilidad Laboral Interna (SUMLI), de la STPS, el cual otorga apoyos económicos con el fin de conectar oferta y demanda y reducir la participación del ‘enganchador’. Sin embargo, la figura de la persona enganchandora prevalece, y es probable que la población jornalera en su mayoría desconozca este tipo de programas. De este modo, la falta de una oferta programática ante condiciones de contratación irregulares o fuera de la ley, afecta considerablemente otros derechos como el acceso a servicios de salud y la necesidad de que se consoliden servicios que atienden a población que por las condiciones de trabajo no tiene acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social; esto cruza con las condiciones de acceso a la educación de la población jornalera y sus familias, ello origina que el problema de acceso a la educación sea tanto para niñas, niños y adolescentes, 284 como para personas adultas; asimismo, destacan las condiciones de las viviendas que habitan, particularmente cuando se encuentran en sus lugares de arribo, en tanto que los albergues existentes pueden no ser accesibles para todas y todos los jornaleros, o pueden advertirse condiciones de hacinamiento, falta de servicios, entre otros problemas. Aunado a lo expuesto, las jornaleras agrícolas viven discriminación en las comunidades que habitan, y también viven violencia tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral (Arellano Gálvez, 2014). La situación descrita se acentúa con la condición de migración, y la necesidad de contar con mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar los derechos a la población jornalera, teniendo presente el lugar de origen y la importancia de prevenir la migración en condiciones inciertas o contrarias a los derechos laborales; asegurar la cooperación de las instituciones de los lugares de tránsito, así como el compromiso con los lugares de arribo tanto por parte de las instituciones gubernamentales como la necesidad de que las personas empleadoras respeten los derechos laborales de la población jornalera. De este modo, frente a la situación de la población jornalera, por un lado, y las omisiones por parte de las instituciones gubernamentales para garantizar los derechos, ¿cómo se han articulado demandas sociales?, ¿cuáles han sido las propuestas por parte de las organizaciones de la sociedad civil o de otros actores relevantes?, ¿cómo se han movilizado las jornaleras y jornaleros agrícolas? La movilización social en torno a las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas La movilización social, en el caso de la población jornalera, ha tenido diversas expresiones; y una de sus características es que no se encuentra coordinada geográficamente, posiblemente en parte por las condiciones de la migración y por la atomización aparente del problema a lo largo del territorio nacional. 285 En este sentido, podemos compartir que las condiciones de vida y de trabajo de la población jornalera deben ser atendidas con urgencia por significar violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta población. De manera adicional, CONEVAL señala como parte de la dificultad para la movilización y para la investigación que: La propia situación laboral de la población jornalera determina sus rutinas cotidianas, impidiendo la disponibilidad de tiempo para atender a investigadores. Buena parte de esta población se encuentra en movimiento constante, muchos se albergan en espacios hacinados sin acceso a la intimidad y, sobre todo, quienes habitan dentro de los campos de cultivo de las grandes agroindustrias se someten a estrictas reglas de las empresas que, entre otras cosas, impiden el acceso de personal ajeno a la empresa y cuyo incumplimiento supone el despido. A estas dificultades se añade la creciente inseguridad y violencia imperante en las regiones más empobrecidas del país que impide la realización de investigaciones en condiciones de seguridad con población jornalera agrícola (CONEVAL, s.f., pág. 9). De este modo, la problemática, su complejidad, las características de la población jornalera, entre otros factores, configuran un escenario complejo para la movilización social que desemboque en un movimiento social. Así pues, se considera que la acción colectiva no está determinada por el agravio ni por las personas agraviadas. Su construcción es más bien contingente y relacionada con los procesos configuradores de una identidad que les distingan como sujetas y sujetos políticos para distinguir un “nosotras” o “nosotros” en un campo determinado de acción. Bajo este panorama, se considera que la extensión social del agravio es fundamental para lograr hacer visible esta condición, y para colocarse en una posible interlocución frente a las instituciones gubernamentales, y frente al resto de actores clave en las agendas donde 286 tendrían y podrían figurar las demandas de la población jornalera, bajo un enfoque de derechos humanos. Entre las formas para dar cuenta de la movilización social se encuentran, en términos generales las disruptivas y las dialógicas. Las disruptivas se relacionan con movilizaciones en las calles, marchas, mítines, o alguna irrupción en el espacio público ante una coyuntura específica para hacer visible una demanda. Por otra parte, en términos analíticos, se tienen los canales para la acción bajo lógicas dialógicas, donde se privilegia la formación de organizaciones de la sociedad civil, o de redes, que contribuyan a hacer visible una agenda y un conjunto de demandas. Bajo este panorama, se identifica que la movilización social en torno a las condiciones de trabajo de la población jornalera han derivado en que personas desde la academia y de las organizaciones de la sociedad civil, así como agencias internacionales, promuevan una agenda en torno a la revisión de las condiciones de trabajo de la población jornalera. De este modo, podemos identificar distintas expresiones de acciones colectivas y organizaciones de la sociedad civil orientadas a colocar en la agenda pública la problemática situación de los derechos laborales de la población jornalera. Entre las expresiones organizativas que existen se encuentran las siguientes: • Organizaciones locales (Centro de Derechos Humanos Tlalchinolla, Mixteco Yosunovico de Sonora Cerro Nublado, A.C., Centro de Desarrollo Indígena Loyola, entre otras). • Redes (Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, la Coordinadora Nacional De Defensoras De Derechos Humanos Laborales, entre otras). • Grupos de académicas y académicos de instituciones como CIESAS. • Agencias internacionales como la FAO o la OIT. De manera específica, destaca que entre una de las redes con mayor presencia en la agenda relacionada con la población jornalera se encuentra la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, la cual tiene por objetivo “contribuir con las personas jornaleras 287 agrícolas y sus familias a mejorar sus condiciones de vida, tales como salud, vivienda y educación, así como sus condiciones laborales y el acceso a un salario digno, con prestaciones de ley, desde un enfoque de género, interculturalidad y de derechos humanos” (REJJA, s.f.). Esta Red ha promovido en el contexto de pandemia por COVID-19. Al respecto, destaca la publicación sobre “Recomendaciones prácticas dirigidas a personas que contratan, atienden y acompañan en diferentes niveles de intervención a las Personas jornaleras agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en México”, en este documento se señala de manera contundente que: sabemos que no es el único sector de la población que lo requiere, pero sí consideramos necesario redoblar esfuerzos, debido a que sus condiciones de traslado, laborales, de vida en los albergues y, lugares de pernocta o de asentamiento, vulneran sus derechos, poniendo en riesgo su vida, integridad y salud al estar expuestos y expuestas a contraer la enfermedad generada por el COVID-19, lo que podría detonar un brote de posible contagio en sus familiares o cuadrillas de trabajadores/as, así como en sus comunidades, sean asentamientos, población local o quienes están de retorno a sus lugares de origen. Cabe destacar que las personas jornaleras suelen ser hombres o mujeres que se contratan por su cuenta, o bien con los integrantes de sus familias, esto comprende a las y los infantes y adolescentes y otros familiares dependiendo del componente consanguíneo o de parentesco, así como sus contextos de origen o procedencia, sean rurales o indígenas; también la integran personas cuyos asentamientos están en diferentes puntos geográficos del país con producción agrícola intensiva; de igual forma están las personas jornaleras locales, que no emigran, sino que trabajan en su mismo municipio en el sector agrícola. Además de posicionamientos, las diversas organizaciones realizan investigaciones y publican información que contribuye a documentar las condiciones de vida y de trabajo de las jornaleras y jornaleros agrícolas, sin dejar de lado que es indispensable contar con información puntual sobre cuántas personas son jornaleras, qué porcentaje cuenta con contratos, qué porcentaje tiene acceso a albergues, cuántas son mujeres, qué edad tiene la 288 población jornalera, así como a qué programas sociales tienen acceso, ante la ausencia de un programa específico para esta población. Frente a este panorama, las organizaciones de la sociedad civil conforman el frente más importante para exigir y buscar alternativas para promover condiciones de trabajo dignas para la población jornalera. Los canales para la búsqueda de incidencia en las condiciones de vida y de trabajo de la población jornalera se orientan a: Posicionamiento de temas específicos. Al respecto destaca la iniciativa de FUNDAR en torno a la Alianza Campo Justo, la cual llama al Gobierno Federal a reconocer la labor de las personas jornaleras y a fijar un salario mínimo digno, a raíz del reconocimiento del trabajo agrícola como esencial en el contexto de la pandemia por COVID-19 (FUNDAR, 19 de octubre de 2020). Por su parte, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (PRODESC), como parte del acompañamiento a la población jornalera, apunta que: Las jornaleras agrícolas que migran de manera pendular o golondrina provienen de comunidades altamente marginadas, la pobreza las orilla a salir de sus comunidades y emplearse en una lógica de explotación laboral y de completa violación a sus derechos laborales (2019). Elaboración de diagnósticos. La Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas publicó en 2020 su primer informe denominado Violación de Derechos de las Jornaleras y Jornaleros Agrícolas en México, documento que aborda elementos centrales para profundizar en las causas de la migración, el perfil de las entidades expulsoras de población jornalera, y de las entidades de arribo, así como los mecanismos de enganche y de contratación. Si bien no sólo las organizaciones de la sociedad civil publican diagnósticos y documentos para difundir y promover el estudio y diagnóstico de la situación laboral de la población jornalera, es relevante el tipo de aproximación que llevan a cabo, al vincularse de manera cercana con las jornaleras y jornaleros como sujetos políticos. 289 Impulso de alternativas para la población jornalera. En este rubro, organizaciones como Solidaridad Internacional Kanda SiKanda promueven acciones en entidades federativas específicas. Esta organización oaxaqueña se fundó en 2009 y promueve el desarrollo sustentable en las comunidades en situación de marginación (Sikanda, s.f.). Entre los proyectos que han llevado a cabo destaca “Campos de Esperanza” como una iniciativa de cooperación internacional, y tiene por objetivo “prevenir el trabajo infantil y promover la mejora de condiciones de trabajo en las comunidades agrícolas migrantes en Oaxaca y Veracruz en los sectores de caña de azúcar y café. El programa ha sido diseñado para realizar un abordaje integral de la problemática de trabajo infantil” (Sikanda, s.f.). De igual manera, The Hunger Project es otra organización oaxaqueña que se ha orientado a contribuir al esfuerzo por trabajar en comunidades con jornaleras agrícolas con perspectiva de género, promoviendo el trabajo comunitario, programas para el liderazgo de las mujeres y estrategias de incidencia en política pública en el lugar de origen de las jornaleras. Consideraciones finales Como se pudo observar a lo largo del desarrollo de este trabajo, es incuestionable la relevancia de comprender, visibilizar y tomar acciones intersectoriales para hacer frente a la sistemática vulneración de los derechos que viven las mujeres jornaleras en México. Es un problema público que, por la misma naturaleza de su movilización y extensión a nivel nacional, se han generado aparentes incentivos para rezagar la agenda pendiente en materia de protección social de esta población. Como se puede concluir en la caracterización de las condiciones laborales sobre las que se desarrolla el trabajo agrícola, y con mayor énfasis por parte de las mujeres jornaleras, es un sector altamente precarizado, con condiciones alejadas de toda promoción de un trabajo digno y que no vulnere los derechos humanos, y que; por el contrario, cumpla como una dimensión clave para el desarrollo integral de cualquier persona trabajadora. 290 La vulneración de los derechos de las jornaleras y jornaleros sucede a lo largo de su ruta migratoria para el desarrollo de su actividad, cubriendo ámbitos como la seguridad y protección social, exposición a riesgos, siendo este sector uno de los sectores con mayor nivel de impacto en materia de accidentes laborales, principalmente por la falta de medidas adecuadas y manejo de agroquímicos, así como una vulneraciones diferenciadas por diferentes características (edad, sexo, origen, estado civil, entre otros), y particularmente para las jornaleras agrícolas que viven de manera constante distintos tipos de violencia y reforzamiento de las desigualdades. Por otra parte, contrasta significativamente que en el contexto de la contingencia por COVID19, haya prevalecido el incentivo económico y lógicas de mercado por encima de la protección de las personas que sostienen una actividad tan esencial como la actividad agrícola, generando una alta exposición a riesgos, los cuales son innegociables frente a la necesidad de esta población de llevar sustento a sus hogares. En materia de programas federales o estatales, resalta la ausencia de programas específicos, diseñados de manera pertinente para atender los derechos vulnerados de esta población; y más aún, la necesidad de una agenda intersectorial articulada, que garantice el acceso a una serie de productos y servicios básicos para su pleno desarrollo y el de sus familias. Las condiciones de contratación irregulares, limitan el acceso a la seguridad social, no solo de la población jornalera, sino de sus familiares, asimismo, las condiciones de vivienda son precarias y encarecidas en relación a sus ingresos, dada su condición de migrantes, es decir, esta población subsidia, en mayor o menor medida, parte de los costos que implica el desarrollo del sector agrícola, con costos altos en el mediano y largo plazo, no solo para ellos sino para la sociedad en su conjunto bajo una lógica de sostenibilidad. Finalmente, frente a este problema público, el papel de la sociedad civil ha sido y es clave, aún con brechas para un mayor desarrollo de este sector enfocado en la población jornalera, al mediar por el cumplimiento de los obligaciones y responsabilidades del Estado, como de la iniciativa privada para que esta vulneración de derechos no solo no siga incrementando, 291 sino que se elimine. Asimismo, reconociendo a la y el jornalero, como sujetos políticos, con el derecho de exigencia porque estas condiciones no persistan. Bibliografía CONAPRED. (2018). Ficha temática Personas jornaleras agrícolas. Ciudad de México: CONAPRED. CONEVAL. (s.f.). Incidencia del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). Estudio exploratorio con enfoque cualitativo. Ciudad de México. Agrícolas, R. N. (2019). Violación de los derechos de las y los jornaleros agrícolas en México. Primer Informe. Ciudad de México. Aranda Gallegos, P. (2014). De espacios y violencias: vida cotidiana de jornaleras en comunidades del noroeste de México. Región y Sociedad. Arellano Gálvez, M. d. (2014). Violencia laboral contra jornaleras agrícolas en tres comunidades del noroeste de México. Derechos reservados de El Colegio de Sonora. De la Garza, T. (2011). Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque multidimensional. Estudios Políticos, 107-138. INEGI. 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Recuperación del espacio colectivo como modelo cultural educativo de alta replicabilidad Andrea Getzemani Manzo Matus Alejandra Rosado Martínez Resumen A finales del 2017, una comunidad zapoteca en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, perdió cerca del 70% de su patrimonio cultural, esta destrucción física representó a su vez la pérdida de los espacios públicos de recreación y trabajo, la pérdida de memoria colectiva y el desarraigo comunitario. A través de una etnografía comunitaria, el mapeo de actores y la observación participante realizada en barrios y colonias durante todo el 2017 y parte del 2018, con personas que habían perdido sus casas tradicionales y con artesanos y artesanas de la comunidad; se identificaron 4 ejes de acción para el fortalecimiento del tejido comunitario articulado con el patrimonio cultural: preservación, trabajo, recreación e identidad. Partiendo de esos ejes, se logró desarrollar modelo de reconstrucción alternativa, que inició con una ruta cultural, turística y artística que revitaliza los saberes populares a través de la educación, impulsando en el 2020 la reactivación económica de 59 personas, la introducción de 268 adultos, 120 niños y niñas zapotecas a las prácticas culturales que han permitido a los pueblos zapotecas existir en sus territorios. Palabras clave: acciones colectivas, educación popular, patrimonio cultural, memoria colectiva, espacio público y vida cotidiana. Antecedentes Dentro de los pueblos que conforman el territorio Istmeño Oaxaqueño; en la planicie se encuentra la comunidad de Asunción Ixtaltepec con un total aproximado de 7, 616 habitantes en la cabecera municipal, donde el 39.5% de la población habla diidxazá (zapoteco del Istmo) y el 59.4% de las personas son económicamente activas. (INEGI, 2020) En Oaxaca alrededor del 12,3 % de la población son trabajadores son artesanos o se dedican a algún oficio 293 tradicional, y 14,3% se dedican a trabajos relacionados con agricultura y ganadería (Secretaría de Economía, 2020). La constitución poblacional de Asunción Ixtaltepec está conformada en su mayoría por adultos mayores de 50 años, quienes se dedican a algún oficio que desarrollan en sus hogares tradicionales, mismos que fungen como vivienda y como talleres de producción artesanal. Dentro de la producción de dichos oficios se encuentran; el cultivo de maíz, frijol, producción de pan, tortilla, totopo, bordadores, tejedores de fibras, alfareros, mamposteros, productos a base de frutas, productos con papel, entre otros. Las viviendas/ talleres forman parte del espacio comunitario, ya que en ellas se produce vida cotidiana, saberes y fiestas que componen la identidad cultural del pueblo yaati (etnónimo en diidxazá que significa pueblo que está arriba). En Asunción Ixtaltepec; la producción de artesanías se realiza alrededor de los ciclos festivos y el aprendizaje de estos saberes se da en entornos familiares y vecinales a través de la reproducción de los conocimientos ancestrales apropiados de generación en generación, de ahí la importancia de la preservación de las viviendas como espacios de construcción del conocimiento. Los oficios tradicionales expresan las prácticas de la vida cotidiana de las comunidades y sostienen la economía comunitaria, el trabajo y memoria colectiva. Las manos de los artesanos y artesanas de oficios reflejan cómo una extensión del cuerpo humano puede transformar el origen de los materiales, sin perder el valor de lo hecho a mano frente a una era industrial. Sus productos y servicios han cubierto las necesidades básicas de civilizaciones durante milenios y al mismo tiempo han mantenido el sentido de pertenencia a la comunidad a través del alimento, vivienda, vestido, salud y creencias. Crisis, educación y espacios públicos El 07 de septiembre del 2017, un sismo de 8.2 de magnitud azotó el sureste del país, causando severos daños económicos, sociales y materiales, dejando entre los pueblos más afectados a la comunidad binnizá (etnónimo que refiere a los zapotecas como gente que proviene de las nubes, binni, gente; zá, nube) de A. Ixtaltepec, este fenómeno natural exacerbó las crisis materiales y sociales, provocando que el 35% del patrimonio familiar y comunitario fuera 294 catalogado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como pérdida total y cerca del 32% como daño parcial (Olivares, 2017). Hecho que dio lugar a la destrucción con maquinaria de las viviendas tradicionales, muchas edificadas hace por lo menos un siglo, y construidas a base de materiales y saberes locales como lo son: el ladrillo cocido, la cal, la arcilla y vigas de madera. Esta destrucción física intencionada representó a su vez la pérdida de los espacios públicos de recreación y de trabajo, agudizando una destrucción mucho más profunda que aqueja a las comunidades del Istmo desde hace por lo menos veinticinco años: el arraigo comunitario y la memoria colectiva, y es que, tal como apuntan (Bonti y Lijtenstein, 2020) la destrucción voluntaria del patrimonio cultural se ha usado a través del tiempo como un medio para ejercer el poder y erradicar la cultura de una comunidad, ya que atenta directamente contra los iconos que la identifican. En el Istmo la destrucción de las viviendas a través de maquinarias se llevó a cabo mediante una campaña de desprestigio a los saberes constructivos comunitarios y los materiales locales, dando lugar a la introducción de materiales industrializados y nuevas formas de concebir la vivienda. Desde el 2017, el trabajo por la recuperación material de la comunidad no ha parado, sin embargo y pese a las múltiples formas de organización que ha generado la comunidad para volver a recuperarse de las crisis agudizadas por el sismo; las nuevas condiciones sociales han profundizado los procesos de desarticulación, aumentando principalmente la violencia, el desempleo, la migración forzada, y el abandono de adultos mayores de la población (principalmente mayores de 65 años), todo esto a luz de la búsqueda de mejores oportunidades laborales en términos del desarrollo económico global, lo que ha implicado a su vez no solo el abandono si no la devastación y desconocimiento de los medios de vida naturales con los que cuenta la comunidad. Estas condiciones locales han repercutido de manera negativa, en sectores vulnerables en primera línea a los niños y niñas, mujeres y los mismos adultos, ya que son quienes permanecen en la comunidad. El colonialismo interno ha buscado alejar a los pueblos originarios de su ancestralidad, perpetuando sus estrategias desde la política, la religión y la economía, buscando reemplazar sus espacios vitales por territorios, prácticas y 295 representaciones ajenas a los propios pueblos (Valles, J. y López, G, 2018). A éste contexto por el que atraviesan todos los pueblos, en el Istmo se le suma la crisis derivada por el terremoto misma que aceleró los procesos de desarticulación comunitaria desplegándose a través de dos acciones: 1) la destrucción del patrimonio; lo que llevó al desplazamiento de los espacios colectivos, y 2) la negación de la memoria en las nuevas generaciones; mediante los programas educativos bancarios que excluyen la importancia de los oficios tradicionales para la reproducción de la vida. El sistema educativo tradicional se enfoca primordialmente en las propuestas educativas regidas por la globalización y la masificación sin reforzar los vínculos con las tradiciones y conocimientos locales, apuntando al desarraigo comunitario y a la búsqueda de elementos externos al territorio para concebir la vida fuera de él, no considera modelos que aprehendan el conocimiento del entorno cercano, la memoria colectiva, ni las condiciones culturalmente adecuadas para la creación del conocimiento, al contrario se encuentran en constante oposición, tal como apunta Jesús Nuñez: “En el ámbito educativo estas dos cosmovisiones se reproducen de forma diametralmente opuestas: La moderna es enseñada por programas de estudio escolarizados y operacionalizados a través de la escuela en mediación obligada del lenguaje escrito y; la local es enseñada y recreada socialmente en el diario vivir con la familia y con los vecinos mediante el uso exclusivo de las oralidades y la memoria individual y colectiva” (Nuñez, 2004: 5). Esta ambivalencia entre los modos de reproducir la vida, ha dirigido la mirada y acciones de las nuevas generaciones hacia el desarraigo territorial y con ello; a la pérdida de los oficios tradicionales que históricamente han caracterizado a la comunidad. El rol del patrimonio cultural en la reconstrucción comunitaria En medio de este contexto comunitario en el que como Asociación Civil nos encontrábamos trabajando, nos planteamos diversas preguntas para tratar de abonar a una solución comunitaria de los problemas observados, la principal pregunta que guio nuestra investigación fue: ¿de qué manera podemos abonar a la reconstrucción del tejido social? 296 Considerando que la ruptura del tejido social es un problema que se ha percibido en la comunidad desde hace más de veinte años y que ha sido impulsada a su vez por los mismos procesos del estado mexicano a través de dinámicas educativas y sociales que han buscado erradicar las formas de organización comunitarias existentes; lo saberes tradicionales populares que se producen fuera de las aulas y que rebasan las diferencias generacionales y la búsqueda de una satisfacción plenamente económica para vivir en los territorios en los que se reproducen estos saberes, nos preguntamos; ¿cómo abonar a la reconstrucción del tejido social?, ¿de qué manera la reconstrucción del patrimonio cultural y el espacio público contribuyen al bienestar comunitario? y ¿cómo asegurar la reproducción de los saberes tradicionales en las nuevas generaciones? Estas preguntas de investigación guiaron nuestra hipótesis de manera reflexiva hacia la búsqueda de acciones que abonen a la reconstrucción comunitaria en términos de la propia comunidad. En ese sentido y a partir de las primeras observaciones realizadas, nos planteamos la siguiente hipótesis: El patrimonio cultural ,entendiendo el patrimonio como una serie de prácticas y bienes materiales que ayudan a conservar una continuidad comunitaria a través de la identidad (Dormaels, 2012) -expresado principalmente en las casas tradicionales de Asunción Ixtaltepec, guarda una fuerte memoria histórica en las personas de la comunidad, generando un sentido de pertenencia comunitaria que permite impulsar acciones colectivas de forma intergeneracional; acciones que a su vez sostienen y regulan los medios de vida. El patrimonio refiere a un conjunto de formas de vida, creencias, valores, emociones y significados que proporcionan sentimiento de identidad y pertenencia (Arévalo, 2010), por ello cuando las casas tradicionales colapsaron, se perdieron los espacios de encuentro familiares para la enseñanza-aprendizaje de los saberes locales, pero, además, se pusieron en vilo elementos que guían y conforman la realidad del pueblo y que permitían la existencia de acciones comunitarias. Una vez expuesto lo anterior, creemos que la recuperación de los oficios tradicionales fortalece el tejido social y por ello es necesario proponer desde la educación popular, espacios 297 de encuentros para la reproducción de estos saberes comunitarios que permitan la vinculación intergeneracional para poder habitar en la comunidad con elementos que la misma posee. La educación popular como práctica transformadora Para brindar a las nuevas generaciones oportunidades de reconocer y reproducir sus saberes tradicionales, es importante generar espacios de encuentro y reflexión de su realidad, pero sobre todo de vinculación comunitaria a través de los espacios educativos de los que son parte. Para ello, es necesario que la educación escolarizada transite hacia “modelos alternativos de producción donde se reconozca lo diferente, nos referimos a las tradiciones y costumbres de los pueblos y comunidades, ámbitos golpeados por los procesos de globalización ya que en la actualidad priva un rechazo a las prácticas tradicionales” (Noriero, 2007: 359). La educación comunitaria, transmitida fuera del aula, parte del hecho de que todos los agentes comunitarios tenemos un conocimiento que abonar, y que el aprendizaje se vive y es un proceso de recíproco, es así que: “quien enseña aprende y, de igual manera, quien aprende enseña” (Mejía, 2014: 7). Aun cuando los sistemas educativos convencionales han sido determinados por las exigencias competitivas de una vida profesional, el desempeño de los saberes populares comunitarios continúa desarrollándose Inter generacionalmente desde esta perspectiva de reciprocidad. Por ello apostamos a que la creación del conocimiento abone al desarrollo de la realidad social y que, cuando las propuestas pedagógicas y educativas se transmitan articulen: “la experiencia y la vivencia de los ámbitos en los que los sujetos se forman, es decir, familia, barrio, comunidad, instituciones, espacios y grupos humanos formales e informales” (Brito 2008:39). Esta formación debe crear un compromiso de las nuevas generaciones para la realización de prácticas que incidan en la transformación comunitaria, desde la búsqueda de justicia social, económica, ambiental y política. Por todo lo anterior, creemos necesaria, la apertura de nuevos espacios educativos que involucren de forma dinámica a las generaciones más jóvenes en el aprendizaje, con un marco de referencia educativo que considere la realidad más inmediata que yace en nuestro entorno, para poder reflexionar sobre ella, cuestionar y proponer acciones que fortalezcan la identidad, el arraigo comunitario y el buen vivir de los pueblos. 298 Metodología implicada: investigación etnográfica El desarrollo de este proyecto, parte -como se ha expuesto antes- de la necesidad de encontrar soluciones comunitarias a las problemáticas que padecía la comunidad de la que somos parte como Asociación Civil, esto nos ha llevado a la búsqueda de acciones permanentes a través de una investigación colaborativa y comprometida, aunadas a las acciones de identificación, descripción y participación de eventos cotidianos en la comunidad, privilegiando la percepción de las personas que han formado parte de este proceso. Esta investigación de corte cualitativa, fue guiada por una metodología de investigaciónacción aplicada, a través de la etnografía, apoyándonos de herramientas propias del método como lo son: la observación participante, entrevistas a profundidad y diversos mapeos de actores. La etnografía se ha caracterizado como la metodología antropológica por excelencia, definida por Anthony Giddens como el estudio de personas o grupos durante cierto periodo de tiempo, que pretenden revelar los significados que sustentan las acciones sociales mediante la participación directa del investigador (2004). A diferencia de cómo tradicionalmente se plantean los procesos de investigación, la elección del método para el desarrollo de la misma la ha determinado la cotidianidad de la que formamos parte como actores comunitarios. Más allá de los intereses de las agencias internacionales; creemos en la importancia de generar acciones que comprometan y pongan como prioridad a los sujetos comunitarios a través de prácticas de acompañamiento respetuosas. Con el fin de reconocer el territorio y a las artesanas y artesanos que continuaban con algún oficio tradicional en la comunidad, se realizó un mapeo de actores por sección, éste mapeo arrojó que hay ciertas secciones en la comunidad, como la cuarta y la segunda Sección que concentran un mayor número de artesanos y artesanas, así como otros datos referentes al tipo de oficio al que las personas se dedican, edad de los artesanos, y ocupación según el género. Posteriormente, de acuerdo a los datos obtenidos, se realizaron entrevistas a profundidad a los artesanos, a través de preguntas abiertas que nos permitiera captar la 299 perspectiva de los actores involucrados con la menor interferencia posible del entrevistador (Guber, 2011). La segunda etapa del levantamiento de la información fue a través de la realización de historias de vida para tratar de registrar de qué manera, las personas que se dedican a un oficio tradicional aprendieron el oficio y cómo lo han transmitido a otras generaciones. Otro instrumento para la recolección de datos fue la observación participante; proceso constante en la investigación que nos ha permitido tener elementos para el análisis de la realidad que estudiamos y de la que somos parte, este proceso se presentó de una forma sumamente reflexiva ya que la investigación no respondía a una estancia en la que el investigador es un agente externo que busca conocer conductas y actividades del otro que le es lejano; por el contrario la investigación y la búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas han sido pensadas desde la misma matriz cultural que se pretende investigar. La memoria histórica como propuesta de reconstrucción Partiendo de los objetivos y las necesidades comunitarias de reconstruir el tejido social a través de la cohesión y diferentes actividades, nació el proyecto “Regresemos los colores a Ixtaltepec”, como una invitación a las personas de la comunidad, niños, adolescentes, adultos y ancianos a revalorar su contexto -en medio de una escenario regional post desastre-, este modelo educativo busca incluir a las personas de la comunidad como espectadores y hacedores de artes, productores de alimentos, utilería cotidiana y creadores de historias. Aunque en un inicio la ruta se concibió únicamente como una idea creativa, que como su nombre lo indica buscaba acercar a la comunidad a los colores que persistían aún en la cotidianidad de las paredes derrumbada, escondidas entre los escombros de la reconstrucción, con la integración de los actores comunitarios; el proyecto se encaminó como una posibilidad para brindar acceso al arte como derecho en un principio y que se aplica como una herramienta que mejora la condición comunitaria a largo plazo. Mismo que fue logrado, a través de este proceso participativo que ha derivado en el desarrollo de otros procesos y herramientas alternativas para la reactivación económica local, el fortalecimiento de la identidad zapoteca, la apropiación del espacio público y como una propuesta educativa cultural. 300 A partir de este planteamiento como introducción al proyecto que devino, podemos profundizar en el desenvolvimiento de la investigación, para lo cual es importante reconocer la intervención de los agentes comunitarios que han participado en la gestión de su aplicación, quienes han definido los ejes principales en los que hemos basado el desarrollo nuestro modelo de reconstrucción alternativa. Estos están englobados en las siguientes cuatro líneas de fortalecimiento: 1. Preservación: buscar la recuperación del espacio público vecinal (paredes externas de casas tradicionales) 2. Trabajo: el patrimonio cultural como espacio de producción para la recuperación económica de los habitantes de la comunidad 3. Recreación: el arte, como modelo para involucrar principalmente a los niños y niñas en los procesos de creación de espacios públicos a partir de la pintura. 4. Identidad: los imaginarios y representaciones sociales que guardan la memoria colectiva, el reconocimiento de las personas de la comunidad y su vinculación con el territorio común en el que se sitúa el patrimonio tangible. Partiendo de esos ejes, creamos medios de participación a partir del arte que hicieron posible la creación de puentes entre las cosmovisiones colectivas que contemplan por un lado el valor de la memoria histórica y por el otro, la implementación de actividades que promuevan la cohesión social. De esa manera, implementamos intervenciones para recuperar los espacios colectivos utilizando un modelo educativo que inició con el reconocimiento de los elementos identitarios de la comunidad, donde se involucren tomas de decisiones colectivas que fortalezcan el sentido de pertenencia a través de la recuperación y reivindicación de espacios públicos. El valor de la ruina Haciendo alusión a Bonti y Lijtenstein (2020) en Reflexiones sobre la destrucción de la memoria. Operaciones hacia la recuperación de la arquitectura destruida voluntariamente entre los siglos XX y XXI, el primer paso para la revalorización de los espacios colectivos fue la recuperación y resguardo de las estructuras arquitectónicas tradicionales que continuaron 301 de pie y que resistieron tanto al sismo, como a la intervención de maquinarias para derribarlas. Este resguardo se hizo de manera colectiva mediante la pinta de murales a gran escala, en un primer momento estos murales contenían elementos característicos de la cultura zapoteca y mensajes en diidxazá que aluden a la fuerza de la identidad binnizá como representación gráfica de resistir al sismo. De esta forma, estos espacios sobrevivientes se convirtieron en referencias comunitarias como elementos que resistieron y que formaron parte a la alusión de un Asunción Ixtaltepec anterior al desastre. Estos murales fueron importantes como introducción del proyecto a la comunidad, a partir de la cual era posible dar pie a complejizar la investigación. Posteriormente, a partir de los mapeos realizados, continuamos con la elaboración de murales en honor a los actores locales más representativos y emblemáticos de la comunidad según el oficio al que se dedican (artesanos y artesanos) a los que nombramos por medio del reconocimiento comunitario guardianes y guardianas de oficios, nombrados de esta manera porque han preservado el oficio y reproducido el conocimiento ancestral que se manifiesta como parte del patrimonio cultural material e inmaterial de la comunidad. Para la realización de estos murales, además de involucrar a los guardianes y guardianas, extendemos la invitación las personas que habitan cerca del lugar en donde se realizará la intervención para colaborar en la creación de la conceptualización de imágenes que según sus propias percepciones; caractericen los oficios, a los guardianes, sus historias y a la misma comunidad, esto con el fin de acercar a las personas al espacio como público, pero también para abonar a la construcción de representaciones colectivas propias que propicien el reconocimiento de las riquezas de los territorios en los que habitan y que se refuerza el sentido de pertenencia de las personas en ellos, por consiguiente resultado en la disminución de la migración. Actualmente hemos realizado 21 murales comunitarios en paredes de casas tradicionales rescatadas, que forman parte de una ruta cultural turística y artística al alcance de la comunidad y que buscan proporcionar vínculos sociales a través de espacios creativos que homenajean y revitalizan los saberes populares que guardan los y las artesanas de oficios tradicionales como representantes vivos de la historia comunitaria. De esta forma, las 302 viviendas tradicionales sobre las que se han plasmado los murales, funcionan no solo como talleres, sino como casas- museo emblemáticas de los barrios en donde se encuentra ubicadas, de igual forma se han realizado instalaciones físicas en las paredes para que los niños y las niñas se apropien de forma dinámica de estos espacios de encuentro barriales. Dichos murales actúan como catalizadores visuales hacia referencias de la memoria colectiva que se comparten en el espacio público, por lo que su alcance comunitario no se limita al impacto único de los actores involucrados directamente como lo son la asociación, los artistas plásticos que elaboran el mural o los artesanos y artesanas, sino que tiene un alcance en la población en general. Los oficios que se encuentran integrados en la ruta de murales son: La talabartería, la elaboración de totopos, alfarería, la cocina tradicional, panadería, el comercio de dulces tradicionales, elaboración de quesos, elaboración de velas, textiles, cronistas comunitarios, música tradicional, productores agrícolas de cultivos locales y ladrilleros. Estos oficios no sólo reflejan la reproducción de saberes, sino que construyen a su vez narrativas propias sobre las formas de concebir el mundo, los sistemas alimentarios que han resistido a lo largo del tiempo y los elementos físicos de la cultura binnizá. La transmisión de saberes ancestrales La segunda parte de este proceso, se ha basado en la revaloración del trabajo artesanal y su importancia en la economía local, así como el valor de los medios existentes en la comunidad para reproducir la vida de manera colectiva y la manera en que estos elementos históricos, técnicos y organizacionales que persisten en el trabajo artesanal tienen una gran capacidad de adaptarse a las exigencias actuales de la sociedad (Palacios, 2014). En el 2020 esta recuperación de saberes expresada a través de la intervención en el espacio público ha impulsado la reactivación directa económica local de 59 personas involucradas en la existencia de la ruta de estos murales, así como la introducción de 268 adultos, 120 niños y niñas zapotecas a las prácticas culturales que han permitido en conjunto, medios para promover la recuperación de los espacios colectivos. 303 La propuesta para incentivar la transmisión de los saberes y técnicas de los oficios tradicionales a las siguientes generaciones por parte de los guardianes y guardianas de oficios se ha realizado mediante la creación de un centro de Artes y Oficios comunitarios en Asunción Ixtaltepec, en donde los guardianes imparten los oficios antes nombrados. Desde el 2018 se han graduado 10 generaciones de nuevos guardianes y guardianes de la comunidad y de otras comunidades de la región en donde se habían perdido los oficios, resultado de estas generaciones se han constituido 4 cooperativas de hombres y mujeres jóvenes que están innovando con materiales locales en cuanto a diseño, sabor y utilidad. Actualmente el 40% de las personas que han aprendido un oficio se dedican al mismo. El proceso de articulación más complejo al que nos hemos enfrentado ha sido con los niños y niñas de la comunidad, por ello hemos recurrido a otras estrategias visuales y tecnológicas para buscar acercarlos al patrimonio cultural que caracteriza a su comunidad, esto ha sido posible a través de la creación de rallys que hemos nombrado Fortaleciendo mis raíces, dirigido a niños y niñas de 7 a 14 años de edad, en donde realizamos círculos de lectura de un material didáctico, para la niñez, elaborado por la organización y llevamos a los niños y niñas a visitas guiadas en los talleres de las artesanas y artesanos para que a través de entrevistas y actividades prácticas en los talleres artesanales, ellos puedan reconocer la importancia de los oficios y reducir la brecha generacional que se ha creado entre la última generación de guardianes que aprendieron un oficio (quienes en su mayoría son personas mayores de 50 años). Replicabilidad del modelo educativo El consenso comunitario de los actores participantes en el proceso ha arrojado que la percepción sobre el valor de los saberes tradicionales (específicamente oficios) y del patrimonio cultural tangible (casas tradicionales y paredes- murales de la comunidad) ha aumentado de manera positiva, esta valoración que está permitiendo la aplicación del programa tal como se ha descrito con anterioridad. Parte de los logros que ha generado el aprendizaje de los oficios tradicionales ha sido que ha ayudado a la generación de nuevos emprendimientos tanto colectivos como individuales no solo para los y las participantes de los talleres, sino para los guardianes y guardianas de 304 oficios y proveedores locales de la materia prima que se produce en la comunidad para la elaboración de los artículos y alimentos artesanales. El siguiente paso para la replicabilidad del modelo educativo en otras colonias y barrios de la comunidad de Asunción Ixtaltepec así como en otras comunidades, consiste en la sistematización completa del modelo. Parte de los factores que han permitido la aplicación del programa en la cabecera municipal Asunción Ixtaltepec han sido, la disponibilidad de las personas para aprender los oficios, la recuperación de las paredes para ser convertidas en murales comunitarios y la existencia de los guardianes y guardianas que han resistido los embates de la economía global ofreciendo sus productos y compartiendo sus conocimientos con las personas que desean aprender. Cabe mencionar que en otras comunidades cercanas de menores recursos, la presencia de los guardianes en varios de los oficios es muy escasa o inexistente. Parte importante de la elección sobre los representantes de la ruta es priorizar aquellos oficios característicos de la comunidad, pero también aquellos donde la continuidad de transferencia de conocimientos intergeneracional en el núcleo familiar se ha truncado. Hasta ahora, hemos abarcado 7 colonias de la comunidad, teniendo mayor presencia de murales en la denominada 4ta sección, colonia que es reconocida a nivel regional como la colonial con mayor número de artesanos y artesanas en Ixtaltepec. A continuación, realizamos una breve descripción de los pasos y principios bajo los que se ha desarrollado el modelo educativo: 1. Colaboración: para la continuidad de la aplicación del programa se han buscado diversos convenios de colaboración tanto a nivel local-municipal; para la cesión de espacios públicos que promuevan las actividades que realizamos como organización en coordinación con las y los guardianes de oficios, como en niveles educativos institucionales; buscando alianzas para la aplicación de nuestra metodología para el reconocimiento y reproducción de los oficios comunitarios. Las alianzas más importantes que realizamos como organización y que han permitido la aplicación del programa han sido las que se realizan con las y los guardianes de oficios y con las personas que forman parte de los procesos de capacitación. 305 2. Reconocimiento comunitario: este ha sido otro proceso muy importante que se da en dos momentos, el primero; cuando realizamos los mapeos de los personajes más emblemáticos de la comunidad, identificados como guardianes de oficios por su amplia trayectoria en la elaboración del mismo, porque es parte de varias generaciones vivas que preservan el oficio o porque es la última persona identificada en la comunidad lo realiza, el segundo momento va de la mano con la pinta del mural en su honor, al realizar las entrevistas a profundidad para la selección de los elementos de los que se componen el mural, surgen anécdotas que reconstruyen no sólo los saberes de las personas en relación con el oficio, sino con el territorio y con la historia de lo comunidad desde tiempo atrás. 3. Culturalmente adecuado: reconocemos la colectividad como objeto central para materializar las acciones, tomando como principio que la educación y la cultura están interrelacionadas, y que todos los sujetos que participan en el aprendizaje e intercambio, poseen saberes que fortalecen el proceso. De igual forma, tenemos como eje central la reproducción de los programas basados en las necesidades de las personas de la comunidad, a sus propios ritmos, lengua y bajo sus criterios. 4. Transmisión intergeneracional: los procesos de aprendizaje se realizan de forma intergeneracional, buscando siempre empatizar con los diferentes actores que conforman el programa. Señalando en todo momento la importancia que tiene involucrar a las generaciones jóvenes en el proceso, ya que actualmente la mayor parte de los guardianes y guardianas de oficios tradicionales son mayores de 50 años. Por ello, en Asunción Ixtaltepec se realizan actividades dedicadas a los niños y niñas de la comunidad para que reconozcan los espacios colectivos recuperados a través de los murales que homenajean los oficios, creando experiencias con los guardianes y guardianas en sus talleres y mediante materiales didácticos pedagógicos que incluyan elementos de su cotidianidad. La continuidad de la participación comunitaria dentro de la gestión de este proyecto, ha dado pie a la creación de esta propuesta como modelo educativo y abre la posibilidad de utilizar la recuperación y apropiación de los espacios públicos como medios para articular la reconstrucción de comunidades con rupturas como Asunción Ixtaltepec a través de la 306 educación popular como vínculo articulador de las acciones colectivas que promueven el sentido de formación identitaria y revalorizan el patrimonio cultural. Basándose en una mirada de transformación social que contempla las realidades culturales de la vida cotidiana y a las y los sujetos que se encuentran en ella, como agentes comunitarios de cambio que buscan alternativas para la preservación de la memoria desde sus propios medios colectivos. Bibliografía Bonti, A.; Lijtenstein, C. (2020). “Reflexiones sobre la destrucción de la memoria. Operaciones hacia la recuperación de la arquitectura destruida voluntariamente entre los siglos XX y XXI”. Anales de Investigación en Arquitectura, Vol. 10 (2), 95-117. Montevideo, Universidad ORT Uruguay. Bourdieu, Pierre (2012). Capital cultural, escuela y espacio social. España, Siglo XXI Editores. Brito, Zaylín. (2008) Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). 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Con esta base, el objetivo de la investigación fue evaluar empíricamente un modelo explicativo del efecto de la orientación de la firma hacia la responsabilidad social, la orientación a la toma de decisiones participativa y la orientación a la colaboración gubernamental, como factores de los valores corporativos e ideología de la empresa, que influyen sobre la planeación social estratégica, y la creación de valor, a través de sus programas sociales. Se aplicó una encuesta a directivos de 35 empresas mexicanas que durante al menos 3 años han mantenido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. Los resultados se analizaron mediante modelado de ecuaciones estructurales (SEM), con la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). Se observaron efectos altamente significativos de la orientación a la responsabilidad social, la orientación a la toma de decisiones participativa y de la orientación a la colaboración gubernamental, sobre la planeación social estratégica y de ésta sobre la creación de valor. Se concluye que la orientación a la responsabilidad social, a la toma de decisiones participativa y a la colaboración gubernamental, forman parte de los recursos internos de las empresas, relacionados con sus valores corporativos, que impulsan la 309 utilización de la planeación social como estrategia para la creación de valor económico, a la vez que atienden problemas sociales. Palabras clave: estrategia social corporativa, creación de valor, responsabilidad social corporativa, valores corporativos, ideología de la firma. Introducción La visión de que el objetivo de la empresa es esencialmente maximizar el valor para los accionistas, prevaleciente a mediados del siglo pasado, ha sido duramente cuestionada en las últimas décadas, sobre todo a raíz de los diversos problemas sociales que no han podido ser resueltos, a los cuales debe sumarse el deterioro ambiental que el propio desarrollo ha traído como consecuencia, y los escándalos corporativos, que han provocado que las empresas sean vistas como una causa importante de los problemas sociales, ambientales y económicos (Porter y Kramer, 2011). Lo anterior ha generado un intenso debate entre académicos, consultores y ejecutivos corporativos sobre una manera de hacer negocios más humana, más ética y más transparente, del cual han surgido conceptos relacionados con esta problemática, como el de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), desarrollo sostenible, ciudadanía corporativa, triple cuenta de resultados y ética en los negocios, entre otros (van Marrewijk, 2003). A pesar de la importancia que la RSC ha adquirido desde mediados del siglo pasado, el debate continúa tanto entre administradores como entre académicos, acerca de aspectos que van desde la propia definición del constructo, la forma de operacionalizarlo y medir sus impactos, si debe o no formar parte de la estrategia, e incluso sobre si es ético buscar resultados financieros favorables para la empresa a través de programas de RSC. Diversos autores coinciden en que los estudios académicos no han contribuido significativamente al entendimiento de cómo impacta la RSC el desempeño de las empresas, ni han provisto un marco de referencia convincente del manejo estratégico de la RSC (Aguinis y Glavas, 2012; Burke y Logsdon, 1996; Husted y Allen, 2007b; Mochales, 2014; Noe, 2014; Porter y Kramer, 2006, 2011; Uruburu, 2013). Por otro lado, la investigación sobre la relación entre RSC y desempeño financiero presenta resultados mixtos: en algunos 310 estudios es positiva (Blasi et al., 2018; Hahn, 2013; Hasan et al., 2018; Lo y Sheu, 2007), mientras que en otros es negativa o neutra (Arimany, et al., 2013; Belu y Manescu, 2013; Paul, 2017). Marco teórico La naturaleza de la relación entre los negocios y la sociedad y, particularmente, el papel de los primeros en la atención de las necesidades sociales, ha sido un aspecto que se ha discutido y abordado desde distintas perspectivas. El sistema de fábricas que se desarrolló como resultado de la Revolución Industrial, es percibido como la fuente de numerosos problemas sociales, tales como la explotación de la mano de obra, pobreza, y trabajo infantil y femenil. Ya sea por razones económicas o por razones humanitarias, esto llevó a una mayor preocupación por el bienestar de los trabajadores, durante la segunda mitad del siglo XIX (Carroll, 2008). A principios del siglo XX, el tema de la responsabilidad social empieza a ser abordado en el ámbito académico, y a partir de entonces inició la historia del desarrollo de un constructo que no ha terminado de ser definido con precisión, y que ha despertado controversia durante casi 100 años. A lo largo de este tiempo, el concepto de Responsabilidad Social Corporativa ha venido evolucionando, pasando de un concepto neoclásico, netamente mercantilista, hasta llegar a la actual concepción, en donde los intereses económicos se combinan con otros aspectos de índole medioambiental y socioeconómico, como respuesta a los cambios en las preocupaciones e intereses de la sociedad, en la teoría y práctica de la gestión de los negocios y de la forma en que se visualiza el papel que los negocios deben jugar en la sociedad, más allá del interés económico (Carroll y Brown, 2018; Luna-González y Rodríguez-Hurtado, 2012; Riojas-Duarte et al., 2020). La primera definición formal de RSC fue enunciada por Bowen (1953, p. 6) como “la obligación de los empresarios de perseguir las políticas, tomar las decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en los términos de los objetivos y valores de la sociedad”. El autor consideró la RSC como una innovación que podría ayudar a corregir las fallas del libre mercado y como una alternativa parcial al socialismo. 311 Sin duda uno de los autores más influyentes en la conceptualización de la RSC es Archie B. Carroll, quien plantea que la RSC está constituida por cuatro tipos de responsabilidades: económica, legal, ética y filantrópica, las cuales visualiza en forma piramidal, con la responsabilidad económica como base. Como definición pragmática, señaló que la empresa socialmente responsable debe “generar utilidades, obedecer la ley, ser ética y ser un buen ciudadano corporativo” (Carroll, 1991). Para el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Responsabilidad Social Empresarial, “es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común” (Cajiga Calderon, 2007). Laasch (2016) observa que conforme avanza el Siglo XXI, hay una tendencia en crecimiento a sustituir la etiqueta de responsabilidad social corporativa, por la de responsabilidad corporativa. Atribuye este cambio a que cada vez se presta mayor atención no solo a los aspectos sociales, sino también a los ambientales; esto representa una mayor integración de las actividades de responsabilidad en el centro del negocio de la empresa, y a través de todas sus áreas. Con respecto a las razones por las cuales las empresas emprenden programas de RSC, Porter y Kramer (2006) señalan cuatro razones básicas: obligación moral, sustentabilidad, licencia para operar y reputación. Milliman, et al. (2008) incluyen mejorar su imagen pública, cubrir necesidades o presiones de los grupos externos de interés, alinearse con las expectativas de la industria o la comunidad, protegerse de amenazas legales, lograr una ventaja en el mercado u otros impactos económicos directos. Otras causas frecuentemente citadas son posicionar el nombre de la marca, aumentar la preferencia de compra del consumidor, en campañas de mercadotecnia y de imagen, para asegurar su operación y sustentabilidad a largo plazo, en la administración de la calidad, para 312 mejorar las políticas y relaciones hacia el recurso humano, reducir los conflictos con los grupos de interés y aminorar las presiones del entorno (Perusquia et al., 2014). Estas razones y los conceptos subyacentes han ido configurando las distintas teorías sobre la RSC, las cuales han sido clasificadas por autores como Klonoski (1991), Lantos (2001), Garriga y Melé (2004), Secchi (2007), Okoye (2009) y Aguado (2013), algunas de las cuales se resumen en la Tabla 1. Tabla 1. Clasificación de las principales teorías sobre RSC Autor Teorías Características distintivas Klonoski (1991) Fundamentalismo Las empresas no tienen responsabilidades sociales Personalidad Lantos (2001) y Las corporaciones pueden considerarse moralmente agencia moral responsables de sus acciones Ética Responsabilidad moral de prevenir y/o resarcir los daños provocados por las decisiones de la firma Altruista Obligación de la compañía de asumir responsabilidades por deficiencias en el bienestar de la comunidad que la empresa no ha causado Estratégica Lograr metas estratégicas de negocio, que son buenas tanto para la compañía como para la sociedad Garriga y Melé Instrumentales (2004) Las actividades sociales son medios para lograr resultados económicos Políticas Uso del poder de la corporación en la arena política y para influenciar mercados Integradoras La compañía debe integrar demandas sociales ya que dependen de la sociedad para su continuidad y crecimiento Éticas Obligación ética de las empresas Fuente: elaboración propia (2021). 313 Las teorías expuestas explican las razones por las cuales las empresas emprenden programas de RSC, y de alguna manera representan la visión de los administradores con respecto a la relación entre la empresa y la sociedad. Como puede notarse en la Tabla 1, las razones van desde quienes realizan inversiones sociales con fines meramente filantrópicos, hasta las que lo hacen por razones exclusivamente de negocios. Estas razones, sin embargo, no necesariamente son mutuamente excluyentes. Dentro de las teorías de RSC clasificadas por Lantos (2001) como estratégicas, y como instrumentales por Garriga y Melé (2004), se ubican aquellas que establecen bases para la integración de la responsabilidad social dentro de la estrategia de la compañía, de manera que crean valor tanto para la empresa, como para la sociedad. A continuación, se profundiza en la revisión de este enfoque. Porter y Kramer (2006) afirman que, para la mayoría de las corporaciones, la atención a la RSC ha sido más resultado de presiones sociales o gubernamentales, lo que representa una respuesta que no es estratégica ni operativa, sino más bien cosmética; en estas condiciones estos programas serán tratados como un gasto necesario, y cualquier paso más allá es considerado como un uso irresponsable del dinero de los accionistas (Porter y Kramer, 2011). En el mismo sentido, Porter y Kramer (2002) sugirieron que la filantropía corporativa puede crear valor social y económico, al utilizar los programas sociales para mejorar el contexto competitivo de la empresa. El desarrollo posterior de esta idea dio origen al concepto de creación de valor compartido, acuñado y popularizado por Porter y Kramer (2006), y a la propuesta de integrar la RSC en el corazón de la estrategia de negocios, que denominaron RSC Estratégica, para referirse a una agenda social corporativa que ve más allá de las expectativas de la comunidad hacia oportunidades para crear valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad, al abordar sus necesidades y desafíos. Carroll y Brown (2018) señalan que el concepto de creación de valor compartido es parecido al de RSC, sin embargo, Porter y Kramer ven la RSC más como un centro de costos, mientras que la creación de valor compartido es más acerca de nuevas oportunidades y mercados, es más un centro de utilidades. 314 Con la finalidad de separarse de la discusión que ha involucrado la RSC, y dejar de lado los aspectos éticos y políticos, Husted y Allen (2000, 2001) propusieron un modelo de estrategia social corporativa que establece que la relación entre desempeño financiero y responsabilidad social requiere integrar las actividades sociales con la estrategia competitiva de la empresa, de la misma forma en que la empresa organiza otros recursos potenciales para lograr ventaja competitiva. Proponen utilizar el término estrategia corporativa para incluir objetivos de la firma tanto económicos (estrategia de negocios corporativa), como no económicos (estrategia social corporativa). El modelo sustituye el término RSC por el concepto más instrumental de estrategia social, definida como un portafolio de proyectos de acción social diseñados intencionalmente para producir utilidades para la empresa; este enfoque corresponde a las teorías instrumentales descritas por Garriga y Melé (2004), y se propone a fin de dejar de lado los enfoques de la RSC basados en las teorías éticas y políticas. Uno de los componentes de este modelo, referido a factores internos de la firma, es la evaluación de valores corporativos e ideología. Los valores organizacionales y su ideología son un aspecto importante en el proceso de planeación estratégica, y pueden convertirse en fuente de ventaja competitiva. Simons e Ingram (1997) señalan que la ideología corporativa está relacionada con la estrategia, el desempeño y la responsabilidad social, debido a que la ideología influye las decisiones de los administradores basadas en sus metas, objetivos y creencias. De entre los aspectos a considerar dentro de los valores corporativos e ideología se han propuesto la orientación de la compañía a la RSC, y el involucramiento de los empleados en la toma de decisiones (Aguinis y Glavas, 2012; Husted et al., 2015; Uruburu, 2013),así como la disposición de la empresa a colaborar con el gobierno en la atención de necesidades sociales (Husted y Allen, 2001). Los dos primeros factores fueron evaluados empíricamente en un estudio con empresas multinacionales establecidas en México (Husted y Allen, 2007), y en otro estudio con grandes 315 empresas españolas (Husted et al., 2015), observando efectos significativos de la orientación a la RSC, y no significativos de la orientación a la toma de decisiones participativa. Pregunta de investigación e hipótesis El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de los valores corporativos e ideología de la firma sobre la planeación social estratégica y la creación de valor. Para ello, se plantearon las siguientes hipótesis: • Hipótesis 1 (H1): a mayor orientación de la firma a la RSC, mayor uso de la planeación social estratégica. • Hipótesis 2 (H2): a mayor orientación a la toma de decisiones participativa, mayor uso de la planeación social estratégica. • Hipótesis 3 (H3): a mayor orientación hacia la colaboración gubernamental, mayor uso de la planeación social estratégica. • Hipótesis 4 (H4): a mayor uso de la planeación social estratégica, mayor habilidad de la empresa para crear valor a través de sus programas sociales Metodología de investigación La población objetivo del estudio fueron empresas establecidas en México con al menos tres años consecutivos con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, que otorga el Cemefi. Se envió la invitación a participar a directivos de 353 empresas, obteniendo un total de 35 encuestas electrónicas válidas en un periodo de 8 meses. Observar bajas tasas de respuesta en encuestas dirigidas a directivos no es raro; con un cuestionario similar, Husted et al. (2015) obtuvieron una tasa de respuesta de 22% al dirigir la encuesta a directivos de las 500 empresas más grandes de España, mientras que Husted y Allen (2009) lograron el 23.2% en multinacionales ubicadas en México y Noe (2014) el 23% con PYMES en Estados Unidos. Si bien el tamaño de la muestra es bajo, se considera suficiente para un estudio de naturaleza exploratoria, tomando en cuenta la dificultad que representa la obtención de información. 316 La Figura 1 muestra el modelo evaluado. La orientación a la responsabilidad social se refiere al compromiso de la compañía para participar en la solución de problemas sociales; la orientación a la toma de decisiones participativa se conceptualiza como la búsqueda proactiva de oportunidades, participación, herramientas de análisis de decisiones, canales abiertos de comunicación y toma de decisiones basada en un consenso participativo; la orientación a la colaboración gubernamental se define en este trabajo como el grado en el cual las firmas están dispuestas a colaborar efectivamente con el gobierno para atender problemas sociales. La planeación social estratégica se refiere a la definición de un programa y agenda para la acción, incluyendo la inversión de recursos financieros y humanos, y la medición de resultados (Husted et al., 2015). Evaluación de valores corporativos e ideología Figura 1. Modelo de creación de valor a través de los valores corporativos e ideología Orientación a la RSC Orientación a la toma de decisiones participativa Planeación social estratégica Creación de valor Orientación a la colaboración gubernamental Fuente: Elaboración propia, adaptado de Husted et al. (2015) El instrumento utilizado para recabar la información es una adaptación del propuesto por Husted et al. (2015), al cual se agregó como variable latente la orientación a la colaboración gubernamental como elaboración propia con base en Belkhodja y Landry (2007). Se utilizó una escala Likert de 5 puntos. Las variables manifiestas propuestas para evaluar la orientación a la responsabilidad social fueron; la alta dirección de la empresa apoya y valora las iniciativas que incrementan la capacidad de la empresa para colaborar en la solución de problemas sociales; la empresa cree que su gestión debe ser consistente con las expectativas filantrópicas y de ayuda que tiene la sociedad y las políticas de la empresa enfatizan que su comportamiento filantrópico es una medida útil de desempeño corporativo. La orientación a la toma de decisiones participativa se evaluó a través de tres variables manifiestas: la alta dirección está convencida de la importancia estratégica a largo plazo, de adoptar la toma de decisiones participativa en niveles medios y ejecutivos de dirección; la 317 filosofía de la empresa enfatiza la toma de decisiones consensuada y participativa, seguida de la retroalimentación de los resultados para la evaluación grupal y definir acciones posteriores; y en la empresa se enfatiza la confianza en los altos ejecutivos como responsables para tomar todas las decisiones de productos o servicios concernientes a niveles de operaciones, marketing, entre otros. Para evaluar la orientación a la colaboración gubernamental se plantearon las siguientes preguntas: ¿cómo califica la disposición de su empresa a colaborar efectivamente con el gobierno para crear oportunidades para desarrollar iniciativas conjuntas que atiendan problemas sociales?, y ¿cómo califica la disposición de su empresa a colaborar efectivamente con el gobierno para invertir recursos financieros o humanos en iniciativas conjuntas para atender problemas sociales? Para evaluar el constructo planeación social estratégica se consideraron los indicadores siguientes: su empresa tiene un plan definido para el desarrollo de acciones sociales en la comunidad; su empresa mide los resultados de sus actividades de acción social en la comunidad; su empresa facilita que sus empleados dediquen parte del tiempo laboral a participar en acciones sociales en la comunidad; y ¿en qué tramo colocaría usted a su empresa en cuanto a inversión en acciones sociales en la comunidad sobre el total de ventas?, el cual fue depurado durante el análisis estadístico por presentar baja carga factorial. Para evaluar la variable dependiente creación de valor, se solicitó a los encuestados que calificaran su grado de acuerdo con los objetivos de participación de las empresas en acciones sociales en la comunidad siguientes: influir en las decisiones de compra de sus clientes; desarrollar nuevos negocios con objetivos sociales; captar nuevos clientes de manera natural y efectiva; incrementar la rentabilidad; desarrollar nuevos productos o servicios; y abrir nuevos mercados. El 34% de las respuestas se obtuvieron de empresas del sector de la industria manufacturera, 17% del sector agricultura, 17% servicios, 11% construcción, 11% comercio y 9% minería. Esta información se presenta con fines informativos, toda vez que el tamaño de muestra no es suficiente para realizar análisis por sector. 318 Para la validación estadística del modelo causal propuesto se utilizó la modelización path de Mínimos Cuadrados Parciales (Partial Least Square Path Modeling, PLS-SEM), la cual se basa en la matriz de correlaciones entre las variables latentes o constructos y las variables manifiestas o indicadores (Hair, Ringle, y Sarstedt, 2011). Para tal efecto analítico estadístico se aplicó el paquete informático SmartPLS versión 3.2.8 (Ringle, Wende, y Becker, 2015). Resultados El modelo estructural de creación de valor a través de la evaluación de valores corporativos e ideología se muestra en la Figura 2. Se evalúan los efectos positivos de la orientación a la responsabilidad social, la orientación a la toma de decisiones participativa y la orientación gubernamental, sobre la planeación social estratégica, la cual a su vez afecta positivamente la creación de valor. Figura 2. Modelo estructural de creación de valor a través de los valores corporativos e ideología Oriresp1 Oriresp2 Orientación a la responsabilidad social Oriresp3 Oripart1 Oripart2 Oripart3 Colgub1 Colgub2 Planea1 Planea2 Planea3 Planea4 H1 Orientación a la toma de decisiones participativa H2 H3 Cvalor1 Planeación social estratégica H4 Cvalor4 Cvalor2 Cvalor3 Creación de valor Cvalor5 Cvalor6 Orientación a la colaboración gubernamental Fuente: elaboración propia (2021). Los modelos de ecuaciones estructurales se componen de dos submodelos: el modelo exterior o de medida (outer model) define la forma en que cada bloque de indicadores se relaciona con su variable latente, mientras que el modelo estructural o interior (inner model) especifica las relaciones entre las variables independientes y las variables latentes dependientes (Chin, 319 1998; Hair et al., 2017; Máynez G. y Vargas S., 2019; Salgado Beltrán y Espejel Blanco, 2016; Wong, 2013). Validación del modelo de medida La validación del modelo de medida implica la descripción de las relaciones entre cada constructo y los indicadores que los determinan, a través de medidas adecuadas. Para modelos reflectivos, generalmente la evaluación del modelo se realiza analizando la consistencia interna, la validez convergente y la validez discriminante (Hair et al., 2017). Los principales resultados se presentan en la Tabla 2. Tabla 2. Análisis del modelo de medida: fiabilidad de los indicadores, consistencia interna y validez convergente Constructo Indicador Fiabilidad de Alfa de Cronbach AVE los indicadores Orientación a la OriResp1 0.875 responsabilidad OriResp2 0.816 social OriResp3 0.912 Orientación la OriPart1 0.894 toma de decisiones OriPart2 0.861 participativa OriPart3 0.909 la ColGub1 0.944 ColGub2 0.954 Orientación a a colaboración 0.837 0.754 0.869 0.789 0.889 0.900 0.819 0.737 0.883 0.631 gubernamental Planeación social Planea1 0.905 estratégica Planea2 0.905 Planea3 0.758 Planea4 0.286 CValor1 0.879 CValor2 0.675 Creación de valor 320 CValor3 0.716 CValor4 0.841 CValor5 0.867 CValor6 0.766 Fuente: elaboración propia con base en los análisis estadísticos obtenidos en Smart-PLS 3.2.8 El criterio estadístico para aceptar un indicador como integrante de un constructo reflectivo es que debe poseer una carga factorial λ≥0.708 (Hair et al., 2017), sin embargo, pueden aceptarse valores de carga λ≥0.550, siempre y cuando en el constructo existan otros indicadores que presenten altas cargas (Chin, 1998). Con base en estos criterios, después de una primera ronda de análisis se depuró el indicador Planea4, que presentó una carga factorial de =0.286; la Tabla 2 muestra las cargas factoriales de la segunda ronda, excepto para Planea4; los 17 indicadores restantes se mantuvieron, ya que cumplen los criterios estadísticos. La evaluación de la consistencia interna de los indicadores se realizó mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach (α), que tuvo valores entre 0.819 y 0.889, y el Coeficiente de Fiabilidad Compuesta del Constructo (ρ c) que varió de 0.893 a 0.948. En todos los casos, los valores son muy aceptables de acuerdo con el criterio estadístico (Tabla 2). La validez convergente mide el grado en el cual una medida se correlaciona positivamente con medidas alternativas del mismo constructo; de este modo, los indicadores de un constructo reflectivo convergen o comparten una alta proporción de la varianza (Hair et al., 2017). La validez convergente para los constructos reflectivos se calcula con el Análisis de la Varianza Media Extraída (AVE, Average Variance Extracted) (Fornell y Larcker, 1981). El Coeficiente AVE proporciona la cantidad de varianza que un constructo reflectivo obtiene de sus indicadores con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida; los valores altos en un constructo indican que los indicadores asociados tienen mucho en común, lo cual es capturado por el constructo (Hair et al., 2017). Como se presenta en la Tabla 2, los coeficientes AVE oscilaron entre 0.631 y 0.900, lo que muestra la validez convergente de los constructos. 321 La validez discriminante indica en qué medida un constructo es realmente distinto de otros constructos en el mismo modelo, es decir, demuestra si los constructos analizados están significativamente alejados unos de otros en términos teóricos (Barclay, Thompson, y dan Higgins, 1995) y que posean una relación fuerte con sus indicadores (Hair et al., 2017). Tradicionalmente se utilizan dos medidas de la validez discriminante: el criterio de FornellLarcker, y el análisis de cargas cruzadas (Hair et al., 2017). Tabla 3. Validez discriminante de los constructos, Criterio de Fornell-Larcker Orientación a la Orientación a Constructo Orientación a la RSC Orientación toma de la a la RSC decisiones colaboración participativa gubernamental Planeación social estratégica Creación de valor 0.869 Orientación a la toma de decisiones 0.227 0.888 0.444 0.454 0.949 0.796 0.523 0.674 0.859 0.551 0.541 0.478 0.572 participativa Orientación a la colaboración gubernamental Planeación social estratégica Creación de valor 0.794 Fuente: elaboración propia con base en los análisis estadísticos obtenidos en Smart-PLS 3.2.8 El criterio de Fornell-Larcker establece que la raíz cuadrada del Coeficiente AVE debe ser superior a las correlaciones entre variables latentes, lo cual se observó en todos los casos, estableciéndose que existe validez discriminante (Tabla 3); Para reforzar el análisis de la validez discriminante se procedió a calcular la Matriz de Cargas Cruzadas (cross loading), observándose que todas las correlaciones de las variables manifiestas (indicadores) son mayores en las variables latentes (constructos) a las que pertenecen (Tabla 4). 322 Tabla 4. Matriz de cargas cruzadas de los constructos del modelo Orientación a la Indicador/ Orientación a toma Constructo la RSC decisiones participativa de Orientación a la Planeación colaboración social gubernamental estratégica Creación de valor Oriresp1 0.875 0.121 0.380 0.729 0.350 Oriresp2 0.816 0.251 0.347 0.624 0.497 Oriresp3 0.912 0.229 0.426 0.716 0.596 Oripart1 0.274 0.894 0.455 0.545 0.473 Oripart2 0.033 0.861 0.376 0.361 0.456 Oripart3 0.250 0.909 0.367 0.453 0.511 Colgub1 0.398 0.466 0.944 0.608 0.520 Colgub2 0.442 0.400 0.954 0.667 0.392 Planea1 0.790 0.294 0.611 0.905 0.529 Planea2 0.724 0.455 0.585 0.905 0.562 Planea3 0.513 0.639 0.539 0.758 0.364 Cvalor1 0.485 0.462 0.383 0.414 0.879 Cvalor2 0.391 0.451 0.338 0.593 0.675 Cvalor3 0.346 0.423 0.378 0.432 0.716 Cvalor4 0.341 0.465 0.477 0.383 0.841 Cvalor5 0.569 0.454 0.359 0.460 0.867 Cvalor6 0.469 0.223 0.322 0.303 0.766 Fuente: elaboración propia con base en los análisis estadísticos obtenidos en Smart-PLS 3.2.8 Como resultado del análisis realizado al modelo de medida, se concluye que el modelo cumple con los criterios de consistencia interna, validez convergente y validez discriminante, establecidos en la evaluación de modelos PLS-SEM. Validación del modelo estructural. El modelo estructural o interior, especifica las relaciones direccionales de las variables latentes entre sí, basadas en la teoría (Chin, 1998; Máynez G. y Vargas S., 2019; Salgado Beltrán y Espejel Blanco, 2016). Las técnicas que comúnmente se utilizan para evaluar el modelo estructural (inner model) son el Coeficiente de Determinación (R2) para variables 323 latentes dependientes, la prueba de Stone-Geisser para probar la relevancia predictiva, y la varianza promedio extraída de Fornell y Larcker para establecer la predictividad; los procedimientos de remuestreo, como el boostraping se utilizan para examinar la estabilidad de los estimados (Chin, 1998). Tabla 5. Predicción del modelo estructural Prueba Stone-Geiser (Q2) R2 Constructo Cross Validated Communality 1-SSE/SSO Orientación a la responsabilidad la toma Validated Redundancy 1-SSE/SSO 0.459 social corporativa Orientación a Cross de 0.509 decisiones participativa Orientación a la colaboración 0.524 gubernamental Planeación social estratégica 0.813 0.436 0.527 Creación de valor 0.327 0.458 0.160 Fuente: elaboración propia con base en los análisis estadísticos obtenidos en Smart-PLS 3.2.8 Como se muestra en la Tabla 5, en el presente estudio, se obtuvieron coeficientes R 2 de 0.813 para el constructo planeación social estratégica, y 0.327 para creación de valor, los cuales pueden considerarse sustancial y moderado, respectivamente, de acuerdo con el criterio de Chin (1998). Asimismo, los coeficientes Q2 de la prueba de Stone-Geiser para redundancia, obtenido mediante la técnica de blindfolding, muestran que los constructos planeación social estratégica y creación de valor poseen niveles satisfactorios de relevancia predictiva. Los valores de los coeficientes path estandarizados, que representan las relaciones hipotéticas entre los constructos del modelo propuesto, así como su significancia, se obtuvieron mediante el procedimiento de bootstraping para 500 submuestras en el análisis inicial, y para 5,000 en el análisis final, cuyos resultados se presentan en la Tabla 6. 324 Tabla 6. Resultados del análisis PLS- Modelo Estructural- Técnica Boostraping del modelo de evaluación de valores corporativos e ideología Coeficientes Hipótesis path Media Desviación T P estándar Statistics Values Efectos Directos H1: Orientación a la RSC→ Planeación 0.611 0.610 0.078 7.788 0.000 social 0.253 0.252 0.093 2.725 0.006 0.289 0.090 3.175 0.002 0.607 0.094 6.079 0.000 social estratégica*** H2: Orientación a la toma de decisiones participativa→ Planeación estratégica*** H3: Orientación gubernamental→ a la colaboración Planeación social 0.287 estratégica*** H4: Planeación social Creación de valor*** estratégica→ 0.572 Nota: ***valor t > 3.092 (p < 0.001: 99.9%), ** valor t > 2.327 (p < 0.01: 99%), * valor t > 1.645 (p < 0.10: 90%), n.s. = no significativo. Lo anterior, considerando una distribución t de Student con dos colas gaussianas con 4,999 grados de libertad (t (4999) de Student)). Fuente: elaboración propia con base en los análisis estadísticos obtenidos en Smart-PLS 3.2.8 En todos los casos los valores de los coeficientes path fueron satisfactorios, y altamente significativos, tanto para los efectos directos como para los efectos indirectos. Para finalizar el análisis del modelo, se determinó Índice de Bondad de Ajuste (GoF) con la metodología propuesta por Tenenhaus (2008), observándose un valor GoF=0.659, lo que indica que el modelo de medida y el modelo estructural tienen un ajuste moderado. El modelo analizado plantea, en su hipótesis H1 que la orientación a la responsabilidad social corporativa tiene un efecto positivo sobre la planeación social estratégica, la cual se confirma en este estudio, al haberse obtenido un coeficiente path de 0.611, el cual es altamente significativo (P=000). Asimismo, se acepta la hipótesis que plantea el efecto positivo de la 325 orientación a la responsabilidad social corporativa sobre la planeación social estratégica (H 2), con un coeficiente path de 0.253, altamente significativo (P=0.006). Se confirma asimismo la hipótesis H3, referente al efecto positivo de la orientación a la colaboración gubernamental sobre la planeación social estratégica, con un coeficiente path de 0.287, altamente significativo (P=0.002), así como el efecto positivo de la planeación social estratégica sobre la creación de valor, con un coeficiente path de 0.572, el cual es altamente significativo (P=0.000). Como parte del análisis de factores internos, el modelo 4 analizó el efecto de los valores corporativos e ideología de la firma sobre la planeación estratégica y la creación de valor. Los factores evaluados fueron la orientación a la responsabilidad social, la orientación a la toma de decisiones participativa y la orientación a la colaboración gubernamental. Los dos primeros constructos fueron evaluados mediante el instrumento utilizado por Husted et al. (2015), cuyo estudio no incluyó la orientación a la colaboración gubernamental. Por lo anterior, para el presente estudio se desarrollaron indicadores a partir de los utilizados por Belkhodja y Landry (2007), los cuales presentaron una fiabilidad individual superior a λ>0.9, mientras que el constructo presentó una alfa de Cronbach α=0.889, una fiabilidad compuesta de ρc=0.948, y un coeficiente AVE=0.900, lo que indica la fiabilidad y validez de la escala diseñada para evaluar este constructo. Los resultados muestran que la orientación a la RSC tiene un fuerte impacto en la planeación social estratégica (H1: β=0.611; p=0.000); asimismo, los efectos de la orientación a la toma de decisiones participativa (H2: β=0.253; p=0.006) y la orientación a la colaboración gubernamental (H3: β=0.287; p=0.002), fueron altamente significativos. La orientación a la RSC tuvo un efecto positivo sobre la planeación social estratégica en el estudio de Husted et al. (2015), sin embargo no pudieron confirmar el efecto de la orientación a la toma de decisiones participativa, y la orientación a la colaboración gubernamental no formó parte del modelo que evaluaron. 326 Desde la teoría basada en recursos, la orientación a la responsabilidad social, a la toma de decisiones participativa y a la colaboración gubernamental, forman parte de los recursos internos de las empresas que impulsan la utilización de la planeación social estratégica como estrategia para la creación de valor. Conclusiones Los resultados de este estudio muestran un efecto positivo altamente significativo de la orientación de la firma a la RSC sobre la planeación social estratégica, lo que permite aceptar la hipótesis nula H1 que establece que, a mayor orientación de la firma a la RSC, mayor uso de la planeación social estratégica. Asimismo, se observó un efecto positivo altamente significativo en la evaluación de la hipótesis nula H 2, lo que lleva a concluir que, a mayor orientación de la firma a la toma de decisiones participativa, mayor uso de la planeación social estratégica. La hipótesis nula H3 fue también aceptada con nivel altamente significativo, lo que implica que, a mayor orientación de la firma hacia la colaboración gubernamental, mayor uso de la planeación social estratégica por parte de las empresas. Con un nivel altamente significativo, se comprobó la hipótesis nula H 4, que demuestra que, a mayor uso de la planeación social estratégica, mayor habilidad de la empresa para crear valor a través de sus programas sociales. De este modo, el estudio muestran que la planeación social estratégica, definida como un programa y agenda para la acción social, incluyendo la inversión de recursos financieros y humanos, y la medición de resultados, tiene efecto en la creación de valor para la empresa, definida como influir en las decisiones de comprar de sus clientes, desarrollar nuevos negocios con objetivos sociales, captar nuevos clientes de manera natural y efectiva, incrementar la rentabilidad, desarrollar nuevos productos y servicios, y abrir nuevos mercados. Un factor determinante en la planeación social estratégica son los valores e ideología de la firma, que conforman uno de los pilares de la estrategia corporativa, al influir en las decisiones de los administradores, y pueden representar un tipo de recurso difícil de imitar. Los resultados de este estudio muestran que la orientación de la firma hacia la 327 responsabilidad social, el involucramiento de los empleados en la toma de decisiones y la disposición de la empresa para colaborar con el gobierno en la atención de problemas sociales, impulsan el uso de la planeación social estratégica. Bibliografía Aguado, J. A. (2013). La Responsabilidad Social Corporativa y el Desarrollo Local: Una Aproximación en Tiempos de Crisis. Prisma Social, 10, 119–156. Aguinis, H., y Glavas, A. (2012). What We Know and Don’t Know About Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda. Journal of Management, 38(4), 932–968. https://doi.org/10.1177/0149206311436079 Arimany Serrat, N., Puigvi i Vila, S., y Sabata Aliberch, A. (2013). Análisis de los indicadores RSC / indicadores financieros en las empresas no financieras del IBEX. 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Caso de estudio: “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” Ydelio Miguel Valencia Ortega Resumen Las actividades empresariales inciden en aspectos socioambientales relacionadas con sus trabajadores y sus familias, la población con la que interactúan y el medioambiente a su alrededor. Cuando las empresas actúan conforme a prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) protegen al medioambiente y mejoran las condiciones socioeconómicas de la población con la que interactúan y las de sus trabajadores y familias, generando el bien común e inversión social. En México, la RSE se asocia con el distintivo “Empresa socialmente responsable (ESR)”, entregado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) a empresas que demuestran actuar conforme a cinco ámbitos estratégicos coherentes con la RSE definidos por él. Ante dicho contexto se desarrolló una investigación que hace un acercamiento al impacto socioambiental del distintivo “ESR”, planteándose como hipótesis que, si “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” cumplen al realizar sus actividades con lo establecido en dichos ámbitos estratégicos cabría esperar que los bienes que ofrecen tengan un valor agregado que se refleje en el incremento de sus ventas. El trabajo fue contextualizado estudiando cómo las empresas afectan diferentes aspectos socioambientales; los ámbitos estratégicos evaluados por el Cemefi; la conducta de las empresas socialmente y su posicionamiento en el mercado. La metodología fue conforme a la técnica de estudio de caso, entrevistando a informantes clave dentro y fuera de ambas empresas, y analizando sus informes anuales. Como resultado se observaron los alcances socioambientales que el distintivo “ESR” tiene para las empresas estudiadas y la influencia de éste en la variación de sus ventas. 333 Palabras clave: socioambiental, empresa, responsabilidad social empresarial, Distintivo “ESR”, ventas. Planteamiento del problema Los aspectos socioambientales comprenden las cuestiones de carácter social inherentes al ser humano y las relativas al ambiente en el que se desenvuelve y con el cual interactúa; Guttman et al. (2004) consideran que lo socioambiental es el resultado de la relación sistémica entre los ámbitos social y ambiental, asimismo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) plantea que lo socioambiental se relaciona con la generación de una visión integrada entre el medio físico-biótico, el social y el económico (INECC, 2007). Las empresas son vitales para el hombre, ya que sus actividades tendrán afectaciones en las cuestiones socioambientales relacionadas con sus trabajadores y sus familias, con la población con la que tienen algún tipo de interactuación y con el ambiente en el que están instaladas. Numerosas definiciones explican lo que es una empresa, el Artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo de nuestro país, que la considera como “la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios”; García y Casanueva (2000) la describen como: “… aquella entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio …”. El objetivo de cualquier empresa es la generación de ganancias, sin embargo, esa visión ha ido transformándose para abrir paso a una nueva concepción, en la que además ejecutan acciones comprometidas con cuestiones socioambientales. 334 Esta manera de actuar engloba un conjunto de políticas, prácticas y programas más allá de obligaciones jurídicas, amalgamadas en el concepto “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE). Según Cajiga (2010) la RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. Existen un sinnúmero de definiciones acerca de la RSE, Gallego (2006) menciona que las manifestaciones de la RSE a través de la historia han sido diversas y sus denominaciones, igualmente diferentes, pero que no obstante estas diferencias, el elemento común ha sido la preocupación de parte de las organizaciones por responder a las necesidades, no solo del entorno donde éstas se ubican, sino de los sectores con los cuales interactúan o del personal que labora para ellas. En México la RSE es identificada en el distintivo “Empresa Socialmente Responsable (ESR)”, el cual es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) a empresas que dan cumplimiento a los aspectos relativos a cinco ámbitos estratégicos, determinados por él y coherentes con la RSE. No se puede dejar de lado que una empresa que no tiene ganancias tarde o temprano dejará de existir, por lo que las prácticas relativas a la RSE deben incorporarse cuidando en todo momento la permanencia de la organización en el mercado. Castro (2010) considera que “… la empresa en la actualidad debe reconocerse esencialmente como un fenómeno social, con intereses económicos e impactos ambientales que necesitan de una concepción holística de la misma. Es evidente que ninguna empresa, así sean las denominadas “sin ánimo de lucro”, tiene ánimo de pérdida. La generación de resultados económicos es el corazón del accionar de una empresa, pero como cuerpo esta no solo 335 funciona con corazón, requiere de otros elementos, por lo cual las interacciones sociales con todos sus stakeholders (grupos de interés) toman vital importancia; de nada sirve un corazón latente, unas extremidades fuertes, si no existe un sistema nervioso que coordine y articule todo el ejercicio de la empresa …”. Por lo anterior, es importante tener un acercamiento respecto a que, si el hecho de que las empresas en nuestro país realicen sus operaciones con apego a los ámbitos estratégicos establecidos por el Cemefi para la obtención del distintivo “ESR”; puede incidir de manera favorable en la generación de valor agregado a sus productos y/o el fortalecimiento de sus ventajas competitivas; de modo que, este grupo de empresas podría ser más atractivo para clientes, trabajadores e inversionistas. Pregunta de investigación ¿Si “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” llevan a cabo sus actividades observando los ámbitos estratégicos que las hicieron acreedoras al distintivo “Empresa Socialmente Responsable (ESR)” otorgado por el Centro Mexicano de la Filantropía (Cemefi) incrementan sus ventas? Preguntas específicas A. ¿Cómo son las condiciones sociales y económicas de los trabajadores de las empresas analizadas en la presente investigación, a partir de su percepción? B. ¿Las actividades productivas de las empresas estudiadas inciden en las condiciones sociales y económicas de los habitantes de las comunidades con las que interactúan? C. ¿Qué acciones enfocadas a la preservación del ambiente llevan a cabo las empresas analizadas en la presente investigación? D. ¿Cómo han variado las ventas de las empresas estudiadas, antes y después de recibir el distintivo “ESR”? Hipótesis Si las empresas “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” cumplen al realizar sus actividades con lo establecido en los ámbitos estratégicos que los hicieron acreedores al distintivo “ESR”, cabría 336 esperar que los bienes que ofrecen tengan un valor agregado que se refleje en el incremento de sus ventas. Objetivo general Investigar la relación existente en las empresas “grupo Bimbo” y “grupo Herdez”, entre realizar sus actividades con apego a lo estipulado en los ámbitos estratégicos que las hicieron acreedoras del distintivo “ESR” y el aumento de sus ventas. Objetivos particulares A. Investigar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores de las empresas analizadas, a partir de su percepción. B. Conocer si las actividades productivas de las empresas estudiadas inciden en las condiciones sociales y económicas de los habitantes de las comunidades con las que interactúan. C. Describir las acciones relativas al cuidado del ambiente que llevan a cabo las empresas analizadas en la presente investigación. D. Comparar las ventas de las empresas estudiadas, antes y después de recibir el distintivo “ESR”. Justificación La obtención del distintivo “ESR” está sujeta a probar que las empresas realizan una serie de actividades de beneficio socioambiental inmediato, llámese trabajadores y sus familias, comunidades circunvecinas y el ambiente. Considerando lo anterior, se podría inferir, que, al incrementarse en México el número de empresas que ostenten el distintivo en cuestión habrá un impacto positivo en los aspectos socioambientales respectivos y un mayor desarrollo social. Pérez y Gargallo (2005) consideran que, a través de la responsabilidad social de las empresas, estas organizaciones intentan elevar los niveles de desarrollo social, protección medioambiental y respeto de los derechos humanos adoptando un modo de gobierno que trata 337 de reconciliar los intereses de los diversos agentes en un enfoque global de calidad y viabilidad. No obstante, un aspecto importante en el que es conveniente profundizar es la relación que guarda para una empresa el ser socialmente responsable, (en el caso de la presente investigación contar con el distintivo “ESR”) y su desempeño económico, representado ya sea en la generación de valor agregado a sus productos y/o el fortalecimiento de sus ventajas competitivas. Para Server y Villalonga (2005), la RSE genera confianza y mejora la reputación de las organizaciones que la practican e incluso se puede afirmar que tiene efectos positivos en el incremento de sus resultados económicos. Considerando lo anterior se podría asumir que cuando las empresas actúan conforme a los preceptos de la RSE se incrementan sus beneficios económicos, sin embargo, a consideración de Arcas y Larios (2009), hacen falta estudios empíricos que validen estas apreciaciones. La aportación de esta investigación es que, a través del análisis de los ámbitos estratégicos que las empresas “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” observaron para que el Cemefi les otorgara el distintivo “ESR”; se obtuvieron datos de las condiciones económicas y sociales de sus trabajadores; la incidencia de las actividades de dichas empresas en las condiciones económicas y sociales de la población con la que interactúan, y el impacto ambiental de sus procesos productivos. Asimismo, se aporta un estudio de la evolución de las ventas de las referidas empresas, antes y después de la obtención del distintivo en cuestión; lo que, en su conjunto, muestra algunas ventajas que representarían el actuar con apego a lo estipulado en dichos ámbitos estratégicos, y de esta manera se fomentaría que más empresas lleven a cabo los ajustes necesarios para ser acreedores al multirreferido distintivo “ESR”. 338 El concepto de socioambiental El término socioambiental se refiere a un concepto integral que presenta una manera mancomunada de comprender el saber social y el ambiental (Lina, 2012), mezclándose cuestiones sociales, económicas y ambientales (Folchi, 2001). La repercusión de las empresas en los aspectos socioambientales Las empresas juegan un papel preponderante, generando tanto fuentes de empleo que representan la posibilidad de que sus trabajadores satisfagan sus necesidades, como cadenas productivas en las que se ven involucradas más empresas incentivando la economía de las comunidades que les venden insumos, sin embargo, eso implica que exploten recursos naturales, con su consecuente agotamiento y la contaminación ambiental que generan los procesos productivos. Tovar et al. (2016) consideran que la empresa es una organización económica que tiene como objetivo central ganar rentabilidad, mediante la coordinación de los diferentes elementos que la conforman, tales como trabajadores, materias primas, capital y recursos tecnológicos. Según los “Resultados definitivos de los censos económicos 2014”, elaborado por el INEGI, en dicho año había 5’654,014 establecimientos, los cuales empleaban a 29’642,421 personas. Ya que una empresa al materializar sus procesos productivos afectará al ambiente que la rodea, así como a sus trabajadores y sus familias, y a los habitantes de las comunidades con las que interactúan, para esta investigación se analizaron los siguientes aspectos socioambientales: ética empresarial dentro de las organizaciones, calidad de vida laboral, desarrollo de las comunidades con las que interactúan las empresas, el cuidado del ambiente que llevan a cabo y lo que implica el posicionamiento en el mercado de las empresas. Ética empresarial La ética empresarial tiene la tarea de orientar la actividad empresarial en un sentido justo, prudente y responsable (González, 2007). En el marco de la ética empresarial, al interior de 339 la organización cobran fuerza el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, y el combate a la corrupción. Respeto a los Derechos Humanos Los derechos humanos fueron tradicionalmente concebidos como garantías fundamentales y estándares legales de protección de los individuos contra el poder y, más específicamente, contra el abuso de poder; asimismo, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos consideran el deber de prevenir, investigar y castigar los abusos relacionados principalmente con la discriminación racial, la discriminación contra la mujer y los derechos de los niños (Giner, 2008). Discriminación laboral Ocurre cuando se tienen a dos trabajadores con la misma capacidad productiva, pero que difieren en alguna característica personal no relacionada con esta, uno recibe un trato inferior en cuanto a posibilidades de obtener el empleo, condiciones de trabajo o educación (Baquero, 2000). Corrupción Para Argandoña (2007), corrupción es el abuso de una posición de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto, es dar o recibir algo de valor para que alguien haga o deje de hacer algo, burlando una regla formal o implícita acerca de lo que se debe hacer, en beneficio del que da ese algo de valor o de un tercero. Calidad de vida laboral Para Peiró y Prieto (1996), los elementos que contribuyen a la calidad de vida laboral son la seguridad en el trabajo, la paga y las primas, así como aspectos relacionados con el desarrollo de los recursos humanos (oportunidades de formación y de progreso. Incentivos laborales Las estrategias de incentivos están enfocadas a brindar a los trabajadores reconocimientos o beneficios como retribución a su buen desempeño, lealtad, compromiso y cumplimiento de metas establecidas (Werther, 1996). 340 Desarrollo profesional de los trabajadores El desarrollo profesional es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra en el desarrollo de trabajadores más capacitados, debe ser una opción empresarial estratégica si la organización quiere sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo (Fernández, 2002). Protección de la integridad física de los trabajadores La protección de la integridad física de los trabajadores se lleva a cabo al implementar programas de bienestar en las empresas, y contratar diversos seguros para tal fin (Moreno y Barrera, 2013). Estabilidad laboral Es el hecho de que un trabajador conserve su puesto de trabajo, proporcionándole tranquilidad, sentimiento de pertenencia, experiencia laboral y seguridad jurídica. Conlleva la garantía de sus ingresos, y no pensar que está en riesgo de perder su empleo. Sin estabilidad, los trabajadores vivirían con la inseguridad y el temor de lo que les depararía del presente y del mañana, asimismo, las empresas también obtienen beneficios de la estabilidad laboral, ya que cuando cuentan con trabajadores adiestrados y expertos, su productividad se incrementa (Marín, 2015). Equilibrio entre trabajo y vida personal Aryee et al. (2005) reportan una relación positiva en el equilibrio trabajo-familia, satisfacción laboral y compromiso organizacional, además, incorporar políticas organizacionales fomentadoras de la integración familia trabajo reduce, significativamente el ausentismo y mejoran el desempeño laboral. Satisfacción laboral Para Abrajan et al. (2009), la satisfacción laboral es vista el resultado de diversas actitudes de los empleados hacia el trabajo y se refiere a factores como los salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la resolución rápida de los motivos de queja, el trato justo por parte de los patrones, entre otros conceptos similares. Además, a mayores oportunidades de desarrollo profesional, 341 elevados niveles de satisfacción laboral, mayor compromiso con la organización y mínima intención de cambiar de trabajo (Acker, 2004). Motivación laboral La motivación es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona, asimismo, es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de ciertos objetivos esperados (Ramírez, et al., 2008). La empresa como factor para el desarrollo de la comunidad Para Vázquez-Maguirre y Portales (2014), el respeto a las costumbres y a la cultura local, la colaboración en proyectos educativos, invertir en pequeños negocios, financiar obra civil para mejorar la infraestructura, trabajar en asociación con organizaciones comunitarias, otorgar donativos a instituciones sociales y la participación del personal de la empresa en diversas actividades de labor social, son acciones que demuestran el valor que la empresa brinda a la comunidad. La actuación de la empresa en el cuidado del ambiente Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el impacto ambiental que las empresas tienen sobre el ambiente y los recursos naturales es considerable, y es resultado no sólo de la actividad industrial los residuos que genera, sino también de la posición que se tenga acerca de que el cuidado ambiental, ya que no es un lujo sino una fuente de competitividad y ahorro, (SEMARNAT, 2010). Con objeto de mitigar los efectos de sus actividades productivas en el ambiente, las empresas han puesto en operación medidas técnicas para la eliminación de los contaminantes que generan antes de salir de la planta; dichas medidas según Durán (2009), son innovaciones incrementales en las que se emplea una tecnología de carácter depurador al final del proceso productivo. Adicionalmente, las empresas requieren incluir el análisis del impacto ambiental de los bienes que ofrecen, desarrollando productos respetuosos con el ambiente desde su origen 342 hasta el final. Es su responsabilidad conocer los impactos ambientales de sus productos planteando un diseño que los haga reciclables, reutilizables y contemple el uso de menos materiales (OCDE, 2006). Posicionamiento de las empresas Para Ayala (2013), el posicionamiento es ocupar un lugar en la mente del consumidor, cuando reconoce las características de un producto y encuentra sus elementos distintivos, superiores y únicos, al compararlo con el de la competencia, asimismo, la actuación de las empresas influye en esta posición en la que los ubican los consumidores (Rodriguez, 2008). La generación de empleos por parte de las empresas como opción para enfrentar la pobreza La pobreza puede verse como una parte del eje conceptual del nivel de vida, debajo de él se presenta la pobreza, concibiéndosele como un nivel de vida tan bajo que resulta incompatible con la dignidad humana (Boltvinik, 2003). Por otro lado, existen muchos estudios acerca de las causas, relaciones, aspectos en común y efectos socioambientales de la pobreza, por ejemplo, Espinosa (2015), considera que la población empobrecida tiende a reproducir en el ambiente que la rodea la degradación social que está viviendo. Para Leff (2009) la degradación ambiental no tiene por causa fundamental el crecimiento demográfico ni está determinada por el crecimiento económico, sino que las formas y grados del deterioro ambiental estaban asociados con la distribución desigual del ingreso y con las formas de la pobreza. Se sugiere que es fundamental fomentar el crecimiento económico como parte de las acciones para reducir la pobreza, (Lustin et al., 2001) y plantear reforzar los cimientos de la paz mediante la reducción significativa de la pobreza si se ofrecen más oportunidades de trabajo decente y se desarrollan empresas capaces de generar empleo (Somavia, 2005). En países con fuerte reducción de la pobreza, el principal factor del cambio fue la mayor cantidad de personas insertadas en el mercado de trabajo, con su consecuente ingreso laboral (Cecchini y Uthoff, 2008). 343 Responsabilidad social empresarial La European Comission´s Green Paper on Corporate Social Responsibility (2002), considera que la RSE es la forma en que las empresas integran los asuntos sociales y ambientales en sus operaciones diarias y en la interacción con sus grupos de interés, sobre una base voluntaria, (Mercado y García, 2007). Para Cajiga (2010), la RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. Con base en estos conceptos se puede entender que la RSE ni es algo ajeno a las funciones originales de la empresa, ni es sacrificar los beneficios económicos de los accionistas para realizar actividades en pro de la sociedad y el ambiente. Es importante recalcar que no significa que las utilidades dejen de ser importantes, ya que como se ha mencionado, una empresa no puede existir si no genera utilidades, más bien, la RSE significa la consciencia de que dichas utilidades no son su única razón de su existencia y que sus actividades impactarán de forma directa e indirecta a los aspectos socioambientales vinculados con su operación. Aunado a lo anterior, la RSE lleva a la actuación consciente y comprometida con la mejora continua, permitiendo a la empresa generar valor agregado para todos sus grupos de interés, y con ello ser competitiva. Influencia de la RSE en el posicionamiento de las empresas Para Mejía y Newman (2011), la RSE le brida ventajas de competitividad y económicas a las empresas, ya que una clara diferencia entre filantropía y RSE radica en que los recursos que se destinan a apoyar proyectos en beneficio del personal, las comunidades o el medio ambiente son parte de una inversión social destinada a mejorar las condiciones de la comunidad; en el entendido de que la inversión retornará como una ganancia para la empresa, ya sea por medio de una comunidad en mejores condiciones de consumir sus productos o 344 hacer uso de sus servicios, o bien en potenciales colaboradores, clientes, proveedores y usuarios. La RSE como alternativa para enfrentar la pobreza Fuertes, et al. (2006), consideran que la RSE es un intento de superar la pobreza y revertir la injusticia social poniendo en marcha la producción, ayudando a aumentar los ingresos al insertar a las personas a los mercados productivos. De allí nace la necesaria articulación entre el Estado y el sector privado en emprendimientos estratégicos, colaborando en la generación de capital social en términos de capacitación y asistencia técnica cuyo resultado sea la generación de cadenas productivas que paguen sueldos competitivos y que incorporen cada vez a un número mayor de habitantes. Los programas contra la pobreza son paliativos sexenales que disminuyen las penurias de la población más desprotegida, pero no atacan la raíz del problema, (Huerta, 2012). Leco y Bollain (2013) concluyen que de 1970 a 2013 los programas sociales de combate a la pobreza no han cumplido el objetivo de reducirla y la población que se encuentra en esa situación más bien ha aumentado. Sin embargo, el gobierno no puede renunciar a esa responsabilidad, ni delegarla, por lo que para Polanco (2013), la RSE debe ser acompañada por gobiernos y organizaciones multilaterales, sin embargo, son pocos los estudios que relacionan la RSE y la pobreza. El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) Según su Informe Anual 2017, el Cemefi es una asociación civil sin fines de lucro y sin filiación política ni religiosa, fundada en diciembre de 1988; agrupa a organizaciones de la sociedad civil, empresas y personas que comparten su misión y trabajan en diversas causas sociales y ambientales; para ese año había más de 1,500 miembros. Su misión es promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones y empresas, para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. Asimismo, su visión es un México justo, incluyente y 345 próspero, con ciudadanos activos y corresponsables de la construcción del bien público, que participan en organizaciones eficaces y transparentes en un marco de legalidad. Como parte de las acciones y los programas que en materia de RSE materializa el Cemefi, está el procedimiento para otorgar el distintivo “Empresa Socialmente Responsable”. Objetivo del Distintivo “ESR” Acreditar y reconocer a las empresas líderes por su compromiso de aportar valor social a su operación ante sus públicos de interés y que voluntaria y públicamente manifiestan: - Su compromiso de implementación y mejora continua de una gestión socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de negocio. - Contar con políticas, estrategias y programas, que contemplen todos los ámbitos y niveles de actuación de la empresa. - Orientar a la empresa hacia un modelo de gestión sostenible y socialmente responsable. - Identificar oportunidades de mejora en la gestión integral de la empresa. - Fortalecer la confianza de los grupos de interés en la empresa, que genere valor agregado a la imagen y competitividad institucional. - Reconocer a las empresas líderes por su compromiso de aportar valor social a su operación. Ventajas competitivas del Distintivo “ESR” Si bien es fundamental el compromiso por parte de las empresas de aportar valor social a sus operaciones, el distintivo “ESR” es además visto como estrategia de negocio, ya que puede presentar las siguientes ventajas competitivas laborales, legales, financieras, de reputación, gestión e impacto (Cemefi, 2017). Ámbitos estratégicos determinados por el Cemefi para la obtención del Distintivo “ESR” - Gestión de la RSE Permite conocer con mayor detalle la administración interna de la RSE en la empresa, incluyendo el cumplimiento de sus responsabilidades. Es indispensable para fines de retroalimentación y recomendaciones futuras. 346 - Calidad de vida en la empresa Potencia el desarrollo de los colaboradores de la empresa y de sus familias en un entorno laboral en el que prevalezcan esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio, equidad corporativa, respeto a los derechos humanos y respeto a la dignidad humana, propiciando por ende su empoderamiento y la mejora de sus condiciones de vida. - Ética empresarial Está enfocado en el desempeño ético de la empresa con sus grupos de interés internos y externos y a su proceso de toma de decisiones. Una organización que cumple con este ámbito estratégico hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción y se desempeña con base en un código de ética. De igual forma participa mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuesta y atención de temas sociales de interés público. Aunado a lo anterior previene conflictos de interés y da importancia a los grupos minoritarios. - Vinculación de la empresa con la comunidad Acciones que materializa la empresa, que demuestran su compromiso con el desarrollo de la sociedad y el entorno con el que se relaciona. - Cuidado y preservación del ambiente Mecanismos con los que cuenta la empresa para utilizar de forma sustentable y responsable los recursos, al tiempo que previene riesgos y reduce los impactos ambientales consecuencia de sus actividades. “Grupo Bimbo” Según su Informe anual 2017, es un corporativo dedicado a la manufactura de alimentos procesados, principalmente panadería y snacks. Cuenta con 196 plantas productivas, distribuidas en América, Asia, Europa y África. Lo conforman 28 marcas en México, 43 en América del Norte, 18 en América Central, 23 en América del Sur y 18 en la región Europa-Asia-África. 347 Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos bajo la clave de pizarra BMBOY. “Grupo Herdez” Según su Informe anual 2017, es un corporativo dedicado a la manufactura de alimentos procesados y helado en México, así como de comida mexicana en Estados Unidos. Su infraestructura está compuesta por 15 plantas (13 en México, 1 en Estados Unidos y 1 en Perú), 23 centros de distribución (22 en México y 1 en Estados Unidos), 7 buques atuneros, 479 tiendas “Nutrisa”. Lo integran 15 marcas y cuenta con acuerdos de distribución en México con otras 5. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1991, bajo el símbolo HERDEZ *. Metodología La investigación fue un estudio de caso cualitativo, aplicándose entrevistas semiestructuradas a los informantes clave dentro y fuera de las empresas estudiadas. Unidades de análisis 1. Informantes clave dentro de las empresas estudiadas, que informaron: A. Condiciones sociales y económicas de sus trabajadores. B. Impacto ambiental de sus procesos productivos. C. Evolución de sus ventas con antelación a ser acreditados con el distintivo “ESR”. Tales informantes fueron las personas responsables de atender los asuntos relacionados con el distintivo “ESR” en las empresas estudiadas, así como sus trabajadores. 1. Informantes clave fuera de las empresas analizadas, que informaron respecto al involucramiento de éstas en las condiciones sociales y económicas de la población con la que interactúan, así como del impacto ambiental de sus actividades productivas. Dichos informantes fueron personas que laboraban en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México y en el Municipio de Zumpango, Estado de México y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 348 Operacionalización de variables La construcción de los cuadros de operacionalización de variables realizó conforme a sus objetivos general y particulares. Para establecer las dimensiones e indicadores fueron tomados como base los ámbitos estratégicos que el Cemefi considera para otorgar el distintivo “ESR”. Cada pregunta incluida está dirigida a conocer aspectos específicos de las variables objeto de análisis. Instrumentos de evaluación Los instrumentos de evaluación aplicados después de pilotaje son los siguientes: Cuadro 1. Instrumentos de evaluación aplicados. INSTRUMENTO GRUPO DE PERSONAS AL TIPO QUE VA DIRIGIDO DE NÚMERO PREGUNTAS PREGUNTAS Entrevista Gerentes o responsables de la Abiertas 32 semiestructurada adopción de la RSE 32 Total Dicotómicas (SI/NO) Cuestionario Trabajadores de las empresas 10 Escala Likert 3 Opción múltiple 2 Abiertas 2 Total 17 Entrevista Informantes clave fuera de las Abiertas 14 semiestructurada empresas 14 Total DE Fuente: elaboración propia, 2018. Aplicación de los instrumentos de evaluación El Gerente de Relaciones Institucionales de “grupo Bimbo”, y la Gerente de Relaciones con Inversionistas y Asuntos Corporativos de “grupo Herdez” respondieron el instrumento de evaluación respectivo. 349 22 trabajadores de la planta “Bimbo Azcapotzalco” 14 de la planta “Herdez Zumpango” respondieron anónimamente el instrumento de evaluación respectivo. Una funcionaria del área de Enlace y Seguimiento de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, un funcionario del área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, del Municipio de Zumpango, Edo. Mex., un funcionario de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y una funcionaria de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dieron respuesta anónima al instrumento de evaluación correspondiente. Análisis de informes anuales Para complementar la información obtenida, y para conocer las ventas de las empresas estudiadas, se analizaron sus informes anuales desde dos años previos a la acreditación del distintivo “ESR”, hasta el año 2017. Para “grupo Bimbo” se revisó el período 1999-2017, y para “grupo Herdez” el 2007-2017. Resultados Ámbito estratégico gestión de la RSE El Cemefi establece que las empresas deben adoptar en su administración interna el proceder dictado por la RSE, lo que es acorde con Mercado y García (2007), respecto a que es fundamental para la RSE integrar los asuntos sociales, ambientales y económicas con los que interactúan en sus operaciones diarias y en su forma de gobierno y gestión. Ambas empresas actúan conforme a la RSE desde su alta dirección, donde se realiza la revisión, análisis y mejora de sus planes y programas, manteniéndolos actualizados, y buscando generar acciones para la prosperidad de la sociedad y el cuidado del ambiente. Esos planes y programas son difundidos a todos los grupos de interés, para su adopción, revisión y posterior retroalimentación. Lo anterior fue corroborado por los trabajadores, ya que manifestaron que la empresa les explica que es la RSE y los concientiza respecto a la 350 importancia de actuar conforme a ésta, y que tienen la oportunidad de externar propuestas y sugerencias, las cuales son tomadas en cuenta. Ámbito estratégico calidad de vida en la empresa Para el Cemefi, el presente ámbito estratégico se refiere a potenciar el desarrollo de trabajadores y sus familias, a través de esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio, equidad corporativa, respeto a los derechos humanos y respeto a la dignidad humana. Para ambas empresas son fundamentales el buen ambiente laboral, la estabilidad económica, el desarrollo y la seguridad de los trabajadores, porque piensan que así tendrán un crecimiento en los campos personal y profesional y por ende incrementarán su productividad en ambos, esto coincide con lo expuesto por Abrajan et al. (2009), quienes aseveran que la manera en que los empleados ven a su trabajo, tiene que ver con factores específicos como salarios, supervisión, constancia del empleo, condiciones de trabajo, oportunidades de ascenso, reconocimiento a su capacidad, evaluación justa, relaciones sociales en el empleo, resolución rápida de motivos de queja, y trato justo por parte de los patrones. Para ambos grupos el cumplimiento de los aspectos que repercuten en la calidad de vida de sus trabajadores es muy importante. Las prestaciones que las empresas manifestaron otorgar a sus trabajadores son las siguientes: Cuadro 2. Comparativo de prestaciones que “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” otorgan a sus trabajadores. PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES OTORGADAS POR AMBAS OTORGADAS EMPRESAS POR “GRUPO BIMBO” SÓLO OTORGADAS POR SÓLO “GRUPO HERDEZ” Convenios establecidos con Política de Maternidad y Seguro de gastos médicos. diferentes instituciones Paternidad, que contiene los 351 educativas para que lineamientos para gozar de trabajadores y sus familias días y trabajo de medio continúen sus estudios. tiempo. Seguros de vida. Sistemas de ahorro para el Servicio gratuito de retiro para retiro y sistemas de ahorro comedor. de largo plazo. Ascensos tomando consideración en En algunas plantas comedor Planes trayectoria y con precios preferenciales. de empleados de confianza. productividad. Sueldo superior al salario mínimo. Bono por desempeño. Caja de ahorro. Servicio de transporte gratuito. Respeto y flexibilidad en horarios de trabajo y pago oportuno de horas extras. Programas para preservar integridad física y salud. Equilibrio entre vida personal y laboral, otorgando permisos y licencias. Fuente: elaboración propia, 2019. Asimismo, para las dos organizaciones la capacitación es fundamental, permanentemente hay cursos que mejoran sus aptitudes y habilidades, existiendo evaluaciones periódicas de desempeño, además, tienen implementada una cultura de seguridad industrial para evitar y reducir accidentes laborales. Lo anterior fue corroborado por los trabajadores. Por lo anteriormente expuesto los trabajadores consideran que las prestaciones que les otorgan las empresas les permite satisfacer un nivel de vida digno, les brinda estabilidad laboral, y que la organización realiza acciones para que tengan una elevada calidad de vida. 352 Tal satisfacción de los trabajadores es el resultado de la conjunción de varios elementos, Chiavenato (2009) menciona que las personas trabajan en las organizaciones en función de ciertas expectativas y resultados, están dispuestas a dedicarse al trabajo, a alcanzar las metas y los objetivos de la organización con la idea de que eso les producirá rendimientos significativos por su esfuerzo y dedicación; de ahí la importancia de otorgarle los incentivos económicos capaces de aumentar su compromiso con la organización. Por su parte Valle (1995) puntualiza que las empresas sólo pueden ser innovadoras y adaptativas si sus empleados tienen motivación, derivada de que tienen la posibilidad de lograr dicho desarrollo. Los trabajadores de ambos grupos consideran tener estabilidad laboral, experimentando sentimientos de pertenencia, experiencia laboral y seguridad jurídica (Marín, 2015). Además, consideran que están garantizados sus ingresos, lo que le permitirá satisfacer las necesidades de su familia. Las empresas también obtienen beneficios de la estabilidad laboral, ya que cuando cuentan con trabajadores adiestrados y expertos, su productividad se incrementa, además la estabilidad laboral coadyuva al logro de la estabilidad social (Durán, 2017). Otra cuestión que reportaron los trabajadores fue la flexibilidad de los turnos, lo que para Aryee et al. (2005) es positivo para el equilibrio trabajo-familia sobre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, por otro lado, respecto a los sueldos, ambas empresas pagan a sus trabajadores un sueldo superior al salario mínimo. Ámbito estratégico ética empresarial Para el Cemefi este ámbito se encuentra enfocado en el desempeño ético de la empresa con sus grupos de interés internos y externos y a su proceso de toma de decisiones, haciendo públicos sus valores, combatiendo interna y externamente prácticas de corrupción y desempeñándose con base en un código de ética; esta aseveración coincide con lo señalado por Cajiga (2010), cuando menciona que la RSE implica el compromiso consciente de 353 cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, actuando con respeto a los valores éticos que son parte de la construcción del bien común. Al respecto, ambos grupos actúan con apego a un código de ética, en el cual se encuentran los compromisos que han de asumir como colaboradores, en su trato e interacciones con diferentes grupos de interés; dicho código no sólo se aplica a nivel interno, sino que incluye a los proveedores, los que para poder formar parte de sus cadenas de valor deben acreditar una actuación ética. Lo anterior, es congruente con lo externado por González (2007), respecto a que cualquier organización empresarial para la gestión de su ética debe considerar que sus valores, normas y principios morales se convierten en una necesidad, que su actividad tendrá repercusiones por las que está obligado a responder y que aquello que exigirán en sus códigos de ética debe ser el resultado de un diálogo con los implicados en los mismos, en condiciones de inclusión e igualdad, debiendo dar seguimiento a sus códigos de ética. Asimismo, los dos grupos evitan el trabajo infantil y el trabajo forzoso, además de operar diferentes programas y estrategias con el fin de fomentar el respeto a los derechos humanos, la diversidad, la inclusión y las prácticas anticorrupción. Ambas empresas operan programas para el desarrollo de proveedores, enfocados particularmente en micros, pequeñas y medianas empresas, promoviendo una cultura de mejora continua en sus operaciones. De igual forma toman en cuenta las opiniones de sus trabajadores al elaborar y revisar los programas que ejecutan, y miden su satisfacción. Las respuestas que los trabajadores proporcionaron respecto a este ámbito estratégico correspondieron con lo manifestado por ambas empresas. Ámbito estratégico vinculación con la comunidad Para el Cemefi se refiere a las acciones que materializa la empresa, que demuestran su compromiso con el desarrollo de la sociedad con la que se relaciona. Esta percepción 354 concuerda con el planteamiento de Foncea (2012), en el sentido de que las interacciones económicas y sociales que tienen las empresas con las comunidades con las que tiene alguna relación, son fundamentales para ambas partes y pueden ser consideradas como un compromiso de éstas. A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las acciones al respecto que ejecutan ambas empresas. Cuadro 3. Comparativo de las acciones que “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” realizan como parte de su vinculación con las comunidades con las que tienen interacción. ACCIONES EJECUTADAS POR “GRUPO ACCIONES BIMBO” EJECUTADAS POR “GRUPO HERDEZ” Planes de “agronegocios” para impulsar el Apoyo en infraestructura a través de ONGs, desarrollo de productores de los insumos que la su fundación o fondeando a Instituciones de empresa. Asistencia Privada, la Cruz Roja y la organización “CARITAS”. Programa “Buen vecino”, realizando mejoras a Programa “Saber nutrir”, colaboran con su infraestructura, por conducto de asociaciones pequeños productores para que incrementen civiles. el potencial de sus cultivos y cría de animales para poder ser proveedores, del grupo y otras empresas. Programa “Mi tiendita”, pintado y pequeños Programas que contribuyen a mejorar la trabajos de albañilería en misceláneas; entrega alimentación de las comunidades en las que gratuita de anaqueles para que expongan al tienen presencia. público los productos que comercializan, sin importar marca. Modelo de negocio “Quiubo”, instalación de terminales punto de venta, en las misceláneas para el cobro de productos con tarjeta. Junto con asociaciones civiles mundiales, y a través de donativos de los colaboradores, apoyo a ONG en acciones benéficas para las comunidades, los trabajadores también contribuyen. Fuente: elaboración propia, 2019. 355 Estas acciones llevadas a cabo por las dos empresas para fortalecer a las comunidades con las que interactúan, como mencionan Vázquez-Maguirre y Portales (2014), incrementan el tamaño del mercado local, favorecen la dinámica económica de la comunidad y permiten la entrada a nuevos emprendimientos y empresas. La información obtenida fue corroborada por los funcionarios de la Alcaldía Azcapotzalco, el Municipio de Zumpango y la SEDESOL. Particularmente para el caso de “grupo Herdez”, la información con que cuentan en el Municipio de Zumpango y en la SEDESOL evidencia que dan empleo a los habitantes de la demarcación de dos formas, una es contratando a habitantes de las zonas vecinas, y la otra es mejorando los negocios de los agricultores para que generen más puestos de trabajo. De igual forma, dicho grupo adquiere productos a los agricultores y a los dueños de granjas de gallinas ponedoras. Ámbito estratégico cuidado y preservación del ambiente Para el Cemefi este ámbito se encuentra enfocado en los mecanismos con los que cuenta la empresa para utilizar de forma sustentable y responsable los recursos, al tiempo que previene riesgos y reduce los impactos ambientales consecuencia de sus actividades; esta aseveración coincide con lo señalado por la OCDE (2006), cuando menciona que las empresas requieren ampliar su enfoque de la política ambiental incluyendo el análisis del impacto ambiental de los bienes que ofrecen, y desarrollando productos que sean respetuosos con el ambiente en todas las etapas de su vida. Las acciones y programas ejecutados al respecto por ambas empresas son las siguientes: Cuadro 4. Comparativo de las acciones que “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” realizan como parte de sus acciones enfocadas al cuidado y preservación del ambiente. ACCIONES EJECUTADAS POR ACCIONES “GRUPO BIMBO” Medición, permanente los POR “GRUPO HERDEZ” verificación de EJECUTADAS y seguimiento Proyectos conjuntos con la Universidad de impactos de sus Chapingo, consolidando un Banco de 356 operaciones, y gestión de indicadores Germoplasma, en la zona mazahua para ambientales, para reducirlos. conservar semillas endémicas. Investigación y desarrollo con el objetivo de Todas las plantas tienen sistemas de captación reducir los impactos ambientales de sus de lluvia y en ninguna se han construido pozos procesos productivos. profundos, asimismo, todas cuentan con plantas de reciclado. Investigación y desarrollo con objeto de Mejoraron de sistemas de lavado y realizar la reingeniería de sus productos, recuperación de agua, disminuyendo su particularmente los empaques, trabajándose consumo, reciclando y reutilizando 41,792 m³. en la reducción de calibres, y en que sean biodegradables, oxodegradables o peletizables. Mejora de los empaques para que sean Identificación de impactos ambientales de sus valorizados; alcanzándose un 90% de reciclaje operaciones y establecimiento de metas para en las operaciones y una reducción del 30% en reducirlos. la generación de desechos alimenticios. Reducción del 3% del consumo de energía de Reciclando las latas para su posterior empleo fuentes no renovables respecto al 2016, en calentadores que se entregan a la gracias entre otras acciones a la operación del comunidad Mazahua. parque eólico “Piedra larga” (Unión Hidalgo, Oaxaca). Instalación de 33 sistemas de paneles solares Empleo de latas litografiadas y puesta en en el Centro de Distribución Metropolitano y marcha de la iniciativa “etiquetas semilla”. en las oficinas corporativas, evitando la emisión de 2,500 toneladas de CO2 anuales. Eliminación del 100% de las torres de Durante el día mundial del medio ambiente enfriamiento de las plantas. llevan a cabo actividades que motivan a trabajadores y sus familias al cuidado del entorno. Diseño y fabricación de 350 vehículos Actividades de investigación y desarrollo eléctricos para distribución. orientadas a la gestión ambiental, reduciendo emisiones o reutilizando empaques. 357 Desarrollo de 130 vehículos con filtros de Actividades de capacitación para que las partículas, y certificación de SEMARNAT comunidades preserven la biodiversidad de su “Transporte Limpio”. entorno y reduzcan el empleo de agroquímicos. Instalación de sistemas para recolección de Empleo de insumos y materiales de envase, agua pluvial en las plantas, aumento del uso empaque y embalaje con mayor contenido de de aguas residuales en los WC, intensificación material reciclado, con mayor del empleo de mingitorios secos e incremento biodegradabilidad o menor cantidad de del uso de agua tratada para riego. material virgen, asimismo reciclaron 73% de los residuos generados. Reforestación de 196.45 hectáreas de bosques Derivado del uso de energía eólica, la y conservación de 947.26 hectáreas en aplicación del “Sistema de gestión de la ecosistemas forestales del país. energía” y la materialización de campañas de concientización en los colaboradores, se dejaron de emitir 277 toneladas CO2. “Feria de la sustentabilidad”, donde Se priorizó el uso de productos agrícolas, trabajadores y sus familias son concientizados insumos y materias primas provenientes de sobre la importancia del cuidado del ambiente. proveedores con mayor compromiso ambiental. Se someten a auditorías internas y externas bajo los términos de referencia de la PROFEPA renovando la certificación de “Industria Limpia” en seis plantas. “Plan de atención a emergencias ambientales” donde las plantas cuentan con mecanismos de preparación y respuesta a emergencias ambientales que pudieran presentarse en los campos agrícolas por el manejo de plaguicidas, fertilizantes, sustancias químicas y combustibles. Fuente: elaboración propia, 2019. Las acciones que ejecutan ambos grupos son acordes con el planteamiento que hace Durán (2009) en el sentido de que, con objeto de mitigar los efectos de sus actividades productivas 358 en el ambiente, las empresas ponen en operación medidas técnicas para la eliminación de los contaminantes que generan, antes de salir de la planta. La información de las acciones citadas en el cuadro anterior fue confirmada por los funcionarios de la Alcaldía Azcapotzalco, el Municipio de Zumpango y la PROFEPA. Consecuencia de las acciones de “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” en la motivación de sus trabajadores La información proporcionada por los trabajadores de ambas empresas mostró hacerlos saber que son una parte importante de la empresa y ver que si ésta crece entonces ellos también lo hacen los hace sentirse motivados. Asimismo, expresaron estar satisfechos laborando en esas organizaciones, porque saben que son parte de las acciones que pueden mejorar las condiciones de la sociedad y el ambiente, además de que colaboran al crecimiento de la empresa y al de sus compañeros de trabajo. También externaron que en ninguna empresa tendría el crecimiento profesional y estabilidad económica con los que cuentan actualmente, e indicaron estar a gusto por el ambiente, sueldo, estabilidad, prestaciones y apoyo que les brinda la empresa. La actuación de ambas empresas conforme a los ámbitos estratégicos que las hicieron acreedoras al distintivo “ESR” influye positivamente en la motivación de los trabajadores, ya que las políticas, planes y programas que ejecutan repercuten en la estabilidad laboral como uno de los elementos de la relación de trabajo (Marín, 2015); la incorporación de políticas organizacionales fomentadoras de la integración familia trabajo reduce, significativamente, los niveles de ausentismo y mejoran el desempeño laboral, el pago de salarios por encima del mínimo, la constancia del empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la evaluación imparcial, la pronta respuesta a las posibles quejas y el trato justo por parte de los patrones, inciden en su satisfacción laboral (Abrajan et al., 2009). 359 Variación de las ventas de “grupo Bimbo”, antes y después de recibir el Distintivo “ESR” En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del monto de las ventas de “grupo Bimbo” en México de 1998 a 2017, observándose un ascenso continuo entre 1999 y 2013, incluido el año 2001, en el que recibe el distintivo “ESR” por primera vez. Asimismo, en el año 2014 se presentó un descenso, para finalmente incrementarse de 2015 a 2017. Según el Informe anual de la empresa del 2014, la disminución del 1.5% en sus ventas fue consecuencia de la continua presión en los volúmenes, producto de un débil entorno en el consumo y las iniciativas en precios implementadas en el cuarto trimestre de 2013 asociados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) introducido en enero de 2014. Gráfica 1. Evolución de las ventas netas en México de “grupo Bimbo” en el período de 1998 a 2017. Fuente: elaboración propia, 2019. En la siguiente gráfica se observa el monto de las diferencias en las ventas en México de “grupo Bimbo” entre un año y otro, en el período comprendido de 1998 a 2017, y su variación correspondiente. Se observa que la diferencia de las ventas del año 2002 con respecto al 2001 es mayor que en los años previos, lo cual coincide con que, en 2001, la empresa recibe el distintivo “ESR” por primera vez. Sin embargo, no se percibe un patrón en los años subsecuentes, no habiendo un comportamiento constante en cuanto a incrementos o descensos en los montos. 360 Gráfica 2. Diferencia en ventas netas en México de “grupo Bimbo” entre un año y otro, en el período de 1998 a 2017. Fuente: elaboración propia, 2019. Como se puede observar, el monto de las ventas tuvo un incremento de 3,419 millones de pesos en 2002, con respecto a 2001 (13 %), el cual fue el mayor entre un año y otro hasta esa fecha, y coincidió con que, en 2001 recibiera el distintivo “ESR” por primera vez. Sin embargo, no existe un patrón similar en los años siguientes, al no haber un comportamiento constante en cuanto a incrementos o descensos en los montos, aunque la tendencia es a aumentar cada año. Al revisar el apartado económico del Informe anual 2002 se encontraron datos que muestran que en el año 2001 la empresa realizó las siguientes acciones, lo que influyó en el aumento de sus ventas: - Lanzamiento de nuevos productos que tuvieron mucha aceptación de los consumidores; - Se redefinieron las estrategias de marca, en cuanto mercadotecnia y puntos de venta. - Se eficientó el desempeño en las operaciones comerciales en cuanto a logística. - Se incrementaron los precios de las principales líneas de productos. Lo anteriormente descrito descarta que el otorgamiento del distintivo “ESR” haya sido la causa del referido incremento en las ventas de “grupo Bimbo”, por lo que para esta empresa la hipótesis de la investigación se rechaza, ya que, si bien cumplió al realizar sus actividades, 361 con lo establecido en los ámbitos estratégicos que la hicieron acreedora a dicho distintivo, tal acontecimiento no fue el que motivó el incremento de sus ventas. Variación de las ventas de “grupos Herdez”, antes y después de recibir el Distintivo “ESR” En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del monto de las ventas de “grupo Herdez” en México de 2005 a 2017, observándose un ascenso continuo durante todo el período, incluido el 2008, en el que recibe el distintivo “ESR” por primera ocasión. Gráfica 3. Evolución de las ventas netas en México de “grupo Herdez” en el período de 2005 a 2017. Fuente: elaboración propia, 2019. En la siguiente gráfica se observa el monto de las diferencias en las ventas en México de “grupo Herdez” entre un año y otro, en el período comprendido de 2005 a 2017, y su correspondiente variación. Se observa que la diferencia de las ventas del año 2009 con respecto al 2008 es mayor que en los años previos, lo cual concuerda con que, en 2008, el grupo recibe el distintivo “ESR” por primera vez. Sin embargo, no se aprecia un patrón en los años siguientes, no habiendo un comportamiento constante en cuanto a incrementos o descensos en los montos. 362 Gráfica 4. Diferencia en ventas netas en México de “grupo Herdez” entre un año y otro, en el período de 2005 a 2017. Fuente: elaboración propia, 2019. Como se puede observar, el monto de las ventas tuvo un incremento de 911 millones de pesos en 2009, con respecto a 2008 (14 %), el cual fue el mayor entre un año y otro hasta esa fecha, coincidiendo con que, en 2008 recibiera por primera vez el distintivo “ESR”. Sin embargo, no existe un patrón similar en los años siguientes, al no haber un comportamiento constante en cuanto a incrementos o descensos en los montos, aunque la tendencia es a aumentar cada año. Al revisar el apartado económico del Informe anual 2009 se encontraron datos que muestran que en el año 2008 el grupo llevó a cabo las acciones siguientes, lo que influyó en el aumento de sus ventas: - Reestructuraron sus plantas productivas, vendiendo el negocio de sardinas “Yavaros industrial” y cerrando la planta de “Ensenada”, trasladando las líneas de producción a San Luis Potosí; - Implementaron nuevas campañas de publicidad y política de precios, con resultados satisfactorios; - Reorganizaron la comercialización de productos alimenticios; - Consolidaron las operaciones atuneras en Puerto Chiapas, Chiapas; - Reorganizaron los centros de distribución; - Adquirieron la planta de etiquetas Litoplas. 363 Lo anteriormente descrito descarta que el otorgamiento del distintivo “ESR” haya sido la causa del referido incremento en las ventas de “grupo Herdez”, por lo que también para esta empresa la hipótesis de la investigación se rechaza, ya que, si bien cumplió al realizar sus actividades, con lo establecido en los ámbitos estratégicos que la hicieron acreedora a dicho distintivo, tal acontecimiento no fue el que motivó el incremento de sus ventas. Impacto del Distintivo “ESR” en la variación de las ventas y en el posicionamiento de “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” Según las respuestas de los Gerentes responsables de la adopción de la RSE en las empresas estudiadas respecto al impacto del distintivo “ESR” tanto en la variación de sus ventas, como en su posicionamiento en el mercado, hubo coincidencia al considerar que cumplir con los ámbitos estratégicos para la obtención del distintivo en comento no influye directamente en términos de ventas. Sin embargo, en ambas empresas consideran que contar con el distintivo ha influido en que tengan mejor reputación entre los clientes y proveedores, lo cual si coadyuva a su posicionamiento en el mercado e influye indirectamente en sus ventas; tal situación coincide con el planteamiento de Ayala (2013), respecto a que posicionamiento es ocupar un lugar en la mente del consumidor, cuando reconoce las características de un producto y encuentra sus elementos distintivos, superiores y únicos, al compararlo con el de la competencia. Asimismo, es congruente con lo expresado por Gallego (2006), quien considera que la RSE tiene efectos positivos en el mercado para las empresas, tales como: protección y fortalecimiento de su imagen y reputación; diferenciación, distinción y lealtad de los clientes respecto a su marca en el mercado; favorece la atracción y retención de nuevos consumidores; lo que en su conjunto, posibilita el aumento de ventas. En el caso particular de “grupo Bimbo” contar con el distintivo “ESR” ha ayudado a incrementar la aceptación del público reflejándose en el aumento de ventas en campañas puntuales. Por el contrario, para la Gerente de “grupo Herdez” es difícil que el consumidor prefiera comprar un producto con distintivo “ESR” que uno de precio más bajo. 364 Sin embargo, vuelven a coincidir al considerar que las acciones de RSE inherentes a ostentar el distintivo “ESR” forman parte de una serie de factores que ayudan a la empresa a ser más eficiente en su operación y permiten el éxito del negocio; manteniéndolo competitivo en el mercado, al posicionarse por la confianza que gradualmente depositan en ellos clientes y proveedores, resultado de realizar sus actividades productivas procurando el beneficio de aspectos socioambientales. Lo anterior coincide con el planteamiento de Mejía y Newman (2011), cuando consideran que la RSE brida ventajas de competitividad y económicas a las empresas, porque los recursos que se destinan a apoyar proyectos en beneficio del personal, las comunidades o el medio ambiente son parte de una inversión social destinada a mejorar las condiciones de la comunidad; en el entendido de que la inversión retornará como una ganancia para la empresa, ya sea por medio de una comunidad en mejores condiciones de consumir sus productos o en potenciales clientes que confían en las acciones que llevan a cabo. Asimismo, en ambas empresas manifestaron que actuar con apego a los ámbitos estratégicos en cuestión contribuyó a que formen parte del índice sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y en el caso de “grupo Bimbo” del Dow Jones Sustainability Index, convirtiéndose en otra ventaja competitiva en cuanto a inversionistas que dan prioridad a empresas que figuran en los listados de dichos índices, ya que agrupan a empresas con relevante desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo las que pueden acceder a capital de inversionistas preocupados por el futuro (Mayo, et al., 2018). Conclusiones - La hipótesis planteada se rechazó debido a que se observó que, aunque hubo un incremento en las ventas de ambas empresas que coincide con el hecho de que les fue entregado el distintivo “ESR” por primera vez, dicho aumento se debió más bien a su reorganización en temas de mercadotecnia, logística y producción y no propiamente a dicho distintivo. - Ambas empresas al realizar sus actividades cumplen con lo establecido en los ámbitos estratégicos en cuestión, impactando benéficamente en los aspectos socioambientales en los que influyen 365 - Para ambos grupos cumplir al realizar sus actividades con lo establecido en los referidos ámbitos estratégicos los ha llevado a ejecutar acciones de RSE que los ayudan a ser más eficientes en su operación, y ha influido en fortalecer su imagen, y en tener una mejor reputación entre clientes, inversionistas y proveedores, lo que ha redundado en su posicionamiento y competitividad en el mercado e influido indirectamente en sus ventas - La RSE no es un asunto de filantropía, ni es sacrificar los beneficios económicos de los inversionistas para hacer el bien; la RSE forma parte de las estrategias de negocios de las empresas en las que se busca que todas las partes involucradas ganen, ya que, por un lado la sociedad en general gana al tener mejores condiciones de vida, y por el otro, las empresas ganan al estar inmersas en una sociedad con mejores condiciones que será más propensa a consumir sus productos, además de generar confianza a potenciales clientes que también podrían adquirir éstos - Los hallazgos obtenidos permiten esgrimir argumentos respecto actuar conforme a lineamientos de RSE, puede constituirse en una alternativa para enfrentar la pobreza y sus consecuencias socioambientales, fortaleciendo así las relaciones sociales para ayudar a la recuperación del tejido y la estabilidad social, lo que pueden motivar a un número cada vez mayor de empresas en nuestro país a llevar a cabo las acciones que les permitan ser acreedoras del distintivo “ESR”. 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Las ESR han implementado diversas acciones por su compromiso explícito con la sociedad. Pero ¿cuáles son los motivadores que tuvieron para llevarlas a cabo? 149 ESR de Jalisco respondieron a esto a través de una encuesta a distancia por medio de una plataforma electrónica. La información recabada fue el material de análisis de esta investigación aplicada tipo mixta. Comenzando con un breve recorrido teórico se identifican los tipos de motivadores a partir de la concepción que tienen las empresas acerca de la RSE. En los resultados se muestran los grupos de interés que son más importantes y los que les representan mayor reto. Utilizando esquemas, tablas y gráficas comparativas se muestran las acciones que implementaron con cada grupo, así como las razones que las motivaron. Los hallazgos encontrados contribuirán a fortalecer la gestión de la responsabilidad social en las empresas y son un referente para que las OSC se vinculen con ellas. En estos tiempos difíciles, esta investigación ofrece un panorama de la RSE en México colocándola como una herramienta corporativa para hacer frente a la contingencia. Palabras clave: responsabilidad social empresarial, teorías de la RSE, motivadores, grupos de interés, COVID-19 Antecedentes El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto cuando estalló el brote en Wuhan, China en diciembre de 2019. Aunque la mayoría de las personas infectadas (alrededor del 80%) no requieren tratamiento hospitalario para recuperarse, cualquiera puede caer gravemente enferma. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que 376 afecta a muchos países de todo el mundo (OMS, 2019) y ha generado una crisis económica con impacto importante sobre todo en países de América Latina y el Caribe como México, ya que golpea una estructura productiva y empresarial que ya estaba de por sí con debilidades. Mientras no se cuente con vacunas y medicamentos eficaces, la única manera de controlar la pandemia es mediante la prevención, que ha implicado, además de hábitos de higiene, la reducción de los contactos sociales, lo que conlleva a la limitación de algunas actividades económicas. Prever la intensidad y la duración de la crisis ocasionada por la pandemia es difícil, sin embargo, es posible identificar tres etapas donde las empresas juegan un rol importante. La primera se relaciona con las medidas que hay que tomar con emergencia y rapidez. La segunda, denominada de Reactivación se produce cuando, hay que “convivir” con el virus, evitando que se propague y a la vez continuar con actividades económicas. La tercera tendrá lugar cuando no haya peligro de contagio y exista una vacuna, que implicará una nueva realidad económica y social (CEPAL, 2020). Atendiendo la primera etapa, varias empresas actúan colaborando con organismos médicos, unas más ponen a disposición sus servicios para el suministro de provisiones de emergencia y varias realizan donaciones de sus propios productos para los sectores que más lo necesiten. El compromiso de estas empresas es testimonio de su relación con sus grupos de interés como parte de su Contrato social (Schwab, 2020). La segunda etapa de reactivación está propiciando que las empresas se reinventen desde una perspectiva innovadora en la “nueva normalidad”, donde la colaboración y la tecnología contribuyen a enfrentar el reto de lograr estabilidad y además apuntar al crecimiento (Cordero, 2020). La contingencia por la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la responsabilidad social de las empresas. Organismos mundiales y nacionales han exhortado a las empresas a ser solidarias con sus principales grupos de interés, además de involucrarse con otros actores. La ONU coloca los principios del Pacto Mundial como una herramienta para la respuesta corporativa a la pandemia haciendo un llamado a todas las empresas para que adopten medidas colectivas a fin de frenar el brote, apoyar a los trabajadores y facilitar la continuidad de las empresas para una rápida recuperación (Pacto mundial, 2020). Por su parte, la Alianza por la RSE en México, Aliarse A.C., invita a las empresas a ejercer su responsabilidad social 377 teniendo presentes además de la empatía, la ética, la integridad y el bien común para atender la repercusión económica y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para preservar los empleos y los salarios de los colaboradores (Aliarse, 2020). Atendiendo estos llamados, las empresas que cuentan con el Distintivo ESR 2020 han reaccionado con gran responsabilidad ante esta contingencia sanitaria (Cemefi, 2020). A continuación enlistamos algunas prácticas y acciones que se han implementado con los diferentes grupos de interés. Las prácticas orientadas hacia los colaboradores son guiadas por manifiestos oficiales para prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 en sus centros laborales, incluyendo medidas de higiene como lavado de manos constante, uso de gel a base de alcohol, sana distancia, identificación de personal en mayor riesgo y resguardo domiciliario corresponsable recibiendo su salario (STPS, 2020). Otras empresas toman en cuenta las recomendaciones de fortalecer las medidas de protección social y atender el estrés de los trabajadores durante el brote (ONU, 2020). Enviar a todo el personal a trabajar desde casa, otorgar subsidios de internet y apoyar en la adaptación de sus hogares para trabajo remoto son ejemplos de buenas prácticas. Mantener a los colaboradores en calma es otro reto al que se han enfrentado las empresas y lo hacen dando certeza de que sus ingresos permanecerán intactos, implementando talleres de control y manejo del estrés con expertos y brindando orientación psicológica (Cemefi, 2020). Con los clientes, las empresas han tenido retos financieros y los han atendido con acuerdos de aplazamiento de pagos de facturas y otorgando líneas de crédito. Por otro lado, se han reconvertido al fabricar equipos sanitarios de protección como batas y mascarillas, cuando se dedicaban a la fabricación de otros productos. Igualmente han incursionado en la tecnología digitalizando su atención y sus servicios (Galant, 2020) y desarrollando aplicaciones con códigos QR, por ejemplo, para que el cliente o el usuario final no tenga que tocar los productos que entrega. Otras empresas se han dado a la tarea de preparar y difundir con sus clientes comunicados y notas informativas sobre COVID-19 (Cemefi, 2020). En atención a los proveedores, varias empresas han tenido a bien reducir el plazo de pago y desarrollar alianzas invitándolos a otras iniciativas (Galant, 2020) para trabajar en 378 conjunto de manera intersectorial creando comunidad. Mantenerlos informados con la difusión de planes de acción y medidas puntuales, así como la creación de directorios de servicios de negocios locales (Cemefi, 2020), son otros ejemplos de apoyo a los proveedores en particular hacia las Pymes. Para contribuir con la sociedad civil organizada, las empresas están redirigiendo sus donaciones para prevención y asistencia humanitaria (Cemefi, 2020). Igualmente, Cemefi abrió un espacio en la Plataforma de Inversión social, PLADIS, para vincularse con empresas socialmente responsables si la organización está atendiendo necesidades derivadas del COVID-19. En esta plataforma, las organizaciones suben proyectos susceptibles de recibir fondos de contingencia destinados a atender temas de salud, apoyo a población vulnerable, o bien que contribuyan a la operación y sostenibilidad de la misma organización (Cemefi, 2020). El personal médico de hospitales y centros de salud es un grupo de interés recientemente incorporado al mapa de las empresas socialmente responsables derivado de la pandemia. Mientras unas empresas los atienden con traslados gratuitos de su casa a su centro de trabajo y viceversa (Uber, 2020), otras les llevan comida para darles un respiro mientras están en la batalla contra el enemigo invisible del COVID-19 (Carapia, 2020). Varias empresas han realizado donaciones a hospitales de material sanitario (Cemefi, 2020). Adelantándose al desabasto, en marzo-abril de 2020, Fundación Expo Guadalajara realizó una campaña de procuración de equipo de protección personal para médicos, enfermeros y paramédicos de la Cruz verde de Guadalajara. 15 empresas socialmente responsables donaron más de 4,400 equipos beneficiando a 250 trabajadores de la salud (Fundación Expo Guadalajara, 2020). Buscando beneficiar a la sociedad en general, las empresas han creado plataformas de información preventiva y reactiva en temas directamente relacionados a COVID-19. Igualmente han donado medicamentos y otros insumos a comunidades vulnerables, incluso han realizado acciones de voluntariado vía remota y programas de capacitación para la generación de ingresos (Cemefi, 2020). Con el liderazgo de Cemefi y con el apoyo de Fundación Walmart, empresas socialmente responsables y otros aliados, se creó FondoDespensaMX con el objetivo de hacer llegar alimentos a las familias que han perdido 379 sus ingresos debido a la contingencia provocada por el contagio de COVID-19 y necesitan apoyo urgentemente. Al 27 de enero 2021 se recaudaron más de 22 millones de pesos con los que se pudo entregar 31,653 despensas, beneficiando a 7,253 familias en las 32 entidades federativas (Cemefi, 2021). En alianza con el gobierno del estado de Jalisco, un grupo de empresarios tuvieron la iniciativa de dar respuesta a la necesidad de brindar alimentos. Invitaron a más de 400 organizaciones entre las que figuran cámaras empresariales, universidades, iglesia católica, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para crear el programa Jalisco sin hambre, con la repartición de 171 mil despensas a más de 1 millón de personas (Jalisco sin hambre, 2020). Aunado a esto, varias empresas se encuentran en la disposición de atender peticiones del gobierno en cualquiera de sus tres niveles para ofrecer sus instalaciones como refugios médicos, así como colaborar con la construcción e instalación de hospitales móviles (Cemefi, 2021). Estas prácticas socialmente responsables son un ejemplo del involucramiento hacia los diferentes grupos de interés en las etapas de atención urgente y de convivencia con el coronavirus COVID-19 en esta nueva normalidad. Si bien son un ejemplo de congruencia por parte de las empresas comprometidas con la responsabilidad social, hace falta explorar lo que los mueve, las razones que motivan a estas empresas para llevar a cabo estas acciones, y esto es justamente lo que se analizará en esta investigación. Planteamiento del problema Objetivo general Analizar los motivadores que tuvieron las empresas socialmente responsables de Jalisco para realizar acciones en atención a sus grupos de interés más importantes, frente a la contingencia por la pandemia de COVID-19. Objetivos específicos 1. Identificar cuáles son los grupos de interés más importantes para involucrarse y cuáles les representan mayor reto a las empresas en el marco de COVID-19. 2. Señalar las acciones que las empresas emprendieron con cada grupo de interés. 380 3. Establecer las razones que motivaron a las empresas a implementar estas acciones y cuáles son las teorías que los fundamentan. 4. Identificar en las empresas si existe diferencia por tamaño, sector al que pertenecen y los años que tienen ostentando el Distintivo ESR al elegir los motivadores para realizar estas acciones. Preguntas de investigación 1. ¿Cuáles son los grupos de interés más importantes para que las empresas se involucren en el marco del COVID-19? 2. ¿Cuál grupo de interés representaría un mayor reto para las empresas en la “nueva normalidad”? 3. Frente a la contingencia por COVID-19 ¿Cuáles acciones han implementado las empresas con sus principales grupos de interés? 4. ¿Cuáles son las razones que motivaron a las empresas a implementar estas acciones? 5. ¿Cuáles son las teorías que fundamentan los motivadores de las empresas socialmente responsables para llevar a cabo estas acciones? 6. El tamaño, sector al que pertenecen y los años que tienen ostentando el Distintivo ESR ¿son elementos que marcan la diferencia para las empresas entre elegir un motivador y otro? Marco teórico Antes de explicar los diferentes motivadores y las teorías que fundamentan las prácticas socialmente responsables de las empresas, conviene detenerse en revisar el concepto de responsabilidad social empresarial y el papel que juegan los grupos de interés. Responsabilidad Social Empresarial y Grupos de interés. Existen múltiples definiciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), todas abarcan expectativas o preocupaciones económicas, sociales, éticas y medioambientales, y varían de acuerdo al enfoque y naturaleza de las prácticas. Guías de gestión como la ISO 26000 y publicaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas así como de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas, entre otros, colocan estos elementos como voluntarios y constantes en las operaciones de las empresas (Rochin, 2018, p. 68-70). 381 Ante la diversidad de concepciones, la Alianza por la responsabilidad social empresarial, Aliarse A.C. elaboró una definición que concentra de manera clara y completa los contenidos, refiriéndose a la RSE como: “El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común” (AliaRSE, 2005, p. 4). El Centro mexicano para la Filantropía, A.C (Cemefi), identifica cuatro ámbitos principales de la responsabilidad social: Calidad de vida en la empresa, Ética empresarial, Vinculación con la comunidad y Cuidado y preservación del medio ambiente, agregando un ámbito más: Gestión de la RSE (Cemefi, 2016, p. 4). Cada año, Cemefi publica una convocatoria invitando a las empresas para que se postulen al Distintivo ESR, Empresa Socialmente Responsable, el cual se obtiene mediante un proceso diagnóstico basado en 75 o 150 indicadores (depende del tamaño de la empresa) alineados con las iniciativas internacionales más representativas en el tema. Las empresas interesadas responden un cuestionario con siete tipos de evidencias que demuestren su labor en los cinco ámbitos de la RSE. Un comité de expertos revisa las evidencias, y si las empresas cumplen con al menos el 65% de la puntuación requerida, obtienen el Distintivo ESR (Cemefi, 2020). Las empresas que participan por 1 a 5 años, contestan un cuestionario inicial, mientras que las de 6 años en adelante contestan otro cuestionario con ítems más profundos que evalúan el avance y la madurez de las empresas en el tema. Ostentar el Distintivo ESR significa el compromiso de las empresas con la sociedad de impulsar procesos de mejora continua para beneficio de todos los grupos con los que se relaciona, además de fortalecer sus impactos positivos y reducir los negativos. Esto es adicional al cumplimiento de sus obligaciones legales. (Villalobos, 2015). Un concepto que aparece de manera constante en la RSE es el de los grupos de interés, también llamados partes interesadas o Stakeholders, quienes juegan un papel importante. Estas partes interesadas son aquellos grupos que pueden afectar o están siendo afectados por el logro de objetivos de la organización (Friedman, 1984 en Caballero, 2010, p. 211), sin 382 embargo, estos grupos no incluyen aquellos que solo pueden tener conocimiento u opinión sobre la misma (AA1000SES, 2011, p. 6). Esto determina los diferentes tipos y niveles de relación e involucramiento de acuerdo a los intereses y preocupaciones de las partes. Tomando en cuenta esto, los grupos de interés se dividen en tres. Los grupos de interés Consustanciales, son aquellas partes sin las cuales la propia existencia de las empresas es imposible, es el caso de empleados, accionistas e inversores y socios estratégicos. Los Contractuales, son aquellos grupos con los que la empresa tiene algún tipo de contrato formal, por ejemplo clientes, proveedores e instituciones financieras. Los Contextuales son aquellas que desempeñan un papel fundamental en la consecución de la necesaria credibilidad de las empresas y en la aceptación de sus actividades, además representan de una manera más firme y segura la defensa de bienes comunes como el medio ambiente, la paz, la seguridad, la libertad y la justicia, aquí se ubican la administración pública o gobierno, creadores de opinión o medios de comunicación, comunidades y sociedad en general (Empresa y Desarrollo Sostenible, 2002, p. 5-7 ). Los tres grupos se muestran más claramente en el Esquema 1: Tomar en consideración las expectativas y necesidades de los grupos de interés, es un ejercicio que las empresas incluyen a la hora de diseñar sus programas y llevar a cabo 383 prácticas de responsabilidad social. Las relaciones entre ambas partes son cada vez más elaboradas y suponen mayor interacción, llegando hasta una colaboración plena (Strandberg, 2010, p. 7). La ISO 26000 dedica un capítulo completo para reconocer la RSE e involucrarse con las partes interesadas señalando la relación que deben de guardar (ISO, 2010). El Global Reporting Iniciative, señala, como principio básico, que la organización interesada en elaborar un informe de sustentabilidad con su metodología debe identificar a sus grupos de interés y explicar cómo ha respondido a sus expectativas e intereses razonables (GRI, 2016, p. 7, 8). Cemefi, con su guía para el Distintivo ESR, entrega a las empresas un reporte de resultados con unas gráficas donde se identifica cuáles son los grupos de interés que se benefician directamente con las prácticas en cada uno de los ámbitos de la RSE y enlista a 14 grupos ordenados en 6 categorías para que las empresas los seleccionen (Cemefi, 2016, p. 26) tal como se muestra en el Esquema 2. Es importante implicar a los grupos de interés significativos con el objetivo de conseguir efectos consensuados en un marco de compromiso voluntario (AA1000SES 2011, p.6). Este compromiso con los grupos de interés implica colaborar con diferentes actores a la vez, y también atender temas complejos, tales como los impactos de la empresa en la sociedad y problemas mundiales actuales, lo que supone un desafío para la empresa (Strandberg, 2010, p. 9). Con lo anterior se establece que la RSE lleva implícitos beneficios a los grupos de interés con quienes la empresa se involucra. 384 Teorías de la RSE y sus motivadores Actualmente existen debates en el modo de concebir a la RSE donde incluso hay posturas que indican que no se es socialmente responsable si sus fines son instrumentales. Lo que se concluye es que las empresas sí llevan a cabo prácticas socialmente responsables, independientemente de que esperen o no algo a cambio; más bien actúan con enfoques basados en teorías cuyo centro es diferente en unas y en otras (Rochin, 2019, p. 513-517). Son 4 tipos de teorías de RSE las que se identifican: 1. Teorías instrumentales. Entienden a la RSE como un medio para alcanzar ciertos beneficios para la empresa, enfatizando que ésta es un instrumento para la creación de riqueza. El aspecto económico es el que se identifica entre el negocio y la sociedad, concibiendo a la RSE como un elemento diferenciador de otras compañías, lo que les da una ventaja competitiva. 2. Teorías políticas. Destacan el poder social de la empresa en su relación con la sociedad y su responsabilidad en el ámbito político. El enfoque está en adoptar causas sociales para lograr mercadotecnia de sus productos y servicios, cuyo liderazgo y poder en el medio se usa como práctica de RSE que genera alianzas para atender temas sociales. 3. Teorías integradoras. Argumentan que el negocio depende de la sociedad, en cuanto a su continuidad, crecimiento y su misma existencia, por lo que la empresa debe integrar las demandas sociales. Su enfoque es el de ciudadanía corporativa, porque gestiona los problemas de los grupos de interés como parte de sus responsabilidades, equilibrándolo con los intereses de la empresa. 4. Teorías éticas. Entiende que la relación entre empresa y sociedad está permeada de valores éticos, donde las empresas aceptan responsabilidades como una obligación por encima de cualquier otra consideración. Hacer lo correcto para contribuir a una mejor sociedad, basarse en los derechos universales y enfocarse al bien común son elementos que se atienden en estas teorías. Estas cuatro teorías se pueden explicar a partir de los modos en que se concibe la RSE identificados en el discurso de los empresarios, sus compromisos implícitos y explícitos con 385 los grupos de interés y las prácticas que implementan. Esto a su vez, establece el fin y función que la RSE guarda en la empresa (Rochin, 2019, p. 513-517). Se ilustra mejor con la siguiente tabla: Conocer los motivadores que llevan a las empresas a implementar prácticas de RSE es un ejercicio individual de cada empresa y contribuye a que sea más firme el compromiso consiente con los grupos de interés. De acuerdo a Melé (2016), existen cuatro motivadores para un comportamiento socialmente responsable, los cuales se explican claramente en la siguiente figura: 386 Desde este análisis, identificamos que los motivadores se resumen en dos: 1) Por presión de los grupos de interés. En los que se encuentran los Primarios como los accionistas, empleados, clientes y proveedores; los Gobiernos e instituciones promotoras del tema; o bien por presión de Grupos sociales que señalan a las empresas por prescindir o incluir prácticas de RSE es su gestión empresarial (Rochin, 2019, p. 520-523). 2) Motivadores éticos. Surgen de entender a la RSE como una obligación empresarial moral estableciendo relaciones con la sociedad, en el marco de un bien común. Los grupos de interés no ejercen presión sino que son los beneficiados por prácticas filantrópicas realizadas por la empresa (Rochin, 2019, p. 523-524). Algunas empresas comienzan a implementar prácticas por presión o invitación de sus grupos de interés, sin embargo, su responsabilidad quedará limitada a la tendencia de las presiones en el mundo empresarial en un contexto determinado. Sin una motivación ética, las empresas pueden ser acusadas de actuar con responsabilidad social, por el mero ejercicio de relaciones públicas y su sinceridad puede verse cuestionada (Melé, 2016 en Rochin 2019, p. 524). Tomando como base estos fundamentos teóricos, se elaboró para esta investigación, una lista de 4 razones que fueron motivo para implementar acciones con los principales grupos de interés. Estas razones están alineadas a los modos de concebir a la RSE y su fin de ésta en la empresa. Igualmente, se hace alusión a las Teorías que fundamentan estas razones. Se explica de manera puntual en la tabla 2. 387 Metodología de investigación Tipo de investigación y cronograma Esta es una investigación aplicada de tipo mixta. El enfoque Cuantitativo se utiliza en la medición de las respuestas de las empresas utilizando estadísticas gráficas. Se emplea el proceso deductivo al realizar el análisis de las razones con el modo de concebir a la RSE y su finalidad en la empresa. El enfoque Cualitativo se aplica al inferir las teorías en que se fundamentan tales razones y al elaborar la interpretación de los resultados cuantitativos. La investigación comenzó en el mes de julio 2020, iniciando con la revisión teórica documental. La elaboración de la encuesta y el pilotaje se realizó en septiembre. La selección de la muestra con la revisión del directorio tomó más tiempo del planeado, ya que se actualizó la base de datos con información de los líderes de RSE en las empresas. Para el envío de la encuesta por email y recepción de respuestas se destinaron 3 semanas. En el análisis de los resultados y en el diseño de las gráficas se invirtieron cuatro semanas, más otras ocho suficientes y necesarias para la integración del documento completo de investigación. En total, fueron 7 meses los que se estuvo trabajando en la presente investigación. Ver Anexo 1. Descripción del objeto de investigación De acuerdo a la lista pública oficial de Cemefi, en Jalisco existen 197 empresas que ostentan el Distintivo ESR 2020 (Fundación Expo Guadalajara, 2020). Estas empresas se pueden clasificar por tamaño y por número de años en los que han obtenido el Distintivo. Para definir el tamaño de las empresas, Cemefi toma en consideración el sector al que pertenece y el número de colaboradores, según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía. Esto se explica en la tabla 3. Fuente: Cemefi. 388 Como podemos observar en la Gráfica 1, son 66 empresas grandes las que ostentan el distintivo, 52 medianas, 58 pequeñas y 21 micros. Si sumamos estas tres, la cifra es de 131, lo cual indica que la mayoría de las empresas socialmente responsables en Jalisco son MiPyMes. En la Gráfica 2 se puede apreciar el porcentaje de las empresas por su tamaño. El 34% corresponde a empresas registradas como grandes y la gran mayoría son las MiPyMes que suman el 66% restante. Por otro lado, el número de años por el que han participado y obtenido el Distintivo ESR se muestra en la Gráfica 3. La mayoría de las empresas son de segundo año con un 23%, seguido 389 por las empresas de tercer año con 16% y empresas de primer año con el 14%. Esto indica que, en un nivel inicial de postulación entre 1 y 5 años, están registradas 144 empresas, lo que representa el 73% del total de organismos con Distintivo ESR 2020 en Jalisco. Herramientas de investigación y muestra Las 197 empresas con Distintivo ESR de Jalisco fueron consideradas para enviarles la encuesta por correo electrónico a través de una liga utilizando la plataforma Question pro. La invitación a contestarla fue dirigida al líder de responsabilidad social de cada empresa. Comenzando con instrucciones claras para el llenado, la encuesta se dividió en tres partes: La primera integra preguntas generales de identificación del encuestado y de la empresa respondiente. La segunda parte fue para identificar a los grupos de interés más importantes y que representan mayor reto para las empresas, utilizando preguntas cerradas y con respuestas priorizantes. Tomando en consideración la información teórica, y las iniciativas que se han implementado por el sector empresarial frente a la contingencia por COVID-19 (Antecedentes), se eligieron para esta investigación siete grupos de interés de acuerdo a los tres tipos en que se dividen. Estos grupos se describen en la tabla 4 y en ese mismo orden es como se mostraron en la encuesta para ser contestada. 390 En la tercera parte de la encuesta se sondeó cuales actividades realizaron las empresas con cada grupo de interés pudiendo elegir más de una opción. Las acciones que se seleccionaron para esta investigación es un resumen de las prácticas que han implementado las empresas socialmente responsables descritas en el apartado de Antecedentes. Por cada grupo de interés se preguntó acerca de las razones que motivaron esas acciones, seleccionando del 1 al 4 por orden de importancia para la empresa. Estas razones son las mismas de la tabla 2. El formato completo de la encuesta se puede observar en el anexo 2. Durante el pilotaje de la encuesta se promedió 5 minutos para responder. Encontramos que varias de las empresas comenzaban con sus respuestas y luego suspendían para corroborar información con otras áreas o con el director de la empresa. A todos los encuestados se les dio el mismo tiempo para responder: 1 semana. Hubo empresas que no respondieron en ese tiempo y se les llamó por teléfono para que lo hicieran invitándolos a participar, ampliando el plazo a una semana más. Se mantuvo la encuesta activa durante 2 semanas. En total fueron 149 empresas las que respondieron, es decir el 75.63% de las empresas socialmente responsables de Jalisco. La lista de las empresas participantes la encontramos en el Anexo 3. En la gráfica 4 encontramos que, de las empresas que respondieron, la mayoría fueron pequeñas con un 35%, seguido de empresas grandes con un 32%, Medianas son el 23% y Micros el 10%. Si concentramos en un solo número a las MiPyMes, nos da un total de 102 empresas, mientras que grandes son 47. 391 Respecto a los años que tienen con el Distintivo, el mayor porcentaje de las empresas encuestadas son de 2 años, seguido de 3 y 1 año con el distintivo. El 76.5% pertenecen a la RSE inicial de entre 1 y 5 años con 114 empresas, mientras que 35 son de 6 a 10 años de participación, tal como se muestra en la gráfica 5. Estos datos coinciden con el total de empresas que ostentan el distintivo. Por otro lado, la mayoría de las empresas respondientes están ubicadas en el municipio de Guadalajara, seguido de Zapopan y de Tlaquepaque, sumando un 82%. Encontramos 11 392 empresas ubicadas en municipios que no pertenecen al área metropolitana. Es de destacarse que 7 empresas están ubicadas en países diferentes a México, aunque fueron gestionadas y registradas en Jalisco por pertenecer a un corporativo de Guadalajara. En la gráfica 6 encontramos la información. Cemefi solicita a las empresas que se registren al Distintivo ESR de acuerdo al sector al que pertenecen, eligiendo entre 7 sectores económicos que se muestran en la gráfica 7. La mayoría de las empresas encuestadas son del giro de Servicios, seguido de la Industria manufacturera y de Comercio. No hubo empresas pertenecientes al sector de Transporte y comunicaciones ni de Minería. 393 Finalmente, encontramos que 98 de las 149 empresas encuestadas pertenecen a una o más cámaras empresariales y 51 no pertenecen a ninguna. De las que sí son afiliados a algún gremio, 45 empresas pertenecen a la Cámara de comercio, 23 a Coparmex, 8 a Cámara de la construcción y 3 a la Cámara de la industria del Tequila. Estas 4 cámaras son Entidades promotoras de la RSE reconocidas por Cemefi (Fundación Expo Guadalajara, 2020) En la gráfica 8 podemos verificar la información. Resultados A continuación se presentan los Grupos de interés más importantes para involucrarse y los que representan mayor reto a las empresas. Con gráficas generales y comparativas por tamaño, años con el Distintivo ESR y sector se muestran también los resultados sobre las acciones que implementaron las empresas, así como sus razones que las motivaron para realizarlas. Grupos de interés Como se comentaba anteriormente el involucrarse con los grupos de interés es un elemento inherente a la RSE y atender asuntos derivados de la pandemia por COVID-19 cobra mayor relevancia en esta primera etapa de Emergencia. Las empresas respondieron de manera muy clara ante esta cuestión. En la gráfica 9 se muestra cuáles grupos de interés son más importantes para involucrarse con ellos. El 89% de las empresas colocan a los Colaboradores 394 como Extremadamente importante y el resto como Muy importante, sin que ninguna empresa señale con menor importancia este grupo. Los Clientes, consumidores y Usuarios también marcan un alto porcentaje como Extremadamente importante llegando a un 70%. En el caso de los Proveedores se divide casi a la mitad las respuestas de Extremadamente importante y Muy importante. Las Organizaciones de la sociedad civil tienen el porcentaje más bajo en respuestas como Extremadamente importante en un 24%, aunque son señaladas por la mitad de las empresas como Muy importante. Respuestas muy similares se dieron para los demás grupos. Cuatro de los siete grupos incluyen respuestas de No tan importante, pero solo el 4% o menos de las empresas dan esta respuesta. En la gráfica 10 observamos de manera comparativa que las empresas Grandes consideran a los Colaboradores con un porcentaje alto en Extremadamente importante, llegando a un 96%, solo 2 empresas responden como Muy importante, y ninguna señala con menor importancia este grupo. Lo mismo sucede con las MiPyMes, también otorgan a los Colaboradores un porcentaje alto en Extremadamente importante con un 85% y 15 empresas responden como 395 Muy importante. Los Clientes, consumidores y Usuarios marcan un segundo lugar en ambos tamaños de empresas con un alto porcentaje en Extremadamente importante llegando a un 72% en Grandes y 70% en MiPyMes. Le sigue el grupo de Proveedores con 57% y 54% respectivamente, colocándolo en un tercer lugar de porcentaje con respuesta de Extremadamente importante. Los otros cuatro grupos de interés aparecen en las empresas Grandes con más porcentaje en la respuesta de Extremadamente importante, mientras que en las MiPyMes las respuestas más altas están en Muy importante. En la Gráfica 11 se observa una comparación por años con el Distintivo ESR. Ambas consideran a los Colaboradores y Clientes como Extremadamente importante con un porcentaje de 88% y 92%. En el caso de los Proveedores, la mayoría de las empresas con más de 6 años los identifican como Muy importante, mientras que para las de 1 a 5 años, la mayoría afirma que son Extremadamente importante. Los 4 grupos Contextuales son considerados de manera similar en ambos tamaños, sin embargo, entre el 3% y el 5% de las empresas iniciales, los consideran como No tan importante. Esta respuesta no figura para las empresas de 6 y más años en ningún grupo. 396 Esta comparación nos permite verificar que hay diferencia en los resultados por tamaños, y también por años con el Distintivo ESR. Prácticamente son las MiPyMes de 1 a 5 años las que contestaron como No tan importante en los cuatro grupos Contextuales, aunque la respuesta de Extremadamente importante en el grupo Consustancial que son los Colaboradores, la respuesta es similar. Por otro lado, si sumamos las respuestas de Extremadamente importante y Muy importante del total de las empresas encuestadas en cada grupo de interés, podemos identificar que los Colaboradores, es el grupo más importante para involucrarse para todas las empresas, los cuales pertenecen a los Consustanciales explicados anteriormente. En segundo y tercer lugar quedaron los Clientes y Proveedores respectivamente, ambos pertenecen al grupo de los Contractuales. Después encontramos a los grupos Contextuales: Gobierno municipal, estatal y/o federal, Sociedad en general, Personal médico de hospitales y centros de salud y finalmente Organizaciones de la sociedad civil. Esto se muestra en la Gráfica 12, donde se puede observar que los siete grupos tienen un alto grado de importancia para la mayoría de las empresas, el grupo marcado con menos porcentaje es de 74%, es decir, más de la mitad de las empresas. Las Organizaciones de la sociedad civil tienen prácticamente el mismo grado de importancia para vincularse que el Personal médico y la Sociedad en general, 397 mientras que de entre los grupos Contextuales, el que está en primer lugar con importancia para vincularse es el Gobierno en sus tres niveles. Los grupos de interés que han representado más reto se muestran en la gráfica 13, donde el mayor nivel de reto es el 1 y el menor es el 7. Los Colaboradores es el grupo con mayor reto, para el 57% de las empresas, mientras que los Clientes muestran un reto un poco menor, estando en nivel 2 para el 49%, ese mismo porcentaje resulta para los Proveedores, pero en un nivel de reto 3. El nivel de reto 4 es para el Gobierno con el 28%, mientras que el Personal médico presenta un nivel 5 para el 29%. Las Organizaciones de la sociedad civil presentan su pico mayor en el nivel 6 con un 30% y la Sociedad en general presentan en mayor porcentaje el nivel de reto 7 para el 25% del total de las empresas encuestadas. 398 En la gráfica comparativa 14 se muestran las respuestas de las empresas Grandes que no difieren mucho de las MiPyMes. En ambos casos, los Colaboradores es el grupo con mayor porcentaje de reto en el nivel 1 con un 64% y 54% respectivamente, mientras que los Clientes muestran un reto de nivel 2, aunque ligeramente menor en las Grandes. En el nivel de reto 3 están los Proveedores que presentan el mismo porcentaje de 49% en ambos tamaños de empresas. Los niveles 4, 5, 6 y 7 coinciden en los mismos grupos con muy poca diferencia entre los tamaños. 399 Al comparar las respuestas por años con el Distintivo ESR en la gráfica 15, se observa que la mayoría de las empresas en ambos grupos colocan en los primeros 3 niveles de reto a los Colaboradores, Clientes y Proveedores en este orden. El nivel de reto 4 es para el Gobierno, seguido de Personal médico, Organizaciones y Sociedad en los niveles inferiores. 400 Si sumamos las respuestas de los niveles 1 y 2 que corresponde a los de mayor reto para el total de las empresas encuestadas, identificamos que los Colaboradores y los Clientes son los grupos más seleccionados con un 72% y 66% respectivamente. Le siguen, pero con porcentaje muy alejado, Gobierno con un 18% seguido de Sociedad, Proveedores y Organizaciones de la Sociedad Civil con porcentajes muy parecidos de 14%, 13% y 11%, mientras que con solo un 6% aparece el Personal médico. Esto se muestra en la Gráfica 16. Si cruzamos la información de los Grupos de interés que son más importantes para involucrarse con los que representan mayor reto para convivir en la “nueva normalidad”, se observa que, para todas las empresas es muy importante involucrarse con los Colaboradores y representa un reto alto para el 72% de ellas. Algo similar sucede con los Clientes, donde la importancia es para el 98% y el reto mayor es para el 66% de las empresas. En el caso de los demás grupos: Proveedores, Gobierno, Sociedad, Personal médico y Organizaciones, la importancia para involucrarse es considerable pero el nivel de reto mayor es para menos del 18% de las empresas. Ver gráfica 17. 401 Acciones Respecto a las acciones que las empresas han llevado a cabo, podemos ver de manera comparativa en la gráfica 18 que el 100% de ellas han tomado Medidas sanitarias generales con los Colaboradores, el 85% han dado Descanso con goce de sueldo a personas en alto riesgo de contagio, y un porcentaje similar han procurado Mantener plantilla completa de personal con sueldos íntegros. El Apoyo psicológico es una acción que solo el 39% de las empresas encuestadas implementaron, el 60% de las empresas Grandes tomaron en cuenta esta acción y el 29% de las MiPyMes. De manera muy clara, la gráfica nos muestra que todas las empresas implementaron alguna acción con este Grupo de interés, ya que ninguna señaló la respuesta 5. 50 empresas, el 34%, implementaron acciones diferentes a las que se les dio como opción en la encuesta, entre las que figuran Trabajo desde casa, toma de oxigenación en la sangre y pruebas rápidas en la empresa, arco sanitario y sanitización de áreas. 402 La gráfica 19 nos muestra que prácticamente todas las empresas implementan Medidas sanitarias generales con los Clientes, consumidores, usuarios. El 75% Mantienen sus mismos precios y la mitad de las empresas se dieron a la tarea de Ofrecer o elaborar nuevos productos para atender COVID-19. El 44% Establecieron esquemas de apoyo monetario y 11 empresas, el 7% del total, implementaron otras acciones, como Disminución de costos y ajuste de acuerdos comerciales con envíos gratis y asesorías para administrar las finanzas en la contingencia. Solo 2 empresas MiPyMes no han implementado acciones con este grupo. 403 Con los Proveedores, el 99% de las empresas implementan las Medidas sanitarias generales. El 78% Mantienen o negocian plazos justos de pago y el 31% les Propone otras estrategias de negocios para atender COVID-19. En un porcentaje mayor, de 42%, las empresas proponen Establecer alianzas de apoyo directamente relacionados a atender la contingencia y 3 empresas implementaron otras acciones, tal como Intercambio de servicios y Comprar a empresas locales. Igual que con el grupo anterior, 2 empresas MiPyMes no han implementado acciones con este grupo. Ver gráfica 20. 404 Los apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil se muestran en la gráfica 21. Se observa un porcentaje menor de empresas que han realizado acciones con este grupo en comparación con los anteriores. Las Medidas sanitarias generales son implementadas por el 78% de las empresas, mientras que el 49% ha Mantenido los convenios de apoyo concertados previamente. 54% decidieron Apoyar la operación con donativos, y el 10%, 15 empresas, Patrocinaron proyectos para atender COVID-19 en el formato de PLADIS de Cemefi, de las cuales 6 son MiPyMes y 9 Grandes. El 3% realizó otras actividades, como Donación de productos sanitizantes y despensas. 22 empresas, el 15% del total, la mayoría MiPyMes no han implementado ninguna acción con las OSC. 405 El Personal médico es un grupo con respuestas variadas. El 67% implementa Medidas sanitarias generales con ellos, mientras que el 23% y 32% Generaron convenios de apoyo y Donaron insumos de protección personal, respectivamente. 42 empresas, el 28% de las encuestadas les hicieron algún Reconocimiento personal por su labor. Estas cuatro acciones estuvieron presentes con un número similar entre empresas Grandes y MiPyMes. El 26% de las empresas encuestadas, es decir 39 empresas, de las cuales son 31 MiPyMes, no han implementado ninguna acción con este grupo. Ver gráfica 22. 406 En la gráfica 23 podemos observar que las Medidas sanitarias generales es la acción mayormente implementada por las empresas con la Sociedad en general en un 89%. Compartir información de interés relacionada a COVID-19 lo han implementado el 60% de las empresas y el 31% Generaron acciones de apoyo con colectivos, grupos vecinales, etc. Este mismo porcentaje Participa en proyectos de asistencia como Jalisco sin hambre y/o Fondo Despensa MX, siendo las MiPyMes quien más se han involucrado en esta acción en comparación con las Grandes con 26 y 20 empresas respectivamente. 13 empresas no han implementado ninguna estrategia con este grupo. 407 El gobierno en sus tres niveles es otro grupo con el que se involucraron las empresas con Medidas sanitarias generales en un 83%. El 33% Participaron en foros públicos en temas directamente relacionados a COVID-19, y con un porcentaje parecido, el 28% y 27% Generaron propuestas de apoyo empresarial y Participaron en proyectos de corresponsabilidad aportando monetariamente y/o en especie o con voluntariado. 8 empresas, de las cuales 7 son MiPyMes implementaron otras acciones, tal como Dar seguimiento a las medidas oficiales, crear protocolos frente a estos lineamientos y ofrecimiento de productos y servicios. 25 empresas, el 17% no han implementado ninguna acción. Esto puede revisarse en la gráfica 24. 408 Estas gráficas ponen en evidencia que las empresas han tomado en cuenta a sus diferentes grupos de interés, aunque no todas implementaron acciones con todos ellos. En la gráfica comparativa 25 podemos observar que los Colaboradores, fueron los únicos grupos atendidos por el 100% de las empresas. Los Clientes y Proveedores se atendieron por el 99% de las encuestadas, mientras que la Sociedad, Organizaciones y Gobierno por el 91%, 85% y 83% respectivamente. El grupo menos atendidos fue el Personal médico el 74% realizó acciones con ellos. 409 Por otro lado, al comparar en la gráfica 26, el número de empresas que respondieron como Extremadamente importante y Muy importante para involucrarse, con el número de empresas que implementaron acciones con los grupos de interés, se advierte que, con los Colaboradores es similar la importancia del 100% con las empresas que los atendieron. Con los Clientes y Proveedores sucedió que el número de empresas que implementaron acciones superó ligeramente a aquellas que otorgaron mucha importancia para involucrarse, con 1% y 2% respectivamente. Lo mismo observamos con la Sociedad y las Organizaciones, pero el porcentaje de diferencia fue mayor, se superó con 13% y 11% respectivamente. Contrariamente sucedió con Gobierno y Personal médico, ya que el número de empresas que respondieron que les representaba una importancia mayor superó al número de empresas que implementaron prácticas con ellos, aunque la diferencia fue simbólica, de 4% y 1%. 410 Razones que motivaron a las empresas Este es el centro de la investigación y las respuestas se muestran en la gráfica 27. La respuesta más elegida por las empresas fue por Contribución al bien común en todos los grupos de interés. El mayor porcentaje lo tienen el Personal médico con el 76%, seguido de la Sociedad y las Organizaciones con 74% y 72% respectivamente y el Gobierno con un 68%, enseguida encontramos a los Colaboradores, Clientes y Proveedores con un 58%, 46% y 43%, donde la respuesta de Generan un ganar-ganar fue la que obtuvo mayor porcentaje. En el caso de los Proveedores fue casi el mismo porcentaje con esta respuesta. Son respuesta a presión es la que obtuvo menos porcentaje en todos los grupos, el más elevado fue de 6% en Clientes y en Organizaciones. 18 empresas, el 12% de las encuestadas, contestan con Pueden crear valor económico en Clientes y Proveedores, los demás grupos son atendidos con este motivo por 7% y menos. 411 Al realizar un comparativo de respuestas entre las empresas Grandes y las MiPyMes (gráfica 28) podemos revisar que no hay una diferencia notoria. En ambos tamaños de empresas la respuesta más socorrida es la de Contribuir al bien común en todos los grupos de interés, aunque en el caso de las Grandes, el porcentaje mayor de 82% corresponde al personal médico, seguido de Sociedad, Organizaciones y Gobierno, mientras que en las Pymes el más alto es de la Sociedad con porcentajes similares en estos otros 3 grupos entre un 72% y 75%. En ambos tamaños de empresas el menor porcentaje para esta respuesta fue el de los Proveedores, seguido de Clientes y luego Colaboradores. Estos tres grupos también comparten el mayor porcentaje de respuestas de Generan un ganar-ganar; en el caso de las MiPyMes los Proveedores tienen el mismo porcentaje con esta respuesta y la anterior, y casi la misma con las Grandes. Estas dan ligeramente más respuestas dirigidas a atender por Presión que las MiPyMes, quienes responden más con Crear valor económico. 412 En la gráfica 29 se realiza una comparación de las razones para implementar acciones entre las empresas iniciales en el Distintivo ESR menor a 5 años (113) y las de 6 años en adelante (36). Aunque las respuestas son muy similares, identificamos dos diferencias, por un lado, el Contribuir al bien común en las empresas de 6 años en adelante es mayor con el grupo de Personal médico, con un 82%, mientras que las empresas de 1 a 5 años mantienen esta respuesta entre un 70% y 74% con los cuatro grupos Contextuales. Otra diferencia es que el porcentaje de las empresas de 6 años y más, la respuesta de Generar ganar-ganar en Proveedores es ligeramente superior que Contribuir al bien común; igualmente este grupo tiene más porcentaje de Pueden crear valor económico que las de 1 a 5 años en los grupos Contractuales. 413 Las razones que motivaron a las empresas a implementar acciones son diferentes en un sector y otro. En el sector de Servicios, al que pertenecen 51 empresas de las encuestadas, encontramos que la razón más elegida por todas las empresas es Contribuir al bien común, donde el personal médico con 74% es el más alto seguido de Sociedad, Organizaciones y Gobierno, estos cuatro pertenecen al grupo de los Contextuales. Los Colaboradores están marcados con el 56% de esta respuesta y el 30% de las empresas son motivadas para Generar un ganar-ganar. Los Clientes son atendidos en un 41% por Contribuir al bien común y porque Pueden crear valor económico es el 26% de las empresas, siendo el más alto con esta respuesta en comparación con los demás grupos. Los Proveedores marcan 41% en esta respuesta y el mismo en Generar un ganar-ganar. Ver gráfica 30. 414 En la industria manufacturera, al que pertenecen 45 empresas, la razón más elegida en los cuatro grupos Contextuales es Contribuir al bien común, marcando entre el 72% y 76% en los cuatro grupos, seguido de los Colaboradores con un 60%. La siguiente respuesta marcada por más empresas es la de Generar un ganar-ganar, superando a las demás respuestas en Clientes y Proveedores. Llama la atención que muy pocas empresas eligieron como respuesta Crear valor económico, el porcentaje más alto fue del 4% lo que equivale a dos empresas. Ver gráfica 31. 415 Las empresas del sector Comercio, que son 36 en total, también eligieron mayoritariamente la respuesta de Contribuir al bien común, en todos los grupos, donde los porcentajes más grandes están en los cuatro grupos Contextuales, siendo el 86% el mayor en Sociedad y Personal médico; en estos grupos ninguna empresa dio como respuesta Crear valor económico, solo aparece en Colaboradores, Clientes y Proveedores, donde la respuesta de Presión por grupos de interés estuvo ausente. Ver gráfica 32. 416 La mayoría de las 12 empresas del sector de la Construcción, respondieron al motivador de Contribuir al bien común, pero en un porcentaje no tan alto en comparación con otros sectores, los mayores se dieron en los grupos Contextuales con 60% donde además el 16% respondió como que Pueden crear valor económico con el Personal de salud. Con los Colaboradores marcan el mismo porcentaje de 42% en esta respuesta y Contribuir al bien común. Ver gráfica 33. 417 Los motivadores para implementar prácticas con cada grupo de interés varían de acuerdo al sector al que pertenecen las empresas. A continuación se presentan gráficas de motivadores por cada grupo de manera comparativa. En la gráfica 34 se observa que para los sectores Comercio, Manufactura y Servicios el motivador más elegido por la mayoría de las empresas para atender a los Colaboradores fue Contribuir al bien común con 64%, 60% y 56%, seguido de Generar ganar-ganar con una distancia considerable entre una respuesta y otra, mientras que para el sector de la Construcción, estos dos motivadores guardan el mismo porcentaje de respuesta. Lo mismo sucede con las respuestas de Crear valor económico y Respuesta a presión con el 8%. 418 Con los Clientes, el sector Comercio es quien da más respuestas por Contribuir al bien común, mientras que la Industria manufacturera tiene más repuestas en Generar ganarganar. Las empresas de Servicios son quienes marcan el porcentaje más alto en Crear valor económico con este grupo. Ver gráfica 35. 419 Con los Proveedores, la Industria manufacturera es motivada en mayor medida por Generar un ganar-ganar, mientras que para las de Comercio y Construcción marcan con porcentaje más alto Contribuir al bien común. El sector de Servicios maneja el mismo porcentaje entre estas dos respuestas y es quien marca el porcentaje más alto en Crear valor económico. Ver gráfica 36. A partir de estos grupos llamados Contextuales, las razones que motivaron a las empresas son muy parecidas. En la gráfica 37 se observa que en los cuatro sectores la razón más mencionada para atender a las Organizaciones fue por Contribuir al bien común, seguido de Generar ganar-ganar y enseguida como respuesta a Presión. Llama la atención que en el sector Servicios aparece un porcentaje de empresas que son motivadas por Crear valor económico. 420 Con el personal médico se observa que la gran mayoría de las empresas son motivadas por Contribuir al bien común y pocas optan por Generar un ganar-ganar. El sector de la Construcción responde con un porcentaje considerable para Crear valor económico, seguido del sector de Servicios. Gráfica 38. 421 Con la Sociedad en general la mayoría busca Contribuir al bien común y algunas buscan Generar un ganar-ganar. Ninguna empresa del sector Comercio y Construcción es motivada por Crear valor económico, mientras que el Servicios e Industria manufacturera algunas responden que sí. Ver gráfica 39. La gráfica 40 presenta los motivadores para implementar prácticas con el Gobierno y un gran porcentaje de las empresas lo hace para Contribuir al bien común, aunque el sector Servicios y en menor porcentaje la Industria manufacturera pretenden Crear valor económico. Esta respuesta se muestra ausente en las empresas de Comercio y Construcción. 422 Hallazgos y conclusiones Si bien la contingencia por la pandemia ha generado una crisis económica en las empresas, ésta misma ha sido un detonante para implementar prácticas de responsabilidad social, tal como se muestra en los resultados, cuyas conclusiones se enumeran a continuación: 1. En la primera etapa de emergencia donde las empresas actúan con rapidez tomando medidas, se observa que el Grupo de interés más importante para involucrarse son los Colaboradores que pertenecen a los Consustanciales, ausentes de respuestas Ligeramente importante y No tan importante (gráficas 9 y 12). Estos grupos son aquellos sin los cuales la empresa no puede operar, esto explica que den atención primordial por ser los centrales, los más cercanos y conviene atenderlos en primer término como estrategia de operación. En segundo orden de importancia para el total de las empresas, quedaron los Clientes y Proveedores, pertenecientes al grupo de los Contractuales, que se vinculan con la empresa por medio de contratos establecidos. Los cuatro grupos Contextuales que se encuentran no en el centro de la operación, sino alrededor de ella están considerados por menos empresas como Extremadamente importantes o Muy importantes, pero con porcentajes por encima de la media, de 74%, lo que indica que para más de la mitad de las empresas todos los grupos son importantes. Otra observación que se desprende de este análisis es que las Organizaciones de la sociedad civil tienen prácticamente el mismo grado de importancia para vincularse que el Personal médico y la Sociedad en general, lo cual otorga un panorama alentador para apoyar a los más vulnerables a través de las OSC. Llama la atención que de entre los grupos Contextuales, el que está en primer lugar con importancia para vincularse es el Gobierno en sus tres niveles. Esto se puede deber a que en la primera etapa de la contingencia las empresas se han acercado con el gobierno para participar en programas de apoyo para la iniciativa privada y/o con alianzas para atender a terceros. Finalmente, solo entre 3 y 6 MiPyMes de 1 a 5 años consideran No tan importante vincularse con los grupos Contextuales, lo cual puede deberse a que no ven estratégico aún dirigir esfuerzos a estos grupos que no son centrales (gráficas 10 y 11). 423 2. La nombrada “nueva normalidad” conviviendo con COVID-19 es la segunda etapa de Reactivación y ha representado retos para el mundo entero y la iniciativa privada no es la excepción. Los Colaboradores es el grupo que ha representado el nivel de reto más grande para el 57% de las empresas, seguido de los grupos Contractuales: Clientes y Proveedores respectivamente (gráficas 13 y 16). De manera comparativa por tamaño de empresas y por años con el Distintivo ESR, se observa una similitud de respuestas. Sin embargo, a la hora de sumar respuestas de los niveles mayores de 1 y 2 del total de empresas encuestadas, identificamos que los Colaboradores y los Clientes generan mayor reto para la mayoría de las empresas, pero los demás grupos presentan un alto reto solo para el 18% y menos de las empresas. Incluso los Proveedores, que pertenece a los Contractuales, están por debajo de dos grupos Contextuales: Gobierno y Sociedad. Estas respuestas indican que prácticamente solo dos grupos representan un reto para la reactivación económica de las empresas al vivir en la “nueva normalidad” (gráficas 14 y 15). 3. Al comparar cuales Grupos de interés son más importantes para involucrarse en la etapa 1 de Emergencia con los que representan mayor reto en la etapa 2 de Reactivación (gráfica 17), los Colaboradores vuelven a estar por encima de los demás grupos en ambos temas, seguido de los Clientes. Esto tiene sentido dado que los Colaboradores son grupos Consustanciales que están dentro de la empresa, lo cual implica hacer adecuaciones en las instalaciones o impulsar el trabajo a distancia, así como implementar protocolos que antes no existían para continuar operando en la convivencia con el virus. Para la atención a los Clientes, que son partes Contractuales, también implicará tomar medidas, ya sea porque acuden a la empresa a realizar las transacciones o bien, porque son empresas o personas que se han visto afectadas económicamente y se requiere implementar estrategias más atractivas de compra-venta. En el caso de los Consumidores y Usuario final, las empresas se enfrentan al reto de hacerles llegar los servicios y productos con sistemas de atención, entrega y embalajes especiales para evitar cualquier contagio. Los demás grupos de interés son Contextuales y no tienen un acercamiento físico cercano, por ello el reto es para pocas empresas. Sin embargo, llama la atención que el 18% de las empresas ven como reto al Gobierno por encima del 13% de los Proveedores que son parte de 424 los Contractuales. Esto se puede deber a la implicación de las disposiciones y restricciones que emiten hacia la iniciativa privada en la segunda etapa de reactivación económica que puede afectar la operación de la empresa. 4. Las empresas han implementado varias acciones para involucrarse con sus grupos de interés atendiendo sus necesidades y expectativas, tanto en la primera etapa de Emergencia como en la segunda de Reactivación (gráficas 18 a 24). La totalidad de empresas atienden a los Colaboradores, que son parte de los Consustanciales, y prácticamente todas atienden a los grupos Contractuales. Estos resultados nos remiten de nuevo a que las empresas implementan acciones de manera natural con aquellos grupos que están más próximos: los Colaboradores, seguido de los estratégicos, que son sus Clientes y Proveedores. Los Contextuales son atendidos por menos empresas, el grupo con menor porcentaje es el Personal médico, con quien 110 empresas implementaron acciones, mucho más de la media. Este grupo es emergente, es decir no figuraba antes de la pandemia en los mapas de grupos de interés identificados por las empresas y aun así, el 74% de ellas los tomó en cuenta. Cabe señalar que las OSC están siendo atendidas por 126 empresas, el 85%, incluso por encima de Personal médico y Gobierno, lo cual indica que se han mantenido convenios y donativos o bien se han creado alianzas nuevas de apoyo a partir de la pandemia (gráfica 25). 5. En general coincide la importancia que dan las empresas para involucrarse con sus grupos de interés con las acciones que implementaron. Aunque con dos de ellos: Sociedad y OSC, el porcentaje de empresas que los atendió superó el porcentaje de empresas que los consideran importantes, la diferencia es de 13% y 11%, 20 y 16 empresas, respectivamente por cada grupo (gráfica 26). 6. En la totalidad de empresas encuestadas y en los comparativos por tamaño y años con el Distintivo ESR observamos que los grupos Contextuales son atendidos por la gran mayoría de las empresas por Contribuir al bien común de la sociedad, siendo su deber ser, es decir, lo hacen porque contribuyen a la excelencia humana y las teorías en que se fundamentan son las éticas. (Ver tabla 2). La atención a los Colaboradores que son los grupos Consustanciales así como los Clientes y Proveedores que son los Contractuales son atendidos también por esta razón pero no por la mayoría de 425 empresas, apareciendo un porcentaje similar en la razón de Generar ganar-ganar, es decir satisfacen a los grupos de interés y al dar esperan beneficios, lo cual se fundamenta en las teorías integradoras. Muy pocas empresas implementaron acciones por Presión de sus grupos, y algunas (18), sobretodo MiPyMes de 1 a 5 años con el Distintivo, actuaron por que Pueden crear eventualmente valor económico para las mismas empresas, esto se encuentra más marcado con los grupos Contractuales (gráficas 27 a 29). 7. En el comparativo por sectores al que pertenecen las empresas, advertimos que la mayoría de ellas son movidas por la razón de Contribuir al bien común de la sociedad, teniendo el máximo porcentaje de esta respuesta con los grupos Contextuales. La razón de Pueden crear eventualmente valor económico fue más citada por las empresas del sector de Servicios, mientras que la Industria manufacturera dio más respuestas de Generar ganar-ganar. Todas coinciden con respuestas bajas en por Presión de sus grupos (gráficas 30 a 33). 8. Con los Colaboradores se observa que la mayoría de las empresas de Servicios, Manufactura y Comercio tienen motivadores éticos para implementar acciones con ellos, son motivadas por Contribuir al bien común, mientras que la mitad de las empresas Constructoras actúan por esta razón y la otra mitad porque esperan Generar ganar-ganar, es decir pretenden recibir algún beneficio a cambio (gráfica 34). 9. La mitad de empresas de Manufactura esperan Generar ganar-ganar al implementar acciones con los Clientes, consumidores y Usuarios, siendo la respuesta con porcentaje más alto. Las empresas de los demás sectores actúan en su mayoría inspiradas por teorías éticas con este grupo, mientras que el sector de Servicios tiene el porcentaje más alto en comparación con los demás, en la respuesta de Pueden crear valor económico, teniendo como fundamento las teorías instrumentales y políticas (gráfica 35). 10. Las razones son diferentes en los sectores para atender a los Proveedores. Las empresas de Comercio y Construcción los atienden en su mayoría por motivadores éticos, las Manufactureras actúan porque esperan un beneficio a cambio, mientras que las de Servicios se dividen por mitad entre estas dos respuestas (gráfica 36). 426 11. La gran mayoría de las empresas de los cuatro sectores atienden a las OSC por Contribuir al bien común, basados en teorías éticas. Llama la atención que varias empresas de Servicios y algunas de Manufactura con fundamento en teorías instrumentales esperan Crear valor económico para la empresa implementando acciones con estos grupos que atienden a los más vulnerables (gráfica 37). 12. El Personal médico es un grupo de interés emergente con el que las empresas se han vinculado ahora solo por el surgimiento de la pandemia por COVID-19. La gran mayoría de las empresas de los cuatro sectores han implementado acciones con ellos por razones éticas y Contribuir al bien común. Algunas empresas de la Construcción y de Servicios pretenden Crear valor económico para la empresa atendiendo este sector (gráfica 38). 13. Con la Sociedad en general, las empresas se vinculan de manera más periódica, ahora se han acercado, la mayoría de ellas, por razones éticas y Contribuir al bien común. El sector Servicios con algunas empresas y las Manufactureras con otras pocas, esperan Crear valor económico a su favor con estas acciones (gráfica 39). 14. El Gobierno en sus tres niveles es atendido por la mayoría de las empresas con acciones motivadas por razones éticas, aunque también con un porcentaje considerable porque esperan algún beneficio a cambio. Algunas empresas del sector de Servicios y de Manufactura pretenden Crear valor económico al vincularse con este grupo (gráfica 40). 15. Estos resultados son una fotografía viva de las empresas socialmente responsables y su compromiso consciente y congruente de acercamiento con sus Grupos de interés en el marco de COVID-19. Estas empresas pasaron la prueba, grandes, MiPyMes, de diversos sectores empresariales, iniciales y avanzadas con el Distintivo ESR, todas atendieron el exhorto y la necesidad explícita de implementar acciones con sus grupos en menor o mayor medida, aun cuando la iniciativa privada se encuentra en una crisis económica mundial por los efectos de la pandemia. Los motivadores que se resaltan están basados en teorías éticas de contribución al bien común. Muy pocas empresas actúan por presión de otros grupos y otras más toman razones estratégicas esperando beneficios y aumentar el valor económico para su empresa. Aunque las acciones respaldadas por razones éticas donde se actúa porque es el deber ser de la empresa 427 son las más genuinas, auténticas y perdurables en el tiempo, las otras acciones con fines instrumentales son también valoradas. Lo fundamental es actuar, vincularse y considerar importantes a todos sin dejar a nadie atrás e implementar acciones juntos, ya sea por convicción o porque conviene al negocio. Lo que sigue es que las empresas, sean o no socialmente responsables, realicen un ejercicio de autoevaluación e identifiquen cuales prácticas están implementando dirigidas a beneficiar a sus grupos de interés y cuáles son las razones que las mueven. De esta manera el compromiso será más consciente porque podrán fundamentar sus acciones con alguna teoría de la RSE, manteniendo o haciendo ajustes a su estrategia de negocio con RSE y de vinculación con sus grupos de interés. Con esta investigación queda claro que la RSE es una herramienta activa para que las corporaciones de México y de otros países hagan frente a la contingencia por COVID-19 de una manera empática y solidaria. Agradecimientos Agradecemos en primer lugar a las 149 empresas de Jalisco con Distintivo ESR 2020 que contribuyeron con sus respuestas, así como al personal operativo y consejeros de Fundación Expo Guadalajara por facilitar la elaboración de esta investigación. Nuestros aliados estratégicos Expo Guadalajara y el Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi A.C. son elementos clave para llevar a cabo este proyecto investigativo, gracias por su apoyo. Anexos Anexo 1. Cronograma 428 Anexo 2. Formato de encuesta RSE EN TIEMPOS DE COVID-19 Estimado representante ESR de Jalisco: Estás invitado a participar en la investigación de Fundación Expo Guadalajara, titulada: RSE EN TIEMPOS DE COVID-19. Tomará aproximadamente 5 minutos completar el cuestionario. Tus respuestas serán estrictamente confidenciales y los resultados se informarán solo en conjunto. Para cualquier duda, puedes comunicarte con Laura Rochin al 3343-3000 ext. 6000 o por correo: administracion@fundacionexpoguadalajara.org Muchas gracias por tu tiempo y apoyo. Nombre (s) Apellidos Dirección de correo electrónico Nombre de la empresa ¿Cuántos años tienen ostentando el Distintivo ESR? Tamaño de la empresa (De acuerdo a como se registró ante Cemefi) Municipio al que pertenece la empresa Sector al que pertenece la empresa (De acuerdo a como se registró ante Cemefi) ¿Pertenecen a alguna Cámara o Asociación Empresarial? 429 Escriba por favor el nombre de la Cámara (s) o Asociación (es) a la cual pertenece. ¿Qué tan importante ha sido para la empresa involucrarse con los siguientes grupos de interés en el marco del COVID19? No tan Ligeramente Muy importante importante importante Extremadam ente importante COLABORADORES PROVEEDORES DE HOSPÍTALES CENTROS DE SALUD MUNICIPAL, ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Y❏ ❏ SOCIEDAD EN GENERAL GOBIERNO ❏ ❏ ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MÉDICO ❏ ❏ CLIENTES, CONSUMIDORES, USUARIOS PERSONAL ❏ ESTATAL FEDERAL Y/O ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ En la nueva normalidad (conviviendo con COVID-19) ¿Cuál grupo de interés representaría un mayor reto para la empresa? Ordene del 1 al 7, donde el 1 es el mayor reto y el 7 es el menor reto. • COLABORADORES __________ • CLIENTES, CONSUMIDORES, USUARIOS __________ • PROVEEDORES __________ • ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL __________ • PERSONAL MÉDICO DE HOSPÍTALES Y CENTROS DE SALUD __________ • SOCIEDAD EN GENERAL __________ • GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL __________ 430 Con los COLABORADORES ¿Cuáles acciones ha implementado la empresa? (Puedes señalar más de una) 1. Medidas sanitarias generales (sana distancia, aplicación de gel, medición temperatura, uso de cubrebocas) 2. Descanso con goce de sueldo a personas en alto riesgo de contagio (adultos mayores, embarazadas, con enfermedades crónico degenerativas) 3. Mantener plantilla completa de personal con sueldos íntegros. 4. Apoyo psicológico para mitigar efectos de la pandemia (aislamiento, sana distancia) 5. Otros_______________________ 6. No hemos implementado ninguna estrategia con este grupo de interés. Con los COLABORADORES ¿Cuáles son las razones que motivaron a la empresa a implementar estas acciones? En cada opción coloque un número del 1 al 4, donde el 1 es la razón más preponderante y el 4 la menos preponderante. • Pueden crear eventualmente valor económico para la empresa. __________ • Son respuesta a la presión de los grupos de interés externos. __________ • Generan un ganar-ganar para la empresa y los grupos de interés. __________ • Contribuyen al bien común de la sociedad. Es el deber ser de la empresa. __________ Con los CLIENTES, CONSUMIDORES, USUARIOS ¿Cuáles acciones ha implementado la empresa? (Puedes señalar más de una) 1. Medidas sanitarias generales (sana distancia, aplicación de gel, medición temperatura, uso de cubrebocas) 2. Mantener los mismos precios. 3. Ofrecer/elaborar nuevos productos para atender COVID19. 4. Establecer esquemas de apoyo monetario (descuentos, pagos diferidos, meses sin intereses) 5. Otros. Especifique_________________________ 6. No hemos implementado ninguna estrategia con este grupo de interés 431 Con los CLIENTES, CONSUMIDORES, USUARIOS ¿Cuáles son las razones que motivaron a la empresa a implementar estas acciones? En cada opción coloque un número del 1 al 4, donde el 1 es la razón más preponderante y el 4 la menos preponderante. • Pueden crear eventualmente valor económico para la empresa. __________ • Son respuesta a la presión de los grupos de interés externos. __________ • Generan un ganar-ganar para la empresa y los grupos de interés. __________ • Contribuyen al bien común de la sociedad. Es el deber ser de la empresa. __________ Con los PROVEEDORES ¿Cuáles acciones ha implementado la empresa? (Puedes señalar más de una) 1. Medidas sanitarias generales (sana distancia, aplicación de gel, medición temperatura, uso de cubrebocas) 2. Mantener o negociar plazos justos de pago 3. Proponer otras estrategias de negocios directamente relacionados a atender COVID19 4. Establecer juntos alianzas de apoyo directamente relacionados a COVID19 5. Otros. Especifique_________________________ 6. No hemos implementado ninguna estrategia con este grupo de interés Con los PROVEEDORES ¿Cuáles son las razones que motivaron a la empresa a implementar estas acciones? En cada opción coloque un número del 1 al 4, donde el 1 es la razón más preponderante y el 4 la menos preponderante. • Pueden crear eventualmente valor económico para la empresa. __________ • Son respuesta a la presión de los grupos de interés externos. __________ • Generan un ganar-ganar para la empresa y los grupos de interés. __________ • Contribuyen al bien común de la sociedad. Es el deber ser de la empresa. __________ Con las ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ¿Cuáles acciones ha implementado la empresa? (Puedes señalar más de una) 1. Medidas sanitarias generales (sana distancia, aplicación de gel, medición temperatura, uso de cubrebocas) 432 2. Mantener convenios de apoyo concertados previamente. 3. Apoyar la operación con donativos monetarios o en especie 4. Patrocinar algún proyecto PLADIS-Coronavirus. 5. Otros. Especifique_________________________ 6. No hemos implementado ninguna estrategia con este grupo de interés Con las ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ¿Cuáles son las razones que motivaron a la empresa a implementar estas acciones? En cada opción coloque un número del 1 al 4, donde el 1 es la razón más preponderante y el 4 la menos preponderante. • Pueden crear eventualmente valor económico para la empresa. __________ • Son respuesta a la presión de los grupos de interés externos. __________ • Generan un ganar-ganar para la empresa y los grupos de interés. __________ • Contribuyen al bien común de la sociedad. Es el deber ser de la empresa. __________ Con el PERSONAL MÉDICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ¿Cuáles acciones ha implementado la empresa? (Puedes señalar más de una) 1. Medidas sanitarias generales (sana distancia, aplicación de gel, medición temperatura, uso de cubrebocas) 2. Generar convenios de apoyo monetario o en especie. 3. Donación en campañas de insumos de protección personal. 4. Reconocimiento personal y/o público a la labor del personal médico. 5. Otros. Especifique_________________________ 6. No hemos implementado ninguna estrategia con este grupo de interés Con el PERSONAL MÉDICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ¿Cuáles son las razones que motivaron a la empresa a implementar estas acciones? En cada opción coloque un número del 1 al 4, donde el 1 es la razón más preponderante y el 4 la menos preponderante. • Pueden crear eventualmente valor económico para la empresa. __________ • Son respuesta a la presión de los grupos de interés externos. __________ • Generan un ganar-ganar para la empresa y los grupos de interés. __________ 433 • Contribuyen al bien común de la sociedad. Es el deber ser de la empresa. __________ Con la SOCIEDAD EN GENERAL ¿Cuáles acciones ha implementado la empresa? (Puedes señalar más de una) 1. Medidas sanitarias generales (sana distancia, aplicación de gel, medición temperatura, uso de cubrebocas) 2. Compartir información de interés de manera pública, directamente relacionados a COVID19 3. Generar acciones de apoyo con colectivos, grupos vecinales, etc. 4. Participar en proyectos de asistencia como Jalisco sin hambre y/o Fondo Despensa MX 5. Otros. Especifique_________________________ 6. No hemos implementado ninguna estrategia con este grupo de interés Con la SOCIEDAD EN GENERAL ¿Cuáles son las razones que motivaron a la empresa a implementar estas acciones? En cada opción coloque un número del 1 al 4, donde el 1 es la razón más preponderante y el 4 la menos preponderante. • Pueden crear eventualmente valor económico para la empresa. __________ • Son respuesta a la presión de los grupos de interés externos. __________ • Generan un ganar-ganar para la empresa y los grupos de interés. __________ • Contribuyen al bien común de la sociedad. Es el deber ser de la empresa. __________ Con el GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL ¿Cuáles acciones ha implementado la empresa? (Puedes señalar más de una) 1. Medidas sanitarias generales (sana distancia, aplicación de gel, medición temperatura, uso de cubrebocas) 2. Participar en foros públicos en temas directamente relacionados a COVID19 3. Generar propuestas de apoyo empresarial frente a efectos de COVID19 4. Participar en proyectos de corresponsabilidad aportando monetariamente y/o en especie o con voluntariado. 5. Otros. Especifique_________________________ 434 6. No hemos implementado ninguna estrategia con este grupo de interés Con el GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y/O FEDERAL ¿Cuáles son las razones que motivaron a la empresa a implementar estas acciones? En cada opción coloque un número del 1 al 4, donde el 1 es la razón más preponderante y el 4 la menos preponderante. • Pueden crear eventualmente valor económico para la empresa. __________ • Son respuesta a la presión de los grupos de interés externos. __________ • Generan un ganar-ganar para la empresa y los grupos de interés. __________ • Contribuyen al bien común de la sociedad. Es el deber ser de la empresa. __________ Por favor comparta cualquier comentario adicional sobre los cambios que ha tenido que hacer en la empresa a partir de la pandemia COVID-19. Anexo 3. Lista de empresas que contestaron la encuesta. NO. EMPRESA 1 AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. 2 ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. 3 ADITAN S.A. DE C.V. 4 ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS TAPATIA S. A. DE C.V. 5 AGRO SOFOM SAPI DE CV SOFOM ENR 6 AGROSERVICIOS ARANDAS INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. 7 AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE CV 8 AIR OCEAN AND LAND LOGISTIC S.C. 9 ALIMENTOS SELLO ROJO S.A. DE C.V. 10 ALMACENADORA GWTC S.A. DE C.V. 11 ALTA CALIDAD EN INYECCIÓN. S.A. DE C.V. 12 AM WORLDWIDE S.A. DE C.V. 13 14 APLICACIONES SISTEMATIZADAS EN RECURSOS HUMANOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V . ARANCIA S.A. DE C.V. 435 15 ARFAT Y COMPAÑIA SA DE CV 16 ARMASEL, S.A. DE C.V. 17 ARMSTRONG ARMORED DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 18 ARMSTRONG SAFE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 19 Arvensis, S.A de C.V. 20 ASESORES CONSTRUCTORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS S. A DE C. V. 21 ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 22 ASTRAL PLAZA SA DE CV 23 ASYSE ASESORIA SISTEMAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. 24 AUTO PARTES Y MÁS S.A. DE C.V. 25 BSD RECURSOS HUMANOS, S.C. 26 BTV MEXICANA S.A. DE C.V. 27 Cash Deposit Machines Costa Rica, S.A. 28 Cash Dispensing Machines de México, S.A. de C.V. 29 Cash Dispensing Machines Perú, SAC 30 CDM Control Depositos Masivos, S.A. 31 CDM de el Salvador, S.A. de C.V. 32 CDM Equipos, S.A. 33 CDM USA, INC. 34 CENTRO DE RECICLAJE PANAMERICANO SA DE CV 35 CENTROS CULTURALES DE MÉXICO A.C. 36 CHOCOLATERA DE JALISCO, SA DE CV 37 CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 38 Ciasa de Centroamérica, S.A. 39 CLA GUADALAJARA SA DE CV 40 CLEANING BRANDS DE MEXICO SA DE CV 41 COA INTERNACIONAL SA DE CV 42 COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL S.A. DE C.V. 43 COMPUTACION EN ACCION S.A. DE C.V. 44 CONSULTORES ROJAS TERAN Y ASOCIADOS SC 45 CONTINENTAL AUTOMOTIVE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 436 46 COREY S.A. DE C.V. 47 CORPORACIÓN MEXICANA DE GESTIÓN DE RIESGOS, SA DE CV 48 Corporativo Iberoamericano de Desarrollo, S.A. de C.V. 49 CORPORATIVO ZELL, S.A. DE C.V. 50 CRYOHOLDCO DE LATINOAMERICA, S.A.P.I. DE C.V. 51 DEVELOPER BRIDGE, S.A. DE C.V. 52 DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA GAP, SA DE CV 53 ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES DE GUADALAJARA SA DE CV 54 ETIQUETAS JM S.A. DE C.V. 55 FERRETERIA COTLA S.A DE C.V 56 FIMEX S.A. DE C.V. 57 FINESTRA ASESORES FINANCIEROS, SAPI DE CV 58 FINVIVIR S.A. DE C.V. SOFOM ENR 59 FRESENIUS KABI MEXICO S.A. DE C.V. 60 FRIMAX CARROCERÍAS S DE RL DE CV 61 GASADAM, S.A. de C.V. 62 GERALDINA VEGA GAMBOA 63 GRUPO AXERTA, SAPI DE C.V. 64 GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V. 65 GRUPO OCCI SA DE CV 66 GRUPO R PUNTO CLAVE S.A. DE C.V. 67 GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. 68 GRUPO TEQUILERO MÉXICO, S.A. DE C.V. 69 GRUPO VENTA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 70 HARDWOR, S.A. DE C.V. 71 HECTOR FARIAS TORRES 72 HISA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 73 HOSPITAL MEXICO AMERICANO S.C. 74 IDEALTA EMPRESA 75 IMPULSORA ARRA S.A DE C.V 76 IMPULSORA INDUSTRIAL DE REFRIGERACION S.A. DE C.V. 437 77 INDUSTRIALIZADORA DE MAIZ S.A. DE C.V. 78 Ingeniería Consultoría y Asistencia en la Construcción Vorsevi México, S.A. de C.V. 79 INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE SA DE CV 80 INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V. 81 INGENIO TALA SA DE CV 82 INGENIO TAMAZULA S.A. DE C.V. 83 INMOBILIARIA HOTELERA TAPATIA S.A DE C.V 84 Integradora de Obras Emre, S.A de C.V. 85 INTERCASH, S.A. DE C.V. 86 INTERLATIN S DE RL DE CV 87 Interlub S.A de C.V. 88 J.A DIAZ Y CIA., S.A. DE C.V. 89 JABONES Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. 90 JUNTOS POR UN CAMINAR, S.C. 91 KARLA GUADALUPE MORENO VIZCARRA 92 LABORATORIOS JALOMA S.A. DE C.V. 93 LABORATORIOS PISA SA. DE C.V. 94 LACTA INGREDIENTES S.A DE C.V 95 LAMINAS Y ESTRUCTURAS DE PVC, S.A. DE C.V. 96 MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 97 MAQUIOBRAS SA DE CV 98 MAR MICHEL, S.A: DE C.V. 99 MARIA ISABEL LAZO CORVERA 100 MAS LIMPIO S.A. DE C.V. 101 MAZAPÁN DE LA ROSA S.A. DE C.V. 102 MEVI AGUACATES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 103 MGDC S.C 104 MULTI-COLOR LABEL CORPORATION-MEXICO S.A DE C.V 105 OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. 106 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA S.A. DE C.V. SOFOM ER 107 PATPA DISTRIBUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. 438 108 PENKA MUNDO SUSTENTABLE SA DE CV 109 PLASTICOS INDUSTRIALES DE JALISCO S.A. DE C.V. 110 Power iluminare, S.A de C.V. 111 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLLINS SA DE CV 112 PRODUCTOS SANE DE CHAPALA S.A. DE C.V. 113 PRODUCTOS SELECTOS DE AGAVE SPR DE RL DE CV 114 PROMESURGICAL S.A. DE C.V. 115 PROMOGRAPHIC & DESIGN S.A. DE C.V. 116 Proveedora el Guardián, S. de R.L. de C.V. 117 PROYECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA S.A DE C.V 118 RADEC SA DE CV 119 RED BEAN, S.C. 120 RYP5 PUBLICIDAD S.A. DE C.V. 121 SANDYS FIRE,S.A DE C.V. 122 SANITIZADOS, MEZCLAS Y MOLIENDAS DE MÉXICO S DE R.L DE C.V 123 SERVICIOS CIASA, S.A. DE C.V. 124 SERVICIOS COMPARTIDOS PARA EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV 125 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE SA DE CV 126 SESAJAL S.A. DE C.V. 127 SIDEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. 128 SK Impacto Publicitario, S.A de C.V. 129 SOLUCIONES GLOBALES 360 SA DE CV 130 SUPERVISORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V 131 TECNO HUMAN SA DE CV 132 TECNOGLOBAL PH7 S.A. DE C.V. 133 TEQUILAS DEL SEÑOR S.A. DE C.V. 134 TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 135 TIERRA DE AGAVES, S. DE R.L. DE C.V. 136 TIVASANI S.A. DE C.V. 137 TRACSA SAPI DE CV 138 TRAUMASERVICE INTERNACIONAL SA DE CV 139 UCIN MEDICA SA DE CV 140 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 141 URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. 142 VALERE CO. S.A. DE C.V. 143 VALVULAS URREA S.A. DE C.V. 439 144 VANTEX S.A. DE C.V. 145 VERSA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V. 146 VIBANCO LEASING S.A.P.I. DE C.V. 147 VICAM INGENIERÍA E INNOVACIÓN S. DE R.L. DE C.V. 148 VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA SA DE CV 149 VITASANITAS S.A. DE C.V. 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La sociedad civil frente a los retos ambientales El papel de la sociedad civil en apoyo a esquemas tradicionales de producción agrícola en el marco de la crisis global por el cambio climático Jeannette Maitee Arriola Sánchez Resumen Esta ponencia busca explorar y compartir algunas reflexiones, así como postular caminos de acción generales en donde la sociedad civil organizada (OSC) pueden lograr incidir como agentes canalizadores y potenciadores en la promoción de esquemas de producción agrícolas basados en conocimientos ancestrales, los cuales han demostrado ser medidas efectivas y poco reconocidas de mitigación y combate de los efectos más nocivos del cambio climático, así como herramientas útiles y adaptables para el desarrollo humano sustentable, la erradicación de la pobreza extrema y el empleo digno en comunidades vulnerables. Palabras clave: comunidades indígenas, cambio climático, conocimientos ancestrales, sociedad Civil. Antecedentes De acuerdo con reportes registrados por la Organización Meteorológica Mundial, el año 2020, además de su sinfín de particularidades ejemplificadas con la pandemia de coronavirus, será recordado como el año más caluroso registrado en tiempos recientes, sólo igual a las temperaturas observadas en 2016. En este sentido, la última década, es decir el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, ha sido el periodo humano con los mayores registros de alza de temperatura en lo que va de nuestra historia. (WMO, 2020). Sin lugar a duda, el proceso que estamos viviendo de cambio climático puede ser visto como “un desequilibrio de nuestras sociedades ocasionado por la falta de integración de éstas 444 dentro del contexto más amplio en el que se sustentan” (Urbina Soria & Martínez Fernández, 2006). Este desequilibrio ha sido creado por múltiples factores, que se resumen en el choque o contraste de las visiones de desarrollo humano y la integración con nuestro medio natural, posturas que se contraponen y que generan externalidades sumamente negativas, impactando tanto en el corto plazo (en términos de calentamiento global) como en nuestra permanencia y sostenibilidad como sociedad que forma parte de nuestro planeta. La evidencia científica reciente apunta a que nuestro comportamiento y patrones de consumo tendrán que ser modificados para poder restablecer el equilibrio global que hemos trastocado. La sociedad civil es un actor imprescindible para lograr este cambio, ya que su ámbito de trabajo, el compromiso de las personas quienes la conforman, y las temáticas que tocan en sus distintas acciones, le permite ser un puente entre los individuos, las instituciones y los diversos actores globales que conforman el entramado social capaz de generar los cambios duraderos que nuestro entorno natural necesita. Sin embargo, esta relación no siempre fue así. Si miramos un poco hacia al pasado, antes de la Revolución Industrial e incluso antes de los periodos enmarcados por los movimientos culturales europeos del periodo de la “Ilustración”, nos encontramos con concepciones de desarrollo humano basadas en modelos que aseguran que su capital natural no se agote, y se administre de manera sustentable, las cuales son dignas de reconocimiento y adopción en estos tiempos turbulentos actuales. A continuación, se expondrán estos conceptos y el papel que la sociedad civil juega como puente y promotor de dichas prácticas en los distintos sectores sociales. Contexto La Sociedad Civil (SC), entendida como “el ámbito de la sociedad política en donde grupos que se auto-organizan, movimientos e individuos, relativamente autónomos al Estado, intentan articular valores, crear asociaciones y vínculos solidarios para promover sus 445 intereses” (Linz & Stepan, 1996), ha surgido como un contrapeso real y como promotora de cambios y acciones que resultan importantes para la sociedad, de manera paralela o suplementaria de los esfuerzos públicos convencionales. Así, la instauración de una SC es uno de los indicadores más fuertes que denotan una verdadera “transición democrática”, y la instauración de una serie de valores sociales que provienen de luchas reivindicadas de grupos históricamente oprimidos, que logran establecer acciones y estrategias entorno a propósitos concretos, en beneficio de muchos miembros de la sociedad. A nivel internacional, los primeros conceptos que pueden ser tomados como propios de la Sociedad Civil ven su origen en la época clásica, inspirados en la “dialéctica” de Sócrates y su famoso debate socrático, o el “Estado Ideal” de Platón, donde teoriza la idea del “bien” como causa de todo ser. Sin embargo, las expresiones modernas de la SC no ven la luz hasta bien entrados el siglo XX, con los movimientos socialistas y las teorías económicas modernas, en donde se postula a la Sociedad Civil como el “Tercer Sector” de la sociedad, que es todo aquello que no es parte del Estado ni del Mercado, es decir, los intereses sociales de todos. En México, a pesar de existir ya varios ejemplos de SC con la instauración de la Iglesia Católica después del periodo de la Conquista, es hasta el siglo XX que podemos encontrar expresiones más modernas, en donde se retoman los valores más reconocibles propios de la SC, a partir de los movimientos estudiantiles de 1968, la respuesta al devastador terremoto suscitado en nuestro país en 1985 y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Con la alternancia política, reconocida por muchos autores a partir del año 2000, y el rompimiento del poder hegemónico instaurado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más de 70 años, es que se da pie al reconocimiento legal de la SC en nuestro país, con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 2004. 446 A partir de la institucionalización de la Sociedad Civil y sus expresiones enmarcadas en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e incluso en Movimientos Sociales, la SC representa “la suma de esfuerzos de diversas personas que desean contribuir a la construcción de una sociedad más justa” (FEYAC, Fundación del Empresariado Yucateco A.C., 2018). Por la diversidad de temas que tocan, la Sociedad Civil impacta de manera directa en el panorama social, político, económico y ambiental de nuestro país, por lo que su participación resulta fundamental para abordar, de manera clara y contundente, las distintas problemáticas que persisten en el México moderno. Sin embargo, a pesar de este rol transformador, en los últimos años ha surgido una crisis sin precedentes a nivel de global, enmarcada en el llamado “cambio climático” y más específicamente, en la degradación del medioambiente en el que vivimos, que encuentra sus manifestaciones más graves en el abuso de la quema de hidrocarburos para impulsar las necesidades energéticas de nuestra sociedad, la creciente escasez de agua dulce, el incremento de los niveles de contaminación de los océanos, la extinción de animales y plantas, además de la deforestación, y el incremento de las temperaturas globales a niveles nunca antes vistos. Planteamiento del problema El cambio climático acelerado, fenómeno reconocido por la comunidad científica desde hace ya varias décadas, ha aumentado la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos y naturales observados en los últimos años, cada vez con consecuencias más extremas. Ejemplo de esto han sido el número creciente y devastador de inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales, y más recientemente, el surgimiento de nuevas enfermedades, que han trastocado el esquema de vida de millones de personas y que son el tema de debate de muchos sectores de nuestra sociedad. Estos fenómenos perjudican directamente nuestro sentido de colectividad y de las acciones que de estas emanan, en términos de actividades económicas, empleo, salud, medios de vida, 447 producción de alimentos, y el bienestar de la población en general, además de tener efectos graves para los ecosistemas naturales, los cuales pueden padecer impactos irreversibles que serán difíciles de sostener en los próximos años y décadas por venir. En otras palabras, el reto observado no sólo es la pérdida del estilo de vida tal cual ha sido llevado por la sociedad moderna occidental en los últimos años, sino la desaparición sistemática de grandes porciones de la biodiversidad de nuestro planeta, así como de millones de vidas humanas que verán vulnerado su derecho a existir al no poder construir una voluntad política y social fuerte y coherente con las necesidades que nuestro medio ambiente nos demanda día con día. A pesar de lo anterior, estudios recientes de organismos internacionales nos demuestran que existen soluciones basadas en conocimientos tradicionales o ancestrales, principalmente localizados en nuestros pueblos indígenas, que pueden hacer frente al cambio climático, al incorporar de manera natural modelos y aproximaciones económicas modernas que se basan en técnicas de mitigación del deterioro ambiental, especialmente en términos de deforestación y degradación forestal (Oficina Internacional del Trabajo, 2018). En este sentido, la Sociedad Civil tiene un compromiso claro e inalienable frente a los retos ambientales, al contar con una posición privilegiada, capaz de generar los cambios sociales locales necesarios para transformar los paradigmas de desarrollo actuales a formatos más sostenibles, en donde se generen esquemas efectivos a favor de acciones climáticas que logren mitigar y reducir a niveles sostenibles el cambio climático, garantizando la supervivencia de los recursos naturales más importantes que existen en nuestro planeta. Pregunta de investigación ¿Pueden las Organizaciones de la Sociedad Civil incidir en acciones de prevención y mitigación del cambio climático, a través del aprovechamiento de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas? 448 Hipótesis de Investigación • Hi. El modelo de intervención social implementado por Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua genera resultados positivos en los indicadores de cuidado al medio ambiente, mejorando significativamente la calidad de vida de las familias indígenas, por encima de los resultados mostrados en las familias del Grupo de Control. • Ho. El modelo de intervención social implementado por Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua no genera resultados positivos en los indicadores de cuidado al medio ambiente, al no presentar diferencias o disminuyendo significativamente la calidad de vida de las familias indígenas, al ser comparados con los resultados de las familias del Grupo de Control. Metodología de investigación La metodología de investigación de esta ponencia parte de la comparación de los resultados obtenidos a través de “Estudios de Casos” realizados en el marco de la Cátedra de Investigación Carlos Slim Helú para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de México, basados en el trabajo de la Organización Civil “Patronato Pro Zona Mazahua A.C.”, con sede en el Estado de México y quien trabaja desde hace 23 años con comunidades indígenas, con una cobertura en 7 estados de la República Mexicana, colaborando con alrededor de 16 mil familias indígenas de 10 etnias distintas. En consecuencia, a partir de estos resultados, se seleccionaron ejemplos de buenas prácticas que se encuentran en línea con las más recientes investigaciones internacionales en torno al cambio climático y el papel de los pueblos indígenas como agentes de cambio para su mitigación. Por consiguiente, estos estudios de caso parten de un esquema mixto de indagación de resultados, es decir, por medio de elementos cuantitativos (instrumentos/encuestas longitudinales) con la comparación directa entre un grupo de control (familias no beneficiarias) y un grupo de tratamiento (familias beneficiarias) y elementos cualitativos (entrevistas en grupos de enfoque). Lo anterior, enmarcado dentro de las características propias de los modelos de caso, los cuales incluyen la posibilidad de hacer conjeturas y 449 plantear esquemas “fijos” o modelos de resultados y, en consecuencia, plantear escenarios de replicación para distintos contextos distintos a los observados. En este sentido, se retoman los resultados de 4 Estudios de Caso, llevados a cabo en las comunidades indígenas mazahuas de San Felipe del Progreso y San José del Rincón, en el Estado de México, así como comunidades mayas del Estado de Campeche y tseltales de la región de la Montaña Alta en el Estado de Chiapas, entre los años 2018 y 2019. Tabla 1. Distribución de encuestas cuantitativas. Estudios de caso Pro Mazahua. Estado control tratamiento 350 350 San José del Rincón 275 275 Hopelchén 350 350 350 350 San Estado de México Campeche Chiapas Encuestas grupo de Encuestas grupo de Municipio Felipe del Progreso Tenejapa y San Juan Cancuc Fuente: elaboración propia con base en los estudios de caso 2018 y 2019. Finalmente, en términos metodológicos se realizó un recuento, a partir de la información provista por los grupos de enfoque y el modelo sistematizado de Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua, para recabar las experiencias cualitativas más importantes observadas en las poblaciones de estudio. Resultados observados Las soluciones adaptadas al contexto de las particularidades de las comunidades indígenas, y el arraigo de estos pueblos con su tierra y la naturaleza que los rodea, son un claro ejemplo del trabajo y de las acciones encaminadas al desarrollo sustentable de lo que por años les ha dado alimento y sustento. 450 Ejemplo de lo anterior se ve reflejado en acciones como el uso y la transmisión intergeneracional de conocimientos en términos de medicina ancestral, siendo los pueblos indígenas capaces de reconocer el valor intrínseco de las plantas y especies botánicas para uso humano y veterinario, además de utilizarlos como tintes vegetales para la elaboración de artesanías y textiles propios de cada región, que también fungen como una actividad económica fundamental que otorga identidad e ingresos para estas familias. Además de lo anterior, los pueblos indígenas evaluados demuestran que han sido capaces de implementar modelos para la captación y almacenamiento del agua de lluvia, la cual, en palabras propias de los integrantes de las familias indígenas, representa un “regalo del cielo” ya que la lluvia simboliza prosperidad y la promesa de cultivos abundantes y tierras fértiles. En este sentido, vale la pena recordar que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la principal actividad económica de los pueblos indígenas de México, que habitan principalmente en contextos rurales, son las actividades económicas primarias (CDI, 2015). Gracias al compromiso de las comunidades indígenas, otro ejemplo de acciones colectivas realizadas es la gestión, construcción y operación de una planta purificadora de agua de lluvia, ubicada en la comunidad indígena de San Felipe del Progreso, Estado de México, la cual es capaz de recolectar 3 millones de litros de agua, que es purificada y envasada para su comercialización a bajo costo en beneficio de miles de familias indígenas mazahuas. Del mismo modo, estudios recientes nos muestran que los pueblos indígenas de México, a pesar de sufrir la falta de condiciones de acceso a agua entubada, habitan en lugares geográficos en donde este vital líquido es abundante, ya que el 66% de las fuentes de agua renovables en nuestro país, se encuentran en las zonas con mayor presencia indígena, por lo que este tipo de soluciones, que aprovechan la disponibilidad del agua de lluvia, resultan fundamentales para sostener las actividades agrícolas y del hogar de las familias de manera sustentable (CONAGUA, 2017). 451 Otro de los ejemplos de actividades importantes realizadas por los pueblos originarios ha sido la reforestación de más de un millón de árboles nativos, en alianza con el sector público y privado, que se alineó a iniciativas internacionales enfocadas en la mitigación del cambio climático. Estos árboles reforestados ocupan hoy en día más de 770 hectáreas reforestadas, tan sólo en el Estado de México, siendo esto un pulmón y una barrera natural que permite la generación de todo tipo de actividades económicas complementarias. Asimismo, otro ejemplo de prácticas de adaptación ha sido el uso de materiales de construcción locales, como son el adobe, la piedra caliza, la palma, entre otros, así como la rotación de los cultivos basados en las temporadas y condiciones climatológicas pre identificadas por los pueblos indígenas, que permiten hacer frente a las sequías, inundaciones o pestes. Finalmente, las familias indígenas llevan a cabo procesos históricos de fertilización de tierras y cuidado de plagas por medio de técnicas tradicionales basadas en la lombricomposta, así como la alimentación de sus animales de traspatio utilizando insumos orgánicos locales y recetas tradicionales que resultan efectivas en vista del contexto de pobreza y la carencia de recursos económicos para adquirir insumos industrializados. De tal manera, desde Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua, a través de las acciones y proyectos enmarcados en la implementación de su dimensión físico-ambiental, han logrado generar alianzas sostenibles para realizar actividades encaminadas a la preservación de los recursos naturales de las regiones indígenas en las que se tiene presencia. A continuación, se muestran los resultados, en términos cuantitativos, que dichas acciones han representado. 452 Tabla 2. Tabla Resumen Indicadores de Cuidado al Medio Ambiente - Estudios de Caso Pro Mazahua San Felipe del Progreso, Estado de México Variables de Cuidado al Medio Ambiente Prueba Prueba estadíst µ µ y San Juan Cancuc, Chiapas Prueba estadíst µ µ estadíst µ µ Contr Tratamie ica Contr Tratamie ica Contr Tratamie (valor ol ol ol Sistemas de 0.009 Pluvial Separación de Tenejapa ica nto p) Captación Hopelchén, Campeche Basura 0.000 en el hogar (valor nto p) 14.04 % 61.11 % 22.22% 0.008 80.46% 0.016 94.98% 0.001 60.54% 0.064 40.61% 0.014 (valor nto p) 33.04 % 51.94 % 42.94% 0.000 61.13% 0.000 52.37% 0.000 30.77% 0.000 46.57% 0.000 12.71 % 73.82 % 92.82% 96.79% Participació n en acciones del cuidado al 0.017 89.47 % 39.34 % 18.07 % 89.19% medio ambiente Realización de proyectos para el 0.018 cuidado del 50.88 % 24.77 % 4.62 % 57.89% medio ambiente Asistencia a talleres para el del cuidado 0.005 medio 29.53 % 37.16 % 4.09 % 51.40% ambiente Fuente: elaboración propia con base en los estudios de caso 2018 y 2019. 453 Como se puede observar en la Tabla 2, prácticamente todos los indicadores y variables evaluadas denotan una variación positiva a favor de los grupos de trabajo que interactúan con Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua, con relevancia estadística (valor p menor a 0.05). Esto quiere decir, que se cumplen las condiciones previstas en nuestra hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. En este sentido, se confirma que las acciones integrales propuestas desde la sociedad civil, y ejecutadas y adaptadas por los pueblos indígenas, resultan beneficiosas para el correcto cuidado del medio ambiente, mejorando de manera significativa la prospectiva de vida de las familias indígenas, y por ende, el entorno colectivo inmediato en donde se desenvuelven. Vale la pena resaltar que los resultados más positivos encontrados los podemos observar en las comunidades indígenas tseltales del Estado de Chiapas, seguidas del Estado de México y Campeche. A manera de complemento, de acuerdo con regresiones logísticas realizadas a estos indicadores, las familias en el grupo de tratamiento en el Estado de Chiapas presentan 88.75 mayores posibilidades de contar con un sistema de captación de agua de lluvia, al ser comparados con los porcentajes presentados por las familias del grupo de control. De igual forma, las familias en el grupo de tratamiento presentan 24.79 mayores probabilidades de participar en talleres a favor del cuidado del medio ambiente que las familias dentro del grupo de control. Los resultados completos los podemos observar en la siguiente tabla. Tabla 3. Razón de probabilidades - regresiones logísticas casos de estudio Odds ratio (Razón de probabilidades) Variables de Cuidado al San Felipe del Medio Ambiente Progreso, Estado Hopelchén, Campeche de México Sistemas Pluvial de Captación 1.75 1.52 Tenejapa y San Juan Cancuc, Chiapas 88.75 454 Separación de Basura en el 2.62 1.45 10.7 medio 2.22 1.69 37.4 NA 28.41 1.47 24.79 hogar Participación en acciones del cuidado al ambiente Realización de proyectos para el cuidado del medio 1.48 ambiente Asistencia a talleres para el cuidado del medio 1.63 ambiente Fuente: elaboración propia con base en los estudios de caso 2018 y 2019. En consecuencia, podemos observar resultados relativamente similares en términos del desempeño positivo de las variables de evaluación tanto en el Estado de México como en Campeche, con excepción de la variable relacionada a la realización de proyectos para el cuidado del medio ambiente, en donde la diferencia de las medias entre el grupo de control y el grupo de tratamiento no resultó ser significativa estadísticamente, por lo que este tipo de análisis estadístico no aplicó para caracterizar la magnitud de dichas diferencias. En consecuencia, estas diferencias entre las proporciones y porcentajes observados nos denotan las distintas realidades sociales y de ejecución de proyectos, así como sus efectos en términos de resultados e impactos, que tiene la visión integral de desarrollo de una organización de la sociedad civil como lo es Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua. Por otra parte, en términos cualitativos, de acuerdo con los resultados y los testimonios recabados en los grupos de enfoque realizados en dichas comunidades, podemos encontrar lo siguiente: 455 Gráfico 1. Nube de conteo de palabras sobre componentes con más avance en San Juan Cancuc, Chiapas Como se puede observar, en este ejemplo de las familias entrevistadas en las comunidades de San Juan Cancuc, Chiapas, el componente mejor valorado y que, en opinión de las familias indígenas, presenta mayores avances, es la construcción de las cisternas de captación de agua de lluvia, el cual confirma y fortalece los resultados cuantitativos anteriormente expuestos. Gráfico 2. Nube de conteo de palabras sobre componentes más significativos en San Felipe del Progreso, Estado de México De igual forma, de acuerdo con el número de menciones de los componentes más significativos para las familias mazahuas de San Felipe del Progreso, Estado de México, se encuentra el tener agua y proyectos enfocados al cuidado del medio ambiente a través de soluciones basadas en conocimientos ancestrales. Estos representan los componentes más 456 significativos del trabajo que han realizado con Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua en los últimos años, y representan un cambio en la vida y en la realidad de vulnerabilidad y pobreza en la cual vivían. Conclusiones y pasos a seguir La Sociedad Civil organizada tiene un papel preponderante para potenciar y lograr los objetivos ambientales y de desarrollo enmarcados en múltiples agendas internacionales, en especial los objetivos y metas de la Agenda 2030. De igual forma, se vislumbra que, para la actualización de dicha Agenda, es necesario tomar en cuenta el papel y las directrices que. como ya fue ejemplificado, los conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales de producción agrícola nos señalan, como un insumo cultural digno de ser reconocido y valorado, ya que, a través de su identificación y adopción, se podrá dar respuesta a cómo hacer frente al cambio climático acelerado que se prevé muestre sus peores efectos, en los próximos años. Los pueblos indígenas de todo el mundo han fungido como la primera línea de defensa en la mitigación del cambio climático, al ser ellos los guardianes de la biodiversidad del planeta, así como de los recursos y especies que habitan en ella, garantizando la distribución de los alimentos que mundialmente son consumidos. De igual forma, gracias a su accionar, los pueblos indígenas han desempeñado un papel destacado en la preservación de los bosques, que es un beneficio compartido por toda la sociedad. Por otra parte, en términos de la sociedad civil organizada, debemos voltear y observar a nuestros pueblos originarios, quienes históricamente han vivido y sobrevivido a grandes cambios sociales, económicos, culturales y, en especial, a cambios ambientales que han puesto a prueba su capacidad de resiliencia y de adaptabilidad a su entorno. El hecho de su supervivencia, y de cómo afrontan este tipo de cambios y condiciones adversas, es digno de replicar y puede generar esquemas complementarios que beneficien las actividades de los demás sectores de la sociedad. 457 Es por eso que debemos trabajar en conjunto con los pueblos indígenas, para aprenderles y replicar sus conocimientos en escenarios escalables que logren incidir en el mayor número de personas, que no necesariamente provienen de contextos indígenas, pero que se pueden beneficiar de la adopción y modificación de dichas prácticas y su combinación con técnicas modernas de producción, gestión ambiental y mitigación de riesgos ecológicos, tal y como lo han hecho los pueblos indígenas por generaciones. La Sociedad Civil mundial, incluida la sociedad civil mexicana, cuenta con posición única para lograr cambios y afrontar los retos y barreras estructurales que por siglos han permeado de manera negativa y han provocado el escenario catastrófico que muchos expertos pronostican para los próximos años. Sin embargo, los valores y la razón de ser de la sociedad civil son fuertes pilares que sostienen las intervenciones que muchos grupos sociales, colectivos e individuos de los distintos sectores de la sociedad buscan implementar de manera exitosa. No hay que echar en saco roto los grandes avances y las conquistas históricas que las luchas sociales han producido en los últimos 100 años. De tal manera, es opinión de esta autora que el empoderar a las comunidades indígenas es un paso indispensable para el logro de un desarrollo sostenible y la lucha efectiva contra el cambio climático. Para lograr lo anterior, es preciso fomentar la creación de alianzas, colaboraciones y diálogo entre las distintas partes interesadas. En esta ponencia se ha mostrado el papel que una organización de Sociedad Civil ha realizado (Pro México Indígena / Pro Zona Mazahua) así como los logros que han podido ser medidos y cuantificados en torno al cuidado del medio ambiente. Esto no hubiera sido posible sin la cooperación, alianza y trabajo conjunto en objetivos comunes entre distintas organizaciones, gobiernos, academia y el sector internacional, que se ha visto interesado por lograr incidir de manera puntual, y apoyar esquemas de desarrollo basados en los conocimientos ancestrales. Dicha visión de desarrollo es una que como especialista en estos temas comparto y fomento, ya que la experiencia y el trabajo que se ha realizado han arrojado resultados que hoy en día 458 son un parteaguas en el desarrollo de las comunidades indígenas, en la mitigación del cambio climático en estas regiones y en el combate a la pobreza y pobreza extrema que estos grupos sociales padecen en nuestro país. Finalmente, como se ha mencionado a lo largo de esta ponencia, el cambio climático y la mitigación de sus efectos más nocivos forma parte de los desafíos más complicados y con efectos más significativos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad. La falta de atención y de voluntad de cambio en estas temáticas pone en peligro los avances logrados en la erradicación de la pobreza y sus efectos representan el golpe más duro para los grupos que menos han contribuido a sus causas, como los pueblos indígenas. El hacer frente a esta situación supondrá la realización de la más grande acción colectiva realizada hasta la fecha en el mundo, y como todo, planteará nuevas y numerosas inquietudes en relación con la justicia y la equidad, no solo para los pueblos indígenas, sino para la sociedad en general. Sin embargo, partimos de esquemas teóricos y prácticos que considero deben de guiar la formulación de políticas públicas y de acciones colectivas e individuales de manera clara. En este sentido, el marco que provee el llamado “Enfoque de Derechos Humanos”, la complementariedad de género y el sentido de interseccionalidad, nos brinda un punto de partida vital para lograr una transición justa para todos hacia economías y sociedades más sostenibles, en especial desde un punto de vista ambiental. Los pueblos indígenas, así como la sociedad civil, somos los agentes del cambio que debemos liderar esta transición en los años y décadas por venir. Bibliografía CDI. (2015). 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A raíz de las modificaciones en los espacios públicos de los años 80, las Instituciones de Educación Superior (IES) han modificado sus espacios de interacción internos acordes a las exigencias de las políticas establecidas. Esto ha generado que las pasadas tres décadas, muchos de los procesos dentro de las IES se asuman como elementos clave para alcanzar los estándares de la llamada “calidad educativa” y la mejora en sus enclaves de prestación educativa. Sin embargo, ante lo anterior cabe preguntarse, ¿cuáles son los elementos que están presentes dentro de los contextos universitarios para generar una modificación en la misión que tienen las IES ante las políticas y las problemáticas sociales? A partir de lo anterior, el presente trabajo hace un abordaje al papel que asumen las universidades respecto a sus funciones sustantivas en aras de asimilar las problemáticas sociales y responder con ello mediante la generación de estrategias que permitan el desarrollo de proyectos. Se toma como base la Agenda 2030 publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como eje central, así como las posturas de Gibbons y col (1998) y Vallaeys (2012; 2014). Como resultados, se ofrecen una serie de elementos que pueden servir como base de la generación de estrategias en el desarrollo de proyectos desde la universidad y que sirvan de base para el seguimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos y estrategias de desarrollo sustentable. 1 Doctor en Gestión de la Educación Superior, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez. 461 Palabras clave: cambio institucional, misión universitaria, responsabilidad social universitaria, políticas de cambio, agenda política, políticas internacionales. Cambios ante el futuro: las universidades y su vertiginoso cambio hacia la modernidad Cuando se visualiza a las universidades como aquellas entidades capaces de producir un cambio en los medios y recursos con los que cuenta la sociedad, se olvida que también son una fuente inagotable de incertidumbre. En este sentido, se les ha cuestionado a las universidades (García, 2008), por un lado, la falta de visión para evolucionar y cambiar al ritmo que el medio ambiente exige, y por el otro, ser agentes pasivos en dentro del contexto del contexto global y no asimilar las exigencias que piden los estándares de calidad (Lindsay, 2013). Por su parte, también se le juzga el no fungir como una entidad intermediadora entre los distintos espacios sociales, la entidad estatal y los empresarios con el fin de alcanzar objetivos en conjunto que permitan sostener proyectos aplicables a las exigencias del ámbito público-social. En este sentido, la paradoja que se crea a partir de estas controversias, aleja cada vez más la posibilidad de imaginarse un futuro de estas instituciones educativas sin pensarlo como algo que tenga una connotación coercitiva. En uno de sus textos, Eduardo Galeano (1999) plantea el derecho al delirio en un futuro posible donde todas las contradicciones, desigualdades e inmundicias dejan de existir para darle cabida a un mundo distinto. El derecho a soñar comienza a tomar sentido cuando no existe una idea clara sobre el camino tomado ni las consecuencias que se tendrán al momento de tomar decisiones. Surge entonces la necesidad de jugar un poco con el mundo ideal y las posibilidades que manan al visualizarlo como una opción, utópica quizá, pero que salva de la incertidumbre. Este pensamiento invade cada cierto tiempo o época el imaginario social para ofrecer una panorámica respecto a lo que pudiera ser un mundo en el que las universidades adquieran un rol político y empresarial con el cual generar sus estrategias, pero a su vez cumplan con su misión social de generación de conocimiento aplicable a las problemáticas y/o ausencias de las diversas comunidades. Es por ello que se puede establecer que la misión social de la universidad es como el eslabón perdido, ya que ha mutado de manera diversa dados los cambios revulsivos de la época 462 posmoderna2. A raíz de los cambios de la década de los ochenta y noventa, la universidad adoptó nuevos esquemas operativos, organizacionales y académicos que la condujeron a un quiebre de su esencia vital y una modificación en sus procesos de actividad interna (González, 2021). La interacción con las instancias reguladoras, evaluadoras, interventoras y acreditadoras le pusieron ante la encrucijada del papel que debía asumir ante los vertiginosos cambios del medio ambiente global (Valenti y Varela, 1997). Si a esto se adhiere la falta de compromiso interno, las disputas políticas y los nuevos escenarios de las políticas mundiales, se le puede situar ante un escenario de suma incertidumbre. Ahora bien, ante dichas modificaciones, las IES, al más puro sentido empresarial, tuvieron que adaptar sus esquemas acorde a las exigencias de una mejora en sus modelos educativos y gestores (Zarate, 2002). Pero no sólo se trató de un cambio en lo antes mencionado, sino que también tuvo una repercusión en la parte identitaria de las universidades dado que las posturas reformistas apuntalaron hacia un nuevo modelo de universidad (López Segrera, 2008). Es aquí donde la búsqueda de una misión universitaria que la definiera como entidad que cultiva tanto el intelecto, la cultura y el espíritu de aquellas y aquellos que conviven en ella (Ortega y Gasset, 2011) comienza a ser un eje de discusión al tomarse como una necesidad ante las problemáticas que aquejan, y aquejaban, el entorno global. La complejidad de un nuevo modelo de universidad en contraparte con un nuevo modelo de aldea global (Wallerstein, 2011), demandan la existencia de ejes coordinadores que funcionen como base para la puesta en marcha de las políticas, programas y proyectos que la sociedad necesita (García, 2018). En este punto vuelve a tener función la parte identitaria de las IES ya que el ethos institucional define la manera en que las universidades den respuesta a estas exigencias y formen a sus estudiantes con una mira clara de su labor y desempeño social (Derrida, 2002). Del mismo modo, se debe tomar en consideración los métodos para el desarrollo de la conciencia que se plantean dentro de las aulas, en los departamentos y salas de juntas de las universidades como base para el desarrollo de seres humanos íntegros El concepto posmoderno se toma desde la postura de Zygmunt Bauman (2011) en donde los cambios producidos en los diferentes entornos sociales, son efecto de las condiciones creadas por los cambios en las estructuras socio-culturales, económicas y políticas que conforman las sociedades. Para Bauman, la era postmoderna genera modelos ambiguos y efímeros que nacen y mueren en un poco tiempo, lo que genera que no haya una definición sobre lo que se quiere obtener, ni los patrones que se quieren generar para lograrlo. 2 463 (Bergson, 1972). Todo lo anterior va de la mano con el desarrollo de una pedagogía que ayude a la conformación de una conciencia de la realidad que se conjugue con la praxis para poder desarrollar individuos libres (Freire, 2005). Sin embargo, la figura moderna de universidad es distinta a la que se tenía hace algunos años. Ahora, la conformación de escenarios en que entran en juego diversos factores políticos y económicos, la conducen a asumir roles diversos apegados a tres líneas centrales: 1) la calidad educativa; 2) la rendición de cuentas; y 3) la responsabilidad social (Gibbons, 2003). Sin embargo, el reto posmoderno condujo a la universidad hacia un modelo de competencia que desfasó su función social provocando que los procesos empresariales cambiaran la manera en que se define ahora a sí misma (Brunner, 2010). Por otro lado, las tendencias globales restaron valor a las funciones sustantivas y confirieron nuevas funciones que exigen una nueva mirada hacia la misión que debe de tener la universidad (Ruíz y López, 2019). Bajo un aspecto de racionalidad que las legitime, ahora se adoptan las funciones sustentables, sociales y culturales en espacios donde existe una competencia institucional global, pero sin tener una claridad respecto a lo que se busca como fin (Dias, 2010). Es decir, la competencia global ha conducido a las instituciones educativas a cambiar sus roles y apegarse a lo que las tendencias indican. Todo lo anterior se puede situar a la entrada la primera década del siglo XXI y derivada de la última del siglo XX, ya que es ahí donde las políticas a nivel global crearon escenarios de acción para con las universidades, la sociedad, el sector empresarial y el estado. Todo ello derivó en que la visualización de una universidad moderna se relacione directamente con la manera en que responde al medio ambiente externo (Lampert, 2008). En esta configuración de modernidad, las universidades disputan entre los rankings mundiales la adopción de modelos globales que les confieran legitimidad y les permitan ser competitivas en el escenario institucional (Martínez, 2011). Esto produce que adopten procesos que las hagan emprendedoras, globales y sustentables. Sin embargo, cabe preguntar ¿de qué forma el medio ambiente genera cambios en las universidades para que asimilen esquemas emprendedores y sustentables para alcanzar la sociedad del conocimiento y logren con ello adoptar una faceta 464 distinta que las identifique con las demás con lo cual poder adoptar sus funciones a la agenda global de objetivos estrategias de desarrollo de la ONU? Modificaciones en el espacio interactivo: el cambio de las universidades en el entorno global Dado el cambio que se produce de para de una sociedad de la información hacia una del conocimiento, los modelos educativos desarrollados pretenden dar un giro a la misión que tienen las universidades para adaptarla a esa nueva tendencia del entorno (Altbach, 2016). Las organizaciones educativas a nivel general adoptan modelos educativos que reformulan su ethos3 y buscan generar mayor valor en los recursos con los que cuentan para así convertirlas en competentes y cumplir con las exigencias del mercado, la sociedad y el gobierno (Kent, 2010). En este juego por lograr objetivos y metas, las universidades tratan de adoptar las condiciones organizacionales que muchas veces las condicionan, con la finalidad de ser un jugador más y con ello ganar prestigio y distinción a nivel global (Ordorika y Rodríguez, 2010). Sin embargo, las condiciones de cada institución son distintas, los involucrados diversos y la manera de ponerlos en práctica difiere la mayoría de las veces por las condiciones y recursos de los que se hace uso. A partir de los fenómenos de cambio en el sector público en los años ochenta con el nuevo estilo de gestión pública, las universidades adquirieron renovadas facetas organizacionales, directivas y estructurales (Acosta, 2015). La gestión estatal se enfocó en generar canales que hagan eficientes los procesos públicos con el fin de adoptar nuevos patrones de conducción de las actividades dentro de las universidades (Elmore, 2000). En esta adecuación, las IES adoptaron medidas que indujeron cambios en su organización y en sus funciones sustantivas y adjetivas. La misión universitaria tuvo que adaptarse a los cambios para asimilar lo que el medio ambiente requería con el fin de ser eficientes (Garmendia y Castellanos, 2007). De ahí surgen los conceptos de universidad emprendedora, calidad en la educación, financiamiento compartido, modelos educativos integrales y una gran gama de instituciones privadas que Se conoce al ethos institucional como el conjunto de costumbres, tradiciones, identidad, valores y cultura que conforman a cualquier entidad. 3 465 prestan Educación Superior (ES) y diversifican la oferta en un mercado universitario que homologa, pero a la vez diferencia los sistemas educativos (Kent, 2000). A medida que las IES se adaptaban a los nuevos procesos fue que se obtuvo un cambio en sus funciones rectoras que las indujo a repensar la misión universitaria (Ruíz, 2006). Lo cierto es que el debate sobre la reforma del sistema universitario se extiende a lo largo del mundo y genera controversia sobre lo que necesita la universidad en el contexto global (Rodríguez, 2006). Sin embargo, son varias las posturas sobre los puntos que deben cambiar o reformar en las IES ya que las necesidades del mercado difieren de las sociales, lo que crea una diferencia sobre la prioridad que debe tener. Unas apuntan hacia una universidad autónoma presupuestalmente, con apego a la ciencia y la tecnología y que fomente la investigación (Rama, 2012). Otras apuntan a la adaptación de las universidades a un contexto global donde enmarquen sus patrones acacémicos y gestores respecto a la competencia global (Salmi, 2009). Por su parte, los organismos sociales, políticos y económicos internacionales, generaron posturas diversas sobre las modificaciones requeridas en las universidades con la idea de solventar y subsanar las necesidades sociales y del mercado que les permitiera presentar opciones para el desarrollo de las diferentes regiones (Maldonado, 2000). Desde los años 90, se comenzaron a establecer los medios, los fines y las intenciones de una integración social, medioambiental, política, económica y tecnológica en cada espacio del ambito global. Los mecanismos internacionales comenzaron a desarrollar informes, cumbres, posibles líneas de acción y una gran variedad de diagnósticos en los diferentes paises para establecer los puntos, ejes y estrategias a seguir en aras de una futuro posible (Oreja, 2016). El estableciemiento de este tipo de acciones por estas instancias, produjo una nueva adopción por parte de los gobiernos respecto a la creación de agendas públicas que coadyuvaran a la integración de políticas públicas en los espacios sociales. De igual manera, las IES tuvieron una participación activa en este proceso de reesignificación institucional puesto que sus modelos se integraron, o por lo menos trataron de hacerlo, hacía el apoyo a este tipo de iniciativas (Moreno, 2017). La razón principal de ello, fue que el contexto en general 466 inducido por lo mécanismos de las políticas internacionales apuntaba hacia la visión de un futuro donde la educación tuviera un papel fundamental dentro de los contextos regionales, nacionales y mundiales (Maldonado y Malee, 2014). El papel desempeñado en los años 90 por instancias como el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, a nivel latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue muy relevante pues gracias a ellas se fomento la modernización educativa en Latinoamérica a inicios con la formulación y el rediseño de políticas en un contexto cooperativo, que permitieron identificar los desafíos estructurales de las reformas (Ordóñez y Rodríguez, 2018). Cada una de las entidades diseñó diversos acuerdos donde se trataban temas relevantes para las regiones y que apoyaban a la realización de una agenda de pública que tocara los principales problemas que se avizoraban en el entorno global (Kent, 1995). El escenario postmoderno: una mirada a los retos universitarios actuales A partir de las conferencias dictadas en los años 90, se puso atención en el futuro de las universidades y en la manera en que estas responderían a la entrada del nuevo milenio a las problemáticas del entorno. Una de las que se toma como base para dar seguimiento al presente trabajo es la Conferencia Mundial para la Educación Superior del siglo XXI donde se establecieron 3 puntos importantes a seguir: 1) misiones y funciones de la ES; 2) Forjar una nueva visión de la ES; y 3) de la visión a la acción (UNESCO, 1998). Diez años después se celebró la segunda conferencia abordando el tema de “Las nuevas dinámicas de la ES y la investigación para el cambio social y el desarrollo” de donde se obtuvieron los siguientes puntos centrales: a) la función de la educación superior frente a los grandes desafíos mundiales; b) la responsabilidad social de la educación superior y el compromiso de la sociedad con éstas; y c) la promoción de la excelencia de la educación superior de África para acelerar su desarrollo y auspiciar la creación de un “Espacio africano de educación superior e investigación (UNESCO, 2009). 467 El espacio educativo se comenzaba a mover acorde a las conferencias dictadas por la UNESCO y con miras en alcanzar objetivos compartidos que dieran una nueva perspectiva a la generación de proyectos de impacto social (Tünnermann, 2010). De la mano a lo anterior la ONU siguió con una serie de cumbres y conferencias destinadas a establecer objetivos prioritarios a nivel mundial que debían ser atendidos a la entrda del siglo XXI como metas a seguir y respaldar el apoyo de los países en las diferentes regiones (ONU, 2000). Surgen como iniciativa de la agenda global ocho Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM): 1) erradicar la pobreza extrema; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 3) lograr la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el vih/sida, la malaria, el paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo (ONU, 2000). Si bien cada uno de los objetivos lleva sus metas específicas por alcanzar en un horizonte planteado al año 2015, sirve como base para establecer el punto en donde confluyen estos con la Declaración Mundial de la Educación Superior antes mencionada y que dicta lo siguiente: “La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades” (UNESCO, 1998: Art. 6 inc. “b”). Desde este punto se puede comenzar a centrar el anális de la primera parte de la intervención de las IES en los espacios globales respecto a la función específica que tienen las universidades con el entorno. El primer acercamiento que se tuvo a lo anterior se dio en la primera Conferencia Internacional de Educación Superior realizada el año 2005 en Barcelona donde se obtuvo como parte conclusiva que la universidad tiene una gran responsabilidad ante los retos y problemáticas sociales, por lo que en el siguiente cuadro se establecen los puntos más relevantes que surgen como integración a los ODM: Cuadro 1.- Relación de los ODM con las aportaciones de las IES ODM Declaración Mundial de Educación Superior Buscar atender las necesidades Respuesta a las necesidades de humanas más apremiantes y la sociedad referentes a la Entrelace • Impulso a la investigación, ciencia y tecnología 468 los derechos fundamentales genereación de conocimientos, • Desarrollo de modelos que todos los seres humanos desarrolllo cultural, social y educativos sustentables deberían disfrutar económico donde se señala que • Generación de proyectos de la parte mediadora se establece impacto social en el impacto social del conocimiento generado en las universidades Generación de un pensamiento • Procesos de acercamiento crítico en las y los ciudadanos con la sociedad Respeto a los valores • Revalorización de la comunitarios aportación del conocimiento comunal y ancestral El fortalecimiento de rol de los • Generación de espacios de estudiantes dentro de las diálogo instituciones y de la sociedad, • Acercamiento de los acompañado de su formación proyectos e investigación en prácticas de buen gobierno de las y los estudiantes con y empresariado responsable en casos específicos el marco de una enseñanza • Mayor vinculación entre orientada a la resolución de los sectores públicos, problemas. privados y sociales para el desarrollo de proyectos El fortalecimiento de rol de los • Mayor participación de la estudiantes dentro de las comunidad estudintil y instituciones y de la sociedad, académica en los procesos acompañado de su formación universitarios en prácticas de buen gobierno • Desarrollo de cogobiernos y empresariado responsable en • Empoderamiento e el marco de una enseñanza integración socio-comunal orientada a la resolución de en la desarrollo de problemas. propuestas de solución La implementación de • Integración en los planes, programas orientados a la programas, modelos reducción de la pobreza, el educativos y misión mejoramiento de la salud y la universitaria de aquellos creación de trabajo. elementos consernientes a la mejora de los espacios sociales y el uso efectivo del conocimiento generado. Fuente: elaboración propia basada en Surasky (2011) y Tünnermann (2010). 469 Como se puede observar, la universidad tiene y juega un gran papel en esta primera parte de la realización de un plan de apoyo al cumplimiento de estos objetivos y metas que logren un aumento en la calidad de vida de las personas. Los resultados arrojados para el año 2015 fueron distintos en cada una de las latitudes dados los esfuerzos ejercidos, las políticas diseñadas, así como la integración de los involucrados en ellas (Jiménez y Romero, 2011). Cada uno de los programas, planes o políticas que integraban algunas propuestas de apoyo consiguieron generar una dinámica que permitió, en cierta manera, acercarse a esta serie de objetivos. Sin embargo, al realizarse el primer corte y conocer los resultados, se pudo notar que no tuvieron el mismo impacto en cada una de las zonas, dadas las obviedades respecto al nivel de desarrollo que cada una tiene (ONU, 2010). No es tópico relevante del presente trabajo realizar un análisis diagnóstico de los resultados obtenidos dentro de la primera fase de los ODM, sino más bien tomarlos como eje desde donde parte la siguiente línea establecida en el año 2015. En el contexto de México, no existe aún literatura que aborde a profundidad o desde una perspectiva institucional la manera en que las universidades han adoptado los ocho objetivos como base de la generación de conocimiento, dicho trabajo sería un tanto arduo dada la complejidad del sistema terciario en el país, pero se puede centrar el análisis en puntos clave que lleven a la reflexión y a un acercamiento respecto a la contribución que se tiene en presente. Para ello, es necesario establecer que los ODM fueron un punto central en la conformación de las agendas públcias dentro de las regiones y que las universidades asumen una gran responsabilidad ante ello. A raíz de los resultados arrojados en los primeros 15 años de la visión de este programa global que se pensó en un horizonte por abordar. Fue entonces que en el año 2015 se definieron los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) con miras en una visión 2030 que permitira alcanzar los 17 objetivos planteados. En esta ocasión la mirada se centro en temas relevantes para la segunda parte como los son: 1) fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de Genero; 6) Agua limpia y saneamiento; 7) Energía accesible y no contaminable; 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, innovación e infraestructura; 10) Reducción de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12) Producción y consumo 470 responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida submarina; 15) Vida de ecosistemas terrestres; 16) Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17) Alianzas para lograr los objetivos (ONU, 2021). La integración de estos objetivos está pensada en el cumplimiento de los mismos junto con las 169 metas y los 231 indicadores que se asumen como básicos para el logro de una transformación social. Representa todo un reto el dar la cara ante estos retos que tienen ya 6 años que comenzaron a tomarse en consideración por los diferentes países para la formulación de sus políticas. El panorama ante ello apunta hacia líneas especificas basadas en proyectos que integren a la mayoría de la población de forma democrática y participativa, logrando con ello una asimilación de las acciones por emprender (Gil, 2020). Al igual, cada meta o estrategia lleva puesta una dirección específica que pretende medir los grados de avances de forma cualitativa, en pos de la generación de datos que confirmen la manera en que los ODS son puestos en marcha y generan impacto. Ahora bien, a la entrada del año 2020 se tuvieron una serie de modificaciones en los espacios sociales, políticos y económicos derivados de la pandemia denominada COVID-19. Esto tuvo muchas repercusiones en el entorno, los planes y los proyectos pues modificó de manera sustantiva y adjetiva, así como en la realización de diversas actividades dentro de las agendas públicas (ONU, 2020). Según el reporte efectuado por la ONU (2020) a principios de la pandemia, se tuvo repercusiones en la puesta en marcha y seguimiento de varios de los objetivos, ya que, con el distanciamiento social, los estancamientos económicos y las medidas restrictivas en muchos ambitos socio-económicos, se frenó de manera drástica el avance hasta ese momento realizado. Las proyecciones efectuadas indican que cerca de 71 millones de personas regresarán a la pobreza extrema gracias a la pandemia, 1,600 millones tendrán dificultades para mantener un empleo estable, y se acrecentarán las zonas marginadas afectando a cerca de 1000 millones de personas. En cuanto a lo referente a la educación, desde inicios de la pandemia, el 90% de los estudiantes no pudieron asistir, o no han podido asistir a clases, congregando alrededor de 370 millones de estudiantes. Lo anterior, produce un grave problema en cuanto al descenso 471 en las tasas de retención y graduación, y afecta los resultados del aprendizaje. La conversión de una educación presencial a una virtual, o en su caso, sincrónica o asincrónica ha producido también una serie de desigualdades en la impartición educativa (Riascos y Benavides, 2021). Derivado de las desigualdades económicas y sociales, cerca de 500 millones de estudiantes no tiene oportunidad de tener la enseñanza a distancia ya que no cuentan con los recursos para ello. Y si a esto se le agrega que el presupuesto de las universidades para la atención, seguimiento y apoyo a la investigación, extensión y difusión a disminuido, la situación es agraviante (Rodríguez, 2020). Las tendencias a raíz de la crisis derivada de la pandemia indican la urgencia de tomar medidas específicas que logren menguar los estragos y paliar las secuelas que pueda tener la época post COVID-19. Dado que cada institución y cada sistema educativo responde de manera distinta en dependencia a su contexto, es indispensable repensar la función que deben de llevar las universidades a raíz de estos cambios (González, 2021). En cuanto a esto, los retos se plantean desde una perspectiva de dar seguimiento al objetivo número cuatro de la Agenda 2030 que establece que ningún estudiante se quede atrás. Para ello, se hace imperante el que exista un aseguramiento de la educación, una revisión sustanciosa de la normativa estatal e institucional, la generación de mecanismos que permitan avanzar con el regreso presencial y los diversos tipos de educación por impartir, así como la formulación de estrategias para integrarse al nuevo espacio de interacción y seguir apoyando a los ODS (Ordorika, 2020). Por lo anterior, es indispensable el que se asuman los retos que deben de afrontar, tanto gobiernos, como las universidades, en su papel de generadoras de cambio social. De igual forma, las funciones sustantivas de las IES que vienen inscriptas en su ethos institucional, deben de cumplir con elementos clave para la modificación y ordenamiento de las actividades a seguir (Maneiro, 2020). Un punto clave a tomar en consideración, es la labor de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) dado el contexto en donde se desenvuelve y la manera en que se pueden producir en ella los cambios y modificaciones necesarios en el cumplimiento de sus mismas funciones (Vallaeys, 2012). La universidad como eje central, debe de contener las bases necesarias para aplicar un modelo de responsabilidad compartida 472 permitiendo con ello que los ejes estratégicos, las políticas públicas y los recursos utilizados tengan un impacto que vaya más allá de las aulas o los laboratorios (Vallaeys, 2011). En el siguiente esquema se muestra la postura antes señalada. Esquema 1.- Ejes de la Responsabilidad Social Universitaria Organizacional Académico Social •Impactos internos •impactos externos •Impactos cognitivos •Impactos educativos •Impactos funcionales • Impactos estructurales Fuente: elaboración propia basada en Vallaeys (2014). La función que pueda tener la RSU va de la mano con la asimilación que se tenga por parte de los actores principales respecto a su papel y desempeño dentro de la misma institución, avizorándose como agentes de cambio (Medina y col., 2018). Este eje es uno de los más olvidados pues desde hace ya tiempo la universidad se ha visto inmersa ante una crisis de legitimidad que ha producido su distanciamiento con los actores sociales, y en cierta forma un desprestigio ante sus funciones sustantivas (Beltrán, Iñigo, y Mata, 2014). Esto ha llevado al replanteamiento de la misión universitaria de cara a un futuro cercano. Hace algunos años de tocaba el tema de la tercera misión de la universidad como algo que produciría cambio y modificaciones en el contexto socio-político-cultural, tanto de forma interna, como externa dentro de las universidades (Clark, 1998). La vertiente desde donde nace la idea de repensar una nueva misión universitaria va acompañada de una serie de elementos de cambio sustantivo que involucran a los sectores público, privado y social, agregando elementos del entorno como base para integrarlos (Secundo y col, 2017). Se toma en consideración para ello el espacio ético-filosófico que fomenta la participación activa de las universidades en su entorno, logrando con ello la generación de propuestas, proyectos y políticas internas específicas que apoyen la causa social (Laredo, 2007). Para que ello se pueda concretizar en impactos relevantes para el entorno social, es necesario que exista la apertura y apoyo por parte de las instancias correspondientes (Estado, empresas, Normativa institucional) con los cuales fundamentar y 473 legitimar las funciones que se pondrán en práctica a partir de la adopción de los fundamentos de RSU (Bueno y Casani, 2007). Para dar partida a ello, las funciones sustantivas universitarias deben de ir profundamente ligadas con la misión, los procesos de gestión, el modelo educativo y las políticas internas que den pie a la correcta inserción de los procesos de cambio y modificación (Vallaeys, 2014). En el siguiente esquema se toman los puntos centrales de la conformación del modelo de RSU con el fin de dar pie al análisis desde donde se genera la propuesta de adaptación de los ODS en los espacios universitarios: curriculum Esquema 2.- Principales elementos del entorno institucional de RSU Misión universitaria Fuente: elaboración propia basada en Vallaeys (2014). Los requerimientos, en primer lugar, deben de ir pensados en una modificación de los espacios de interacción internos en las universidades que permitan que la gestión interna fomente el sentido de comunidad de sus miembros con lo cual se logre una concientización de sus actividades. Por su parte, dentro de las estrategias docentes, la aplicación de instrumentos y metodologías basadas en proyectos permitirán un acercamiento directo con las comunidades, problemáticas sociales y actores involucrados en la misma, permitiendo que la comunidad estudiantil formule sus propias propuestas. Respecto a la investigación, aquellos grupos, cuerpos académicos y/o docentes, deben adquirir una conciencia respecto a la función de sus trabajos y el fin que los mismos tendrán, con la intensión que sean aplicables y generen un impacto. Finalmente, este mismo impacto esperado se verá inmerso en las 474 actividades sociales mediante la integración de todas las personas responsables en ellos y acorde a las necesidades del entorno (Vallaeys, 2014). Ahora bien, la conformación de un curruculum que apoye a estas actividades fundamentales, puede permitir la adeucación de los planes y programas de forma tal, que las estrategias didácticas apoyen el cumplimiento de la Agenda 2030. La clave puede emerger en alinear la atención de las actividades de aprendizaje a los ejes centrales que fundamentan a los ODS. Entra entonces el diseño instruccional como base del proceso de asimilación, análisis, prospección, formulación e implmentación de las actividades de clase. A partir de este punto es que se integran las líneas especificas de la agenda en un plan integral que tenga una repercusión en los programas educativos de las universidades tomando en consideración aspectos base teóricos de aprovechamiento del conocimiento producido como se muestra en el siguiente esquema. Esquema 3.- Modelo de aprovechamiento del conocimiento APROVECHAR EL CONOCIMIENTO GESTIONAR CONOCIMIENTO LABOR DOCENTE MEDIAR CONOCIMIENTO APROVECHAR LOS RECURSOS Fuente: elaboración propia basada en Vallaeys (2014); Gibbons y col (1998). Desde esta perspectiva, el punto central está basado en la perspectiva de la labor docente dentro de la institución como base del aprovechamiento del conocimiento y la mediación del mismo. De igual forma, es necesario que el ámbito institucional pueda realizar las labores de gestión adecuadas mediante el diseño e implementación de políticas que apoyen la labor docente y de investigación y que sirvan como puente entre la generación de los recursos y el aprovechamiento que se haga de ellos. La parte mediadora llega desde tres momentos 475 distintos: 1) la función institucional respecto a la misión universitaria y su asimilación dentro de la comunidad; 2) la puesta en marcha de los programas, estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje con apego a la formulación de proyectos en el entorno; y 3) mediante la realización, concientización e integración del estudiantado en actividades y proyectos de impacto social (Vallaeys, 2014). En los aspectos antes señalados es indispensable la práctica que se tenga respecto a la teoría propuesta para que el aprendizaje realmente sea significativo y aprovechable (Didriksson, 2014). He ahí la relevancia de que el curriculum acoja elementos concernientes a las problemáticas sociales, y en específico tomando en consideración los ODS. Al tomar en cuenta estos aspectos se estará facilitando el acercamiento del estudiantado con el entorno y se podrá pensar en una agenda institucional que funcione como para la formulación de proyectos. Esquema 4.- Modelo metodológico para la generación de proyectos PLAN ESTRATÉGICO TRABAJO COLEGIADO MATERIAS BASE MATERIAS ESPECIALIDAD INTEGRACIÓN DE MATERIAS PROYECTOS INTEGRALES Fuente: elaboración propia basada en Gibbons y col (1998). La idea se centra en genera un plan estratégico desde la base institucional como un medio de apoyo a la vinculación universitaria y que funcione como punto de partida para la generación de proyectos integrales. El trabajo al interior se debe realizar de forma colegiada con lo cual apoyar las funciones de gestión e investigación que permitan incorporar a los actores de los diversos sectores en un plan contingente y funcional (García, Tobón y López, 2008). Mediante la integración de materias, de especialidad, de base u optativas, se puede formular un modelo que asuma un sentido interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar como 476 base de la generación de proyectos (Stan, Koniotaki y Religa, 2018). Como punto final, se encuentra la manera en que la RSU entra en función mediante la extensión puntual de los proyectos, investigaciones u otros productos que en ella se generen. Tomando en consideración que la Agenda 2030 mantiene objetivos, metas e indicadores base y que estos mismos pueden ser modificados durante el periodo de regreso a las actividades, es indispensable pensar en un plan de contingencia que sirva como apoyo a las modificaciones requeridas. Por tal motivo, las universidades requieren poner puntual atención en este punto, dado que la incertidumbre que genera el regreso a las actividades, así como los cambios en el sentido educativo, requieren de estrategias puntuales, apoyo de los demás sectores y una atenta participación de los actores sociales. La base de este trabajo se encuentra en que las funciones sustantivas de las universidades vayan acorde a los requerimientos del entorno y que exista la correcta vinculación entre los responsables, un adecuado uso de los recursos y una extensión funcional que aproveche lo generado. Cabe puntualizar que estos aspectos son la base de un pilotaje que en estos momentos se lleva a cabo en un par de universidades públicas del estado de Jalisco y que espera tener resultados en su primera etapa a mediados del año 2021. En esta ocasión se tomaron los primeros cinco ODS como base de la integración del plan en un par de programas educativos y esperando que los resultados sean positivos y con ello asegurar la continuidad del proyecto. Esquema 5.- Pilotaje para la generación de proyectos basados en los ODS Fuente: elaboración propia basada en ODS (2021). 477 Con el fin de ir formulando el plan de manera integral, en este semestre piloto, optó por la elección de los objetivos: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de calidad; y 5) Igualdad de género. La metodología antes explicada sirve como base para que dentro de los semestres las asignaturas trabajen entre sí, tomando en consideración sus respectivos programas. En cada uno de ellos, se fueron integrando actividades que complementan la formulación de proyectos, el desarrollo de productos tecnológicos e innovadores, la realización de contenidos, así como el acercamiento con los sectores. Todo lo anterior en respuesta a los cinco objetivos mencionados y que tendrán un foro de presentación al final del semestre. Las universidades, su misión y los retos globales ante la Agenda 2030 Las universidades varían en su misión acorde al entorno al cual pertenezcan y al tipo de institución que sean, creando identidades distintas con las cuales tratan de distinguirse en un mundo homogéneo. Conforme las universidades adaptan esquemas globales, la filosofía organizacional puede modificarse para que las funciones alcancen un sentido lógico acorde a las exigencias del entorno. Es decir, la homogeneización de la universidad, tiene una influencia directa en la evolución de los procesos institucionales que en ella se desarrollan. La estructura de las instituciones terciarias, cambia y se modifica en relación al tipo de universidad que se quiera alcanzar. Esto se realiza mediante objetivos, metas y estrategias que se describen en los planes y programas que cada instancia desarrolla. Se puede con esto inferir que las funciones de la universidad competen no sólo al órgano de gobierno, sino a una serie de involucrado en las necesidades universitarias de cambio (externos e internos). El cambio en la relación que se tiene entre la universidad y el Estado ha provocado que las misiones institucionales muten hacia un modelo gerencialista. Por su parte, el mercantilismo académico generado asume una competencia entre las IES para generar esquemas de intercambio, promoción y relaciones de mercado que les hace crear estrategias para tomar posturas y modelos autogestores. De esta manera, la conformación de la identidad institucional busca la responsabilidad de la producción y aplicación del conocimiento en el entorno social y la congruencia de la misión con las necesidades del entorno. Al no realizar de forma adecuada las funciones sustantivas que las universidades tienen, la misión de la 478 misma pierde sentido puesto que no se apega a un contexto de universalidad, respeto, ética y responsabilidad social. De todo ello se debe analizar la manera en que la universidad realiza sus modificaciones y asume la responsabilidad que le corresponde en los espacios políticos y sociales. La pertinencia de sus planes y programas, la investigación realizada, la innovación y el uso de la tecnología para sus funciones y la gestión del conocimiento que realicen significará, en gran medida, la manera en que asumen su trabajo. Dado que el contexto global ahora presenta a la educación terciaria como un servicio, y derivado de las crisis provocadas por la pandemia de principios del 2020, las universidades tienen una gran responsabilidad puesto que en esta etapa de incertidumbre se requiere de toda la capacidad universitaria para lograr solventar de alguna manera la hecatombe producida. Sin embargo, no sólo es responsabilidad de la universidad, sino de los demás agentes sociales que están inmersos en el espectro comunal quienes deben asumir su papel respecto a lo que les confiere los ODS. Ello se logra mediante la asignación de proyectos sociales o empresariales, asesorías y consultorías, venta de servicios y productos generados por el capital intelectual con el que cuentan, así como del uso y producción del conocimiento que generan. A partir de ellos, las universidades generan una nueva misión conformada con la adopción de estos estándares de calidad y mercancía. La formulación de las agendas en los países y en las universidades toman en consideración los rubros requeridos para crear sus planes. Mediante objetivos, líneas de acción, ejes temáticos, estrategias e indicadores que muestren la manera en que las instituciones modificarán y alcanzarán lo que presenten. Por ende, el proceso de conformación de la identidad institucional lleva inmerso el contenido de lo que se pretende realizar y cómo se hará. Ahora, en alusión a lo que se ha visualizado como una tendencia actual, la misión, valores y objetivos conforman lo que les da forma a las funciones de las universidades. En este punto visualizamos como los factores internos y externos tienen una influencia sobre lo que se realiza o no, en las instituciones. Es por ello que los posteriores proyectos y programas tratarán de hacer efectivo este esquema para darle 479 congruencia y coherencia al discurso llevándolo a la realidad como algo alcanzable y funcional. Esto es lo que genera que la misión social de la universidad sea como un eslabón perdido en el que se busca por distintos lugares pero que aún no se puede encontrar dadas las complejidades que están inmersas en la época actual. Desde luego el ensayo solo pretende generar la posibilidad de análisis que necesitaría de una mayor profundidad para sacar conclusiones más acertadas respecto al grado de pertenencia que tiene las acciones que se desarrollan en las universidades. Ahora, con el entorno global de ES, las universidades requieren hacer una internalización sobre los avances que han alcanzado para poder reflexionar sobre lo que les espera y las posibles implicaciones que tienen. El pilotaje inicial puede arrojar resultados que puedan ayudar en la formulación de los planes y políticas institucionales como forma de apoyo y seguimiento a los elementos que integran los ODS. Ante esta llamada respecto a la Agenda 2030 quedan pendientes el análisis sobre el futuro de una institución que tiene como misión el servicio y apoyo a la sociedad, pero que juega en un escenario donde los esquemas van dirigidos a una incertidumbre. Sin embargo, no deja de ser un tema de debate el ver a la universidad como una entidad desgastada que necesita cambiar, pero ¿cambiar hacía donde o cómo? La respuesta a esta pregunta puede generar diferentes debates, pero lo cierto es que es necesario analizar estos mitos que la circundan para comprender la manera en que se comporta y qué tipo de políticas se necesitan. Bibliografía Acosta, A. (2015). Las decisiones del poder: ideas, políticas y comportamiento institucional universitario. En A. Acosta, Historias paralelas: 15 años después. Políticas, cambios y continuidades en universidades públicas en México (pp. 48-61). México: UACJ. Altbach, P. (2016) Global Perspectives on Higher Education. USA: Johns Hopkins University Press, Banco Mundial (2003). Construyendo sociedades del conocimiento: nuevos retos para la educación terciaria. USA: Banco Mundial. Bauman, Z. (2011) Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, España: Paidós. Beltrán, J., Iñigo, E., y Mata, A. (2014). 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Sabiendo que la calidad de vida no puede ser entendida desde un concepto general sino contextual, se hace necesaria la participación social desde las distintas realidades que componen la situación y que, asímismo, constituyen estructuras tanto formales como informales mediante las cuales se participa. Se toma por ejemplo de lo público el espacio, donde es preciso que se visualicen los procesos de apropiación y de construcción que poseen los individuos como miembros de una comunidad. Al respecto, un ideal como el de la gobernanza guiaría la colaboración a favor del cuidado y del trabajo por los intereses de la comunidad y sus sujetos; condición que facilita el logro de metas en común y hace posible la organización horizontal para la formación de acuerdos políticos. Se propone que el enfoque comprensivo fenomenológico aporta a este sentido, porque permite observar cómo se expresan, mediante rasgos de comportamiento, los prejuicios sociales hacia la autoridad que ponen en evidencia la ilegitimidad de ciertas estructuras políticas. Aunado a ello, un análisis crítico de las políticas públicas desde el concepto de Gubernamentalidad postulado por Foucault, permitiría identificar los dispositivos que se dan en las relaciones sociales y políticas que, por caso, inciden en la administración de lo público. 1 Contacto: paulinapereda07@gmail.com Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, gerardo.cantu@uaq.edu.mx 2 Universidad Autónoma de Querétaro. Contacto: 486 Palabras clave: procesos sociales, derechos humanos, participación ciudadana, instituciones formales e informales, gubernamentalidad. La voluntad de los individuos debe incardinarse en una realidad en la que los gobiernos han pretendido monopolizar. Ese monopolio es el que hay que socavar poco a poco y día a día. M. Foucault, Frente a los gobiernos, los derechos del hombre Los derechos humanos y la Gobernanza Son dos los conceptos que han ganado presencia en los debates académicos y de la sociedad civil organizada: Derechos Humanos (DDHH) y Gobernanza. En ambos casos, sirven como fuente normativa y valorativa de las sociedades democráticas. La relación que se ha señalado es que la preceptiva de los DDHH, específicamente lo que refiere al derecho internacional, se analiza en el contexto de la gobernanza democrática y el estado de derecho. En todo caso, parece que la gobernanza es la estructura propicia para el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, como orientación normativa y como marco legal (Marin Arias, 2017; Shelton, 2013). En el caso de la gobernanza internacional se acepta que, para que esta sea viable, es necesaria la adecuada operacionalización de los derechos humanos (Joseph & McBeth, 2010, p. 182). Si bien el concepto de gobernanza se legitima a partir de la publicación del reporte de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1997, hasta el momento no cuenta con una definición homologada. Las que existen refieren a una serie de dimensiones que han de considerarse interrelacionadas, tales como: confianza en las distintas áreas del gobierno y el poder público -léase finanzas, economía, prácticas presupuestales, servicio profesional, equidad de género, inclusividad, prácticas de gobierno abierto, acceso a la información y calidad de los servicios públicos. En este mismo sentido, pero con ánimo moral, el PNUD le identificaría con un sistema administrativo de los asuntos públicos en el que convergen valores, políticas e instituciones al interior del Estado y, desde este, con la sociedad civil y el sector privado (2004). 487 El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) refiere que la importancia de la gobernanza para el bienestar de las personas es relativa, pues dependiendo de contextos las personas pueden preferir la efectividad del gobierno antes que la democracia o los derechos civiles; sin embargo, su importancia es notable para el sector económico, pues es un referente para la inversión y un condicionamiento para la ayuda internacional (2017). El concepto de Derechos Humanos tiene validez probada en los mismos círculos señalados, este ya no busca encontrar su legitimidad normativa, sino expresar su utilidad metodológica como lo testimonian los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para encontrar viabilidad en su empleo como referente para la construcción, evaluación y diseño de política pública (OACNUDH, 2012; OACNUDH et al., 2010). La situación expuesta nos permite señalar que es preciso una lectura crítica de estos conceptos. Si bien organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y los estados promueven tanto la gobernanza como los sistemas de derechos humanos, hemos de advertir que, al menos lo que respecta a los DDHH, estos intereses de promoción y operacionalización guardan el peligro de servir como medios para limitar el carácter movilizador y liberador de los mismos. Como lo señala Schmidt, ante la constante positivación de los derechos estos no logran permear a los diversos estratos sociales y constituirse integralmente. La razón de esto es que las distintas estructuraciones políticas constituyen al ser humano como producto de la imitación, como subordinado o dependiente. Por ello, demanda una reflexión de los derechos humanos que los defienda y proteja de las distintas tendencias que pretenden someter al ser humano mediante el mejor uso o desarrollo de saberes interdisciplinarios y de la tecnología vigente. De tal suerte que sea posible enfrentar la iniquidad, la impunidad, distintas formas de abuso del poder y las complicadas paradojas políticas a las que las comunidades, sociedades y agrupaciones humanas están sometidas (Schmidt, 2007). En este sentido, la advertencia que se desprende es poner atención sobre las formas de implementar las estrategias de derechos humanos en pos de la dignidad que no atienden la pluralidad en las formas de comprensión de vivir de acuerdo con esta. 488 Debemos tener presente que, tal como sucede con otros conceptos de las ciencias sociales, su significado y sentido depende de los contextos, en tanto condiciones de posibilidad, a los que refiera. Si, por ejemplo, la gobernanza es una propuesta donde se dé un círculo virtuoso compuesto de una participación ciudadana informada y responsable, nutrida principalmente de la información veraz y objetiva que el gobierno pone a disposición de las personas, en tanto que se comprende que esta es una condición indispensable para poder hablar de una rendición de cuentas honesta. Estas, rendición de cuentas y transparencia, son acciones de ida y vuelta que suponen retroalimentación constante. La idea de esto es que, si bien los ciudadanos tienen el derecho de acceder a los datos y a la información de carácter público, también tienen la obligación de exigirla. Así, la gobernanza exige una serie de condiciones interrelacionadas, como la interacción y vinculación entre sociedad y gobierno, para que sea posible la negociación, el consenso y finalmente, la fragmentación del poder. Metodologías: entre antropologías y epistemologías En un ejercicio notable, Valencia Dominguez procura encontrar un concepto de gobernanza que sirva para aplicarse a la realidad mexicana. Reconoce que México es un ejemplo de una falta visible de actividad transparente y de accesibilidad real para que los ciudadanos puedan tomar control y sancionar a sus representantes públicos. Muchas veces esta evasión se presenta en la forma de una transparencia difusa, es decir, aquella que arroja información poco utilizable, que no refleja el desempeño de gobierno y, por lo tanto, se impide a la ciudadanía acceder a cierto control. En este sentido, insiste en que la evasión por parte de los gobiernos locales y servidores públicos a rendir cuentas expresa que muchos servidores públicos aún se encuentran renuentes de integrar a la sociedad civil a la planeación, por lo tanto, para construir gobernanza primero hay que derribar la estructura tradicional de un gobierno que tiende hacia la verticalidad y al paternalismo (2020: 57 - 68). Si bien coincidimos en que hacer frente a lo anterior requiere de un notable esfuerzo de reeducación tanto de funcionarios públicos como de la ciudadanía (Méndez; 2020:262), es preciso que esta se redirija desde distintos frentes. Para el caso que acá nos convoca, es importantes que las metodologías que sirven para la construcción de la política, desde los modelos para el levantamiento de distintos diagnósticos, los marcos descriptivos y los 489 diversos desde los que se interpreta y se pretende explicar la realidad social sean sensibles a la diferencia entre estados de creencia y estados de conocimiento. Las unas refieren a la posibilidad, por más razones de las que se disponga, de ser una cosa y, las otras, dicen el ser de la cosa sea a partir de un estado convencional o su carácter incontrovertible. Tal es el caso de conocer que habitamos el país denominado como México o que demos cuenta que a2 + b2 = c2 (Hernández Prado, 2005, Chapter 1). No es aquí el caso desarrollar una epistemología detallada; sin embargo, vale la pena hacer una serie de señalamientos al respecto. Tal como lo ha enseñado la hermenéutica posterior a Gadamer (2003) y lo han explicado con detalle Mardones y Ursua (1999) así como Fullat (2011, Chapter Introducción epistemológica), el debate en torno al criterio del conocimiento no puede depender del método o de extrapolar los criterios válidos dentro de una disciplina a otras. Si bien esto es lo que se pretendiera en distintos momentos de la historia, hoy con claridad sabemos que esto es cuando menos falaz. Si bien no se pretende una renuncia al método y la técnica, esta depende en gran medida de lo estudiado. De lo contrario se corre el riesgo de paralizar la potencia crítica del juicio humano y la imaginación. Como consecuencia de estas reflexiones, Foucault insistió en la estrecha relación entre los saberes y el poder. Analizó la forma en que se articulan las formas de un saber posible, las matrices que se derivan de este como normativas del comportamiento de los individuos y los modos de existencia posibles para sujetos posibles. Esto le significó, por ejemplo la locura como una experiencia dentro de la cultura occidental europea recuperada como punto de partida desde el que se desarrollan una serie de saberes heterogéneos tales como los de la medicina, la psiquiatría, la psicología hasta la sociología de los que se desprenden normas de comportamiento de los que le atienden, pero también modelando al sujeto no-loco frente al señalado como tal (Foucault, 2009). En este sentido se desprenden una serie de consecuencias metodológicas en la demanda de una actitud crítica frente a las teorías, métodos y técnicas empleadas en la investigación. Primero, todo saber posible supone criterios desde los que va a defender el conocimiento generado; segundo, suponen una ontología desde los que juzgará el ser, los modos de ser así como lo que es decible respecto a lo estudiado y; tercero suponen una antropología, en tanto 490 que definirá las características del ser humano en tanto especie, en tanto individuo, en tanto miembro de una agrupación de la misma especie, como su lugar en relación con las diversas especies. También vale la advertencia que nos hace Lamo de Espinosa de guardar atención respecto de las condiciones sociales de producción de la ciencia social. Es decir, en cómo el científico es comprendido dentro de los distintos contextos sociales en los que interviene siendo parte de una dialéctica de interpretaciones desde las que no puede sostener presunta objetividad. En todo caso, es el investigador una parte determinante de la producción de conocimiento y no mero aplicador técnico (Lamo De Espinosa, 1967). Así, al aplicar distintos cuerpos teóricos se han de reconocer estas limitantes de cualquier propuesta de conocimiento y metodología para su generación. Por ejemplo, desde el utilitarismo se puede pensar en un sujeto del que se van a conocer los mecanismos y condiciones que lo incentivan a actuar. Pero se corre el riesgo de ignorar los límites que tiene al caracterizar a los miembros de una comunidad como sujetos estratégicos o egoístas. Para el caso de la gobernanza o de los DDHH, esto podría resultar útil respecto de algunas dimensiones o problemas de conocimiento, pero un obstáculo para otros. Sobre todo, si pensamos en el indicador fundamental de estos últimos. Por ejemplo, se reconoce que la premisa fundacional de los DDHH se encuentra en la dignidad humana. Carozza, sostiene que la dificultad de alcanzar consenso sobre el significado y sus implicaciones se debe a que juega un rol tanto en la comprensión general de los DDHH y de los derechos en particular. Sin embargo, sugiere que ayuda a justificar las interpretaciones más amplias de los DDHH reforzando la centralidad de los distintos derechos operando como límite a las pretensiones de exceptuar o limitar algún derecho (Shelton, 2013, Chapter Human Dignity). Otra forma de considerar la dignidad humana que se desprende de una lectura de la propia Declaración Universal de los Derechos humanos es que esta -la dignidad humana- es la suma de una serie de condiciones necesarias de una vida que resulta deseable y que analíticamente se expresan en los distintos derechos humanos. También acorde a la propia etimología de la palabra, dignitas refería a la actitud que reclamaba un nombramiento. No ha de ser entendido como un imperativo, sino que, ante la aceptación, léase reconocimiento, de esa condición por lo que se extendía la forma de dar un 491 trato deferenciado. Así, era la dignidad del juez, del médico o del maestro a las que los demás, por sus propias responsabilidades aceptaban tratar con deferencia. Al hacer referencia de dignidad humana, se reconoce que es un trato y una condición de existencia deseable por el simple hecho de ser persona. En todo caso, la orientación metodológica sería, para incorporar a las investigaciones sociales que realice la academia o el tercer sector es cómo entender en dado caso la dignidad humana o qué hacer para garantizar su disfrute y ejercicio. Por supuesto esto podría suponer cómo incentivar a las organizaciones lucrativas a dar cumplimiento a sus obligaciones o cómo incentivar a los funcionarios públicos a obrar en favor de los sujetos de derechos y no en favor de los intereses económicos. Pero significaría que para el diseño de una política o una acción de gobierno es preciso que se conozca el caso público y no se dé por supuesta una antropología que, como ya se señaló, no es acorde a la realidad social. Esto es, reducir a la diversidad de formas de organización social a una antropología característica de un utilitarismo clásico en sus vertientes técnicas y administrativas. En un sentido similar, Nussbaum (2006) advierte sobre las formas en las que el las ideas morales se incorporan al plexo legal bajo el argumento de la dignidad siendo límites afrentas a la misma. Se pregunta en este sentido por cómo los sentimientos morales como la vergüenza y la repugnancia, que sin duda tienen presencia en los distintos ordenes jurídicos, han de figurar en la formulación y en la administración de la ley. Por extensión podríamos preguntar por cómo deberían figurar en la formulación y en la administración de la política pública. Dispositivos y gubernamentalidad Una de las características de la política de nuestro tiempo es que ha devenido producto de mercado. La democracia moderna se considera como tal en la medida en que identifica como condición necesaria la presencia de elecciones. Esto permite que se considere la participación ciudadana como un acto de elección. Así, la dignidad humana que considera como deseable la participación en los asuntos públicos se ve reducida a un mero acto de elección entre las alternativas presentes. El caso del sistema político mexicano tiene como característica un sistema de partidos que a su vez guardan la peculiaridad de administrarse mediante el control de las decisiones de quien en el cargo ostente el poder. El caso paradigmático de esto está 492 expreso en la tradición con el término de “dedazo”. Las formas más cercanas a la vida política de la cotidianidad están representadas por los nombramientos de las autoridades auxiliares municipales (delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de sección y jefes de manzana). Estas tienen la característica de ser nombramientos designado por el ayuntamiento gozando de distintas atribuciones que les sean delegadas entre las que destaca vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias o reportar su incumplimiento y emitir opinión no vinculante respecto a la instalación de comercios, licencias de construcción y cambios de uso de suelo (México, n.d.). Si acudimos a la experiencia veremos que estas autoridades auxiliares, en muchos casos, han sido administradas por miembros de una sola familia por al menos tres generaciones. Esta es una situación que se replica en los distintos cargos políticos de elección. Forma administrativa que da pie a una forma de dominación política. Así, la democracia como un espacio abierto al que la ciudadanía pueda acceder sin grandes costes es, cuando menos, virtual. Foucault propone el concepto de gubernamentalidad para hacer referencia al conjunto de instituciones, procedimientos, teorías y planeaciones, así como de las técnicas que hacen posible una aplicación específica de poder. Reconoce que este tiene como forma principal de conocimiento a la economía política, y como técnica los dispositivos de seguridad. Agamben nos recuerda que no hemos de confundir dispositivo con una mera tecnología sino con tres sentidos que se articulan tecnológicamente. Primero, la parte jurídica desde la que se dispone y decide la acción de gobierno; segundo, la organización o la disposición de las distintas partes que se desprenden de la jurídica; tercero, los medios dispuestos conforme a un plan (2011). Es una parte central de las prácticas de biopoder, es decir el conjunto de mecanismos por medio de los que los rasgos biológicos se someten a la política, a una estrategia del poder. Este es considerado como una parte intrínseca de todas las relaciones humanas. Se da de manera circular, por lo tanto, es efecto y causa. Pero mediante las cuales pretende dar tratamiento de lo aleatorio. Es importante señalar que no proponía sus investigaciones como parte de una teoría general del poder o que realizara una sociología o alguna economía del poder. Su interés estaba en dar luz en cómo se producen en la sociedad modificaciones en el saber, en los discursos imperativos, por obra de las luchas, los enfrentamientos y las tácticas de poder que son elementos de esa lucha (Foucault, 2006, Chapter 1 y 2). 493 El aporte, en consecuencia, de este análisis está en identificar las fuerzas, los obstáculos que intervienen o limitan el ejercicio de la dignidad humana. Los derechos humanos se articulan con la gubernamentalidad en tanto que se pude observar como un aparato constituido por tres componentes. Primero, como conjunto de procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas que permiten el ejercicio del poder sobre la población. Segundo, hay preeminencia al poder del poder estatal y el desarrollo de aparatos disciplinarios, tales como la educación pública o los hospitales. Tercero, como proceso mediante el cual la comprensión de la justicia deviene en estado administrativo (Foucault, 2006). Así, los derechos humanos pueden observarse como conjunto de saberes, de normas institucionales e individuales, y modos de ser frente a lo que se considera que son conductas que son contrarias u opuestas a la dignidad humana. Es decir, se trata de observar los intentos de o la definición de las conductas de los sujetos normalizados frente a aquellos otros sujetos que no operan de acuerdo con los saberes rectores de los derechos humanos. Todos y cada uno de los derechos representa, de manera independiente, un conjunto de saberes que no es homogéneo ni plenamente determinado (Foucault, 2009). Los saberes que rigen el discurso de los derechos humanos van desde una moral y una ética que tiene al centro la dignidad humana; por una economía que pone el acento en el desarrollo humano, así como el cumplimiento de los derechos y no en mera generación de riqueza; y una forma de hacer y generar política. Como hemos señalado, se trata de un cuerpo ideal que no encuentra referente factual, pero que establece las directrices sobre las cuales hay que poner atención para identificar los obstáculos para su realización. Habíamos señalado que es precisa una re-educación de funcionarios y de los miembros de la sociedad, pero ahora estamos en condiciones de observar los mecanismos bajo los que se perfila esta: los cursos universitarios, los talleres de desarrollo profesional, los comités de ética profesional y un largo etcétera que se fundamentan en una didáctica administrativa que poco tienen de relación con la formación y comprensión humana. Hoy no podemos imaginar el estudio de los derechos humanos sino bajo estas características. Organismos como la Oficina del Alto 494 Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ofrece una serie de técnicas, más que metodologías, que están abocadas a este fin (OACNUDH, 2003, 2012; SSPDFOACNUDH, 2014). Pero no sólo estos esfuerzos, sino aquellos que se desprenden de aparatos gubernamentales que pretenden desarrollar un conjunto de saberes articulando conceptos que se renuevan ajustándose a un nuevo aparato teórico. Los casos de Gómez Galán, Pavón Piscitello y Sainz Ollero (2013) son ejemplares en la medida en que articulan aspectos teórico metodológicos clásicos en las teorías del desarrollo, pero pretendiendo incorporar una antropología de los derechos humanos de la dignidad. Como conjunto de normas institucionales podemos reconocer que se trata de la incorporación a la tradición contractualista, el aparato del discurso de los derechos humanos. En el caso de México, en la reforma constitucional del 2011 se incorpora en el artículo primero directrices y principios de dicho discurso estableciendo la obligatoriedad de las autoridades (gobernantes) de respetar, promover, garantizar los derechos humanos de todas las personas en espacio terrestre, aéreo y marítimo de los Estados Unidos Mexicanos. Esta obligatoriedad se traduce en una serie de leyes secundarias, planes, programas, proyectos, protocolos de actuación a los que los funcionarios han de estar abocados. Por supuesto, estas actuaciones deben de articularse en relación con los saberes y toda una serie de sensibilizaciones a los que los funcionarios están determinados. Incorporar el discurso de derechos humanos, supone adoptar un enfoque de política pública que haga valer al sujeto de derechos, que oriente las políticas a la realización plena de derechos, que fortalezca capacidades de los distintos actores para este fin donde estén alineados todos las tareas, medios y fines. En este sentido, el enfoque constituye un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano a favor del impulso de capacidades para encontrar condiciones de cumplimiento, así como defensa de los derechos humanos. Exige que las obligaciones positivas y negativas asumidas por los Estados Miembros para garantizar y proteger los derechos humanos directamente relacionados con, por ejemplo, la seguridad, se analicen desde dos puntos de vista. El primero de ellos tiene que ver con los efectos que tienen los hechos de violencia o delincuencia cometidos por particulares sobre los titulares de derechos. El segundo lleva a considerar las acciones de los agentes del Estado, es decir los titulares de obligaciones, que 495 vulneran este derecho, en especial en aquellos casos que pueden tipificarse como torturas; tratos crueles, inhumanos o degradantes; o hipótesis de uso ilegítimo de la fuerza no letal. En consecuencia, con estas exigencias, se deben generar acciones que respeten el EBDH en sus fases de diseño, de implementación y de evaluación, por lo que han de contemplar la producción, sistematización y difusión de información calificada y confiable. Y es que, se supone que, sin un adecuado acceso a la información por parte de las personas, las organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación, es imposible sentar las bases para la construcción de un nuevo modelo de política de seguridad, democrático y desarrollado con el objetivo de proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población. En tanto definiciones de modos de ser, este mismo discurso articula una serie de criterios de juicio sobre las acciones de los individuos. Surgen narrativas, inspiradas en saberes y estudios, mediante las cuales se cualifican los comportamientos. Ejemplares son los estudios de género, inspirados en estudios sobre la igualdad y la equidad, y como expresión de la posibilidad de criticar las relaciones desiguales entre los sexos que se logran mediante secularización. Mediante los criterios surgidos de estos estudios y saberes, se cualifican y determinan modos de ser: incluyente, plural, horizontal, etc. Son términos que definen modos de ser, tanto por vía positiva como por vía negativa. Son “éticas” o morales que propondrán nuevos comportamientos que se ajusten a los principios del discurso de los derechos humanos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la cultura de paz como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados. Como es posible apreciar, se trata de aspectos que, como producto de la cultura, dan oportunidad a la manifestación de la violencia. La cultura, en tanto visión de mundo, determina la forma en que trazamos e interpretamos lo que sucede ante nuestros ojos. Parte del supuesto de conformar una especie de sujetos kantianos autónomos y participativos, capaces de observar, vigilar y, en alguna medida, 496 operar, las actividades propias de la administración del estado. Esta articulación de modelos de ser opera desde la necesidad de construir una cultura de respeto a los derechos humanos que implica aprender a procurar y proteger la dignidad humana. En muchos casos, se trata de asimilar nuevas formas de valorar la vida humana. Por ejemplo, podemos escuchar críticas a las comisiones o defensorías de derechos humanos donde se les acusa de defender delincuentes. Esta acusación se funda, principalmente en el prejuicio de que los delincuentes son una especie de ciudadanos de segunda y que por sus actividades ilícitas no merecen la protección de la ley en la medida en que los ciudadanos que no cometen ilícitos no gocen pleno cuidado y respeto de sus derechos. Sin embargo, esta opinión ignoraría que las autoridades no tienen facultades para ejercer opinión moral en sus acciones; por el contrario, han de seguir exclusivamente lo que está contemplado en la ley con el afán de garantizar el disfrute de los derechos humanos de todas las personas. Así, personas acusadas de delincuentes, partiendo de la presunción de inocencia, deben ser tratadas con el máximo respeto de sus derechos y su dignidad. Participación ciudadana La complejidad al hablar acerca de la participación ciudadana radica en la especificidad de cada caso, es decir, en las particularidades que pueden incentivar, o no, la participación de diversos grupos sociales. No obstante, el elemento ‘confianza’ es fundamental para contrarrestar la crisis de legitimidad que impide a la sociedad acercarse a lo público y a sus procesos de construcción. Si los individuos pueden confiar en compartir las ganancias con otros, entonces pueden permitirse –arriesgarse a- formas de cooperación que no deriven en resultados inmediatos y en donde, por lo tanto, existe una expectativa de continuidad y tolerancia de la incertidumbre (Luhmann; 2005: 40-45). La desconfianza en el ejercicio de gobierno a sus distintos niveles deriva en predominantes discursos conformistas de los ciudadanos, “mientras me den lo que necesito, yo no me meto”. Desafortunadamente, esto conduce al individuo hacia la desatención de los procesos políticos y, por lo tanto, al repliegue hacia la vida privada, pues la creencia predominante es que surgirá alguien más que luche por los intereses de la comunidad. En México, además, existen construcciones simbólicas e ideológicas que pueden abonar a la tendencia de no intervenir 497 en asuntos públicos; una razón potente es aquello a lo que Berger (1981:84) denominó teodicea. Con dicho concepto ofrece una explicación legitimante, en términos religiosos, sobre el actuar de los individuos. En México, según datos de INEGI 2020, el 77.7% de la población se considera católica. De manera que la teodicea orienta, a partir de creencias significativas, el actuar -o no actuar- de los individuos. La teodicea ofrece sentido a los individuos para comprender, aceptar y soportar sus miedos, sufrimientos y problemas; la vida es más llevadera cuando los creyentes se abandonan en las manos de Dios. Es muy importante señalar que este 77.7% contempla un agregado de distintas formas de expresar y vivir la catolicidad. El fenómeno de la no participación es llamado por varios autores como el dilema del free ryder o gorrón, y es abordado de manera profunda por Olson (1992) quien expone una importante paradoja dentro de la acción colectiva; explica que a menudo se da por hecho que, si un conjunto de individuos tiene un interés en común, entonces dicho grupo tenderá a organizarse para satisfacerlo. Sin embargo, el autor hace evidente que, si un individuo dedica cualquier tipo de capital para satisfacer sus fines o necesidades entonces, al hacerlo, satisface también -incluso de manera no intencional- las necesidades que los demás miembros de su grupo compartan con él, aun y cuando éstos no dediquen ningún esfuerzo a la causa. Siguiendo esta línea de pensamiento, se manifiesta que el sujeto participante solamente obtendrá un beneficio porcentual por su participación, y que dicho beneficio equivaldrá al obtenido por los demás, aún y cuando éstos no hubieran cooperado. Esta idea se intensifica al tratarse de grupos u organizaciones grandes, en donde el beneficio puede ser menos significativo en comparación del que puede obtenerse en un grupo más reducido. Sin embargo, el individuo tendrá mayores probabilidades de cooperar si los costos de participar son menores que las ganancias que obtendrá al hacerlo. Por ello, la acción que se puede esperar de un individuo racional que busca maximizar sus beneficios al más bajo costo, es la de no cooperar – ser free ryder-. En México, sin embargo, abundan condiciones sociales que impiden la participación. En muchos casos sería injusto señalar que un individuo no participa por gorrón y que busca 498 maximizar sus beneficios no invirtiendo esfuerzos, ahorrando costos y aprovechándose del trabajo de los demás. Méndez (2020: 259) argumenta que participar implica costos y que, por lo tanto, la participación suele darse de manera desigual. Los costos de participar pueden traducirse en tiempo, esfuerzo, preparación para la toma de decisiones, incluso en costos económicos, puesto que a veces se requieren desplazamientos. La participación, por ende, puede ser volátil, ya que no todos los individuos poseen las mismas capacidades, incluso algunos podrán estar impedidos debido a sus condiciones sociales, culturales o económicas. Especialmente en el contexto latinoamericano en donde pocos individuos cuentan con los recursos para poder intervenir en lo público dadas sus condiciones de precariedad. Ejemplo de ello es México, pues, de acuerdo con datos de CONEVAL 2018, el 48.8% de la población (61.1 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza por ingresos, mientras que el 16.8% (21 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza extrema por ingresos; asimismo, un 29.3% (26.7 millones de personas) de la población es vulnerable por carencias sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos en la vivienda. Otros factores como la inseguridad y la reciente pandemia de SARS-CoV-2 se añaden a las limitaciones que impiden poder hablar de una participación equitativa en el país. En México, sumarse a los asuntos públicos no solamente resulta costoso para los participantes, sino que también presenta un riesgo como se puede apreciar en los siguientes datos arrojados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2019 donde se encuentra que el robo o asalto en calle o transporte público ocupa el primer lugar en incidencia por tipo de delito con un 28.5%. En 2018 se registraron 33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de víctimas, esto promedia 1.3 delitos por víctima. Por otro lado, Hirschman, en debate con Olson, argumenta que el esfuerzo, en lugar de anotarse del lado del costo, debería formar parte del beneficio. Es decir “el beneficio de la acción colectiva para un individuo no es la diferencia existente entre el resultado esperado y el esfuerzo realizado, sino la suma de estas dos magnitudes […] la única forma en que un individuo puede incrementar el beneficio recibido de la acción colectiva es el incremento de 499 su propia aportación”. Propone otro tipo de incentivo para motivar la acción colectiva y afirma que las actividades que no son cotidianas, como por ejemplo la participación en la política pública, conllevan a un esfuerzo que se traduce en lucha, derivando en una experiencia trascendente para quien la desempeña. Para muchos individuos, el unirse con otros a favor de una causa representa una experiencia de placer y de realización personal, pues su acción los aleja de la frustración que produce la pasividad, la inercia y el estancamiento (2016: 97 - 101). No obstante, metodológicamente, estudiar las formas de organización para la participación ciudadana en el plano urbano es mucho más complejo, pues se trata de contextos en donde hay ausencia de tradiciones, vecindad, historias e imaginarios que facilitarían la cohesión de sus miembros. Por lo tanto, se carece de redes para la creación de un capital social fructífero. Por el otro lado, cuando existe un buen diseño de política pública, acompañada de la participación social de un grupo homogéneo o medianamente homogéneo, como sucede en comunidades tradicionales, es posible anotar beneficios como parte del esfuerzo, como lo señala Hirschman. Cuando los individuos se encuentran aglutinados dentro de un mismo problema público tenderán a organizarse y a formar estructuras a veces alejadas de lo gubernamental. Sin embargo, aunque existen casos de éxito, algunos paradigmáticos, en donde se logra adherir a mucha gente a la organización en torno a dar solución a un problema, como señala Valencia (2020), es complejo que eso suceda; depende en gran medida de qué tan común es el problema. No obstante, el ciudadano tiende a normalizar muchas situaciones que en primera instancia pueden percibirse como injusticias o corrupciones y, pronto, estos problemas se incorporan a la cotidianeidad de la vida, sin derivar en una lucha por resolverlos. La violencia es un ejemplo claro de ello pues, al irse acostumbrando a la existencia de un fenómeno, de cierta manera se aprende a vivir y a convivir dentro de ese entorno, de manera que se tiende a normalizar los problemas para luego, disminuir las exigencias. Cufré y Duering (2018) advierten que el estudio de las formas de uso de los espacios con los que cuenta la ciudad posibilita muchas veces identificar las necesidades, carencias y formas de 500 violencia contenidas; reconocer dichas realidades permite, en buena medida, intervenir e impedir la reproducción de injusticias y desigualdades que aquejan a los individuos y que fragmentan el tejido social. En entrevistas se ha identificado que las problemáticas para los ciudadanos que conforman el universo de análisis son diversas, mientras para algunos lo primordial es resolver la ineficiencia del transporte público, para otros lo es el tema de salud, de empleo, de seguridad o la necesidad de mantener sus calles y banquetas limpias, por lo que expresan, es necesario mejorar el servicio de recolección de desechos e instruir a los vecinos a no tirar basura en los espacios públicos. Esta diversidad en las problemáticas y la dificultad que representa relacionarlas imposibilita la generación de sinergias. Dada la complicación y complejidad en los procesos organización de grandes grupos constituidos por actores heterogéneos, es difícil lograr una negociación y una participación directa. Los individuos prefieren delegar o ceder su poder como ciudadanos a ciertos representantes a través del voto, formal o informal. Es ahí en donde surgen más problemas metodológicos y estos son el acceso a la información y la calidad de esta; de esta manera se evita la generación de sinergias que impulsen a los representantes públicos a dar respuestas eficientes y a crear espacios de gobernanza. Asimismo, la desinformación o poca capacidad de acceso a ella, entorpece la labor como investigador dado que el investigador parte de preguntas y supuestos elaborados con base en la información a la que puede acceder, sin embargo al realizar trabajo in situ podrá darse cuenta de que lo observado a través del trabajo de gabinete es solo una parte minúscula de lo que realmente sucede; las necesidades ciudadanas son diversas y existe poca capacidad para la organización y para dar solución a las mismas. Por ejemplo; en muchos de los procesos de investigación y generación de información se privilegia el trabajo de gabinete. Sin embargo, este puede ser útil exclusivamente en relación a los objetos de conocimiento. Lo que acá se señala es la necesidad de superar la esterilidad metodológica. Sirva de ejemplo que la utilidad del gabinete en relación a lo que es la generación de conocimiento de los dispositivos que en acto están operando y que pueden ser no acordes a la cultura, a las necesidades y la pluralidad y los contextos macro. Por otro lado, el trabajo de campo es valioso cuando se cuenta con la 501 capacidad crítica, de diálogo, sensibilidad y empatía. Es preciso que la interpretación de los fenómenos no se deje engañar por sesgos teóricos y emocionales. El estudio debe ajustarse a la visión del mundo que el contexto tiene no a la inversa. De lo contrario, impera una visión económica del mundo que termina por ser dispositivo desubjetivizante. En este sentido, hay que prestar especial atención a las relaciones informales que surgen a la par de los programas y de las políticas de carácter público. Siguiendo la lógica de los derechos es necesario dar cuenta de los espacios informales en donde es posible observar la micropolítica, en donde se ejerce la democracia en lo cotidiano y desde donde puede haber fragmentación del poder. Méndez (2020:259) señala que un problema de la participación es la legitimidad de los grupos informales, puesto que existe el riesgo de que estos actúen movidos unívocamente por sus intereses particulares, sobre todo inmersos en una sociedad altamente competitiva, egoísta y líquida, como lo señala constantemente Bauman, (n.d.-b, n.d.-a, 2003; Bauman & Leonidas, 2015), en donde el individuo no se detiene a repensarse. En este sentido, el problema de la participación y sobre todo de la confianza que posibilita esta participación no se limita únicamente a la relación sociedad civil-gobierno, sino a la relación entre los mismos ciudadanos. Cuando la participación se limita únicamente a un grupo reducido de actores, se limita el espectro que abarca la gran y diversa problemática social, de manera que muchos de los problemas públicos ni siquiera logran entrar a la agenda. Autopercepción y confianza A través del trabajo de campo se ha podido apreciar que los ciudadanos, en un plano local, comienzan a tener formas de organización y de participación vecinal, a veces instrumental, es decir, para satisfacer alguna necesidad especifica en común. Sin embargo, a través de entrevistas y de la observación participante ha sido posible notar que dichas formas de participación vecinal no se consideran como tal, tampoco como formas de organización o de acción en común, sino que los mismos actores perciben este esfuerzo como algo más cercano a “ir a pedir”. Lo anterior manifiesta que el poder distorsiona la comunicación (Scott; 2016:58). 502 Metodológicamente hay que considerar que la desigual distribución del poder y de los capitales incide en la formación de la autopercepción de los individuos, de igual manera en cómo perciben los individuos a sus autoridades. Esta relación se torna más compleja si se le piensa de manera más profunda, es decir, como una estrategia por parte de los individuos para complacer y así acceder a dadivas y favores por parte de quienes ejercen el poder público. Scott indica que en contextos hegemónicos es común encontrar relaciones de dependencia y dominación que son fundamentales para el establecimiento de roles sociales. Así, la hipótesis de este autor es que existe un juego entre dominados y dominadores por reforzar las apariencias hegemónicas. Mientras los primeros carezcan de los medios para revelarse, esta forma de conducta política que consiste principalmente en ritos de subordinación que incluyen discursos halagadores, la sumisión y el anonimato, representa su única estrategia de resistencia (2016: 58-63). En este punto, cabe cuestionarse sobre qué aspectos estructurales del sistema deberían modificarse, y qué atributos habrían de poseer los individuos que comienzan a organizarse, para que exista una percepción más favorable sobre sí mismos y de equidad frente a sus autoridades. La idea de contar con un gobierno paternalista que “brinda apoyos” incide en la construcción de una imagen de gobierno autoritario, cuyos representantes no se encuentran genuinamente interesados en cooperar con los ciudadanos, ni en trabajar con ellos de manera conjunta, a favor de una co-construcción. Así, Méndez (2020: 253) sugiere que cuando la ciudadanía se reconoce a sí misma como parte de un proyecto, los objetivos de los programas públicos se mantienen más cercanos a las necesidades e intereses de la sociedad y, entonces, será más factible que la ciudadanía vigile el funcionamiento de los programas. No obstante, la confianza es pieza fundamental en el engranaje de este círculo virtuoso de participación y de cooperación entre sociedad y gobierno. Existen en México muchos gobiernos cuya capacidad de acción y de reacción a las demandas sociales es limitada. Sin embargo, en su discurso, sobre todo cuando se está en campaña, se generan muchas propuestas que, una vez entrando en ejercicio, no se cumplen por 503 determinadas limitaciones. Se puede decir que existen candidatos que no conocen las condiciones estructurales del ejercicio gubernamental y, por lo tanto, hacen propuestas de campaña absurdas; dañando la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes. Conflictos y espacio público El espacio público, definido por Borja desde una perspectiva jurídico-normativo, refiere a un espacio sujeto a regulación administrativa y pública para garantizar su libre acceso y establecer condiciones de desarrollo (2003a:65). No obstante, señala Petzold, pese a sus regulaciones no siempre es posible garantizar la accesibilidad a todos los colectivos sociales al espacio de manera que se crean barreras físicas, pero también simbólicas, que impiden el acceso a ciertos grupos (2016). Por ello, es importante pensar, desde una lógica política, al espacio público y a las dinámicas para su apropiación, sus formas de administración, su construcción física y también social, así como el uso y el significado que constantemente se le otorga. Observar con atención lo que sucede en el espacio público es importante, puesto que se forma y se transforma a partir de los individuos que lo habitan y le otorgan valor; sin embargo, en una relación dialéctica, el espacio también posee un rol importante en la construcción del sujeto. Analizar al espacio permite también dar cuenta de las distintas formas de organización y relaciones de poder que en él se ejercen, e identificar formas de interacción entre sociedad y gobierno, pero también entre miembros de la sociedad. Para la producción social del espacio, entendida como un proceso de construcción y de reconstrucción a partir de sus habitantes, se requiere de la interacción, a fin de que el espacio sea a la medida de los intereses y necesidades de los individuos, y a favor de que este pueda ser valorado y apropiado. Existen espacios y territorios en donde se generan formas de gobierno barrial y de relaciones de poder, aun y cuando pareciera que no las hay, en especial en los espacios que atraviesan por un proceso de transformación urbana y en donde los capitales y recursos con los que los individuos cuentan son desiguales (Ramírez Kuri, 2015). En este sentido, es necesario considerar aspectos sociales y culturales de los residentes, pues sus realidades y formas de habitar el espacio están en permanente transformación debido a las distintas ideologías e 504 imaginarios que traen consigo los nuevos habitantes que se incorporan. Asimismo, las costumbres y realidades de los nuevos residentes a menudo chocan con las de los residentes anteriores, generándose conflictos por y en el espacio. El urbanismo participativo debe tener en cuenta este tipo de problemáticas, al igual que los mitos, costumbres, historias y eventos que conforman la cultura de un lugar. Ziccardi indica que la planeación participativa es el camino hacia la transformación de los espacios, pues significa planear de forma democrática y colaborativa, incluyendo a distintos actores del ámbito público, privado y social, para lograr una cultura colaborativa al integrar asuntos de interés particular, más no individual (2012). Habitar, en este sentido, se refiere no enteramente a la ocupación física de los espacios, sino a la coexistencia con el otro; al uso, apropiación y transformación compartidas del espacio y a partir del espacio mismo. En Latinoamérica existen jerarquías y relaciones desiguales de poder que derivan en formas conflictivas de acceso, uso y apropiación de los espacios y bienes públicos que ofrece la ciudad, complejizadas en el marco de un proceso de urbanización y de modernización constantes. Ramírez Kuri encuentra que muchas ciudades hispanas experimentan procesos modernizadores que modifican su imagen urbana para insertarse en la lógica de las economías y mercados globales (2015). Este disruptivo proceso deja los intereses de muchos actores fuera, por lo que surgen nuevos conflictos, formas de segregación y procesos por resignificar y apropiar un espacio que se transforma en uno distinto y ajeno. Harvey afirma que el transformador principal de las urbes son los movimientos sociales. En ellos los individuos buscan desaislarse y reconfigurar la ciudad en oposición a la imagen impuesta desde el poder -basado en el capital- (2013: 45-46). Por medio de los movimientos sociales urbanos se obtiene el derecho a diseñar, construir y reconstruir una ciudad a partir de las necesidades de los ciudadanos que exigen el acceso al control democrático sobre la producción y el excedente de capital. Por lo mismo, es necesario que existan espacios plurales y de respeto, en donde se permita el debate y en donde los intereses expresados no sean individuales, por el contrario, sean fruto del consenso. Mediante la configuración de espacios 505 de calidad social, como se ha señalado a lo largo del texto, deben impulsarse la rendición de cuentas y el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no refiere al derecho de visita ni al retroceso hacia lo tradicional, significa transformar y renovar; encaminar hacia una lucha revolucionaria que difiere de la idea de ciudad neoliberal-capitalista de segregación, y hace hincapié en la importancia de que las instituciones de la sociedad civil se sumen a la construcción de ciudades justas, democráticas, incluyentes y sustentables (Lefebvre, 2017). Así, promover que los ciudadanos se conviertan en sujetos colectivos y corresponsables -junto con sus representantes públicos y autoridades municipales- de la planeación, ejecución y revisión de los programas y políticas públicas para el desarrollo de la ciudad. Ese sería el ideal de gobernanza urbana. Cuando sucede lo contrario y no existen ciudadanos que participen y hagan contrapeso en el proceso de las políticas públicas en torno a la ciudad, las áreas urbanas, aunque desarrolladas con base en discursos de la calidad de vida de quienes las ocupan, derivan muchas veces en la gentrificación y en el desplazamiento de los más vulnerables hacia las periferias; lugares que suelen ser pocos planeados y poco visibles, dado que no se encuentran articulados a los planes gubernamentales. El fenómeno de gentrificación surge, en gran medida, por el encarecimiento de la vida en las zonas reconfiguradas. Cuando los planes gubernamentales guardan intereses más próximos a la explotación mercantil y turística de una ciudad, se suelen desestimar los modos, las costumbres y las necesidades de sus habitantes; esto es una forma de violencia, pues se despoja al individuo de los espacios en donde le es posible la interacción, la creación de lazos con otros, la construcción de imaginarios y la alteridad (Sennett, 2004). En consecuencia, se daña la calidad de vida y el bienestar de los habitantes. Lo que se pretende señalar es que en muchas colonias y lugares en México existe un proceso de urbanización hegemónico que deriva no sólo en el surgimiento de periferias desordenadas, sino también en la perdida de zonas ecológicas y pueblos originarios, igualmente en el incremento desmedido de la población que, además, trae consigo formas culturales e intereses diversos que complejizan el habitar, como ya se ha mencionado. 506 La construcción plural del espacio público hacia la calidad de vida Las transformaciones culturales a partir de la diversidad hay que pensarlas no como un fenómeno indeseable, pero sí como una posibilidad a tomar en cuenta al construir y transformar la ciudad con enfoque hacia su crecimiento y desarrollo, también hacia el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Es importante recordar que los conflictos son producto de las visiones opuestas sobre algún punto, las diferencias de opinión sobre la necesidad o expectativas sobre algún asunto en cuestión. La coincidencia en estos puede ser muy desafiante, pero mientras exista disposición a resolver, negociar y dialogar es transitable, por lo que no exige violencia. Esta ha de ser entendida como el acto de sometimiento de la voluntad del otro mediante el abuso de la fuerza y el poder disponible. Borja (2003b) define el espacio público como un lugar en donde se expresa la diversidad social, se produce el intercambio cultural y comercial, se aprende la tolerancia y se fomenta la identidad. Por lo tanto, el éxito de los espacios dependerá de su calidad y accesibilidad. Borja, en La ciudad conquistada exhorta a que niños, niñas y adolescentes participen en la planeación de las ciudades ya que, al igual que las mujeres, estos actores han sido históricamente invisibilizados en el diseño de la vida urbana. Abonando a la pluralidad, Sennett (2019:311), propone un modelo de coproducción como opuesto al tradicional modelo de consulta. En este sentido, la participación ciudadana no se refiere a que la autoridad planificadora consulte al ciudadano su opinión sobre un proyecto que ya está decidido, pues la consulta no toma como base las necesidades ciudadanas fundamentales en su hacer. Por el contrario, un modelo de coproducción tiene como meta romper con el rol pasivo del ciudadano al involucrarlo in situ, en donde la finalidad es que la comunidad tome sus propias decisiones. El modelo propuesto por Sennett se opone a la creencia de que sólo existe una forma correcta de hacer las cosas y se mantiene abierto a que las mejores prácticas a veces no son aquellas que se copian de otros modelos exitosos ya existentes, ni aquellas que se ciñen a la opinión de los expertos. 507 En México existen parámetros para la medición del bienestar, como los indicadores de accesibilidad a servicios, comunidad (relaciones sociales), educación, balance vida-trabajo, ingresos, medio ambiente, compromiso cívico y gobernanza, salud, satisfacción con la vida, seguridad, empleo y vivienda, que son utilizados por INEGI. Asimismo, se emplean herramientas internacionales para medir la calidad de vida, haciendo referencia al acceso a la ciudad. Tal es el caso de la subdimensión “calidad de vida” propuesta por ONU-Hábitat como parte de su índice de prosperidad y que se compone por los indicadores de salud, educación, seguridad y espacio público. Quienes diseñan los espacios públicos deben de contar con criterios de diseño urbano que permitan construir espacios exitosos; aquellos que los individuos pueden habitar independientemente de sus capitales, hábitos e intereses pues, cabe señalar, la experiencia de vivir en un mismo contexto no es el mismo para todos. La interacción de los individuos con y sobre el espacio público es fundamental en la construcción social y simbólica de las ciudades. Sin embargo, la ciudad, entendida como espacio de producción social en reconstrucción permanente no es percibida de la misma manera por todos sus habitantes, ya que estos pertenecen a grupos sociales diversos y, por ello, poseen capitales desiguales. En este sentido, se obtiene un acceso que en su articulación es excluyente a los bienes públicos y, por lo tanto, las formas de apropiación, producto también de las necesidades de los usuarios, conducen a conflictos y a disputas por el espacio público. Castro, realiza un diagrama mediante el cual analiza las experiencias que ha recogido de distintos sujetos en la casa, la calle y el barrio. De esta forma, encuentra que las prácticas y formas de uso, así como las costumbres y hábitos en estos distintos espacios, dependen de los recursos con los que el sujeto cuenta. Por ejemplo, la experiencia en la calle no es la misma para un sujeto que cuenta con automóvil propio que para otro que se desplaza en transporte público. De igual manera, la experiencia en casa de quienes tienen hijos o personas bajo su cuidado será diferente de la experiencia de aquellos que ocupan una casa solos. 508 Asimismo, expresa Castro, cada sujeto podrá tener igualmente experiencias tanto negativas como positivas dentro de un mismo lugar (2021). La experiencia respecto a la calidad al habitar un espacio depende, en buena medida, de la percepción de seguridad que se tiene en él. Jacobs explica que cuando un individuo siente inseguridad en las aceras de una ciudad, ese sentimiento se generalizará al resto de los espacios. La autora habla de la importancia de sentirse seguro en la calle aun entre desconocidos, y expresa que si una ciudad fracasa en esto encontrará dificultades para su desarrollo (2013: 55-56). A partir del uso del espacio público es posible crear comunidad, relaciones de confianza y cohesión social a través de las interacciones cara a cara con el otro. Cuando esto no sucede, habrá una tendencia a resguardarse en lo privado, favoreciendo a la segregación y a la desconfianza entre individuos plurales. Otra consecuencia de la percepción de inseguridad en los espacios públicos es que, al no generarse redes, no se forma memoria común ni identidad colectiva, misma que, de acuerdo con Giménez se construye a través de la cultura, valores, creencias e interpretaciones simbólicas compartidas que los individuos hacen en y del espacio (2007:37). Con ello se rompe la posibilidad de un círculo virtuoso de participación ciudadana integral, en aras de construir lo público y desarrollar políticas de aproximación al modelo ideal de gobernanza. Epílogo Se ha propuesto que la gobernanza constituye un círculo virtuoso que está compuesto por una participación informada y responsable, misma que se nutre de la información que el gobierno pone a disposición de la ciudadanía en un ejercicio de ida y vuelta, es decir, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a datos e información de carácter público, pero también tienen la obligación de exigir dicho acceso. Así, el ideal aquí presentado es que la participación sea un ejercicio horizontal y plural para la co-construcción de lo público. Para ello, se requiere de una reeducación por parte de los ciudadanos, pero también de los servidores públicos. Se advirtió que las distintas antropologías presentes en propuestas teóricas y metodológicas no suplanten a la persona real inserta en un contexto y situación dada. Siempre más compleja 509 y mediada por distintas relaciones de poder. En este sentido, la participación ciudadana se complejiza en un contexto como el mexicano en donde se experimentan procesos modernizadores que no sólo modifican la imagen urbana, sino que dejan a muchos de los actores y a sus intereses fuera, en la búsqueda por insertarse en una lógica que privilegia el desarrollo económico y que deriva en conflictos y en formas de segregación. Cuando el espacio público y los bienes de la ciudad no toman en cuenta la diversidad y las transformaciones culturales producto de su crecimiento, se afecta de manera colateral el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, se ha propuesto que el éxito de los espacios, como bien público, depende de su accesibilidad, pero también de su apertura para ser reconfigurados por el rol activo del ciudadano. El círculo virtuoso aquí propuesto se alimenta entonces de una participación ciudadana integral, reforzada a su vez por la formulación de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos privilegiando la dignidad humana. Bibliografía Berger, P. (1981). Para una teoría sociológica de la religión. Kairós Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Sociológica, 73, 249–264. Bauman, Z. (2001). En busca de la política. FCE. Bauman, Z. (2003). Modernidad Líquida. FCE. Bauman, Z. (2007). Miedo líquido, La sociedad comteporánea y sus temores. Paidós. Bauman, Z., & Leonidas, D. (2015). Ceguera moral. Paidós. Borja, J. (2003a) “La ciudad es el espacio público”. En P. Ramírez Kuri (comp.), Espacio público y reconstrucción de ciudadanía (pp. 59-87). FLACSO Borja, J. (2003b). La ciudad conquistada. 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Asimismo, esto exigiría a los actores culturales un protagonismo tal que les permita pensar hacia fuera de las naciones como espacio latinoamericano; y hacia adentro, democratizando la participación de los actores sociales en la definición de políticas públicas, incluyendo en el nivel decisorio de la planificación cultural a un nuevo actor: el tercer sector, además del Estado y las empresas, el cual estará conformado por las asociaciones civiles y las organizaciones sociales. Palabras clave: campo cultural, actores, políticas culturales, campo de poder, sociedad civil. Campo de poder y campo de la cultura en México y América Latina De acuerdo con Bourdieu (2002), la historia de la vida intelectual, dominada por un tipo particular de legitimidad, se definía por oposición al poder económico, al poder político y al poder religioso, es decir, a todas las instancias que podían pretender legislar en materia de cultura en nombre del poder o de una autoridad que no fuera propiamente intelectual. Dominada durante toda la edad clásica por una instancia de legitimidad exterior (la Iglesia, por ejemplo), la vida intelectual se organizó progresivamente en un campo intelectual; a medida que los creadores se liberaron, económica y socialmente, de la tutela de la aristocracia y de la Iglesia, y de sus respectivos valores éticos y estéticos, y también a medida que aparecieron instancias específicas de selección y de consagración propiamente intelectuales y colocadas en situación de competencia por la legitimidad cultural. 513 En la edad moderna el campo político y el económico, emanados del campo religioso que, una vez fracturado, da paso al campo de poder político que va a configurar sus propios principios, agentes, habitus e ideologías; y también dará paso al campo económico. Al interior de estos campos estará integrado el campo cultural. Si anteriormente la religión tenía la potestad sobre las artes, ahora tanto el campo político como el religioso tendrán dicha facultad. Los momentos de fortalecimiento y modernización se manifiestan en los estados nacionales entre 1920 y 1930 y, posteriormente, durante el periodo de las dictaduras militares y del posicionamiento de la cultura relacionada con la educación, entre 1960 y 1970, a excepción de México que, sin gobierno militar, también tuvo un momento de inflexión con el movimiento estudiantil de 1968. La década de los años ochenta es definida como una época de perspectivas para la constitución de sociedades democráticas y menos desiguales (Calabre, 2013). La acción articulada entre Estado y sociedad, puesta en marcha a través de incipientes políticas culturales, dan sus primeros visos en Latinoamérica hacia la década de los años treinta. Dichos procesos fueron desde entonces decisivos para constituirla como parte del proceso de democratización (Calabre, 2013). Sobre las similitudes entre los procesos brasileños y argentinos, por ejemplo, se destaca que entre 1930 y 1940 hubo un desarrollo considerable en el ámbito cultural con la creación de órganos públicos, reformulación de leyes y una semejanza entre las políticas populistas de Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón. En el caso de México, de los años veinte a la década de los cincuenta para los gobiernos del campo político posrevolucionario la cultura y el arte fungieron como instancias de legitimación a través de la creación de instituciones legitimadoras y de la implementación de políticas que impulsaran la actividad artística y cultural, hecho que paradójicamente contribuyó a la incipiente integración del campo cultural mexicano en el seno de la sociedad civil. Para este fin, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se erigió como el principal eje rector, patrocinador y legitimador de la cultura (Aboites, L. y Loyo, E. 2010). Hacia 1928, en los inicios del proceso de autonominación del campo literario, en México surgió el grupo de jóvenes intelectuales mexicanos denominado los Contemporáneos que, sin 514 contar con un programa definido o manifiesto generacional, tenían el afán de modernizar literatura y los aspectos más significativos de la cultura nacional. Influidos por la literatura europea y estadunidense, este grupo emanado de la sociedad civil será de los primeros en constituirse como uno de los primeros fecundadores de las letras nacionales y de establecer las primeras reglas del incipiente campo literario mexicano. Por su parte, a principios de la década de los veinte, surgió el Estridentismo, movimiento de vanguardia encabezado por el poeta Manuel Maples Arce. El campo intelectual, por ejemplo, el fomentado en sus respectivos espacios tanto por los Contemporáneos como por los estridentistas, en tanto espacio de acción civil relativamente autónomo de producción de bienes simbólicos, nos permite una comprensión integradora tanto del autor con su obra, y también de una formación cultural o política, en términos que trascienden tanto la percepción sustancialista (el autor u obra en su existencia separada), tributaria de la ideología romántica y hagiográfica del genio creador, como la percepción de la sociología mecanicista, que simplemente lo reduce a sus determinantes sociales. El actor no se conecta de modo directo a la sociedad, ni siquiera a su clase social de origen, sino a través de la estructura de un campo intelectual, que funciona como mediador entre el autor y la sociedad (Bourdieu, 2002). Es decir, en el campo literario el nomos se transformó en anomia: lo que los Contemporáneos y los Estridentistas hicieron, al proclamar el arte por el arte desde sus propias trincheras, fue la institucionalización de la anomia, lo que se manifestó en un acto de transgresión simbólicamente fundador para erigirse, en sendos movimientos, como instancias legitimadoras y de consagración de sus respectivos pares (Martínez, 2008). En el sexenio de Álvaro Obregón, con el abogado, político y escritor José Vasconcelos como primer secretario de educación pública, ya es posible discernir entre dos niveles de la política cultural desde el Estado: uno referido al campo intelectual, auspiciado principalmente por la SEP; y otro que, derivado de aquel campo, se constituirá como campo cultural. No obstante, da la función operativa en términos de capital político, la política cultural se entremezcló con la política educativa, lo que permitió que se establecieran las condiciones institucionales necesarias para que se manifestara la voluntad presidencial por delinear los rasgos de mexicanidad a través de las actividades artísticas, mismas que delinearán el habitus político515 cultural durante la primera mitad del siglo XX, aunque prevalecerá prácticamente hasta la contemporaneidad a través de la categoría de las denominadas “culturas populares”. En este sentido, desde Obregón hasta Miguel Alemán, la estructura del campo intelectual y cultural pondrá un particular énfasis en lo nacional y lo popular como rasgos cohesionadores de la sociedad. A partir del concepto de política cultural es posible representar la acción articulada entre el Estado y la sociedad civil expresada en procesos participativos de los actores culturales (Calabre, 2003). Esto viene al caso porque, en las similitudes entre los procesos brasileños, argentinos y mexicanos, se destaca que, entre las décadas de 1930 y 1940, hubo un desarrollo cultural considerable con la creación del andamiaje estatal de la cultura: creación de órganos públicos, reformulación de leyes y una semejanza entre las políticas populistas de Vargas, Perón y los gobiernos mexicanos posrevolucionarios. A partir de los cuarenta y hasta la década de los sesenta, el campo literario mantuvo el carácter realista en la mayoría de sus obras, lo cual se puso de manifiesto con Al filo del agua de Agustín Yáñez, libro con el que se inaugura el periodo de la “Novela mexicana contemporánea”. De acuerdo con Rosario Castellanos (1964), desde su aparición fue no un pasatiempo de ociosos, ni un alarde de imaginativos, ni un ejército de retóricos, sino que fue algo más: un instrumento que, emanado de la sociedad civil, fue útil para captar nuestra realidad y para expresarla para conferirle sentido y perdurabilidad, como una aspiración al conocimiento lúcido. No obstante, aunque en este movimiento literario se advierte la influencia de William Faulkner, John Dos Passos, James Joyce y Franz Kafka, el campo literario proclamó su independencia en relación con el dinero del Estado, ogro filantrópico a decir de Octavio Paz, y con el poder político, al prestigio mundano del campo literario. Independencia de lo que está al servicio de la causa que sea, salvo de la literatura misma, algo que habían provocado los trabajos de Baudelaire y Flaubert desde el siglo XIX. Para Rosario Castellanos el novelista trabaja con los mismos materiales con los que trabaja el historiador y el sociólogo, lo que le proporciona la experiencia inmediata. De manera concordante, en Las reglas del arte (1995), Pierre Bourdieu considera que, más que seguir considerando a la obra como un acto inefable que escapa por condición del conocimiento 516 racional, el análisis científico de las condiciones sociales de la producción y de la recepción de la obra de arte, lejos de reducirla o destruirla, intensifica la experiencia literaria. No obstante, en el contexto de la “Novela mexicana contemporánea” surge lo que en términos de Néstor García Canclini (1987) se define como el “paradigma del estatismo populista” en donde la identidad no está contenida en la raza, ni en la geografía, ni en el pasado ni en la tradición, sino que se aloja en el Estado, el cual aparece como el espacio legitimador en que se condensan los valores nacionales, el orden y los conflictos de una sociedad. Es decir, la continuidad de lo nacional, como manifestación del habitus cultural, va de la mano de la preservación del Estado, como representación del campo de poder que se va a trasladar en la configuración del campo literario. En el periodo de la formación de las instituciones culturales dominantes, denominado así por Sánchez-Prado (2009), bajo la consigna de promover y difundir la continuidad de lo nacional y la preservación del poder a partir de los procesos de mediación y actividad artística, para el año de 1946, un hito del nacionalismo cultural mexicano ve la luz con el nacimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el sexenio de Miguel Alemán. Un rasgo determinante de las políticas públicas del campo cultural de los gobiernos posrevolucionarios fue su aguda subordinación a las necesidades coyunturales del campo de poder a partir del momento político y social que se vivía. (Ejea, 2008). En el sexenio de Alemán, con el pode del Estado se crearon las siguientes instituciones: el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana y la Casa de México en París, que aún tiene como objetivo alojar a estudiantes de posgrado, investigadores y artistas de nacionalidad mexicana para que realicen actividades académicas y culturales en dicha ciudad. En 1947, se instituye asimismo la Comisión de Pintura Mural, a cargo de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Entre los residentes se encuentran los nombres de Margo Glantz, Gabriel Zaid, Salvador Elizondo, entre otros escritores. Como instancia legitimadora ejercida desde el poder del Estado, el nacionalismo cultural supo combinar la grandilocuencia y la ideología con la demagogia, impulsando lo “mejor” y 517 lo “más deleznable” en obras literarias, películas, canciones, arte popular, pintura, danza, escultura y un largo etcétera. Su mayor legado, más allá de las obras que aún es posible apreciar como objetos de consumo cultural, es la creencia, un tanto generalizada, sobre la existencia atemporal de una “estética de lo mexicano” (Monsivais, 2010), es decir, de un habitus cultural propio que encierra características inmutables. En este sentido, es pertinente acudir nuevamente a García Canclini (1987) quien, en su recuperación del concepto de cultura, define ésta como “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”, pero agrega que “es posible verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de las concepciones políticas y en el estilo que la sociedad civil adopta en diferentes líneas de desarrollo”, lo que a partir de la década de los cuarenta va a configurar el mapa de la cultura mexicana. El campo como entramado social de los actores El concepto de campo forma parte de una metáfora espacial en la que es posible reconocer la fluidez del espacio social y el papel de los actores en el campo. Aunque los campos contienen como determinante cultural al capital económico, las prácticas sociales de los actores no pueden reducirse de manera determinista al capital económico, ni mucho menos al poder del Estado. No obstante, el campo sólo adquirirá significado si se relaciona con las categorías complementarias de habitus y capital. En este sentido, la sociedad en donde se circunscribe el espacio social del campo literario puede ser observada como un conjunto de campos relacionados entre sí y, a la vez, relativamente autónomos. Cada campo, específicamente el campo cultural, se constituye como un espacio de conflicto entre los agentes de producción simbólica, los escritores en este caso, por los bienes que ofrece este campo (Chihu Amparán, 1999). Con el paso del tiempo, los campos van adquirir mayor poder, aunque es menester recordar que un campo siempre nace de otro campo previo, como en el caso del campo intelectual, cultural y literario que emanan del campo de poder. Una vez que surge, el campo va buscando obtener su propia autonomía, es decir, los campos buscan autonomizarse. En este sentido, hacia finales de los cincuenta y principios de los sesenta, el fortalecimiento del campo 518 cultural y literario, y el mecenazgo por parte del Estado no disminuyeron sino, al contrario, se continuaron fortaleciendo de manera concomitante mediante la rampante creación del sistema de instituciones culturales, el fiel reflejo del cenit del desarrollo estabilizador, por ejemplo, la inauguración del Museo Nacional de Antropología en 1964. En ese mismo año, el Fondo de Cultura Económica ya se ostentaba como una de las editoriales más prestigiosas de América Latina (Aboites, L. y Loyo, E. 2010). Los colectivos de agentes, específicamente de agentes creadores, ocupan más de un campo social a la vez. Como hemos visto, es posible considerar que los agentes ocupan un espacio social común como el campo de poder, que a su vez consiste en múltiples campos sociales como el campo político, económico, de la educación, intelectual y cultural. En el espacio civil es posible encontrar similitudes entre los campos, por ejemplo, entre el campo de poder, el campo cultural y el campo literario. Las prácticas modeladas, regulares y predecibles que se efectúan al interior de cada campo tienen similitudes sorprendentes, al igual que los tipos de agentes que son dominantes en cada campo social, aunque también es posible que susciten relaciones de intercambio entre los campos que los hace interdependientes, por ejemplo, qué tipo de agente creador tendrá una determinada posición en el campo político o económico. Sin embargo, al igual que el campo económico, el campo de poder tampoco es determinante de lo que sucede en cada uno de los campos sociales. Si partimos de la metáfora de un campo de fuerza representado como un conjunto de vectores que ilustran las fuerzas ejercidas, es posible advertir que al interior de los campos hay fuerzas que se encuentran en constante conflicto, las cuales son representadas por los agentes y sus respectivos capitales y acciones, es decir, actores que se mueven a fuerza de su propia voluntad impulsados por el capital político, económico, cultural, simbólico y social que colocan a los actores en una posición jerárquica dentro del campo social. Un campo podría expresarse esquemáticamente como un cuadrado que consta de dos ejes intersectantes (Bourdieu, 1988): • El capital económico, que va de más a menos, en cuyo polo se encuentra la posición económica temporalmente dominante aunque culturalmente dominada. Este polo se 519 representa de manera horizontal porque el capital económico aporta más estatus y poder que el capital cultural. • El capital cultural, que también va de más a menos, en cuyo polo se encuentra la posición culturalmente dominante aunque dominada económicamente. Aunque el capital cultural aporta menos estatus que el capital económico, la integración de ambos son muy ventajosos en el campo del poder. En esta dialéctica de agentes dominantes y agentes dominados, los agentes dominados no son agentes pasivos, siempre van a estar buscando ser dominantes, van a luchar por el capital simbólico del campo. Y aunque el agente puede participar dentro de varios campos a la vez, siempre va a ser un campo el que predomine en el sujeto. Aunque partir del movimiento estudiantil de 1968 en México los presupuestos para la educación y cultura se incrementaron, el movimiento estudiantil de aquel año se volvió un referente de nuevas demandas identitarias y expresiones culturales de diversos tipos que, simultáneamente, reflejaban la pluralidad de una sociedad civil en cuyo seno se cuestionaban las reglas de autoridad del campo de poder, del sistema educativo del campo intelectual y la idea de progreso impuesta por el campo económico. El Estado cambió su discurso en el terreno de la cultura y, con el tiempo, los mexicanos y lo mexicano ya no se adscribieron solamente a los parámetros delineados por la narrativa oficial. Los límites de los campos no son duros, sino más bien hay una disminución de las fuerzas en las fronteras de cada campo. Es decir, los campos sólo existen en la medida de sus efectos, aunque el campo de conflicto puede presentarse dentro, alrededor, en sus fronteras y en el valor de sus respectivos capitales (Bourdieu y Wacquant, 1992 a, página 104). Entre los polos del poder político y económico de la década de los sesenta, los agentes del campo literario comenzaron a ser signos de autonomización y diversificación con las revistas literarias y las antologías. La diversificación del campo literario mexicano se manifestó desde la sociedad civil con la fragmentación de las estéticas y la disolución de las generaciones y movimientos literarios, lo que ocurrió de manera concomitante con la fragmentación de la sociedad en trozos cada vez más minoritarios. 520 Por su parte, Octavio Paz, quien saliera abruptamente en protesta contra el gobierno de Díaz Ordaz por la represión violenta contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, representa junto con José Revueltas, encarcelado en noviembre de 1968, un hito para la sociedad civil intelectual. Paz regresó a principios de los setenta para apropiarse del PEN Club mexicano y convertirlo en un foco de resistencia intelectual, hacer su revista hispanoamericana (Plural de 1971 a 1976, posteriormente recuperada en Vuelta, 1976 a 1998) y publicar en editorial Siglo XXI un libro colectivo sobre el movimiento estudiantil junto con Juan García Ponce, Carlos Monsiváis, Gabriel Zaid y José Emilio Pacheco (Domínguez, 2014). La diversificación y fragmentación caminarán de la mano del crecimiento urbano, aunque con distintos destinos para sus respectivos agentes, en el advenimiento de la década de los setenta, periodo que encontró sus reflejos principalmente en el campo literario. Si leyésemos a los personajes de aquellas novelas escritas en el tercer cuarto del siglo pasado veremos una sociedad que se reconoce cada vez menos en los perfiles costumbristas e indígenas de aquel México rural que circundó al mito de la Revolución. Los ambientes citadinos urbanos retratados por las nuevas generaciones de escritores alojaban otra condición de la mexicanidad: nuevas ideologías, distintas pertenencias de clase, influencias foráneas que marcaban cambios en la vida cotidiana y la aparición de identidades emergentes. La generación de creadores que coincidió con ese cambio de paradigma encierra una paradoja que se fundirá en el campo de poder y en el campo literario: algunos de ellos, emanados de la sociedad civil, son miembros de la clase media, media alta, que creció al calor de la posrevolución y que se formó en los planteles educativos del régimen; algunos tuvieron la suerte de salir becados al extranjero o trabajar en el servicio diplomático. Pese a ello, en los contenidos y en las formas, su trabajo comenzó a despedirse de las normas estéticas y los valores de la clase dominante. El existencialismo, el socialismo y el feminismo coptaron el imaginario y las aspiraciones de la generación que alcanzó su temprana juventud a mediados del siglo pasado. José Emilio Pacheco y Salvador Elizondo, por poner sólo dos ejemplos, son para las letras lo que José Luis Cuevas y Vicente Rojo lo fueron para la plástica. Aunque no se afiliaron a la revolución institucional e inclusive ejercieron una velada crítica contra ésta, al mismo tiempo, fueron hijos de ésta. Es decir, los individuos tienen un interés que se define 521 en función de sus circunstancias y que les permite actuar de una manera particular dentro del contexto en el que se encuentran para definir y mejorar su posición. La bonanza petrolera trajo también a los patrocinios artísticos. A fines de los setenta las políticas culturales vivieron un momento interesante. Independientemente del gusto que tenía la familia presidencial por el arte o de la vena libresca de José López Portillo, con capital cultural heredado, una vez superada la crisis de 1976, la solvencia del presupuesto permitió la instauración de los Salones Nacionales de Artes Plásticas y del Foro de Arte Contemporáneo; la apertura del Museo Nacional de Arte y el Museo Tamayo; la inauguración de la Galería José María Velasco y la Galería Chapultepec; y la organización de encuentros dedicados a cada género plástico: la Bienal de Gráfica, el Anual de Pintura, el Trienal de Escultura, la Bienal de Tapiz y Arte Textil, la Bienal de Fotografía y, en cooperación con la iniciativa privada, el Encuentro Nacional de Arte Joven. Después del sexenio de Miguel de la Madrid, que desde el capital político fue austero para alimentar a las instancias legitimadoras del campo cultural, en diciembre de 1988 se crea por decreto presidencial el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) como órgano administrativo desconcentrado. La nueva dependencia venía a sustituir a la Subsecretaría de Cultura de la SEP y agrupó las políticas públicas del rubro en coordinación con el INAH y el INBA. Al menos en el discurso, la creación de estas dos instancias representaba en principio un intento por transformar la política cultural del gobierno federal, lo que, no obstante, agudizará nuevamente la centralización del capital político y económico del campo cultural, focalizándolo en el Distrito Federal. A pesar de la centralización, el campo político trató de encontrar una solución a los principales problemas del sector cultural: I. Introducir homogeneidad en todo el sector con la posibilidad de diseñar políticas públicas y programas que permitieran una mejor planificación y organización, y que tuviera la posibilidad de trascender la coyuntura sexenal. II. Dotar de cierta autonomía al sector cultural, no como en los tiempos en que era Subsecretaría de Cultura, sino más bien como un órgano descentralizado del gobierno. En pocas palabras: que tuviera funciones y presupuesto autónomo. 522 III. Establecer las bases del funcionamiento institucional que implementara una lógica de programación estable, alejada de los gustos personales, vaivenes políticos, estilos y personalidades. IV. Abrir caminos para la eficiencia y claridad en el manejo de los recursos. Generar mecanismos de transparencia frente a la comunidad artística, en particular, y frente a la población, en general. V. Pasar del financiamiento discrecional a la gestión de los recursos mediante un fondo financiero creado exprofeso para que la toma de decisiones la realizasen órganos colegiados, y en las que la comunidad cultural y artística tuvieran una participación activa importante. No obstante los anteriores aspectos, tanto el Conaculta como el Fondo Nacional de Creadores de Arte (FONCA) resultaron más bien útiles para la retórica oficialista del democratización y apertura cultural, lo que en términos de García Canclini (1987) se define como democratización cultural: la política cultural se concibe como un programa de distribución y popularización del arte, el conocimiento científico y las demás formas de la denominada alta cultura. La hipótesis básica de este paradigma consiste en que una mejor difusión corregiría las desigualdades en el acceso a los bienes públicos. De acuerdo con García Canclini, este modelo nació en América Latina, específicamente en México en donde se impulsaron masivamente programas artísticos, culturales y educativos después de la Revolución. Asimismo, surgió con la voluntad de destruir al viejo prejuicio que considera a la cultura como una cuestión suntuaria o secundaria. No obstante, el éxito del programa resultó más retórico que práctico, plasmado predominantemente en discursos tanto de gobernantes y políticos como de organismos nacionales e internacionales. Aunque no se pueden negar los logros parciales, varios de los problemas que se presentaron desde el nacimiento del Conaculta siguieron predominando en la política cultural nacional: a. Su presupuesto: está definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en última instancia, por la SEP, de quien depende orgánicamente. Esto supone un obstáculo para la detección, análisis, evaluación y resolución de necesidades presupuestales de la cultura a nivel nacional. 523 b. Su constitución: aunque se presume la colegialidad y la participación colectiva en el funcionamiento de sus instancias, estas características solamente se aplican al interior de Conaculta en áreas administradas por el FONCA. El resto de la estructura institucional sigue funcionando de manera discrecional. A decir de Tomás Ejea (2008), ignorando las demandas de Octavio Paz, el Conaculta se convirtió en un consejo sin consejeros. c. Su dirigencia: el titular de Conaculta es nombrado por el Presidente de la República, la comunidad artística y cultural, ni instancias políticas o ciudadanas tienen ninguna injerencia o participación. Asimismo, en el nombramiento de funcionarios que dirigen los diferentes organismos que se inscriben en el ámbito de competencia se da de manera vertical. d. Su estatuto jurídico: la sempiterna falta de un estatuto jurídico que le dé sustento jurídico, legitimidad y capacidad organizativa. No hay Ley de Fomento Cultural a nivel nacional, cuya ausencia se traduce en una traba para el buen funcionamiento del Conaculta. e. La coordinación de sus instancias de acción: aunque uno de los objetivos principales era dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que realicen las funciones y difusión de la cultura y las artes, las instancias siguen funcionando cada una por su lado además de que la línea de trabajo ha estado determinada por las necesidades del presidente en turno. f. La claridad de los recursos: la utilización de los recursos carece de rendimiento de cuentas claras y precisas. No hay transparencia en el ejercicio presupuestal. El monto de los recursos presupuestales: Conaculta y FONCA se ven rebasadas como instituciones gestoras de presupuesto. El espacio social se constituye de tal forma que los agentes o grupos se distribuyen en dicho espacio en función de la posición que ocupan en las distribuciones estadísticas se acuerdo con los dos principios de diferenciación: el capital económico y el capital cultural. El espacio de las posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición a través del espacio de las disposiciones. Al sistema de desviaciones diferenciales que define las diferentes posiciones en las dimensiones mayores del espacio social corresponde un sistema de 524 desviaciones diferenciales en las propiedades de los agentes o de las clases construidas de agentes, es decir, en sus prácticas y en los bienes que poseen. A cada clase de posición corresponde una clase de habitus producidos por los condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente y, a través de estos habitus y de sus capacidades generativas, un conjunto sistemático de bienes y propiedades, unidos entre sí por una afinidad de estilo. El campo intelectual, en tanto espacio de la sociedad civil relativamente autónomo de producción de bienes simbólicos, permite una comprensión de un autor o de una obra, y también de una formación cultural o política, en términos que trascienden tanto la percepción sustancialista (el autor u obra en su existencia separada), tributaria de la ideología romántica del genio creador, como la percepción de la sociología mecanicista, que simplemente lo reduce a sus determinantes sociales. El autor no se conecta de modo directo a la sociedad, ni siquiera a su clase social de origen, sino a través de la estructura de un campo intelectual, que funciona como mediador entre el autor y la sociedad. El campo intelectual no es un espacio neutro de relaciones entre individuos, sino que está estructurado como un sistema de relaciones de competencia y conflicto entre grupos y situaciones en posiciones diversas, como un sistema de posiciones sociales a las que están asociadas posiciones intelectuales y artísticas. El campo intelectual constituye pues un trama, Dramatis Personae, en donde los actores, individuales o colectivos, que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento dado del tiempo. Cada uno de los actores está determinado por su pertenencia a la sociedad civil, debe a la posición particular que ocupa en ésta sus propiedades de posición irreductibles a las propiedades intrínsecas y, en particular, un tipo determinado de participación en el campo cultural, como sistema de relaciones entre los temas y los problemas y, por ello, un tipo determinado de inconsciente cultural al mismo tiempo que está intrínsecamente dotado de un peso funcional, porque su masa propia, es decir, su poder/autoridad en el campo no puede definirse independientemente de su posición en éste. Este enfoque sólo tiene fundamento en la medida en que el objeto al cual se aplica, tanto el campo intelectual como el campo cultural, esté dotado de una autonomía relativa, que permita 525 la autonomización metodológica que practica el método estructural al tratar el campo intelectual como un sistema regido por sus propias leyes. La historia de la vida intelectual, dominada por un tipo particular de legitimidad, se definía por oposición al poder económico, al poder político y al poder religioso, es decir, a todas las instancias que podían pretender legislas en materia de cultura en nombre del poder o de una autoridad que no fuera propiamente intelectual. Dominada durante toda la edad clásica por una instancia de legitimidad exterior, la vida intelectual se organizó progresivamente en un campo intelectual; a medida que los creadores se liberaron, económica y socialmente, de la tutela de la aristocracia y de la Iglesia, y de sus respectivos valores éticos y estéticos, y también a medida que aparecieron instancias específicas de selección y de consagración propiamente intelectuales y colocadas en situación de competencia por la legitimidad cultural. A medida que se multiplican y se diferencian las instancias de consagración intelectual y artística y las instancias de consagración y difusión cultural, y a medida que la sociedad civil se extiende y diversifica, el campo intelectual se integra como sistema cada vez más complejo y más independiente de las influencias externas, mediatizadas por las estructuras del campo, como campo de relaciones dominadas por una lógica específica, la de la competencia por la legitimidad cultural. La integración de un campo intelectual dotado de una autonomía relativa es la condición de la aparición del intelectual autónomo, que no conoce ni quiere conocer más restricciones que las exigencias constitutivas de su proyecto creador. A medida que el campo intelectual gana autonomía, el artista afirma con fuerza cada vez mayor su pretensión a ella, proclamando su indiferencia respecto al público. De acuerdo con Raymond Williams (2015), el cambio radical en materia de ideas sobre el arte, y el artista y su lugar en la sociedad civil presenta cinco características fundamentales: 1. La naturaleza de la relación entre el escritor y sus lectores sufre una transformación profunda. 2. Se vuelve consuetudinaria una actitud deferente respecto al “público”. 3. La producción artística tiende a considerarse como un tipo de producción especializada, sujeta a las mismas condiciones de producción en general. 526 4. La teoría de la realidad superior del arte, como sede de una verdadera imaginación, reviste una importancia creciente. 5. La representación del escritor como creador independiente, como genio autónomo, se convierte en una especie de regla. En el pequeño círculo de lectores que por prudencia, deferencia, buena voluntad o interés frecuentaba, el artista estaba acostumbrado a admitir consejos y críticas, y ese círculo se sustituye por un público, “masa indiferenciada”, impersonal y anónima de lectores sin rostro, que son también un mercado de compradores virtuales capaces de dar a la obra una sanción económica, la cual, además de que puede asegurar la independencia económica e intelectual del artista, no siempre está desprovista de toda legitimidad cultural. La existencia de un mercado literario y artístico hace posible la formación de un conjunto de profesiones propiamente intelectuales, es decir, la integración de un verdadero campo intelectual como sistema de las relaciones que se establecen entre los agentes del sistema de producción intelectual. La especificidad del sistema de producción intelectual, vinculada a la especificidad de su producto (mercancía y significación), cuyo valor estético sigue siendo irreductible al valor económico, aún cuando la sanción económica viene a redoblar la consagración intelectual, entraña la especificidad de las relaciones que ahí se establecen: • Las relaciones entre cada uno de los actores del sistema y los actores o las instituciones total y parcialmente externas al sistema, siempre están mediatizadas por las relaciones que se establecen en el seno del mismo sistema, es decir, en el interior del campo intelectual. • La competencia por la legitimidad cultural cuya apuesta y árbitro es la sociedad civil, nunca se identifica completamente con la competencia por el éxito en el mercado. Es significativo que la irrupción de métodos y técnicas prestados por el orden económico y vinculados a la comercialización de la obra de arte (publicidad comercial para los productos comerciales, por ejemplo), coincida no sólo con la glorificación del artista y de su misión casi profética y con el esfuerzo metódico de separar al intelectual y su universo del mundo 527 común, sino también con la declarada intención de reconocer solamente a ese lector ideal que es un alter ego, es decir, otro intelectual, contemporáneo o futuro, capaz de seguir en su creación o comprensión de las obras la misma vocación intelectual que define al intelectual autónomo, sin reconocer más legitimidad que la intelectual. La ambición de la autonomía aparece como la tendencia específica del campo intelectual. El alejamiento del público y el rechazo proclamado de las exigencias vulgares que fomentan el curso de la forma por sí misma, del arte por el arte, vienen acompañados de un estrechamiento y una intensificación de las relaciones entre los miembros de la sociedad artística y civil. El campo intelectual, como sistema autónomo o que pretende la autonomía, es el producto de un proceso histórico de autonomización y de diferenciación interna, es legitimar la autonomización metodológica que permite la investigación de la lógica específica de las relaciones que se establecen en el seno de este sistema y lo integran como tal. Esto equivale a disipar las ilusiones nacidas de la familiaridad, al poner al descubierto que, como producto de una historia particular, este sistema no puede disociarse de las condiciones históricas y sociales de su integración y condenar por ello toda tentativa de considerar las proposiciones que se desprenden del estudio sincrónico de un estado del campo como verdades esenciales, transhistóricas y transculturales. Una vez conocidas las condiciones históricas y sociales que hacen posible la existencia de un campo intelectual, este estudio entonces adquiere todo su sentido porque puede captar en acto la totalidad concreta de las relaciones que integran el campo intelectual como sistema. Existen pocos actores sociales que dependan tanto como los artistas, y más generalmente los intelectuales, en lo que son y en la imagen que tienen de sí mismos de la imagen que los demás tienen de ellos y de lo que los demás son. Así ocurre con la cualidad del escritor, cualidad socialmente definida e inseparable, en cada sociedad y en cada época, de cierta demanda social, con la cual el escritor debe contar; así ocurre también con el renombre del escritor, es decir, con la representación que la sociedad civil se hace del valor y de la verdad de la obra de un escritor o de un artista. 528 El proyecto creador es el sitio donde se entremezclan y a veces entran en contradicción la necesidad intrínseca de la obra que necesita proseguirse, mejorarse, terminarse, y las restricciones sociales que orientan la obra desde fuera. En el campo literario, a los que se les suele llamar “autores de éxito” son sin duda los objetos más accesibles a los métodos tradicionales de la sociología, puesto que puede suponerse que las restricciones sociales son más importantes, en su proyecto intelectual, que la necesidad intrínseca de la obra. Campo de poder y campo cultural En el libro Políticas culturales na Ibero-América, publicado por la UFBA, el artículo de Rubens Bayardo analiza la historia de las políticas culturales del país a partir del siglo XIX, desde el punto de vista de la concepción de la cultura, de las instituciones encargadas, los documentos, legislaciones, políticas de financiamiento, proyectos culturales existentes, dificultades y desafíos. Este texto resulta relevante porque, entre otras contribuciones, tiene en cuenta el desafío de la participación de los actores de la sociedad civil en el campo cultural en las políticas. En este sentido, al citar el programa de gobierno Pueblos Originarios y el Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil hace referencia a “transferencias de metodologías de trabajo cultural comunitario” y aborda conceptos como la ampliación y acceso a la cultura. En el artículo titulado “La cultura es una deuda del Estado democrático con la sociedad en la Argentina”, Óscar Moreno historiza los momentos políticos de Argentina y la relación entre estado, cultura y sociedad. Describe la fuerte estructura estatal, los programas de desarrollo barrial de la cultura, así como los paradigmas de producción cultural (paternalismo, alta cultura), la participación de fundaciones de bancos en la cultura, el modelo neoliberal, la cultura oficial y la crisis del 2001. 529 Lo anterior funciona como base para que el autor hable de la perspectiva de trabajar con el campo cultural, a nivel de las culturas representativas y los agentes y sectores, por medio de procesos continuos y no puntuales, como a menudo se realiza. De acuerdo con Moreno, la deuda con la sociedad es la utilización del presupuesto que hoy financia la infraestructura para desarrollar programas participativos de cultura. Documentar las políticas culturales sigue siendo una tarea indispensable para hablar de ellas y para evitar la desmemoria de nuestros pueblos. Estas palabras las retomo de García Canclini, quien desde entonces consideraba que para que el registro tuviera alcance y valor explicativo éste debería ser “hecho por los protagonistas o los poderes responsables de las acciones” y por investigaciones y evaluaciones de los “resultados, recepción, refuncionalización que las políticas sufren al llegar a los destinatarios”. No obstante, llama la atención que García Canclini reduce a la cultura y a las políticas culturales a una variable dependiente de las explicaciones de modelos productivistas, tanto keynesianos como marxistas o neoliberales, hablando específicamente del siglo XXI. Aunque el campo literario latinoamericano sobre la modernización entendía a la cultura como un proceso de aproximación a los modelos industriales de las metrópolis, se ocuparon de ésta solamente como un obstáculo del desarrollo, posteriormente el espacio científico se abrió a “nuevas maneras de ver las funciones sociales y económicas de la cultura”, desde los movimientos de oposición, debates sobre las dictaduras y la democratización, en donde la cultura, sobre todo las culturas populares, comenzaron a cobrar importancia, pero más como una consecuencia de los modelos económicos y enfoques ideológicos-políticos que como una variable independiente en sí. En su recuperación del concepto de cultura, García Canclini la define como “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”, pero agrega que “es posible verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de las concepciones políticas y en el estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo”. 530 En el otro tratamiento ofrecido por García Canclini, el trabajo cultural es un “recurso para cohesionar a cada nación o clase en torno de un proyecto comprendido y compartido, un lugar en donde se expresa la participación crítica de diversos sectores para renovar el consenso, por lo que la crisis de la cultura debe entenderse y explicarse de manera conjunta con la crisis económica y la crisis política. Llegados a este nivel, es menester retomar la definición de políticas culturales propuesta por García Canclini: “conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de ordeno de transformación social”. Como un intento por comprender el debate sobre las concepciones y modelos que organizan al campo cultural, Néstor García Canclini propuso un esquema de clasificación de los paradigmas en relación con los agentes sociales que lo sustentan, con sus modos de estructurar la relación entre el campo político y el campo cultural que, por su concepción de desarrollo cultural, devela la influencia bourdieuana, aunque decantándose más hacia una interpretación crítica de corte adorniano. A continuación se presenta de manera muy resumida cada uno de los paradigmas: • Mecenazgo liberal: en este paradigma se imponen indicaciones precisas sobre el contenido y el estilo del arte porque –de acuerdo con García Canclini– “la burguesía no exige relaciones de dependencia y fidelidad extremas al modo de señores feudales. Su protectorado se guía por la estética elitista de las bellas artes, y por eso mismo establece los vínculos entre mecenas y artistas según los ideales de gratuidad y libre creación”. • Tradicional patrimonialista: en este paradigma la nación es definida como un conjunto de individuos unidos por lazos naturales e irracionales sin tomar en cuenta las diferencias sociales entre los miembros de cada nación. Aunque desprecia los criterios históricos para definir lo nacional y se apoya en componentes biológicos y telúricos típicos del pensamiento de derecha, en realidad se trata de un nacionalismo 531 que relaciona la naturaleza con la historia: el orden social impuesto por los latifundistas y la Iglesia. • Estatismo populista: para este paradigma la identidad no está contenida en la raza, ni en la geografía, ni en el pasado ni en la tradición, por absurdo que parezca, sino que se aloja en el Estado, el cual aparece como el lugar en que se condensan los valores nacionales, el orden y los conflictos de una sociedad. Es decir, la continuidad de lo nacional va de la mano de la preservación del Estado. • Estatismo populista: para este paradigma la identidad no está contenida en la raza, ni en la geografía, ni en el pasado ni en la tradición, por absurdo que parezca, sino que se aloja en el Estado, el cual aparece como el lugar en que se condensan los valores nacionales, el orden y los conflictos de una sociedad. Es decir, la continuidad de lo nacional va de la mano de la preservación del Estado. • Privatización neoconservadora: este paradigma hegemónico de la década de los noventa, desarrolla una política coherente con la reorganización monetarista en las sociedades latinoamericanas. Este paradigma es el resultado de la reorganización del modelo de acumulación eliminan las áreas ineficientes del capital para buscar la recuperación de la tasa de ganancia mediante la concentración monopólica de la producción y su adecuación al capital financiero internacional. • Democratización cultural: este paradigma concibe la política cultural como un programa de distribución y popularización del arte, el conocimiento científico y las demás formas de la denominada alta cultura. La hipótesis básica de este paradigma consiste en que una mejor difusión corregirá las desigualdades en el acceso a los bienes públicos. De acuerdo con García Canclini, este modelo nació en América Latina, específicamente en México en donde se impulsaron masivamente programas artísticos, culturales y educativos después de la Revolución. Asimismo, surgió con la voluntad de destruir al viejo prejuicio que considera a la cultura como una cuestión suntuaria o secundaria. No obstante, el éxito del programa ha sido más retórico que práctico, plasmado predominantemente en discursos tanto de gobernantes y políticos como de organismos nacionales e internacionales. • Democracia participativa: este paradigma representa un modelo alternativo al de la democratización cultural. Su contenido apunta más a la actividad que a las obras, más 532 a la participación en el proceso que al consumo de productos artísticos y culturales. En este paradigma se defiende la coexistencia de múltiples culturas en una misma sociedad, lo cual propicia un desarrollo autónomo y relaciones igualitarias de participación de cada individuo en cada cultura y de cada cultura respecto a las demás. Es decir, no hay una sola cultura legítima y, por ende, la política cultural no se dedica sólo a la difusión hegemónica de la cultura, sino más bien a promover el desarrollo de todas las culturas que sean representativas de los grupos que conforman una sociedad. En Las industrias culturales en la integración latinoamericana (1999), Garcia Canclini integra un conjunto de investigaciones y ensayos sobre el papel de las industrias culturales en América Latina. La fabricación de mercancías culturales es pensada desde las tensiones internas de América Latina y sus relaciones con Estados Unidos y Europa. La elaboración de diagnósticos y de políticas culturales abarca el nivel de las ciudades, los estados y los nuevos acuerdos regionales. A pesar de la heterogeneidad de los temas, la hipótesis que se infiere de manera integral es que es imprescindible reconocer que la elaboración de políticas públicas culturales tiene en los actores, las industrias culturales y las instituciones educativas, un escenario clave de intervención que sigue siendo eludido por nuestros gobiernos y estados. A los interlocutores académicos, a los estudios de comunicación y cultura se les convoca a volver a pensar sobre las instituciones, las industrias y las políticas. Mientras los secretarios de cultura continúen debatiendo e instrumentando medidas sólo en la alta cultura y en el patrimonialismo, el mercado y los oligopolios estadunidenses, europeos y latinoamericanos continuarán direccionando la circulación de ciertos productos culturales en función de sus propias lógicas e intereses. Para potenciar estas políticas públicas en los intercambios culturales de América Latina, en el libro se destacan dos puntos claves: • América Latina no puede pensarse como un todo homogéneo. 533 • Mientras la unidad de análisis de políticas culturales se ubique exclusivamente en un lugar central del estado-nación u otras unidades políticas (provincias, ciudades, acuerdos regionales institucionalizados), no habrá una coincidencia necesaria entre esas unidades territoriales y las culturales. De acuerdo con García Canclini, en la medida en que para elaborar políticas públicas se utilice más el concepto de cultura y menos el de identidad, el objetivo no se centrará en una defensa de lo local o lo nacional contra la globalización o viceversa, sino en la construcción de condiciones para el desarrollo de creaciones en cada uno de los países, así como en garantizar los intercambios multidireccionales en la región como potenciadores también de la posibilidad de una ciudadanía plena, es decir, derecho a la igualdad, entre cuyas principales características se encuentre el derecho a expresar y (re) conocer las diferencias. Conclusión Pensar las políticas centradas en la sociedades y culturas implicará conseguir un cierto grado de autonomía de los movimientos al interior del campo cultural y las políticas culturales, antes que su supeditación a las lógicas y tratados políticos y económicos. Eso exigiría pensar hacia fuera de las naciones como espacio latinoamericano; y hacia adentro, democratizando la participación de los actores sociales en la definición de políticas públicas, incluyendo en el nivel decisorio de la planificación cultural a un nuevo actor: el tercer sector, además del Estado y las empresas, el cual estará conformado por las asociaciones civiles y las organizaciones sociales. Pensar las políticas culturales democráticas, socialmente igualitarias y en las que se exprese la diversidad, exigirá lograr trascender a los tiempos democráticos y, sobre todo, a los procesos electorales. Las nuevas políticas culturales exigen escapar a la lógica de la política, para lo cual será imprescindible que los distintos actores de la trama cultural (creadores, gestores, iniciativa privada, obras, espectadores, audiencias, industrias creativas) puedan convertirse en actores ciudadanos que reclamen no sólo su derecho a ampliar el acceso a los medios, su recepción, sino que construyan instancias sociopolíticas para incidir efectiva y democráticamente en la producción de su propio capital simbólico. 534 Bibliografía Aboites, L. y Loyo, E. (2010). “La construcción del nuevo Estado” en Nueva historia de México. México: El Colegio de México. Bourdieu, P. (1988). Homo académicus. España: Editorial Siglo XXI, página 270. Bourdieu, P. y Wacquant, X. (1992) Una invitación a la sociología reflexiva. México: Editorial Siglo XXI, página 104. Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995), Respuestas por una antropología reflexiva, Grijalbo México, pág. 167, 178, 180. Bourdieu, P. (2002). 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México: El Colegio de México. Sánchez-Prado, I. (2009). Naciones intelectuales: Las fundaciones de la modernidad literaria mexicana (1917-1959). West Lafayette: Purdue UP. Williams, R. (2015). Sociología de la cultura. Madrid: Editorial Paidós. 535 XII. Acciones y aportes del Tercer Sector ante el COVID-19 XII.I. Relación de la sociedad civil y el gobierno en la política de seguridad nacional: análisis de la respuesta ante la emergencia sanitaria en los países de la OCDE Luis Arteaga Suárez Resumen La incertidumbre es un factor presente en los procesos gubernamentales contemporáneos de toma de decisiones porque, a pesar de contar con información en volúmenes amplios, no es posible anticiparse y neutralizar determinados riesgos y amenazas a la seguridad. Un ejemplo es la respuesta gubernamental emprendida en cada país ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, que el 7 de marzo de 2020 rebasó los 100 mil casos confirmados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y algunos días después catalogada como pandemia (OMS, 2020). Ante una pandemia que, por definición, afecta a todos los países del mundo, es fundamental contar con mecanismos gubernamentales eficaces para detectar los riesgos y amenazas, en sentido amplio, a la seguridad nacional. Estos mecanismos se encuentran esencialmente en los servicios de inteligencia, cuyo principal propósito es apoyar la toma de decisiones en el más alto nivel político aportándole un grado, precisamente, de certidumbre. No obstante, las sociedades contemporáneas no pueden quedar relegadas de dicho proceso porque sus necesidades pueden alcanzar niveles críticos que amenacen al Estado en su conjunto, del cual son parte. La presente ponencia ilustra los avances correspondientes a la investigación que derivará en la Tesis de grado, que han sido alcanzados hasta lo que va del 2º semestre de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales (orientación en Administración Pública). El propósito general es reflexionar sobre la relación entre la sociedad civil y el gobierno en el marco de la Política de Seguridad Nacional en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el propósito de reflexionar sobre la conveniencia de robustecer 536 dicha interacción entre ciudadanos y autoridades, particularmente dentro de un contexto de incertidumbre. Este documento consta de los siguientes apartados: Introducción, a. Planteamiento del problema, b. Justificación, c. Pregunta de investigación, d. Hipótesis, e. Metodología, f. Principales hallazgos o pasos a seguir, g. Conclusiones, y h. Propuestas. El principal hallazgo es que la sociedad civil nutre los procesos de gobierno, por lo que en un contexto democrático debe impulsarse su participación organizada en la identificación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional como factor que favorecen la toma de decisiones más incluyentes y con menor riesgo de oposición o rechazo público. Palabras clave: Sociedad Civil, Política de Seguridad Nacional (PSN), Servicios de Inteligencia (SI), COVID-19, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Introducción El término seguridad proviene etimológicamente del latín securitas, y alude a encontrarse libre de preocupaciones, aunque puede extenderse a estar a salvo de amenazas. Este planteamiento es solamente una referencia y no pretende establecer una discusión de fondo porque no es el objeto de la presente investigación. En relación con las amenazas a la seguridad, sea ésta individual, grupal, comunitaria, nacional y hasta civilizatoria, Laurence Whitehead (2020) distingue entre “percepciones subjetivas de amenaza (…) y los estados objetivos de peligro”. En otras palabras, hay elementos observables y otros que se encuentran en el terreno de la valoración individual. Complementariamente, los conceptos de seguridad nacional, a decir de algunos especialistas, comprenden múltiples interpretaciones, como ya han advertido Mónica Serrano (1998), Martín Hernández Bastar (2001) y José Luis Piñeyro (2001). Un aspecto relevante es que tantas definiciones encuentran validez según su contexto de aplicación. Sin embargo, “el único aspecto recurrente indica que cada estado debe tener un sistema de defensa para subsistir y perpetuarse en el tiempo” (Bernal, 2018:56). De acuerdo con Jorge Tello Peón (2020:23), en la época primitiva de la humanidad “es posible hablar de los primeros indicios de la inteligencia en el desarrollo de las habilidades primarias para identificar riesgos, amenazas y oportunidades”. 537 Por lo anterior, es pertinente recuperar el origen del término seguridad nacional, que fue acuñado en el marco del fin de la 2a Guerra Mundial (1945) como parte de la conformación de los bloques soviético y norteamericano, en que básicamente solo había dos enfoques de política y economía caracterizados por sus respectivos fundamentos de carácter ideológico. Esta situación dio origen al denominado ‘mundo bipolar’ que en los siguientes años propició diversas situaciones de interés para el estudio de las Relaciones Internacionales y otras disciplinas, entre las que destaca el periodo denominado ‘Guerra Fría’ a partir, principalmente, de las escuelas Realista e Idealista. Una peculiaridad de la Guerra Fría, a decir de Alejandro Cardozo Uzcátegui, es que el sistema internacional funcionaba en tanto ambas “potencias se fiscalizaban mutuamente en la procura del cumplimiento de sus negociaciones, producto de su permanente diálogo” (Cardozo, 2020:600). Entonces, “el equilibrio de poderes desde los años setenta hizo viable una cohabitación pacífica en el marco de una suerte de ética geopolítica, donde escenarios multilaterales funcionaban como foros de diálogo, negociación y, en ocasiones, de cooperación entre las dos súper potencias” (Cardozo, 2020:599). La creación oficial del término ‘seguridad nacional’ puede establecerse en la National Security Act of 1947, o Ley de Seguridad Nacional de 1947, cuyo objetivo general era dotar de un programa integral para la seguridad futura de los Estados Unidos mediante políticas y procedimientos integrados para los departamentos, agencias y funciones del gobierno relacionados con la seguridad nacional, así como crear un Departamento de Defensa que incluyera al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea bajo la dirección, autoridad y control del Secretario de Defensa (80th Congress, 1947, traducción libre). El papel protagónico sería de las fuerzas armadas, aunque el titular del nuevo Departamento de Defensa sería civil. En el contexto de la ya mencionada Guerra Fría, el paradigma consistía en que la principal amenaza a la seguridad de un país podía provenir esencialmente de otro país, es decir, la lucha era entre Estados, de forma que la agenda de seguridad estaba concentrada en las capacidades bélicas propias para enfrentar, si fuera necesario, a un invasor, pues no hacerlo comprometería directamente su existencia. Esto motivó que algunos teóricos denominaran ‘estatocéntricos’ a los primeros conceptos de seguridad nacional. Incluso, debe resaltarse que 538 la herramienta gubernamental por excelencia para enfrentar una amenaza exterior eran las fuerzas armadas, toda vez que las fronteras eran el punto de mayor vulnerabilidad de un Estado frente a otro, pues usualmente, eran los países vecinos. Esto puede observarse en la ya referida National Security Act of 1947, o Ley de Seguridad Nacional de 1947, de EU. Para Lozano y Rodríguez (2020:21), “la pandemia es una amenaza a la seguridad nacional e internacional porque destruye la vida, la salud y la productividad, y puede alcanzar la escala de una guerra, de desastres naturales o de crisis financieras”. En relación con la política mundial, el contexto actual ha propiciado alteraciones en sus reglas, aunque otras dinámicas permanecen iguales, de ahí que la gobernanza global no pueda ser construida plenamente debido a “que los principales actores son estatocéntricos por antonomasia” (Lozano y Rodríguez, 2020:22). “Desde una perspectiva histórica y geopolítica, el centro de poder osciló entre el año 27 de nuestra era y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. A partir de 1945[,] uno de los centros de gravedad de la política mundial se movió a Estados Unidos y su zona de influencia se trasladó al hemisferio occidental” (Lozano y Rodríguez, 2020:23). Para la década de 1980, el debate consistía en el alcance del concepto seguridad nacional, ya que los tradicionalistas defendían el sentido original del término bajo un enfoque militar y de supervivencia del Estado, mientras los ampliacionistas impulsaban la incorporación de nuevos temas a la agenda de seguridad, como aquellos asociados con el desarrollo, entre los que destacan: pobreza, pandemias y ambiente (Chanona,2010:11). Para finales de la mencionada década de 1980, la discusión sobre seguridad tuvo una orientación diferente, ya que el mundo bipolar había dejado de serlo y como consecuencia la definición de amenazas no pasaba solamente por los agentes estatales, sino por factores internos en cada país. Años después, el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, postulaba una idea desafiante para la época: “Necesitamos otra transición profunda del pensamiento: de la seguridad nuclear a la seguridad humana” (PNUD, 1994:25). Y agregaba que la seguridad humana tenía cuatro componentes: universalidad, interdependencia, prevención temprana y centralidad en el ser humano (PNUD, 1994:25). 539 Para fines de este documento, únicamente serán mencionadas dos definiciones de seguridad nacional, hecho que no busca agotar ni anular el debate dentro de un ejercicio comparado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino plantear un punto de partida para la discusión del tema. La primera definición es de Mario Santos Camaal, quien sostiene que la seguridad nacional es “la creación de las condiciones adecuadas para que el Estado Nacional, a partir de sus valores y apoyados en sus instituciones, se realice de acuerdo con el proyecto de nación” (Santos, 1995:34,79 y 122). La segunda definición corresponde a Mónica Serrano, quien afirma que: “la seguridad nacional en los Estados fuertes se orienta hacia la protección de su independencia y su identidad política, así como a la defensa frente a las amenazas de otros Estados. Los Estados débiles presentan una débil cohesión sociopolítica, resultado de la falta de cultura de la legalidad y de la idea del Estado en la sociedad, así como a la falta de una estructura gubernamental que pueda garantizar la unidad” (Serrano, 1998:9). La coexistencia de enfoques tradicionales y multidimensionales de la seguridad nacional obliga a considerar que las agendas contemporáneas también sean más amplias que sus antecesoras, de forma que es necesario contar con estructuras gubernamentales adecuadas y solventes para monitorear y enfrentar riesgos y amenazas. Por otra parte, las mencionadas estructuras son esencialmente las mismas desde hace varias décadas, pues la preservación de la seguridad nacional guarda un componente de rutina y articulación entre múltiples áreas del gobierno. En otras palabras, una reforma en materia de seguridad nacional involucra ajustes que atañen a varios ámbitos, por lo que no pueden realizarse a la ligera. En complemento con esta idea, la naturaleza multidimensional de los riesgos y amenazas contemporáneos a la seguridad nacional implica una disfunción y hasta un desuso del enfoque tradicional del término, ya que las fuerzas armadas no pueden abandonar su propósito originario de defensa nacional, además del surgimiento de fenómenos y agentes que no tienen un carácter tradicional, de modo que la respuesta para enfrentarlas no necesariamente es militar. Es decir, hay nuevos actores que incluso tienen presencia simultánea en varios países, 540 de forma que combatirlos requiere acciones conjuntas entre Estados que podrían no guardar buenas relaciones diplomáticas. Aquí puede observarse un primer elemento de participación de la sociedad civil en seguridad nacional, ya que las representaciones nacionales provienen idealmente de procesos de elección mediante el voto popular y gozan de una legitimidad implícita para la toma de decisiones en un marco de pluralidad. Además, las condiciones actuales de gobernanza impiden que pocos actores concentren todo el poder y dominen el juego, por lo que hay múltiples actores con capacidades diferenciadas para incidir en la toma de decisiones públicas. La seguridad no es la excepción, y en el caso de la seguridad nacional, como ya decíamos anteriormente, los riesgos y amenazas contemporáneos no pueden ser adecuadamente analizados sin considerar la participación de la sociedad civil. No obstante, el planteamiento de este documento no consiste en que la sociedad civil desempeñe tareas que actualmente corresponden a los gobiernos o que emprenda la defensa armada del país, sino que participen en la configuración de las políticas públicas relacionadas con la seguridad nacional en colaboración con los servicios de inteligencia. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se encuentran en esta categoría de disponibilidad de recursos y capacidades para reaccionar ante el COVID-19, de ahí el interés por el grupo. La Tabla 1, a continuación, enlista los 37 países que la integran. Tabla 1. Países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Fuente: elaboración propia. 541 Como puede observarse en la Tabla 1, hay países provenientes de los cinco continentes. En se sentido, es interesante comprender que en el contexto del COVID-19 “llaman la atención las decisiones unilaterales y desordenadas, así como los gestos egoístas desplegados por los gobiernos alrededor del mundo. (…) En contraposición, la cooperación internacional aparece para poner de manifiesto su ausencia o debilidad” (Brun, 2020:659). Por tal motivo, es necesario analizar y comparar diferentes contextos, ya que haber estudiado únicamente el caso mexicano daría un panorama muy limitado del tema. Planteamiento del problema En términos de la identificación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, el servicio de inteligencia de cada país constituye el cuerpo administrativo cuya principal misión es anticiparse a grandes problemas que pudieran convertirse en afectaciones profundas y hasta pudieran comprometer la viabilidad del Estado en su conjunto o uno de sus componentes básicos, como la población. Cabe señalar que los servicios de inteligencia pueden tener naturaleza militar o civil, incluso mixta, aunque esa discusión será recuperada más adelante en este documento. Con el propósito de clarificar el alcance del término inteligencia, a continuación, serán presentadas dos definiciones. La primera es de Elena Jeannetti Dávila (2007), quien la conceptualiza como la “selección de información valiosa procesada con un fin específico”. Por su parte, José Luis Calderón Arózqueta y Enrique Salgado (2000) caracterizan la inteligencia como “datos recolectados, procesados y difundidos para satisfacer necesidades de información específicas”. Estas definiciones no buscan agotar el debate sobre el tema sino presentar una aproximación a las ideas que serán expuestas en los siguientes apartados de este documento. Una definición destacable es de un funcionario del servicio civil mexicano de inteligencia, Jorge Tello, quien afirma que la inteligencia es “un proceso sistemático para la producción de conocimiento operable, cuando este (sic) no es perceptible a los sentidos del Estado o cualquier estructura orgánica a la que sirve” (Tello, 2020:24). Los servicios de inteligencia son, en sentido estricto, cuerpos burocráticos conformados por servidores públicos de adscripción militar, civil o mixta, que tienen un alto estándar de 542 eficacia y que se encuentran especializados en aspectos como metodología de la investigación, análisis y en el dominio de temas de interés. El objetivo primario de los servicios de inteligencia puede expresarse en tres grandes momentos: a) Recolectar información, b) Procesarla, y 3) Presentarla al usuario que podrá tomar decisiones con un menor grado de incertidumbre, como habíamos expuesto al inicio de esta ponencia. Estos tres grandes momentos forman parte del conocido ‘ciclo de inteligencia’, que tiene múltiples esquematizaciones y elementos más o menos detallados, pero guarda estrecha relación con el método científico, incluso con el proceso de las políticas públicas, como ilustra la Figura 1. Figura 1. Comparativo entre el ciclo de inteligencia y el análisis de políticas públicas Fuente: elaboración propia con base en CNI (2020), Bardach (1998/2008) y Arteaga (2012). Aunque parezca obvio, los servicios de inteligencia realizan sus actividades cotidianamente bajo ciertos principios, como confianza, secrecía y eficacia, ya que los servidores públicos adscritos a ellos deben tener un perfil profesional y académico determinado, desempeñar sus labores con discreción y en el marco de la protección de la información a su alcance. El factor de eficacia es clave, y hay una frase de dominio público escuchada frecuentemente en el medio de la seguridad que lo retrata: “los servicios de inteligencia son conocidos por sus fracasos y no por sus éxitos”. Esta idea alude claramente a que si el trabajo es realizado adecuadamente puede ser que nadie lo haya notado, pero si hubo errores o deficiencias entonces las consecuencias suelen ser graves y hasta convertirse en escándalos políticos. 543 Hay dos componentes principales: 1) capacidades institucionales, y 2) integración de agendas temáticas. Por una parte, la valoración pública sobre la eficacia de los servicios de inteligencia en haber logrado, o bien, no haber alertado oportunamente sobre riesgos y amenazas, en este caso, sobre la pandemia de COVID-19, no para impedirla, sino para tomar las medidas reactivas pertinentes a partir de la identificación previa de las capacidades gubernamentales en materia, por ejemplo, de atención médica especializada para ser utilizada de forma masiva por parte de la población. En segundo lugar, el proceso bajo el cual son identificados los riesgos y amenazas deriva en una construcción temática que tiene forma de agenda y puede constituirse como la guía básica para realizar el seguimiento de los temas prioritarios. Sin embargo, la naturaleza de las labores de inteligencia suele despertar cierta imaginación colectiva respecto de lo que dicha actividad conlleva y hasta suelen plantearse ideas fantásticas que sobredimensionan el trabajo real. Además, la ausencia de deliberación pública sobre el contenido de la agenda de riesgos y amenazas suele propiciar el desinterés de la sociedad civil en un tema, la seguridad nacional, del cual es protagonista en un sentido doble: como beneficiaria y como objeto de protección. La incertidumbre implica que las estructuras tradicionales registran limitaciones reales, como menor capacidad de adaptación ante nuevos riesgos y amenazas, incluso hay temas que salen del horizonte convencional de los servicios de inteligencia. El caso de la pandemia de COVID-19 es ilustrativo porque el remedio, primordialmente vacunar a la población, no depende únicamente de la voluntad de los gobiernos ni de sus servicios de inteligencia para la seguridad nacional, incluso de su disponibilidad presupuestaria, sino de los avances tecnológicos que apunten a la elaboración de sustancias eficaces para prevenir y combatir dicho virus. En otras palabras, las capacidades tecnológicas y presupuestarias diferencian notablemente a los países desarrollados de aquellos que dependen de los avances de otros porque los primeros cuentan con mayores y mejores estructuras de monitoreo y atención de los riesgos y amenazas; los segundos no tienen la capacidad de actuar salvo por la colaboración con 544 otros países que sí cuentan con ella, o bien, por celebrar acuerdos con empresas o laboratorios dedicados a la investigación médica y la producción de vacunas. En este caso ha resultado fundamental la colaboración con los ámbitos académico, empresarial y eventualmente con la sociedad. Justificación La seguridad nacional deficiente podría implicar el colapso de un Estado. Por eso, Acemoglu y Robinson (2013:432) sostienen que “la razón más común por la que fracasan los países hoy en día es porque tienen instituciones extractivas”. En relación con el caso de Zimbabue, un país del África subsahariana cuya independencia fue alcanzada 1980, dichos autores advierten que “el Estado se ha colapsado y prácticamente ha dejado de proporcionar servicios públicos básicos” (Acemoglu y Robinson, 2013:432). Complementan el estudio de Zimbabue señalando que las instituciones extractivas datan de 1890, heredadas de Gran Bretaña, mismas que el régimen de 20 años en el poder del presidente Robert Mugabe, había utilizado en beneficio propio. Una vez que la inestabilidad política y económica era alta, la respuesta gubernamental tendió a la represión, lo que consolidó el fracaso del país. En complemento, Acemoglu y Robinson (2013:436) sostienen que las instituciones económicas extractivas de los países en situación de fracaso “no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove”. Incluso, denuncian que “las instituciones políticas extractivas apoyan a estas instituciones económicas para la consolidación del poder de quienes se benefician de la extracción” (Acemoglu y Robinson, 2013:436). Por su parte, Jorge Tello (2020:23) reconoce la necesidad de contar con legislación clara y con propósitos específicos para que pueda florecer la inteligencia, pues, "en contraste con el espionaje, se enfoca en la generación [de] conocimiento para la resiliencia y sirve mejor a sus sociedades cuando sus objetivos son de Estado y no de gobierno”. A propósito, el desarrollo de una cultura de inteligencia pasa por “la formación de nuevas generaciones y de su trascendencia a todos los ámbitos de la vida de un Estado, tanto del sector público como del sector privado” (Tello, 2020:23). 545 Al referirse a la pandemia de COVID-19, Tello argumenta a favor de “formular una agenda de riesgos y oportunidades que permita recuperar un poco de certidumbre y enfocar los esfuerzos futuros tanto de actores privados, como públicos” (Tello, 2020:25). Agrega que “las empresas deben desarrollar capacidades de inteligencia que les permitan generar resiliencia ante eventos disruptivos como la pandemia actual” (Tello, 2020:25). Incluso, plantea la complementariedad entre la inteligencia generada a nivel gubernamental y aquella de corte empresarial, ya que “la convivencia entre la inteligencia privada y pública deberá ser simbiótica y sumar esfuerzos para el desarrollo de resiliencia mutua” (Tello, 2020:25). Derivado de lo anterior, Tello (2020:25) acuña el término “inteligencia sostenible, entendida como resiliente y capaz de adaptarse a cambios del entorno, enmarcada en una doctrina clara y caracterizada por ser legal y efectiva”. Ante las condiciones geopolíticas actuales, Leonardo Curzio (2020:87) sostiene que los servicios de inteligencia pueden enfrentarse a tener usuarios distintos y a que las agendas de riesgos cambien, de modo que “las inercias burocráticas y las formas tradicionales de trabajo (…) generan resistencias”. Esta situación, explica Curzio (2020:87-90), ha generado una transformación reciente de los servicios de inteligencia a partir de varias tendencias que les afectan directamente, como una nueva relación entre Estados y el debilitamiento de las ideologías de bloque, aunque la tecnología de la información es paradigmática. Curzio reconoce que además de desafíos conocidos a los Estados, como la delincuencia organizada, hay otros que son más difíciles de enmarcar teórica y operativamente, de forma que la acción gubernamental en cuanto a la detección mediante sus servicios de inteligencia es menos clara ante el cambio climático y las pandemias” (Curzio, 2020:88). Por otro lado, los sistemas contemporáneos de inteligencia usan 95% de fuentes abiertas (Curzio, 2020:88) respecto del 5% de otras de contenido reservado o fuera del alcance de cualquier agente interesado, incluyendo otros Estados. Es decir, los servicios de inteligencia se encontrarán en situación de ventaja ante sus rivales, incluso agentes individuales, si además de contar con fuentes a las que puede accederse fácilmente también aportan un valor agregado proveniente de su capacidad para el procesamiento de información y de sus posibilidades reales para incidir en la toma de decisiones. En complemento, esta asistencia 546 al tomador de decisiones “también debe ser la garantía de que el gobierno no se inmiscuye indebidamente en la vida de los ciudadanos, ni se arroga la capacidad de vigilarlos para presionarlos o chantajearlos” (Curzio, 2020:92). La incertidumbre en la toma de decisiones está presente, ya que la estrategia “nunca se aplica en terreno plano y estable” (Curzio, 2020:99). Las afectaciones generadas por epidemias y pandemias trascienden la seguridad humana porque además del riesgo a la vida de las personas, también comprenden daños a su dignidad, cuyos costos individuales, locales, nacionales e internacionales “varían con la gravedad del brote y la capacidad de recuperación económica del país” (Menzel, 2020:128). Considerando que el enfoque militarista permanece tanto en la seguridad nacional e internacional, es pertinente reconocer que el concepto tenga incorporaciones, como en el caso de la salud, que “ahora se considera un factor de seguridad nacional e internacional” (Menzel, 2020:128). En ese sentido, Menzel (2020:130) advierte que la dinámica actual “de la movilidad humana y animal ha aumentado el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas”. En otras palabras, debe ser prioritario prevenir dicha propagación, pues “los problemas de salud de un país se pueden convertir en problemas graves para otros países y poblaciones” (Menzel, 2020:132). Desde un punto de vista crítico, Rut Diamint (2020:610) advierte sobre la confusión entre las agendas de seguridad y defensa debido a que las fuerzas armadas son protagónicas en perjuicio de las policías, por lo que hay una subestimación del Estado de derecho causada por el miedo, y “la ciudadanía no reacciona ante una temible militarización de la vida pública[,] o si lo hace, es espasmódica, violenta, anárquica, confusa y da pie — ¿involuntariamente?— a respaldar la imposición de una subordinación política y social a la jerarquía militar”. Considerando que los elementos que buscan dañar al Estado mexicano no están identificados ni autodenominados como antagonismos sino hasta que la autoridad los reconoce, es fundamental incluir el factor de confidencialidad, por lo que hay “asimetría de información entre los agentes gubernamentales y demás actores que quieren incidir en estos temas como 547 son los legisladores, medios de comunicación, sociedad civil y academia” (Rodríguez, 2017:77). Una expresión atendible de la seguridad nacional es la ciudadanía manifiesta su insatisfacción con las condiciones actuales de violencia que enfrentan cotidianamente en su persona y bienes. Ante los actuales niveles de violencia sin control y con grandes efectos sociales, una respuesta alarmante es que “los ciudadanos que resuelven salir de la parálisis, pueden emprender estrategias individuales o colectivas, cívicas o armadas” (Schedler, 2018:189). En términos de las relaciones interorganizacionales, Almaraz (2019:19 y 21) afirma que la confianza es un instrumento que no surge espontáneamente, en especial en aquellos contextos donde hay un ambiente de desconfianza. Esto cobra sentido al ejemplificar con agencias gubernamentales que generan y utilizan información sensible, como aquella relacionada con delitos y con amenazas a la seguridad nacional o hasta internacional. Almaraz (2019:21) reconoce que la coordinación puede existir si confluyen tres factores: “reconocimiento de interdependencia entre los actores, existencia de esquemas de interacción y un nivel mínimo de certidumbre entre los involucrados”. Además, se requiere un mayor intercambio de recursos cuando una red de organizaciones que descansa sobre la reciprocidad y la confianza mutuas (Almaraz, 2019:41), concretamente entre sus actores. En este caso, la premisa aplica para organizaciones dedicadas al mismo propósito, en este caso la seguridad nacional. En ese sentido, las organizaciones dedicadas a la seguridad nacional se distinguen de otro tipo de agencias porque las primeras no tienen una clientela visible, como sí sucede con grupos de interés propios de agencias temáticamente definidas, por ejemplo, las agrarias con los campesinos y las educativas con los maestros. Por eso, argumenta Almaraz (2019:91): “los integrantes de las agencias de Seguridad Nacional desarrollan sus lealtades, fundamentalmente, hacia la organización de la cual forman parte para poder impulsar de manera más sólida sus propuestas y consolidar su cohesión organizacional”. 548 Pregunta de investigación En el contexto de la Política de Seguridad Nacional y los correspondientes servicios nacionales de inteligencia dedicados a la identificación oportuna de riesgos y amenazas, ¿por qué algunos países de la OCDE tuvieron mayor capacidad anticipatoria de la pandemia del COVID-19 y actuaron en consecuencia? Hipótesis A pesar de tener semejanzas en cuanto a determinados indicadores macroeconómicos, los países mejor posicionados en cuanto a Producto Interno Bruto (PIB) dentro de la OCDE tuvieron mayor capacidad anticipatoria ante la pandemia del COVID-19 porque además de su capacidad económica contaron con la participación de la sociedad civil en el acatamiento por parte de la sociedad civil de las medidas de confinamiento, restricciones de viaje, cierre de fronteras, etc., resultado de esquemas previamente establecidos por sus respectivos gobiernos para actuar en casos semejantes. Metodología El marco metodológico corresponde a las teorías alrededor de la seguridad nacional, principalmente aquellas provenientes de la literatura norteamericana, pues ahí surgió el término a finales de la 2ª Guerra Mundial. No obstante, es indispensable ampliar la búsqueda de literatura, al menos de los países que integran la OCDE, ya que eso dará mayor validez al presente estudio. En cuanto a la metodología, está contemplada la realización de un QCA, toda vez que la investigación será tanto cualitativa como cuantitativa, es decir, mediante un método mixto para realizar un análisis comparado de los 37 países de la OCDE a partir de indicadores específicos. La base de datos ya contiene algunos datos generales de tipo sociodemográfico, pero parte de la investigación consistirá en profundizar en cuanto a la existencia de un servicio nacional de inteligencia, si éste es de naturaleza civil, militar, mixta o si tiene alguna otra característica relevante. La base de datos también recopilará información que aporte evidencia empírica para apoyar la hipótesis planteada. 549 Principales hallazgos y pasos a seguir La investigación está en fase inicial, pues formalmente lleva realizándose un semestre y medio. Hasta el momento solo hay indicios que permiten inferir que, de los 37 países de la OCDE, hay al menos una decena que está en una mejor posición derivada del tamaño de su economía, el PIB per cápita, etc. No obstante, hay una ruta crítica que permitirá la realización de la investigación en sus siguientes fases. El primer paso es realizar una búsqueda en bibliotecas y repositorios académicos para recopilar literatura sobre seguridad nacional con el propósito de revisar el estado del arte y plantear el marco teórico. Con base en lo anterior, el segundo paso es identificar los factores críticos que habrán de permitir el establecimiento de la variable dependiente y las variables independientes, así como el periodo de estudio. Como ya fue expuesto anteriormente, el término seguridad nacional fue acuñado hace casi 74 años, de forma que hay posibilidad de establecer varios periodos de históricos en su evolución y concentrarse en los últimos años para encontrar la evidencia empírica orientada a apoyar la hipótesis de esta investigación, que estará determinada por los hallazgos en la fase de elaboración del marco teórico. Como tercer paso, deben perfilarse los casos más destacables dentro del grupo de países analizados, toda vez que de los 37 integrantes de la OCDE y los 10 que tienen mayor PIB, aún es posible acotar más el estudio para puntualizar más las variables y de esa forma ampliar la validez de los hallazgos. Adicionalmente, está previsto visitar al menos uno de los países de la OCDE, en particular el que resulte más ejemplificativo para los fines de esta tesis doctoral, esto con el objetivo de constatar la información recabada en fase de elaboración del marco teórico. El cuarto paso implica la realización del estudio comparado a través del desarrollo del QCA y la interpretación de los resultados con el propósito de verificar si la hipótesis planteada es sostenible a partir de la evidencia empírica aportada. Finalmente, será realizada la integración final de la tesis con el propósito de presentar la versión que será sometida al examen de candidatura y posteriormente a la defensa pública de la tesis ante el comité tutor y el sínodo designado para tal efecto. 550 Conclusiones Como ya fue mencionado, la investigación está en fase de desarrollo, por lo que en este punto no es posible anticipar una conclusión, salvo algunas ideas preliminares. Una de estas ideas es que la participación de la sociedad civil en la Política de Seguridad Nacional de cada país es un requisito de la pluralidad democrática actual. Por tal motivo, en una política que tiene como fin último la preservación del Estado, del cual la sociedad es pieza clave, no puede ignorar a su principal beneficiaria. En otras palabras, las inquietudes ciudadanas generan demandas que son expresadas al gobierno para obtener una forma de atención, pero la demanda principal para la autoridad es la seguridad, de forma que si una sociedad está resguardada adecuadamente de riesgos y amenazas, como su vida, integridad física y salud pública, permitirá avanzar en otros temas que no resulten críticos. Una segunda idea es que los servicios de inteligencia trabajan con una proporción mayoritaria de insumos informativos provenientes de fuentes abiertas, por lo que su valor agregado es objetivamente menor que aquél de hace al menos dos décadas, en que la proporción de información a disposición del público era notablemente menor a la actualidad. En ese sentido, la sociedad civil es protagonista de la seguridad nacional y los servicios de inteligencia no pueden ignorar esta realidad, de modo que la propia sociedad civil debe tener más información sobre cómo dichas estructuras gubernamentales la defienden de riesgos y amenazas, lo que traería una mejor comprensión y legitimidad en sus actividades. Como tercera idea, es pertinente reconocer que la coordinación intergubernamental es un valor supremo, ya que ni siquiera contando con recursos suficientes para atender una situación que afecte directamente a la seguridad nacional podría estar garantizada su contención en un ambiente de legalidad y eficacia. Entonces, además de la coordinación, es fundamental la confianza entre las partes, ya que la información en poder de los servicios de inteligencia contiene un valor agregado, proveniente de fuentes no disponibles para el público en general y cuya revelación podría comprometer o anular la colaboración entre países debido a la desconfianza que podría derivar de una filtración no autorizada de información. 551 Propuestas La investigación está en fase de desarrollo, pero con la literatura e información recabada hasta el momento, es posible formular las siguientes propuestas para el caso mexicano, aunque podrían tener vigencia en otros países de la OCDE, situación que será verificada a medida que avance la investigación: 1. Divulgar información básica sobre las actividades realizadas en el marco de la Política de Seguridad Nacional con el propósito de socializar todos aquellos temas que deben ser conocidos públicamente, lo que evitará la generación de mitos y aumentará la legitimidad gubernamental. 2. Establecer canales seguros de comunicación entre la sociedad civil y la autoridad, específicamente de los servicios de inteligencia, con el propósito de generar confianza para aportar información sobre temas que sean de conocimiento de personas que puedan servir para apoyar el análisis de riesgos y amenazas concretas, especialmente aquellas no tradicionales, como las cibernéticas. 3. Transparentar el uso de los recursos públicos dedicados a la seguridad, específicamente a la seguridad nacional, para contribuir a la cultura de la rendición de cuentas y en consecuencia a la robustecer la confianza de la sociedad civil hacia sus autoridades. 4. Ampliar la cultura de seguridad nacional mediante esquemas de acercamiento de los servicios de inteligencia con las comunidades académicas, grupos de investigación y empresas, con el fin de alcanzar sinergias en beneficio de la seguridad nacional, en abstracto, pero a favor de la sociedad civil, en concreto. 5. Consolidar mecanismos binacionales, regionales y globales de cooperación para la seguridad con el propósito de intercambiar no solamente información relacionada con la seguridad nacional, sino también mejores prácticas en materia de inteligencia y temas asociados. Bibliografía 80th Congress (1947). “National Security Act of 1947”, July 26, 1947, ch. 343, § 1, 61 Stat. 495. The Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress 552 assembled. Disponible en: https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS- 1493/pdf/COMPS-1493.pdf Acemoglu, D. y Robinson, J. (2013). Por qué fracasan los países. 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La construcción de opinión pública a partir de la información y la participación digital Alejandro Ramos Chávez Resumen En el presente trabajo se rescata la expresión “pensar local y actuar global” vinculando en su significado la importancia de la información con objeto de que el “pensar” y el “actuar” ciudadano ante problemáticas locales o globales tenga realmente sustento y viabilidad para su tratamiento y mejora. Se toma en consideración el tema de las formas actuales en las que la ciudadanía se está informando y formando opinión pública, relacionadas, cada vez en mayor medida, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente internet y de forma específica las redes sociales digitales. Aunado a este análisis se toman en consideración las expresiones ligadas a fenómenos relacionados con la obtención de información en línea, como son los de posverdad, las noticias falsas, los hechos alternativos y las problemáticas de la vulnerabilidad de los datos personales en internet, el trabajo tiene por objetivo contrastar los cada vez más altos índices en la utilización de las herramientas tecnológicas para informarse a la luz de estas problemáticas en su uso. Los temas movilizados en el presente trabajo toman relevancia al destacar que lo que está en juego, mediante el análisis de la calidad de la información que está consumiendo la ciudadanía en línea para participar y formarse opinión pública, es a fin de cuentas la calidad de la democracia y de la corresponsabilidad en la construcción de lo público y del bien común. Palabras clave: opinión pública, información, ciudadanía digital, redes sociales digitales, posverdad. 556 Introducción Si bien la consulta, el enriquecimiento y el intercambio de información a través las TIC, Internet y las redes sociales pueden 1) hacer visibles problemáticas que difícilmente pudieran obtener la misma visibilidad por otros medios, 2) generar opinión pública, y 3) desatar la posibilidad de establecer acciones colectivas y capital social para la solución de problemáticas, también conllevan una serie de elementos que nos invitan a reflexionar sobre la calidad de esa información, por lo que surge la necesidad de debatir el papel específico de las redes sociales digitales como espacios de consulta e intercambio de información, formación de opinión pública y participación política, así como el de conocer la calidad, las potencialidades y los obstáculos de la información que brindan esas redes a la ciudadanía. Tomando en consideración tanto las ventajas como los obstáculos de la participación ciudadana y formación de opinión pública que se da al informarse a través de internet y las redes sociales digitales, conviene preguntarse ¿Cuál es la calidad de la información con base en la cual se está generando participación y formación de opinión pública y a qué ventajas y problemáticas nos enfrenta? En este trabajo se usa una metodología de tipo analítica documental que tome en consideración los temas de la información generada a través de internet y las redes sociales digitales, así como de la bibliografía que dé cuenta de las potencialidades que ese tipo de información nos brinda, así como las problemáticas a las que nos enfrentamos con su uso y masificación. Los resultados muestran que los canales digitales han servido como ventana de expresión, formación de opinión pública y generación de acción colectiva que ha permitido visualizar e incidir en la atención de problemáticas sociales que difícilmente encontrarían otros canales con la misma efectividad. Sin embargo, conviene no quedarnos en una visión idílica en el análisis, pues también estas tecnologías conllevan a una serie de elementos como lo son: la posverdad, las noticias falsas, el robo de identidad, los virus y los hackers, además de la saturación informativa, que nos invitan a reflexionar sobre las problemáticas asociadas a ese tipo de información. En este sentido conviene reflexionar a futuro sobre la construcción de 557 una ética ciudadana en el manejo de la información consultada y compartida en internet, que nos invite a ser más reflexivos sobre la calidad de la información con la que se está generando opinión pública y acción colectiva. Información y opinión pública Es oportuno comenzar retomando la propuesta realizada desde la planificación urbanista, hace ya más de un siglo, Think Global, Act Local (Geddes, 1915), que en sus orígenes planteaba la necesidad de que los individuos fueran conscientes del cuidado ambiental mediante el desarrollo de acciones a pequeña escala que tendrían beneficios en el planeta en su conjunto; posteriormente, esta propuesta se popularizó para ser un lema común tanto en discursos políticos, movimientos ambientalistas e inclusive en temas relacionados con la iniciativa privada y los negocios que guiaron gran parte de los discursos de la segunda mitad del siglo pasado. En este sentido, en el presente trabajo se intenta rescatar dicha expresión vinculando en su significado la importancia de la información con objeto de que el “pensar” y el “actuar” ciudadano ante problemáticas locales o globales tenga realmente sustento y viabilidad para su tratamiento y mejora. De forma específica, se toma en consideración el tema de las formas actuales en las que la ciudadanía se está informando y formando opinión pública, relacionadas, cada vez en mayor medida, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Mcclurg, 2003; Watts y Dodds, 2007), principalmente internet y de forma específica las redes sociales digitales, también conocidas como redes sociodigitales (Trejo-Delarbre, 2017). En este contexto, parece superada la estructura lineal y unidireccional de los procesos informativos, en donde los ciudadanos eran vistos exclusivamente como receptores tradicionales de la comunicación (García, 2010), para en la actualidad tomar un papel mucho más protagónico en la emisión, enriquecimiento, creación y producción de contenidos informativos. Con estos cambios también se ha modificado y replanteado el significado mismo de la opinión pública. Sobre este punto García (2010) sostiene que “la opinión pública actual no se construye solo a partir de lo que dicen los medios, sino a través de la interacción con los medios y, lo que es más importante, y a evaluar en el futuro, se construye al margen 558 de los propios medios” (p. 275) entiéndase por esto tanto a los clásicos medios de comunicación, pero también a los propios canales institucionales de información, de ahí la importancia de la temática. Por tanto, la idea general de opinión pública centrada en la formación de una conciencia grupal que descansa en una base cultural común se ha modificado, según el mismo García, a “una conciencia más diluida sobre una base cultural resultante de una amplia segmentación de las audiencias y de una estructura social multicultural” (p.276). Lo anterior se vincula con el cada vez más protagónico papel de las tecnologías de la información y comunicación para informarse y formarse opinión pública y conocimiento de los asuntos públicos. Sobre la consulta de información en la actualidad En este contexto se han llevado a cabo estudios muy interesantes que intentan mostrar los cambios en los comportamientos de consulta de información de los individuos, de forma específica se toman en consideración en esta presentación los llevados a cabo por el Pew Research Center, pues además de desarrollar investigaciones sobre el comportamiento de ciudadanos en Estados Unidos, también tiene trabajos que permiten comprender la realidad de los países que más nos interesan en esta presentación. En cuanto a los datos específicos de Estados Unidos, el informe “News use across social media platforms 2018” señala que dos terceras partes de los estadounidenses adultos (es decir el 68%) mencionaron que al menos ocasionalmente obtienen información en las redes sociales digitales. Aunque también es interesante que las personas que consultan información por estos medios son conscientes de la calidad de la información obtenida por estos. En este sentido la mayoría de las personas que obtienes información por las redes sociales (un 57%) ya consideran que la información obtenida por las redes sociales es inexacta. Un 15% mencionó que la información obtenida por esos mismos medios no hace gran diferencia sobre su opinión general de los asuntos políticos y un 36% mencionó que la información obtenida por las redes sociales los ha confundido más sobre esos mismos asuntos. Facebook es el sitio donde los estadounidenses están obteniendo la mayor parte de las noticias con un 43%, 559 seguidos de Youtube y Twitter. “A pesar de que los consumidores de noticias en las redes sociales tienen inquietudes acerca de la exactitud de la información allí contenida, también mencionan algunos beneficios de recibir noticias en las redes sociales, como por ejemplo la conveniencia, la interacción con otras personas, la rapidez y la actualización, lo que puede ayudar a explicar por qué es tan común que se obtengan noticias en esas plataformas” (Pew, 2018). El Pew Research Center también ha realizado estudios con un carácter más universal, como el de la “Obtención de información política en 38 países”, en donde se incluyen algunos de los que más interesan en esta presentación con objeto de tener un mapa amplio de conocimiento sobre la temática. En este contexto, los estudios han mostrado que “la tecnología digital está influyendo en los hábitos de la información en todo el mundo, aunque su uso aún está lejos de ser universal. En términos generales, una media del 42% entre los 38 países encuestados dice que recibe noticias en internet al menos una vez al día. En 14 países, en donde se encuentran México y España, la mitad o más adultos reciben noticias en línea diariamente” (Pew, 2018). Aunque una diferencia entre estos dos países es la percepción con la que es tomada la información en línea. Mientras que en México la mayoría de las personas consideran a la información obtenida en las redes sociales como fundamental para su participación política, para España (junto con países como Grecia, Corea del Sur, Líbano y Chile), suelen ser los más críticos sobre la información de las redes sociales, pues 6 de cada 10 mencionan que la información contenida en las redes sociales no está tan apegada a la realidad o informa de manera parcial sobre los asuntos, por lo que es necesario complementar la información con otras fuentes. En temáticas específicas de tópicos de información, se pueden notar con mayor claridad las diferencias de cómo es tomada la información de las redes sociales en estos dos países. Mientras que en España sólo un 33% piensan que la información política brindada por estos medios es verdadera, en México un 58% lo piensan. Con respecto a la calidad de la información de los lideres políticos brindada en redes sociales un 48% de la muestra de españoles consideraron que es pertinente, contra un 55% de mexicanos. Finalmente, un 48% 560 de la muestra de españoles mencionaron que les parece precisa la información obtenida por las redes sociales, sobre un 62% de mexicanos. Otro dato interesante de este estudio es el que muestra que si bien, las personas que viven en países más ricos tienen más probabilidades de tener acceso a internet y de recibir información en línea que las que viven en países más pobres; esto no se aplica al uso de las redes sociales para la consulta de información política, ya que los países menos ricos tienen la misma probabilidad de los ricos de usar las redes sociales para consultar información diariamente. Ejemplo de ello tomando nuevamente a España y México, mientras que un 51% de los españoles encuestados mencionaron obtener información en internet, solo un 35% de los mexicanos lo hacían, sin embargo, con relación a la obtención de información a través de las redes sociales, la estadística es mucho más pareja, al ser un 38% de españoles que lo hacen contra un 37% de mexicanos. Las nuevas problemáticas en la consulta de información en línea Si bien los datos son esperanzadores en cuanto a la existencia de nuevos canales por medio de los cuales la ciudadanía se está formando opinión pública, esto también debe llevarnos al análisis de la calidad de esa información que se está utilizando, pues en algunas ocasiones la información que genera esa opinión pública descansa más en la desinformación que en la información ciudadana. En este contexto la información, como se vio en la primera parte de la presentación, es valorizada como un recurso muy valioso y transcendental para la formación de opinión con respecto a los asuntos públicos, para la toma de decisiones públicas y en general para la participación política de los individuos. Sin embargo, los grandes emporios tecnológicos, como Facebook, Twitter y Google, han expandido fenómenos como el de la saturación informativa, el surgimiento de los prosumidores y el modelo de comunicación de muchos a muchos, las fake news, el click-bating y los intentos de alienación política mediante la utilización de los datos personales en línea, que en definitiva están influyendo en la generación de una ciudadanía desinformada, basada en el consumo de noticias falsas e 561 información malintencionada, que en definitiva vulneran los principios democráticos en donde la opinión de cada uno impacta el devenir social y político de todos. A tal punto han llegado las críticas de la situación de las redes sociales, que inclusive aquellos que se han beneficiado en su uso, ahora parecen cuestionar su valor instrumental para los aspectos políticos y sociales, ejemplo de ello es el de la popular congresista de Estados Unidos Ocasio-Cortez, que utilizando mayoritariamente las redes sociales para su campaña para convertirse, en el año 2018, en la congresista más joven de Estados Unidos, la semana pasada (16 de abril) manifestó abiertamente que “las redes sociales son un riesgo para la salud pública”. Lo anterior lleva a la necesidad de discutir y encontrar canales mediante los cuales se pueda conocer la veracidad de la información con base en la cual se está formando la opinión pública, como por ejemplo los verificadores que ya llevan algún tiempo siendo utilizados. De estos mismos problemas se ha abordado en algunas otras publicaciones de propia autoría, que convendría mucho retomar, como es en el caso de un artículo del 2015 (Ramos: p. 616619) en el que se hace mención de que diversos autores han planteado que a la par de que las TIC traen grandes oportunidades y nuevas formas de participación, también conllevan una serie de problemáticas y aspectos negativos que son necesarios tener en consideración en el análisis, con objeto de no quedarnos con exclusividad en el plano idílico del concepto. En este contexto la primera problemática encontrada y ampliamente compartida por muchos autores está relacionada con la denominada brecha digital (Norris, 2000; Hoffman, Novak, Schlosser, 2001; Castells, 2001), pues se tiene que tomar en consideración que un amplio porcentaje de la población, es decir de ciudadanos, quedan excluidos de las ventajas de las TIC y de Internet ya sea por motivos de ubicación geográfica o bien por motivos socioeconómicos y de alfabetización digital. Lo anterior conlleva al análisis de la problemática, argumentada por Portes y Landolt (1996), sobre la posibilidad de que las redes (en este caso virtuales) puedan constituirse como mecanismos de exclusión social. En este sentido una primera definición aportada por Castells (2001), y quizá una de las más sencillas de comprender, nos indica que esa brecha o divisoria digital se traduce en la 562 disparidad existente entre los que tienen acceso a Internet y los que no tienen acceso a él. Otra definición nos indica que “la brecha digital puede ser definida en términos de la desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y a la educación mediante las TIC. La brecha digital no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e informática” (Serrano y Martínez, 2003: 8). De estas definiciones generales de brecha digital, podemos acentuar ese elemento de sesgo o diferenciación entre las personas, pero también entre las comunidades, las regiones y los países, para utilizar de forma cotidiana las herramientas digitales proporcionadas por las TIC, ya sea por incapacidad de acceso o de conocimiento en la utilización de esas herramientas. En este punto, habría que mencionar otras problemáticas relacionadas con la asimetría existente entre los que tienen o no tienen influencia virtual, para la generación de contenidos en Internet, pues se ha encontrado que inclusive sólo un 1% de los usuarios de Internet generan el 90% de los contenidos existentes en la red (Nielsen, 2006). En este sentido se ha dejado de manifiesto la existencia de sesgos muy importantes relacionados con la edad, la preparación y en general con el perfil socioeconómico de las personas para utilizar Internet, así como para llevar a cabo una participación política mediante la utilización de las TIC. En este sentido, el elemento socioeconómico se relaciona directamente con la brecha digital, pues se vincula en primer lugar con una desigualdad preexistente en cuanto al acceso a los recursos, pero que también profundiza y refuerza la desigualdad entre los que tienen y pueden y los que no. En este punto se han realizado análisis, como el de Sterrett (2012), que apuntan a destacar esas diferencias socioeconómicas como determinantes en la utilización de Internet como herramienta de participación. Sterrett, basando su análisis en las diferencias socioeconómicas para el caso de Estados Unidos de América, encuentra que aspectos como el de la raza, la edad, el ingreso y la educación de las personas son elementos que influyen en gran medida en la utilización de Internet. En cuanto a raza el autor encuentra que “los negros tienen menos probabilidades que los blancos de usar Internet” (Sterrett, 2012: 120), esta diferencia llega a 563 representar una probabilidad de utilización de Internet del 46% menor al ser de raza negra que de raza blanca. Por otro lado, la variable de ingresos, como se puede llegar a pensar al haber analizado previamente el fenómeno de brecha digital, también juega un papel muy importante en la utilización o no de Internet. Sterrett encuentra que “los estadounidenses con más riqueza tienen muchas más posibilidades de usar Internet y consultar las noticias en línea que sus conciudadanos más pobres” (2012: 123). Lo anterior da cuenta de la relación tan estrecha entre la utilización de Internet y la ubicación en el quintil económico en el que se encuentren las personas, siendo por supuesto, más fácil al estar ubicado en el quintil más alto sobre los otros cuatro. La variable educación también resulta esencial en este análisis, pues como apunta el propio Sterrett: “el nivel de educación tiene un impacto estadísticamente significativo en la probabilidad de que se use Internet y se consulten noticias en línea” (2012: 125). En este punto, hay trabajos como el de Purcell, Rainie, Mitchell, Rosenstiel y Olmstead que muestran que en Estados Unidos de América menos de un 40% de las personas que no terminaron la educación secundaria utilizaban Internet, en comparación con el 84% que lo utilizaban, habiendo terminado ese nivel educativo. El dato es todavía más sorprendente cuando los autores argumentan que con cada nivel de educación más terminado, existía una posibilidad del 65% mayor para la utilización de Internet (Purcell et al., 2010). Finalmente, una variable que también resulta muy importante tanto para el uso como para la creación de contenidos de Internet, es la de la edad. En este sentido Sterrett menciona que “los estadounidenses más jóvenes tienen muchas más probabilidades de usar Internet, consultar las noticias en línea o participar en blogs que sus conciudadanos de mayor edad” (2012: 126). En este mismo sentido se han recabado datos que indican que el 90% de los estadounidenses de entre 18 a 45 años utilizan el Internet, mientras que sólo lo hace el 54% de personas de 60 años, y que inclusive por cada año mayor a los 60 existe un 7% menos de probabilidades de utilizar el Internet” (Purcell et al., 2010). Lo anterior deja claramente de manifiesto que la edad es una variable fundamental para el uso de Internet. 564 Estas variables analizadas para el caso de Estados Unidos de América pueden incluso superarse en el análisis de países de Latinoamérica, pues las distancias y diferencias socioeconómicas son mucho más profundas y marcadas en esta región del planeta, misma que ha llegado a ser definida como la región más desigual del mundo (Fleury, 2004; Burchardt, 2012). Tomando en consideración esta problemática, han existido iniciativas y esfuerzos gubernamentales en algunos países, que apuntan a la necesidad de ofrecer de forma más amplia los servicios de Internet para que un segmento más grande de sus poblaciones sea beneficiado con los usos de las tecnologías, sin embargo, a pesar de estas iniciativas, aún está lejos de constituirse un derecho de gratuidad y universalidad para el acceso de los ciudadanos a estas herramientas tecnológicas. En este mismo sentido, autores como Vleugels (2010) mencionan la problemática relacionada con una escasa o inexistente legislación que resulte propicia para asegurar y proteger el derecho de los ciudadanos a la información disponible en Internet, lo que puede llegar a redundar en una profundización de las desigualdades y la continuidad de una participación elitista de los que están informados sobre los que no lo están. Una limitante más, relacionada con la participación política de los ciudadanos mediante el uso de las TIC, apunta a que las personas que utilizan más estas nuevas herramientas son también las que ya mostraban interés y participaban políticamente en los canales tradicionales de participación, mientras que ese gran porcentaje de personas renuentes o apáticas en su participación política, utilizan más las tecnologías para privilegiar cuestiones relacionadas con relaciones personales y el consumo (Griffiths, 2004). Por otro lado, se ha dejado de manifiesto que muchos políticos utilizan estas nuevas herramientas tecnológicas para utilizarlas como medios de propaganda y difusión, más que para alcanzar realmente una nueva forma de participación, comunicación e interacción con los ciudadanos, lo que genera un cuestionamiento del carácter democrático y participativo de la ciudadanía digital, pues el problema “se traduce en una mera reproducción del esquema actual, de modo que las nuevas tecnologías actúan como una caja de resonancia de las élites políticas” (Campos, 2012: 79). 565 Otra problemática no menor está relacionada con la saturación informativa que origina Internet, debido principalmente a la gran disponibilidad de documentos, archivos e información en prácticamente cualquier campo del conocimiento, mucha de la cual carece de un mínimo de calidad, es irrelevante, parcial o directamente engañosa. De forma específica se ha argumentado que “Internet es una valiosa fuente de información que alberga millones de documentos, pero, debido a que cualquiera puede publicar en la red sin pasar ningún tipo de filtro, muchos de ellos son de poca o nula calidad” (Fernández-Ramos, 2015: 2). Ante esta problemática, se han planteado principalmente dos posibles soluciones, en las que las bibliotecas pueden jugar un importante papel (Fernández-Ramos, 2014). La primera de ellas, en un plano individual y de capital humano de las personas, relacionada con la “necesidad de disponer de suficientes habilidades cognitivas, instrumentales y técnicas” (Campos y Silván, 2012: 78) para lograr una adecuada selección y manejo de la información disponible en Internet, sería la formación en competencias informativas, una labor que cada vez tiene más importancia en las bibliotecas (Chen y Lin, 2011), y que tiene como objetivo capacitar a las personas en la búsqueda, evaluación, selección y uso de la información. La segunda de las alternativas de solución a esta problemática, está relacionada con la revalorización y posicionamiento de los servicios bibliotecarios y de las herramientas que las bibliotecas, las grandes intermediarias entre la información y los usuarios, ponen a disposición de estos para facilitarles información de calidad en Internet, principalmente los catálogos de recursos web, las guías temáticas y los directorios temáticos (Fernández-Ramos, 2014: 122). Conclusiones Como reflexión final se puede mencionar que se han modificado los procesos de información de la ciudadanía para la formación de opinión pública, en donde a la par de que los individuos toman un papel mucho más protagónico en el desarrollo de contenidos informativos, mediante el uso las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente internet, también surgen problemáticas asociadas a estos cambios, como lo es el de la desinformación que permea cada vez más la opinión pública y la participación ciudadana, por lo que dichos aspectos obligan a reflexionar y estudiar estos procesos con objeto de desarrollar alternativas 566 que permitan que la ciudadanía pueda fundamentar sus opiniones y participaciones en información verídica, lo que finalmente redunde en una mayor y mejor calidad democrática de las naciones. En este sentido, con la apertura de todos los nuevos canales informacionales brindados por las tecnologías de la información y comunicación, la ciudadanía con nuevas herramientas no sólo informativas, sino también para entrar en contacto con otras instancias y mejorar su calidad de vida. Entre esas instancias están, por supuesto, otros ciudadanos ubicados cercana o lejanamente unos de los otros, pero también se puede entrar en contacto con instancias gubernamentales de distintos niveles (locales, regionales, nacionales o supranacionales) con objeto de dar a conocer las problemáticas o los puntos de vista acerca de cómo se están atendiendo los asuntos públicos y de esta forma incidir de forma directa en su mismo tratamiento. De igual forma ese contacto se puede establecer con organizaciones civiles que permitan el cobijo de las ideas ciudadanas con objeto de brindar claridad de los mecanismos para que estas mismas ideas puedan ser tomadas en cuenta por las autoridades especializadas en cada una de ellas. Por otro lado, con respecto a las problemáticas, es necesario generar mayores niveles de responsabilidad social en el manejo de la información que es visualizada, y muchas veces compartida, a través de los medios digitales, principalmente internet y las redes sociales digitales en él. En este punto, se deberían generar mayores campañas sobre la necesidad de verificar las fuentes y/o autenticidad de la información que es consultada y compartida, con objeto de que dicha información, resulte de cierta forma filtrada para que sea llegada a otros ciudadanos, y evitar con ello la desinformación o la propagación de información falsa. Bibliografía Campos, A. (2012) (coords.). 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Y que ellas generan comunidades que desarrollan alternativas propias ante las soluciones ineficientes de parte del Estado y el miedo constante, que las llevan a unirse. Palabras clave: miedo, comunidad de mujeres, secuestros, metro, resistencia, estrategias. Introducción El interés por este tema nació de una lectura que hice sobre percepción de miedo que las mujeres viven en la ciudad, el tema me intrigó y decidí que iba a ser mi tema para la tesis, sin embargo, estaba convencida de que, aunque el tema escogido fuera bastante deprimente, se le podría buscar algo positivo. De ahí nace la búsqueda por saber si el miedo realmente puede generar comunidad entre mujeres, una red de mujeres que vivan en sororidad, así como explorar la manera en cómo por medio de las comunidades formadas se crean estrategias tomadas por y para mujeres, vistas como agentes de cambio, que permiten y buscan la revalorización de la vida de la mujer. Esta tesis me llevo a muchos lugares que no esperaba e incluso dos años después de mi titulación me sigo encontrando con interrogantes y sigo trabajando con estas mujeres que ahora tengo el gusto de conocer y colaborar con ellas. 570 En esta investigación lo primero que se explica es en dónde están las acciones del Estado que perciben a las mujeres como vidas desechables a nivel estructural, cómo se han creado, la manera en las que se mantienen y reproducen así cómo estas afectan la vida de las mujeres en un Estado en dónde existen vidas que no son merecedoras de ser lloradas o vividas (Butler, 2000). Una vez hecho esto, se buscará entender cómo el miedo funciona socialmente, la rutinización del miedo, su encarnación y consecuencias para las mujeres. Se hace alusión a la entrada del túnel, siendo este como el miedo, oscuro y a veces sin poder ver la salida. En un Estado en donde el miedo se vive da manera diaria y constante, entender como se forma, y como se vive es esencial para comprender las dinámicas después vistas en el estudio de caso por mujeres. La salida del túnel llega de maneras inesperadas, es por esto por lo que la investigación hace una aproximación todavía más profunda sobre el miedo y su percepción. Se buscará cómo se pueden generar lazos de comunidad entre mujeres y de esta manera construir una ciudad vivible para ellas y por ellas. Finalmente, se verá el estudio de caso: secuestros de mujeres en el metro de la Ciudad de México. Aquí se relatará una breve cronología del caso y después se encontrará el análisis de la etnografía virtual realizada que se divide entonces en: testimonios, estrategias y discurso institucional. A pesar de que el estudio de caso se enfoca en los secuestros que tomaron lugar en el año 2019, es importante mencionar que estos siguen ocurriendo de manera constante en las diferentes estaciones del metro. El objetivo de la investigación se basa en analizar las formas en que, a través del miedo, en tanto una experiencia social compartida, las mujeres son capaces de convertirse en agentes de cambio y crear comunidades estratégicas que procuren su protección y supervivencia, con base en la formación de plataformas o redes virtuales de apoyo que se comprenden desde la experiencia de miedo compartido socialmente. Desde el performar como mujeres en lo social y desde el espacio público, es posible generar comunidad para desarrollar estrategias para enfrentar el miedo juntas. La importancia de un estudio como este en el año 2021, a mitad de una pandemia, reside en hacer una pequeña aportación a la academia feminista, en entender y ser parte de la formación 571 de una comunidad de apoyo o red, de mujeres hacia mujeres, sin el estado u otras instituciones que intervengan. Es relevante tomar en cuenta en que muchas de las formas en que las mujeres formaron vínculos de resistencia fue a través de las redes sociales y herramientas digitales, formando una comunidad que funciona online/onlife. Metodología Historiografía crítica del miedo en el contexto contemporáneo Para este trabajo se realizó una historiografía crítica en los primeros capítulos del marco teórico con el fin de repensar el miedo en el contexto contemporáneo basándose en los antecedentes históricos del capitalismo como una estructura sistemática de violencia y opresión. Para entender la historiografía crítica Pappe comenta que esta, “lejos de basarse en una definición simplificadora, se propone como una forma de problematizar el conocimiento sobre el pasado, su potencial significativo, así como la historicidad de los procesos de construcción de conocimiento histórico” (Pappe, 2001, p.13). De esta manera se analizarán eventos históricos. Etnografía virtual del caso de los secuestros e intento de secuestros en el metro de la Ciudad de México El estudio de caso presente en esta investigación se realizó mediante una etnografía virtual, que es una variante de la etnografía tradicional y se puede entender como: “Un estudio detallado de las relaciones en línea, de modo que Internet no es sólo un medio de comunicación, sino también un artefacto cotidiano en la vida de las personas y un lugar de encuentro que permite la formación de comunidades, de grupos más o menos estables, y, en definitiva, la emergencia de una nueva forma de sociabilidad” (Ardèvol, Bertrán, Callén y Pérez, 2003, p.2) Se puede realizar una etnografía virtual de los fenómenos contemporáneos como fue el caso de la viralización de las denuncias de intentos de secuestros en el metro de la CDMX que fueron compartidas a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. Para esto se estudiaron 19 testimonios encontrados en línea de los que se realizó una transcripción y se 572 mantuvo evidencia de aquellos obtenidos en redes sociales a través de una captura de pantalla, estos luego se clasificaron por primeras y segundas fuentes, se ordenaron por fechas y se clasificaron en: sucesos, modalidad, escape, afectación, denuncia y violencia normalizada. Posteriormente, para las estrategias, se comenzó estudiando los mapeos de secuestro de Zoé Láscari y Serendipia, estos se comparan y se explica su alcance. Para las infografías se hizo un contraste sobre la información que cada una aportaba y las fuentes, además, se analizaron las manifestaciones que, aunque tuvieron presencia y reclamos a través de las redes sociales estas comprobaron la existencia de la comunidad fuera de la vida virtual. Finalmente, en el último apartado, discurso institucional, se realizó una cronología de los eventos a través de las declaraciones de Claudia Sheinbaum y se compararon las estrategias gubernamentales compartidas en redes sociales con las compartidas y creadas por activistas. ¿Dónde están las acciones que hacen posible la desechabilidad de las mujeres? Para que la violencia sea lo que es hoy en día, esta tuvo que pasar por múltiples procesos históricos que han contribuido a su formación como estrategia y a la propagación, aceptación y uso como técnica de gobierno. El uso de la agresión y la violencia que evolucionó a través de los siglos estuvo dirigida principalmente a grupos vulnerables, tales como las mujeres, y es que “la reconstrucción de la historia de las mujeres o la mirada de la historia desde un punto de vista femenino implica una redefinición de las categorías históricas aceptadas, que visibilicen las estructuras ocultas de comunicación y explotación” (Federici, 2004, p.25). El control sobre las mujeres, tanto a nivel de sucesos históricos, como en procesos de organización económica y social, dio pie a lo que hoy es una violencia sistémica y es posible encontrarlo desde el feudalismo. Federici al estudiar la historia de las mujeres, resalta los siguientes momentos históricos que contribuyeron a la opresión de la mujer: 1. La eliminación de la tipificación de la violación como un delito en Francia durante el siglo XV. (2004). “En Francia las autoridades municipales prácticamente dejaron de considerar la violación como delito en los casos en que las víctimas fueran mujeres de clase baja” (Federici, 2004, p.79). 2. La reducción del salario. 573 “En el siglo XIV, las mujeres habían recibido la mitad del sueldo de un hombre por hacer igual trabajo; pero a mediados del siglo XVI estaban recibiendo sólo un tercio del salario masculino reducido y ya no podían mantenerse con el trabajo asalariado, ni en la agricultura ni en el sector manufacturero” (Federici, 2004, p.117). 3. La importancia de la familia a partir de la Reforma Protestante en donde “se le dio una nueva importancia a la familia como institución clave que aseguraba la transmisión de la propiedad y la reproducción de la fuerza de trabajo” (Federici, 2004, p.134). 4. La masculinización de la práctica médica que había sido históricamente dominada por mujeres fue implementada a través de la caza de brujas, persecución que ocasionó la salida de las mujeres de la ciencia y medicina, campos que todavía les permitían vivir su vida con cierto control e independencia de los hombres (Federici, 2004). Sobre este caso, Federici comenta que “las mujeres no hubieran podido ser totalmente devaluadas como trabajadores, privadas de toda autonomía con respecto a los hombres, de no haber sido sometidas a un intenso proceso de degradación social” (2004, p.153). Una degradación social continúa y persistente a través de los siglos y que ha permitido la formación del sistema capitalista neoliberal como lo conocemos hoy en día y que ella argumenta, contribuye esta estructura de violencia. ¿Cómo se define entonces el neoliberalismo a sí mismo? Harvey lo define de la siguiente manera: El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de la propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio (Harvey, 2007, p.8). Harvey (2014) argumenta que, aunque las bases del capitalismo actual están estructuradas sobre el valor económico y el capital, estos son inseparables de las prácticas sociales y el contexto que los rodea. El capitalismo neoliberal se nutre en desigualdades que permiten la acumulación de bienes, estas desigualdades les permiten a las pocas personas con poder económico y político mantenerse en el mismo lugar (Acemoğlu y Robinson, 2012) 574 permitiendo que sucesos violentos que muestran la existencia de estas, como los secuestros en el metro de la CDMX no tengan prioridad. Esta estructura que promueve desigualdades se mantiene mediante la difusión del miedo. Al respecto, Harvey argumenta que, “el neoliberalismo se ha tornado hegemónico como forma de discurso. Posee penetrantes efectos en los modos de pensamiento, hasta el punto de que ha llegado a incorporarse a la forma natural en la que muchos de nosotros interpretamos, vivimos y entendemos el mundo” (2007, p.9). Es importante recalcar que los medios de comunicación juegan una parte fundamental en la manera en que se perciben los hechos. Con el uso de palabras adecuadas se es capaz de mantener un control y de permitir que la violencia y el miedo se expandan. A este discurso le sumamos la idea de una dualidad en la moralidad en donde el mundo se percibe en blanco y negro, al respecto Madriz comenta que “las representaciones populares asociadas con situaciones seguras y peligrosas, individuos inofensivos y amenazantes y víctimas “buenas” y “malas” refuerzan las jerarquías superpuestas de poder, amplifican las distancias sociales entre los diferentes grupos y limitan severamente las actividades diarias de las mujeres” (1997, p.244). Las mujeres viven entonces creyendo que, si se evitan callejones oscuros, horas inadecuadas, se toman precauciones, entonces, están a salvo. Pero esto implica que se hace algo todavía más peligroso, involucra creer que hay características adherentes a la personalidad y hábitos de una persona que hacen que una merezca estar a salvo y la otra no. La realidad es que muchas veces el delito de la víctima es ser pobre, y en no tener alternativas. Los secuestros de las mujeres en el metro de la CDMX no sólo afectan a las mujeres secuestradas, pero también a todas las mujeres que a diario se movilizan en la ciudad. Miles, si no es que millones de mujeres cuyo único delito ante los ojos de la sociedad es ser pobres y las cuales no pertenecen al sector de mujeres “buenas” que son responsables de sus acciones en la vía pública y son responsables de la misma manera de cometer acciones que las denominan “irresponsables” como lo son tomar el metro o estar/vivir/transitar por una sección “fea” de la ciudad. Epifanía cuenta en su testimonio de intento de secuestro un reflejo de esto cuando menciona: “Y siento muchas cosas y ya estoy llorando otra vez, pero lo que me queda muy claro es que no es mi culpa por andar sola en la calle y tan noche y por vivir 575 en Ecatepec. Todo eso, siendo mujer” (Epifanía, 2019). Las vidas de las mujeres, para el Estado no son percibidas como valiosas. En su libro Marcos de Guerra, Judith Butler habla de esto, para ella “una vida concreta no puede aprehender como dañada o perdida si antes no es aprehendida como viva” (2000, p.13). Las vidas nunca son percibidas como vidas por lo tanto si desaparecen, nos damos cuenta de que nunca lo fueron. “Si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el principio, no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerarán vividas ni pérdidas en el sentido pleno de ambas palabras (Butler, 2000, p.13). En el caso de los secuestros de mujeres en el metro de la CDMX las vidas de las mujeres son tratadas como eso, como vidas desechables que no merecen ser vividas ni lloradas. Epifanía al relatar su intento de secuestro se sintió de esta manera, ella escribe: “Me he imaginado el titular “Desaparece joven de 20 años en el metro en el estado de México”. Ni siquiera me hubieran puesto nombre, porque al día siguiente le pasaría a otra mujer lo mismo” (Epifanía, 2018). Estos cuerpos de mujeres se vuelven entonces susceptibles a ser vendidos, torturados, violados, maltratados, a perder la dignidad en todos los sentidos y seguirán sin ser percibidos como valiosos, mientras sus marcos de visibilidad no sean cambiados. Las mujeres entonces experimentan un miedo que es social. La sociabilidad del miedo Los miedos se pueden entender como construcciones sociales, estas forman parte de la identidad y cohesión social. Una manera de comprenderlas es como “la creación de significados mediante el trabajo colaborativo” (Gergen y Gergen, 2011, p.9). Esta creación de significados no son hechos brutos, sino interpretaciones que le damos al mundo. La gente decide, entonces, qué actitudes son buenas y cuales son malas, cuál violencia es legítima y cuál no lo es, qué vidas merecen ser vividas y lloradas y cuáles no (en qué condiciones se da este no), a que lugar se le debe temer y a cuál no. La antropóloga Linda Green concluye que “los efectos del terror no son sólo psicológicos e individuales, sino también sociales y 576 colectivos” (Green, 1994, p.239) 1. En cierta manera este miedo mete a las mujeres en una especie de túnel en donde no se ve la luz. El miedo al ser vivido de forma colectiva implica que no todas las mujeres a las que se puede hacer referencia hayan vivido o hayan escapado a un intento de secuestro, sino que pertenecen a grupo de mujeres que se ven afectadas. Al respecto Scott comenta: Aunque no todos han sido víctimas de un delito, los actos criminales pueden afectar a todos. Aquellos que tienen la suerte de no haber sido víctimas, ni de conocer a alguien que lo haya hecho, probablemente habrán leído, visto y escuchado noticias, películas, historias de televisión o radio sobre quienes han sido víctimas. La exposición repetida a eventos criminales y las secuelas de tales eventos, en general, pueden convertirse en una poderosa fuerza socializadora que afecta a las personas tanto directa como indirectamente (2003, p.203) 2 El miedo puede ser tan constante que se llega entonces a lo que la describe como una rutinización del miedo, la cual “socava la confianza de uno en interpretar el mundo” (Green, 1994, p.230) Este miedo, entonces, forma parte de nuestra cotidianeidad y se inserta en nuestra vida diaria volviéndose así una segunda naturaleza, una prenda más de ropa sin la cual no puedes salir de tu casa, se impregna en la piel y genera cambios que pueden ser a largo plazo. Las rutinas entonces se transforman, se vuelven en mecanismos de defensa inconscientes, en esconder el teléfono, en estar siempre alerta, en caminar con las llaves entre los dedos de las manos, en pegarse a un grupo de personas para no dar la apariencia de que se está caminando sola. La manera en la que sentimos físicamente el miedo, en cómo nuestro cuerpo reacciona puede generar de esta manera una reinterpretación de cómo vemos nuestro entorno. Cuando este miedo está presente de una forma constante por tanto tiempo entonces 1 Traducción propia. Original en inglés. “Terror’s effects are not only psychological and individual, but social and collective as well” (Green, 1994). 2 Traducción propia. Original en inglés. “Although not everyone has been the victim of a crime, criminal acts may touch upon everyone. Those fortunate enough not to have been victimized, nor to know someone who has, will have probably read, watched and listened to news, films, television or radio stories about those who have been victimized. repeated exposure to criminal events and the after-effects of such events, on the whole, may come to be a powerful socializing force affecting people both directly and indirectly” (Scott, 2003). 577 el cuerpo comienza a actuar de forma diferente: “entrenando al principio para no reaccionar, y luego para no sentirlo (verlo). La autocensura se convierte en una segunda naturaleza” (Green, 1994, p.231)3. Esta autocensura involucra comenzar a creer el discurso antes mencionado en donde ciertas mujeres toman buenas decisiones y las otras no. Este miedo tiene consecuencias ya que “desestabiliza las relaciones sociales al generar una brecha de desconfianza dentro de las familias, entre vecinos y amigos” (Green, 1994, p,227). 4 Afecta la forma en la que se comunica y se cuentan anécdotas a familiares y personas cercanas. Se evita mencionar cuando uno se ha puesto en riesgo por miedo al regaño o a la desaprobación de la conducta. El lenguaje, el tono, la expresión cambian cuando se siente miedo, aíslan y transforman las relaciones antes cercanas. Para afrontar situaciones difíciles, se pueden tomar dos caminos, por un lado, el aislamiento y el cambio de conductas que se pueden tomar como prevención, por el otro lado se pueden formar redes comunitarias de mujeres. Es posible generar un cambio a través de la comunidad y de la sororidad, este cambio surge del miedo y la necesidad del cambio. La salida del túnel Entender que el miedo puede llegar a ser generador de comunidad es comenzar a ver la luz al final del túnel, para esto es importante comprender el miedo. “El miedo es la sensación subjetiva del peligro y, como específicamente plantean las experiencias con relación a la seguridad y a las mujeres, es importante atender a las expresiones que los grupos hacen con relación a este par indiscutible” (Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, 2005, p.31). Miedo y mujeres, pareado constantemente en las oraciones. Las mujeres que viven en la CDMX y que transitan el metro diariamente experimentan más miedo a ser secuestradas para después ser vendidas, violadas o asesinadas, que el miedo a un simple robo. Si a una mujer solo le roban su bolso, esta mujer ha tenido, al parecer tristemente, mucha suerte. Por otro lado, el miedo de un hombre es el ser robado ya que la posibilidad de ser secuestrado en el metro es mínima, casi nula. “Todos estos factores conllevan a que ser mujer conlleva un 3 Traducción propia. Original en inglés. “Training themselves at first not to react, and a later not to feel (see) it. Self-censorship becomes a second nature.” (Green, 1994). 4 Traducción propia. Original en inglés “Fear destabilizes social relations by driving a wedge of distrust within families, between neighbors, among friends.” (Green, 1994). 578 miedo específico, diferencial y añadido a la representación subjetiva del miedo o a la inseguridad que puede sufrir un hombre” (Añover López, 2012, p.29). Los miedos que se viven diariamente en la ciudad van de la mano con una carga de género. Al miedo y la percepción del miedo se les atribuyen definiciones diferentes, a pesar de esto, comúnmente se ven entrelazados hasta tal punto que se puede creer que uno es sinónimo del otro. Barrau Fuentes explica como ambos están relacionados de la siguiente forma: “La percepción, es decir, como la mujer ve, identifica, le otorga un determinado valor simbólico a los espacios en los que vive, en los que interactúa, de los que se apropia y de los que toma como espacio de tránsito… supone la base sobre la que se establece su relación con el medio construido, de manera que ya no serán aspectos diferenciados sino proyección de una visión holística que los transforma en unidad (2010, p, 81). El miedo “real” que siente se ve entonces mezclado con el miedo que “percibe”, con lo que oyó, con como ella interpreta las acciones de los otros hombres que transitan cercanos a ella. La mujer entonces “creará la ciudad en función de la percepción. Es espacio construido no se puede entender sin la subjetividad de la persona que lo vivencia” (Barrau Fuentes, 2010, p.81). La ciudad se torna así en un lugar peligroso, lleno de obstáculos y nunca de la propiedad de una mujer, una cárcel sin muros. Una manera de romper estos muros es la creación de comunidad entre mujeres. Para Gurruxtaga la comunidad se puede definir como la “identificación del individuo con el grupo, interacción mantenida a lo largo del tiempo, conocimiento mutuo, solidaridad grupal, individuos entregados al grupo y consciencia del Nosotros” (1991, p.36). En otra mano, para Causse Cathcart uno de los requerimientos esenciales para que la comunidad se mantenga es “la existencia de necesidades objetivas e intereses comunes.” (2009, p.13). El miedo generado por los secuestros en el metro de la CDMX se vuelve entonces una necesidad a resolver y un interés en común que comparten muchas mujeres, que, sin conocerse, se buscan. Para Marina “Una de las ventajas de la vida en grupo es que las respuestas de miedo 579 evolucionan para convertirse en señales de alarma ante las cuales pueden reaccionar otros miembros del grupo” (2006, p.18). Esto ayuda a la red de mujeres a generar estrategias que las mantengan a salvo y que eventualmente puedan cambiar la situación en la que viven y crear eventualmente una ciudad segura. Cuando pensamos en una ciudad segura muchas veces no pensamos si con esto nos referimos también a una ciudad segura para mujeres. Y es que la planificación de una ciudad y sus elementos pasan por alto que más de la mitad de su población son mujeres que perciben la calle como lugar que no es propio de ellas. Para que la planificación sea eficiente es necesario que mujeres estén involucradas en su realización y que estas tengan un enfoque de género. “Una ciudad donde mujeres y niñas participan en la toma de decisiones que afectan la comunidad en la que viven” (ONU Mujeres, 2012) Desde cosas tan pequeñas como iluminar una acera, hasta las grandes como cambiar la estructura hegemónica en la que vivimos permitiría que existiera “una ciudad en donde las mujeres pueden disfrutar de los espacios públicos y una vida pública sin temor a ser agredidas” (ONU Mujeres, 2012). Estudio de caso: secuestros en el metro de la Ciudad de México El metro es una parte vital de la vida diaria de los habitantes de la CDMX en la cual se ha visto infinidad de pasajeros, modas, revueltas, deseos, amores, apagones, robos, inundaciones. Al poco tiempo de su apertura se descubrió que no todo era color de rosa ya que en 1970 “las mujeres se empezaron a quejar, por lo que se les asignaron 2 vagones, en exclusiva” (gobierno de la Ciudad de México, 2011) (líneas 1 y 3). Muchos años después en el 2007 “se puso en marcha el programa “Acoso Cero”, que incluía la asignación del tercer vagón del tren” (gobierno de las Ciudad de México, 2011). Estas medidas fueron sólo el comienzo de estrategias que resultaron ser deficientes, como se puede ver por el numero de denuncias por intentos de secuestro. Cronología del caso El caso comenzó a tomar forma en el 2018 cuando se dio a conocer el tipo de secuestros “Cálmate mi amor” (Guzmán, 2018). Después, entre el 28 y 31 de enero del año 2019 salieron a la luz cientos de testimonios de intentos de secuestro en el metro de la CDMX, para el 1 de 580 febrero “el gobierno capitalino aseguró que tanto el mapeo que en redes sociales elaborado por víctimas y activistas para identificar los lugares en donde ocurren los hechos serán retomados por las autoridades capitalinas y servirá en investigaciones” (Yáñez, 2019). A raíz de las declaraciones el 2 de febrero se organizó en contra de los secuestros de mujeres en el metro de la CDMX y los feminicidios, miles de mujeres asistieron. Para el 12 de febrero la Procuraduría General de Justicia pasó de no tener ninguna denuncia a contar con 48 carpetas de investigación por intentos de secuestro, pero sin ningún responsable (Redacción Chilango, 2019). Testimonios Al estudiar los testimonios, no se encontró una hora en específico donde el ataque fuera más común, con esto se puede recalcar que el estereotipo de que las mujeres violentadas y secuestradas estaban en un “mal” lugar a una hora “impropia” es totalmente desafiado por los datos. No se encontró ningún testimonio en dónde la víctima fuera hombre, siendo las mujeres las únicas en riesgo permanente. Las mujeres intentaron ser secuestradas por entre uno y cuatro hombres. De las 19 víctimas 18 lograron escapar, todos los escapes fueron el resultado de la resistencia de las mujeres ante sus agresores, la mitad de las mujeres fueron ayudadas por desconocidos. Las mujeres reportaron afectaciones como: desórdenes de sueño, ansiedad, paranoia, impotencia, golpes, quemaduras y ataques de pánico. Todas las mujeres que intentaron levantar una denuncia relatan lo difícil que fue hacerlo y las trabas que les pusieron en el Ministerio Público. Las mujeres que platican sus relatos se sienten obligadas a ser aclaraciones tales como “y no amigos, no vestía nada provocativo” (Scarlette Piña, 2019) o “me regañan porque pudieron haberme balaceado ahí” (Epifanía 2019). Este tipo de aclaraciones demuestra la sociedad que todavía existe bajo una concepción de comportamientos “buenos y “malos” que las mujeres deben de seguir para mantenerse fuera de peligro, pero como ya vimos no son efectivos. Un factor en común con todos los testimonios y comentarios de los testimonios es la búsqueda de comunidad. Las mujeres al publicar sus testimonios mencionan que lo hacen para que no le pase a otra mujer, para incitar cambio para cuidarse entre todas. 581 Estrategias Mapeos Los mapeos son una forma de reapropiación de los tradicionales mapas, que han sido utilizados como instrumentos de poder, a estos se les cambia de significado y se les convierte en una herramienta para marcar resistencia (Iconoclasistas, 2013). Para este caso se estudiaron dos mapeos, el de Zoé Láscari (2019) y el de Serendipia (2019). Ambos mapeos obtenían sus resultados de encuestas en formularios de Google. Ambas encuestas tienen preguntas en común como: hora, fecha, lugar exacto, denuncia y narración de los hechos. En cuanto al número de denuncias presentadas el de Zoé cuenta con 44 intentos de secuestro registrados hasta el 30 de enero del 2019 mientras que Serendipia hace un conteo de 131 intentos. En este último hasta el tres de noviembre del 2019 se pueden encontrar 170 intentos de secuestro, 69 más que en enero. Actualmente (2021) la base de Serendipia cuenta con un registro de más de 193 casos, lo cual hace énfasis que incluso después de que se terminó la viralización de los casos de intentos de secuestro en el metro de la Ciudad de México estos continúan ocurriendo. Estos mapeos, al ser bases de datos, fueron utilizados en la manifestación feminista del 2 de febrero del 2019 y ayudaron a la Procuraduría General de Justicia a designar las zonas de peligro y a validar las denuncias. Infografías Las infografías sobre los intentos de secuestro y secuestros en el metro de la ciudad de México ayudan a informar a la población sobre la modalidad de los secuestros y qué hacer en el caso de que ocurran. El tema recurrente en las infografías es el “¿Qué hacer?” este se divide en víctima y testimonio. Entre los consejos se encuentran: gritar fuego, abrazar a una persona, llamar a las autoridades, creer en la víctima, preguntar datos concretos y grabar con el celular (El Big Data MX, 2019). Este tipo de estrategias muchas veces creadas por activistas fueron compartidas en redes sociales las cuales también se viralizaron y muestran una forma de resistencia en línea que muchas veces pasa desapercibida. Manifestaciones A diferencia de los mapeos y las infografías, aquí se utilizó la información online para crear acciones onlife. Estas manifestaciones son un reclamo físico de una comunidad sobre temas 582 que les conflictúan. Se estudiaron dos manifestaciones, la primera tuvo lugar en el zócalo el 2 de febrero y la segunda en la UNAM el 8 de mayo. En la primera se vio como miles de mujeres marcharon bajo el lema “Unidas nos mantenemos vivas” (Noticieros Televisa, 2019). En la segundo se realizó una intervención en el espacio público, que reclama la falta de respuestas eficaces de parte de las autoridades. Esta intervención del espacio tiene dos componentes, uno onlife dónde se realizaron las acciones como montar carteles de protesta y marcar con grafiti el lugar exacto donde fue el intento de secuestro, y el segundo online donde se informó las razones por las que se hizo, así como peticiones tanto a la universidad como a las autoridades (Bastián Pascal González, 2019). En estas manifestaciones se puede ver como la comunidad que se formo en redes sociales toma vida a través del uso de mapeos para validar sus reclamos, así como del apoyo al compartir contenido de la manifestación tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Discurso institucional Estrategias del gobierno A comparación de los mapeos, infografías y manifestaciones, el gobierno impulsó sus propias estrategias que fueron consideradas como ineficientes por activistas feministas y criticadas en redes sociales. La primera consiste en un silbato para alertar una situación de peligro (Redacción Chilango, 2019), la segunda en la campaña “Dame la mano” que consiste en portar una cinta morada para que las mujeres sepan que te pueden pedir ayuda (Desinformémonos, 2019), la tercera en un llavero geolocalizador que se le repartió a 1,000 mujeres en riesgo (Mendoza, 2019), y la última “el Plan” de Claudia Sheinbaum que involucra la instalación de células de atención, la revisión de carpetas y la orientación con perspectiva de género (Yáñez, 2019). Algunas de estas estrategias fueron “recicladas” de campañas anteriores o de propuestas presentadas en otros países. En ninguna de las estrategias hubo un plan que fuera bien estructurado, medible y con la capacidad de ser evaluado en sus resultados. Claudia Sheinbaum La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se ha vió inmiscuida en el caso desde la viralización de las denuncias de los intentos de secuestro en el metro de la CDMX. El 30 583 de enero manifestó que no existían denuncias pero que se iban a revisar las carpetas (Heraldo de México, 2019), esta postura la mantuvo hasta el 4 de febrero cuando afirmó que los secuestros venían desde el 2017 y que las denuncias estaban erróneamente clasificadas como robo (Noticieros Televisa, 2019). Este discurso cambió el 12 de febrero cuando “aseguró que las denuncias de intento de secuestro en el Metro de la Ciudad de México han sido en su contra” (Stettin, 2019), quitándole de esta manera el foco de atención a las denuncias y reduciendo la vida de cientos de mujeres a una pelea entre adversarios políticos. Al final, acepto que ya se contaban con 48 carpetas de denuncia y que se estaban revisando los casos. Después de febrero del año 2019 no hubo nuevas declaraciones sobre “el Plan” y tampoco se mostraron resultados a largo plazo. Las estrategias tomadas por activistas en redes sociales y que generan comunidad entre comunidades en línea y en vida (online/onlife) prueban que las mujeres son agentes de su propio cambio y que forman comunidades de resistencia que se buscan proteger entre sí. Conclusiones En este trabajo se pudo demostrar que el miedo es generador de comunidad en las mujeres y que casos como el de los intentos de secuestro en el metro de la CDMX hacen que las mujeres se vuelvan agentes de cambio en un sistema que trata de oprimirlas. Para esto, primero se tuvo que entender dónde están las acciones que permiten la desechabilidad de las mujeres, como se crean, que son y cómo se reproducen. Otro paso importante fue entender el miedo como algo social, como este se puede rutinizar, encarnar y eventualmente presentar consecuencias en la sociedad. Estas consecuencias limitan la vida de las mujeres, las aíslan, la comunidad aquí se vuelve una necesidad, algo que ven perdido. Después se buscaron las formas en las cuales el miedo puede lograr ser un generador de comunidad y cómo se construyen ciudades seguras. Lo que siguió fue la etnografía virtual dividida en testimonios, estrategias y discurso institucional. Se pudo observar las respuestas de mujeres que sin conocerse se apoyaban, se buscaban, se necesitaban. Ver como los mapeos sirven para compilar una base de datos y generar cambios fue francamente emocionante. Esta investigación de tesis me deja con un sabor agridulce, horrible en el sentido de la violencia sistémica en la que si no se genera 584 ningún cambio se va a continuar reproduciendo y también, por otro lado, esperanzada, porque hay mujeres que revalorizan la vida de las otras, que se ponen en relaciones de poder equitativas y que no se van a detener, hasta que esto se detenga, el “¡Ya Basta!” se oye claro y fuerte en cada esquina del país. Si algo generó esta tesis además de comunidad fue mucha más curiosidad. En la realización me di cuenta de que hace falta mucha más investigación académica feminista, que es una línea que tiene todavía mucho por ampliarse, reportes completos sobre la construcción de ciudades seguras y más información sobre la tecnología y su impacto en comunidades de resistencia. Espero que de la misma manera que se hizo un estudio de caso con los secuestros en el metro de la CDMX, se pueda hacer un estudio de las miles de situaciones violentas en el país no sólo de mujeres pero también de grupos indígenas y de migrantes. Esta investigación se queda con la esperanza de que sirva para generar comunidades en muchos otros lugares y en darse cuenta del poder de la unión. Bibliografía Acemoğlu, D & Robinson, J. (2012) Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Planeta Colombiana S.A. Añover López, M. (2012). Los espacios "del miedo", ciudad y género. Experiencias y Percepciones en Zaragoza. Geographicalia, 25-45. 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Caso municipio de Los Cabos, Baja California Sur Claudia Carolina Lacruhy Enríquez1 María Guadalupe Beltrán Lizárraga2 Resumen El objetivo de la investigación fue analizar la contribución de dos organizaciones sin fines de lucro que brindan programas de becas a jóvenes universitarios para su formación profesional a través de la percepción de los egresados con relación a su experiencia como becario y su contexto profesional actual en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México. La metodología fue un estudio de caso a través de una metodología cualitativa con entrevistas semi estructuradas a egresados. Los principales resultados mostraron que han beneficiado a 493 jóvenes con becas para su formación profesional, además desarrollaron competencias para mejorar su calidad de vida, tiene el valor intrínseco de ayudar a otros, la mayoría son el primer o el segundo miembro de su familia en concluir su formación profesional, están insertados en el mercado laboral regional, nacional e internacional en el sector público y privado. Se concluye que las acciones de ambas organizaciones con fines no lucrativos si contribuyen a la consecución del Objetivo 4 Educación de Calidad, en las metas 4.3 y 4.b. en el municipio de Los Cabos ya que los jóvenes profesionistas continúan formado redes de colaboración y aportando a su entorno, con ello ampliando la red de ayuda. Palabras clave: ODS 4 Educación de calidad, formación integral, tercer sector, jóvenes universitarios, Los Cabos, Baja California Sur. 1 2 Instituto Tecnológico de Estudio Superiores de Los Cabos, TECNM Campus Los Cabos. Instituto Tecnológico de Estudio Superiores de Los Cabos, TECNM Campus Los Cabos. 589 Introducción En México, el surgimiento de las organizaciones sin fines de lucro tomó fuerza durante la década de los ochentas, como consecuencia de las diversas crisis económicas y otras afectaciones relacionadas con el estado mexicano (Palos y Méndez, 2011). Se entiende que este tipo de organizaciones tienen como su principal objetivo ayudar a resolver problemas que afectan el desarrollo y convivencia de las comunidades sin recibir ningún beneficio para sus miembros. El Tercer Sector también ha sido denominado sector voluntario, sociedad civil, sector no lucrativo, sector independiente, etc. Seguramente el nombre de Tercer Sector se ha ido imponiendo en las últimas décadas porque es el más aséptico y neutral ya que la mayoría de las otras denominaciones exponen solo una parte de sus características (Alberich, 2018). Salomon y Anheir (1997) en Menda, et al (2013, p. 9) mencionan que “ha sido reconocido como actor importante en la movilización comunitaria y el apoyo autogestionado en las obras de beneficencia, la dotación de servicios y las actividades de campaña”. El tercer sector abarca una gran variedad de organizaciones, desde grandes Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y sindicatos, hasta grupos informales de apoyo autogestionados y organizaciones comunitarias. Las entidades del tercer sector surgen en su mayoría por el empuje de la ciudadanía o por el interés de empresas en involucrarse con acciones concretas en la mejora de los ámbitos de trabajo en los que están interesados. En cuanto a los ámbitos de intervención que están más representados en este sector son los sociales, educativos, sanitarios, humanitarios, medioambientales y de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos, deportivos. El INEGI (2019) menciona que en el ámbito educativo se destina un 45.9% de su esfuerzo. En 2019, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) estimó que existían más de 57625 organizaciones sin fines de lucro en México ellas el 76.64% son calificadas como de sector filantrópico (Cemefi, 2019). Es por todo lo anterior que es de relevancia la revisión de la contribución de las organizaciones sin fines de lucro del municipio de Los Cabos Baja California Sur, que tienen 590 programas de becas para jóvenes de preparatoria para que inicien y concluyan su formación profesional, desarrollen un sentido de pertinencia y retribución a su entorno. El objetivo de la investigación fue analizar la contribución de dos organizaciones sin fines de lucro que brindan programas de becas a jóvenes universitarios para su formación profesional a través de la percepción de los egresados con relación a su experiencia como becario y su contexto profesional actual en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México. Agenda 2030 y su implicación en el ODS 4 Educación de Calidad Naciones Unidas (2020) ha establecido planes de acción enfocados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del mundo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, dichos esfuerzos no han cesado. Cuando se habla de Desarrollo Sostenible no se puede dejar fuera el tema de educación, considera firmemente que la educación es una de las vías para acabar con la pobreza. Los preámbulos al aspecto, son tomados en cuenta desde distintas acciones de orden mundial que se realizan de manera periódica, tal es el caso de la conferencia Mundial sobre Educación para todos celebrada en Jomtien en 1990, donde se estableció que la enseñanza primaria debería ser accesible para todos, así como la reducción del analfabetismo (Azorín, 2017), así se fijaron algunas metas consideradas como básicas: acceso a la educación universal, fomento de la equidad, prestar atención al aprendizaje y ampliar tanto los medios como alcance a la formación básica, que se pretendían alcanzar hacia el año 2000. Otro evento que marcó el rumbo de los ejes principales a tratar en cuento a educación es la declaración de Salamanca en la que se proclamaron algunas bases refiriéndose a las necesidades educativas especiales acceso y calidad: derecho a la educación, diversidad, sistemas educativos, accesibilidad y rutas a la inclusión. La revisión sobre las metas y bases establecidas con anterioridad se evaluaron en el foro Mundial sobre educación llevado a cabo en Dakar hacia el año 2000, (De la Rosa, et al., 2018) a partir de ello se estableció la fecha de 2015 para la consecución y cumplimiento de los propósitos, algunas de las metas establecidas durante el foro incluyo la competencia de 591 jóvenes y adultos, alfabetización de adultos, prioridad e igualdad de género, calidad de la educación, en este momento se habló no solo de educación a nivel macro, sino que también se delimitaron las zonas donde la intervención inmediata fue urgente. En la cumbre del milenio, donde se definieron 8 objetivos y 21 metas con el fin de “erradicar la pobreza, lograr educación primaria universal, promover la igualdad de géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir VIH, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar la asociación mundial”, (Garzón, et al., 2021, p. 130), donde se vislumbró el cambio de la política internacional hacia los temas sociales mediante la disposición de una agenda social global. Entre los indicadores propuestos en materia de educación se encontró la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años. Posteriormente en el año 2002 Johannnesburgo, fue cede de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, ahí se dio suma importancia al desarrollo sostenible tanto a nivel local como mundial, además nace la idea de crear el Decenio para la educación con miras al Desarrollo Sostenible (De la Rosa, et al., 2019) En seguimiento de lo acontecido en la Cumbre Mundial, se insta a los estados a incluir medidas para aplicar el decenio en sus agendas, haciendo hincapié en cuatro de sus aspectos fundamentales: acceso de educación básica de calidad, aumentar la conciencia de la ciudadanía, brindar mayor información de la situación actual, reorientar la formación ya existente, siendo esto una iniciativa de la UNESCO, muchos organismos internacionales, así como nacionales, hasta locales, se sumaron para impulsar la educación como parte transformadora hacia la sostenibilidad, haciendo participes a la sociedad. Fue el año de 2015 el momento para dar seguimiento a los resultados esperados. Los esfuerzos por apoyar el fin de la pobreza, la desigualdad, la injusticia, el cambio climático, promover la prosperidad y paz mundial son propósitos del plan de acción de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, en donde se proponen 17 objetivos y 169 metas, aprobados dentro de la cumbre para el Desarrollo Sostenible en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en New York. Los aspectos que conforman los Objetivos del Desarrollo Sostenible son: ODS 1 Fin de la pobreza, ODS 2 Hambre cero, ODS 3 Salud y bienestar, ODS 4 Educación de calidad, ODS 5 Igualdad de género, ODS 6 Agua limpia y saneamiento, 592 ODS 7 Energía asequible y no contaminante, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9 Industria, innovación y saneamiento, ODS 10 Reducción de desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y consumo responsables, ODS 13 Acción por el clima, ODS 14 Vida submarina, ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas y ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos (Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2016). El ODS 4: educación de calidad, coordinado por la UNESCO, cuyo objetivo es garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Para la ONU (2021) la educación de calidad es la clave para poder alcanzar otros ODS, escapando así al ciclo de pobreza, por lo que contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. Las metas del ODS 4 de la Agenda 2030 se muestran en la siguiente tabla (Tabla 1). Tabla 1. Metas ODS 4 Educación de calidad ODS 4 Metas del objetivo 4 Educación 4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y de calidad secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 4.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 593 vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 4.b Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. 4.c Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Fuente: adaptado de Organización de Naciones Unidas (2020). Como se observa en la tabla anterior las metas del ODS 4 son específicas y van de acuerdo a la orientación de esta investigación, se centrará en las metas 4.3 y 4.b con relación a la región de Los Cabos, Baja California Sur. 594 Caracterización del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México Según lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal Ayuntamiento de Los Cabos 20182020 el municipio de Los Cabos se ubica del estado de Baja California Sur, colinda al Norte con el municipio de La Paz, al sur y poniente con el Océano Pacífico y al oriente con el Golfo de California (Mar de Cortés). Su cabecera Municipal, San José del Cabo, se localiza a 190 kilómetros de la Ciudad de La Paz, Capital del Estado y a 33 kilómetros de Cabo San Lucas. Cuenta con cuatro Delegaciones Municipales: Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera (H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, 2018). En cuanto a la población residente total del municipio esta asciende a 330,312 habitantes de los cuales el 51.5% corresponde a hombres mientras que el 48.5% a mujeres. Desde la década de los noventa la población ha crecido hasta representar el 41% de la población total del estado, en cuanto a la tasa de crecimiento se perfila al 3.2%, así mismo se reconoce que el municipio cuenta con la mayor población no nativa registrada debido a la migración con una representación del 56.7% (SETUES, 2020). La vocación económica del municipio es la actividad turística, los datos estadísticos determinaron que hacia el año 2019, la ocupación hotelera estimada fue de 2.6 millones de turistas, generalmente extranjeros con una presencia del 72%. Entre otras actividades económicas del estado se encuentran la agricultura, ganadería y pesca. En cuanto a la exclusión social o población que no participa en el disfrute de bienes y servicios esenciales, según el Consejo Nacional de Población. (CONAPO, 2015) el grado de marginación es bajo ocupando uno de los lugares más bajo en el país. Sobre la infraestructura educativa el municipio cuenta con instalaciones para todos los niveles educativos en las dos ciudades más importantes de la zona: San José del Cabo y Cabo San Lucas (STUES, 2020), la oferta educativa para superior consta de 11 instituciones educativas que ofertan desde técnicos superiores universitarios a licenciaturas, de ellas 7 se identifican como escuelas privadas y 4 como públicas. 595 De acuerdo la matrícula atendida a nivel estatal según la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEPBCS, 2018) esta ascendió a 24,251 para nivel superior. Gráfica 1. Matrícula atendida en nivel superior Matricula atendida en Los Cabos Matrícula atendida en el resto del Estado 26% 74% Fuente: coordinación de estadísticas, B.C.S. (2018). A nivel municipal la matrícula atendida en el municipio de Los Cabos representa el 26% de la matrícula total a nivel estatal, el 48% corresponde a mujeres y el 52% a hombres, marcando con ello un total de 6324 estudiantes que requieren educación a nivel profesional. Metodología La metodología fue un estudio de caso cualitativo con alcance descriptivo a través de una etnografía virtual, se entrevistó a egresados de dichos programas con relación a su percepción de experiencia y contexto profesional Creswell (2007). La investigación se desarrolló en cuatro etapas: a) La primera, consintió en una caracterización de las dos asociaciones civiles en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México: Building Baja´s Future, Green Scholarship Program, con la finalidad de tener datos sobre: fundación, objetivos, metas, estructura de los programas, requisitos para la beca, número de beneficiarios, perfiles de egreso y recopilación de experiencias de caso de éxito. 596 b) La segunda, entrevista a profundidad para la Directora Ejecutiva del Building Baja´s Future que permitió obtener información sobre su fundación, operación del programa, contribución, ODS y seguimiento egresados. c) La tercera, aplicación de 28 entrevistas a egresados de ambos programas, con la finalidad de conocer: perfil, experiencia como becario y contexto profesional. d) La cuarta, se analizó el ODS 4 Educación de Calidad, se identificaron las metas que se relacionan con la educación superior, con los resultados de la investigación se determinó la contribución de las organizaciones sin fines de lucro. Participantes En el municipio de Los Cabos, hay cuatro organizaciones sin fines de lucro que tienen programas de becas para jóvenes universitarios. Para este estudio los sujetos fueron dos organizaciones con programas de becas: Building Baja´s Future y Green Scholarship Program. La muestra seleccionada fue por conveniencia con los siguientes criterios 1) Organizaciones sin fines de lucro 2) Página web corporativa con casos de éxito de egresados 3) Con mayor representatividad de estudiantes egresados. 4) interés de participar en el estudio. Por su parte, la técnica de muestreo para los egresados fue bola de nieve, considerando los siguientes criterios: 1) profesionales egresados, 2) pertenecer a alguno de los programas de becas, y 3) interés de participar en el estudio. De los 28 participantes del estudio 20 son de Building Baja´s Future y 8 Green Scholarship Program. Todos los participantes del estudio vivieron la experiencia de ser becados, son egresados de dichos programas y actualmente son profesionistas exitosos. Instrumentos a) Guion de corte exploratorio con un índice de confiabilidad del 97% para la dirección ejecutiva de Building Baja´s Future. b) Cuestionario con 30 con preguntas de tipo semiestructurado, validado por tres expertos con un Alpha de Cronbach de α= 817 que se considera bueno para los profesionales egresados. 597 Tabla 2. Variables, dimensiones y preguntas del cuestionario Variable Dimensión Profesionales egresados del Perfil programa de becas Preguntas del cuestionario 8 Experiencia becario 11 Contexto profesional 11 Fuente: elaboración propia. Análisis de datos Los datos cualitativos se analizaron realizando una matriz de categorización de variables, mientras que para los datos cuantitativos se utilizó la herramienta de estadística descriptiva de Excel. Resultados y discusión Organizaciones del tercer sector en Los Cabos con programas de Becas En el municipio de Los Cabos, hay cuatro organizaciones sin fines de lucro que tienen programas de becas para jóvenes universitarios: Building Baja´s Future, Green Scholarship Program, Liga Mac, y Fundación Questro. Para el caso de este estudio se seleccionaron Building Baja's Future (BBF) y Green Scholarship Program (GSP), a continuación, se describen cada una de ellas. Building Baja's Future (BBF) Building Baja's Future (BBF,2021) es una organización no gubernamental sin fines de lucro en México e incorporada en California, Estados Unidos, ubicada en Cabo San Lucas, B.C.S. Se constituyó en el 2012, sin embargo, desde el 2006 iniciaron con proyectos de ayuda. Otorga becas a jóvenes que cumplen con el perfil del programa para emprender su educación universitaria, ayudando a comprender a los estudiantes, como pueden cambiar su vida. Los requisitos de ingreso al programa son: • Estudiantes de preparatoria, bajos recursos, talento, vocación y potencial. • Cumplir con el reglamento de becas de BBF. 598 • Base de datos de objetivos académicos, actitud, conocimientos y necesidad económica para estudiar la universidad. • Instituciones académicas con reconocimiento de validez oficial de estudios. Tabla 3. Programas de BFF Principales programas y Programas especiales para Programas para la servicios un grupo de becarios. Ayuda económica. Programa de jóvenes con Programa segundo paso Servicio comunitario. capacidades y habilidades de Cooperación Clases de inglés. aprendizaje diferentes. Sesiones de lectura y Orientación vocacional comunidad Baja con grupos comunitarios. y Seminarios educativos y redacción. apoyo a víctimas. conferencias. Cursos de humanidades. Tutoría. Programa de servicio social. Clases de natación. Atención médica y apoyo a salud. Pasantía y oportunidades de trabajo. Actividades relacionadas con habilidades sociales y de vida. Programa de valores medulares. Fuente: Building Baja's Future (2021). El programa cuenta con 343 participantes, lo que representa el 60%, sus carreras de egreso las cuales se enfocan en las siguientes disciplinas: Turismo Alternativo, Contabilidad, Contaduría, Arquitectura, Ingeniería Bioquímica, Bioquímica, Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Ciencias de la Comunicación, Comunicación, Ing. en Sistemas Computacionales, Criminología, Artes Culinarias, Derecho, Pedagogía, Ingeniería Electromecánica, Comercio Exterior, Leguas Extranjeras, Gastronomía, Diseño Gráfico, 599 Psicología Industrial, Diseño de Interiores, Leyes, Mercadotecnia, Medicina, Nutrición, Educación Física, Educación Preescolar, Educación Primaria, Psicología, Turismo y Administración Turística. Green Scholarship Program Charity Development of Los Cabos (CDLC) se estableció en el 2004, como una organización sin fines de lucro, con el objetivo de reflejar el valor de la educación y su importancia en la humanidad. Tabla 4. Metas Charity Development of Los Cabos Metas 1. Apoyar las necesidades educativas de los jóvenes. 2. Mejora la expectativa económica no solo para los jóvenes, sino los residentes de la comunidad. 3. Enfoca a eliminar la pobreza de los jóvenes favorecidos que tengan la oportunidad de graduarse y continuar con su formación vocacional o profesional en educación superior. Fuente: GSP (2020). El programa de Becas Green es una división educativa, se estableció como una Asociación Civil sin fines de lucro, apoya a estudiantes destacados que hayan sido aceptados en el programa con los siguientes requisitos de ingreso: 1. Comprobar necesidad económica. 2. Promedio mayor a 9.0 en la preparatoria pública de Los Cabos. 3. No tener un empleo de tiempo completo. 4. Estudiar una carrera de tiempo completo. 5. Soltero y sin hijos. El Programa de Green Scholarship Program, tiene el objetivo de que los estudiantes obtengan un título universitario y un empleo bien remunerados como residentes bilingües en Los Cabos. La beca que ofrece es del 100% de matrícula, para mantenerla, requiere, asistir dos 600 horas de inglés de 4 a 5 días de la semana, 24 horas de servicio comunitario por semestre, acudir eventos d GSP y promedio de 8.5. Tabla 5. Programas de Charity Development of Los Cabos Programas Apoyos Complementarios Green Scholarship Program 100% matrícula universitaria Programa Jóvenes destacados cursar Libros. educación superior. de asistencia emocional. Seminarios de habilidades de vida. Preparación para ser agentes Transporte. de cambio en la comunidad Clase de inglés. por medio del voluntariado. Algunos casos subsidios de vivienda. En la oficina brindan acceso a equipo de cómputo, una cocina y despensa para estudiantes. Programa de hospitalidad Curso de 12 semanas. Jóvenes de 15 a 25 años. Capacitación de enfoque integral para el desarrollo profesional incluye: Habilidades para la vida, conceptos básicos de hospitalidad, idioma inglés y valores esenciales. Programa de marina Biología Pago total del semestre. Libros. Apoyo mensual de hospedaje en la Paz, B.C.S. Fuente: GSP (2021). 601 Desde el 2006 cuentan con un total de 134 egresados universitarios con los siguientes perfiles profesionales: arquitectura, administración de empresas, criminología, tecnología de información, diseño de interiores, comercio internacional, gastronomía, diseño gráfico, idiomas, derecho, medicina, nutrición, psicología, turismo, enseñanza y biología marina. Análisis de la percepción de jóvenes profesionales egresados El perfil de los profesionales egresados que participaron en el estudio con relación a edad y género: 1) edad 20-24 (50%), 25-28 años (45%) y 28-30 años (21%) y 2) Género femenino (79%), y masculino (21%). En la gráfica 1 se muestran los perfiles profesionales. Gráfica 3. Perfiles profesionales Abogado Biología marina Sistemas computacionales Psicología Industrial Recursos humanos Psicología Ingeniería electromecánica Criminología Comercio Exterior Arquitectura Gastronomía Contador Público Administración 4% 4% 4% 4% 4% 4% 8% 4% 4% 8% 4% 28% 20% Fuente: elaboración propia. El 76% son primero y el 24% segundo miembro de la familia que termina una formación profesional. Experiencia becario La distribución de los participantes del estudio corresponde al programa Building Baja's Future (71%) y Green Scholarship Program (29%). En cuanto a la institución de egreso, en orden de relevancia egresaron del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos (72%), Universidad Mundial (12%), Universidad Autónoma de Baja California Sur (12%) y 602 Universidad del Desarrollo Profesional (4%). El 100% de los participantes del estudio, consideraron que desarrollaron competencias actitudinales, conceptuales y procedimentales, según su experiencia el 100% recomienda participar en el programa. Tabla 6. Experiencia becarios Recopilación de experiencias como becario P1 “De mejora continua en distintas áreas de mi vida y profesionales”. P2 “Excelente, la mejor experiencia de mi vida”. P3 “Parteaguas para lograr mis sueños”. P4 “Fue muy buena, el programa no solo forma profesionistas, si no va más allá como un ciudadano con valores y contribuir para que el mundo sea un lugar mejor”. P4 “Las mejores experiencias, que te desarrollan como profesional y persona inculcándote valores y conocimientos que te sirven para desarrollarte como persona siempre procurando dejar una huella positiva en la sociedad, así como brindarte una familia que al igual que uno buscan culminar y ser profesionales de bien”. P5 “Recibí la mejor oportunidad para seguir estudiando. Totalmente agradecida”. Excelente, cada día estoy agradecida de formar parte del programa que como bien llamamos familia”. P6 “Una excelente experiencia, el programa de becas BBF es muy completo ya que abarca el ámbito social, emocional y económico, nos ayuda a crecer como personas responsables de mejorar y contribuir a la sociedad”. P7 “Excelente, no fue una simple beca fue una gran experiencia y ayuda que me sirva para mejor como profesionista y persona”. P8 “Estoy completamente satisfecha con todos los apoyos que me brindaron, complementaron mi educación con conferencias, cursos y encontré otra familia”. P9 “Ser parte de un ente de seres maravillosos.” P10 “Muy buena, me permite conocer a nuevos compañeros no solo me apoyo económicamente sino también anímicamente”. P11 “Pertenecer a esta gran familia de GSP, fue lo mejor que me pasó en la vida, gracias a ellos pude concluir mis estudios y ser la primera persona en mi familia en tener una licenciatura. Me siento muy orgullosa de haber formado y de alguna manera seguir siendo parte de GSP, ya que a pesar de haber egresado siguen al pendiente de nosotros. Definitivamente me cambiaron la vida”. 603 P12 “La mejor experiencia, tanto de lo que me aportan para mi futuro profesional dando uno oportunidad la cual se me complicaba estudia una carrera universitaria”. Fuente: elaboración propia. En resumen, las opiniones de los egresados mencionan les brindaron bases para tener una mejor calidad de vida, son como su familia y consideran que tienen el deber de ayudar a otros, lo anterior concuerda con Gamen y Manase (2011) que explican la ayuda financiera a los jóvenes universitarios, crea una especie de efecto de lealtad, ya que con dicha ayuda estudiantil tiene mayor probabilidad de perseverancia, incluso cuando controlan los efectos directos de ayuda. Contexto profesional El 95% de los profesionales perciben ingresos económicos, el 84% ejerce su profesión actualmente, con los siguientes perfiles: empresario (8%), emprendedor (8%), colaborador (80%) y otro (4%), de estos últimos el 73% se encuentran en posición de jefatura, coordinaciones y gerencias en empresas públicas (20%) y privadas (80%). Se identificó un biólogo marino recién egresado se encuentra en proceso de inserción laboral. Gráfica 4. Posición laboral actual 50% 27% 9% 9% 5% Jefatura Asesor Supervisión Coordinación Operación Fuente: elaboración propia. 604 La OCDE (2019) explica que los estudiantes en México necesitan un mayor apoyo para tener éxito en sus estudios de educación superior y desarrollar habilidades relevantes para el mercado laboral; que ayudarán a facilitar el logro de buenos resultados en la fuerza laboral. Los hallazgos del estudio evidenciaron una inserción al mercado laboral alta de los egresados de dichos programas, considerando que ambas organizaciones brindaron herramientas para el desarrollo de habilidades. Tabla 7. Actividades que realizan para retribuir a su entorno Recopilación de acciones como profesionales para contribuir al entorno P1 “Ejerciendo mis valores individuales en sociedad y como apoyar moralmente a quien lo necesita y da apertura a mi persona”. P2 “Tratando de apoyar al que lo necesite”. P3 “Apoyando causas de índole ambiental”. P4 “Respetando las leyes, pagando mis impuestos y tratando de ayudar en mi entorno con los conocimientos que he adquirido en mi vida”. P5 “Siendo un profesional con valores y contribuyendo en la mejora del entorno”. P6 “Con cursos a personas que lo requieran con base en mis conocimientos”. P7 “Promoviendo los valores aprendidos”. P8 “Siendo un buen ciudadano e invitar a mis cercanos a serlo”. P9 “Trato de apoyar a las personas de mi alrededor con conocimientos adquiridos tanto profesional como personal y tratando emprender un negocio para apoyar a la sociedad”. P11 “Participo en labor social”. P12 “Sigo haciendo labor social e inculcando a mis familiares y amigos la práctica de los valores”. P13 “Animando a más jóvenes en continuar sus estudios y promoviendo la beca. Además de motivar a más jóvenes en continuar sus estudios”. P16 “Apoyo a personas con problemas de sistemas, en algunas ocasiones es sin costo o precio bajo”. P17 “Apoyar a los becarios vigentes de momento”. P18 “Apoyando a las personas que están a mí al rededor en lo que necesiten y pueda apoyarles, compartiendo información de utilidad para personas que busquen oportunidades de mejorar”. P19 “Dando a conocer lo importante que es apoyar a quien necesita algo, si estoy en la posibilidad de apoyar, lo hago; donación de ropa a personas de escasos recursos y despensas”. 605 P 20 “Otorgando servicios legales gratuitos a los más necesitados, asimismo, apoyando en la medida de mis posibilidades a la gente necesitada”. Fuente: elaboración propia. Gussienyer (2006) explicó que las organizaciones del Tercer Sector ejercen influencia educativa y cívica en la sociedad civil y sus diversos segmentos más desfavorecidos; como se observó en las opiniones de los egresados de ambos programas, buscan retribuir a su entorno desde promover los valores hasta apoyo económico Análisis de la contribución de las organizaciones del tercer sector al ODS 4. Educación de calidad Los resultados mostraron que entre ambas organizaciones civiles sin fines de lucro han beneficiado aproximadamente 493 jóvenes estudiantes con becas para continuar su formación profesional. En la Tabla 8 se presenta la alienación del objetivo y metas con los principales hallazgos de la investigación. Tabla 8 Contribución a las metas del ODS 4. ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos Meta 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso El 100% de los participantes consideran que el igualitario a todos los hombres y las mujeres a programa de becas les otorgo un acceso una formación, técnica, profesional y superior igualitario para acceder a una formación de calidad, incluida la enseñanza universitaria. técnica y profesional. Meta 4.4 Aumentar considerablemente el Competencias, técnicas y profesionales número de jóvenes y adultos que tienen las (100%) competencias necesarias, en particular Acceso a empleo (95%) técnicas y profesionales, para acceder al Trabajo decente (100%) empleo, trabajo decente y emprendimiento. Emprendimiento (25%) 606 Meta 4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos Participaron en cursos, talleres y seminarios necesarios para promover el desarrollo con relación a las temáticas (100%) sostenible, estilos de vida sostenible, derechos humanos, igual de género, promoción de cultura de la paz, la no violencia, ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural, y la contribución a la cultura de desarrollo sostenible. Meta 4. B Aumentar el número de becas disponibles para los países en desarrollo, a fin Ambos programas aumentaron que los estudiantes puedan matricularse a la considerablemente el número de beneficiaros enseñanza a programas de nivel superior, formación incluidos en los últimos 5 años. profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y tecnología de información y comunicaciones. Fuente: elaboración propia. Las Naciones Unidas (2015) explica que “la educación, permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza”, eso concuerda con la opinión de la Directora Ejecutiva BBF cuando explica como los beneficiarios del programa han tenido cambios sustanciales en sus vidas. “Es un programa que funciona, un programa que cambia vidas, y un programa que es tangible, ver que estos chicos terminan una carrera universitaria y sus papas, muchísimos de ellos no terminaron ni la primaria, entonces es un salto generacional en cuanto a educación increíble y si se ve como está funcionando con todas estas historias de vida maravillosas en las que los chicos se superan y triunfan. Podría yo enumerar muchísimos por ejemplo una chica sus papás son campesinos y se vino a estudiar contaduría, se vino para buscar una mejor vida, precisamente para romper ese patrón, … estaba dirigiendo una empresa con cientos de trabajadores, otra chica su papá no quería que estudiara, estudió ella 607 turismo, … ella no solo estudios y terminó su carrera, es increíble ver cómo cambia y una chica cuyo papá es albañil y ella ya es médico”. Conclusiones En la presente investigación se encontró que el tercer sector en México es importante porque tiene mucho que aportar al desarrollo del país. En la sintonía de que la educación abre caminos y posibilidades en la vida de las personas, el logro de las metas del Objetivo 4. Educación de calidad, es sumamente relevante, lo que refleja la importancia en la relación que existe entre las organizaciones sin fines de lucro y las metas mencionadas en este trabajo. En el caso particular del municipio de Los Cabos existen cuatro asociaciones sin fines de lucro de tipo becantes, esta investigación tomó como caso dos de ellas para analizar su contribución a los jóvenes que ha contado con ellas, lo resultante de dicho análisis es que los jóvenes lograron mejorar su vida, manera de pensar y obtuvieron en un gran porcentaje trabajo decente. Algunos de los casos de éxito expresados indican que gracias a BBF o GSP, han logrado obtener preparación profesional que les permite enfrentar la vida, algunos lograron credenciales para seguir preparándose y desempeñarse en distintos ámbitos, manifestaron contar con la presencia de valores, creer en ellos mismos. En cuanto a la relación con las metas de los ODS, es clara la presencia de la meta 4.3 al asegurar un acceso igualitario en cuanto a formación, la meta 4.4 al aumentar el número de jóvenes que cuentan con las competencias necesarias para acceder al trabajo decente, empleo y emprendimiento, con ello contribuir a la activación de la economía local. También se encontró la meta 4.7 con las acciones de estos organismos al asegurar que sus becarios adquirieran conocimientos teóricos y prácticos que les permitan no solo pensar en ellos mismos si no que ver su entorno y aportar acciones a la cultura del desarrollo sostenible. Por otro lado, también la contribución a la meta 4.b donde se apoya el aumento de becas disponibles para los países en desarrollo con el fin de coadyuvar a la ampliación de la 608 cobertura en educación superior, puesto que los profesionales egresados de dichos programas se insertan en diversas ramas del conocimiento. Este estudio es un primer acercamiento al análisis de las organizaciones sin fines de lucro en el municipio y su impacto en la vida de los actuales profesionistas, da pie a que se abran nuevas incógnitas de análisis ante este sector tan importante para el crecimiento regional. La operación de estos programas se vislumbra como modelos de éxito que podrían ser replicados en otros municipios o estados. Agradecimientos Lic. Cecilia Portilla de Avalos, Directora Ejecutiva de BBF y Lic. Vanessa Figueroa, Directora Ejecutiva de GSP por las facilidades prestadas en el proceso de investigación. Bibliografía Alberich, T., 2018. Tercer Sector: la participación de organizaciones no lucrativas. Dikinson, SL., Madrid, pp.2-18. Azorín, C. (2017). Una mirada desde los organismos internacionales a la educación para todos. Opción, 33 (83), 203-229. Building Baja´s Future (2021) Obtenido de: https://www.buildingbajasfuture.org/ Cemefi (2019). Compendio Estadístico del sector no lucrativo. 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Los resultados a nivel de efecto de la intervención social del programa de oftalmología de la Fundación Doctor Hernández Zurita en la sede de Cosamaloapan, Ver. y su contribución a los ODS de la Agenda 2030 Benjamín Figueroa Rodríguez Marco Antonio Hernández Olguín Mariana Méndez López Resumen En el año 2020 se llevó a cabo la evaluación de la intervención social del programa de oftalmología de la Fundación a nivel de efecto, para la sede de Cosamaloapan, Ver. La Fundación realizó una Teoría de Cambio, diseño de indicadores de resultados e instrumentos de evaluación. Se llevó a cabo una evaluación ex-post, con el propósito de conocer el cambio esperado en la población titular de derecho, derivado de la intervención social de la Fundación; su diseño fue del tipo cuantitativo. Los resultados fueron: con respecto a la integración social del paciente: el 50.00% de la muestra (n=34) lograron la inclusión social, mientras que el 41.18% de la muestra lograron el desarrollo de capacidades. En relación al incremento de sus ingresos después de la intervención quirúrgica, el 14.71% de la muestra afirma haber incrementado sus ingresos y que dicho incremento fue en promedio de un 30%. Con respecto al mejoramiento del Bienestar Familiar como consecuencia de la autonomía del paciente, el 50% de la muestra logró el Respeto Mutuo en el Entorno Familiar y la Resolución de Conflictos. En cuanto a la Autonomía Personal del paciente, el 61.76% de la muestra logró un Cuidado Personal y Desplazamiento por sí mismos, así como una mayor Independencia (sin necesidad de tener un cuidador familiar). Con estos resultados la Fundación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local: Objetivo 3: Salud y Bienestar y Objetivo 10: Reducción de desigualdades. Palabras clave: evaluación, intervención social, discapacidad visual. 612 Antecedentes En el año 2020 se llevó a cabo la evaluación de la intervención social del programa de oftalmología de la Fundación a nivel de efecto, para la sede de Cosamaloapan, Veracruz, sede puesta en marcha en julio del 2019. En un proceso de fortalecimiento institucional llevado a cabo del 2015 al 2018 la Fundación realizó su Teoría de Cambio para el programa, la elaboración de sus indicadores de resultados a nivel de efecto e impacto, y el diseño y validación metodológica de sus instrumentos de evaluación, los cuales fueron de diseño propio para poder evidenciar así los cambios esperados. Justificación La evaluación toma un papel relevante al evidenciar los resultados esperados en una población titular de derechos en específico; en ese sentido Scriven (2005) afirma que la evaluación es un proceso para determinar el mérito, valor e importancia de las cosas. Así la evaluación se vuelve el medio para obtener información sobre el proceso del cambio esperado, que una vez valorada, facilitará a una toma decisión pertinente (Figueroa, 2013) respecto a la intervención social de la Fundación. Los resultados esperados a nivel de Efecto e Impacto en la población titular de derechos (Población del Estado de Veracruz con una alta incidencia de discapacidad visual por cataratas de diferente etiología) por la intervención social de la Fundación, se puede visualizar en su Mapa de Ruta (Figura 1). Los cambios esperados a mediano plazo (Resultados a nivel de Efecto) son: la integración social del paciente y el bienestar familiar del titular y sus familiares. 613 Figura 1. Mapa de Ruta del Programa de Oftalmología de la Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. Fuente: Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. (2016). Preguntas de investigación La Agenda 2030 se creó con el objetivo de continuar avanzando hacia la construcción de un mundo más equitativo, incluyente e igualitario; se constituye de 17 Objetivos de Desarrollo 614 Sostenible y 169 metas asociadas a dichos Objetivos, abarcando las dimensiones sociales, económicas y medioambientales, en todos los países (Verdiales, 2021). Las preguntas de investigación serían: ¿La intervención social de la Fundación contribuyó a reducir las desigualdades de una población con discapacidad visual en el estado de Veracruz? ¿Se contribuyó así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Metodología de la evaluación Se llevó a cabo una evaluación ex-post, el cual es un procedimiento metodológico ordenado y sistémico para realizar un análisis valorativo es decir obtener un juicio de valor, con el propósito de conocer el cambio esperado en la población titular de derecho, por la intervención social de la Fundación; su diseño fue del tipo cuantitativo al utilizar instrumentos psicométricos. La metodología utilizada para medir los resultados esperados es la siguiente: 1. Identificación del número de pacientes operados en la Sede, en el Sistema Administrativo de la Fundación en cierta temporalidad. 2. Diseño y selección de la muestra por Sede. 3. Revisión del expediente electrónico del paciente a muestrear en el Sistema Administrativo de la Fundación (Estudio Socioeconómico y Expediente Clínico). 4. Aplicación de los Cuestionarios e Instrumentos Psicométricos de diseño propio, a nivel de Efecto. 5. Sistematización de la Información a nivel de Efecto. 6. Análisis de la Información a nivel de Efecto. 7. Valoración de la Información (Juicios de Valor). 8. Elaboración del Informe de resultados. Implementación de la evaluación La población de estudio para la evaluación de la intervención social de la Fundación en su sede de Cosamaloapan está conformada por los pacientes operados de cataratas de diferente 615 etiología durante el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020. A partir de esta población se calculó el tamaño de la muestra. En la literatura estadística es bien conocida la ecuación para calcular el tamaño de muestra n, bajo muestreo estratificado para la estimación de la media poblacional de una característica cuantitativa o para la estimación de la proporción de una variable categórica. Tal ecuación requiere conocer las varianzas o proporciones poblacionales en cada estrato, o al menos una estimación de tales varianzas o proporciones. Ninguna de estas dos situaciones es el caso en el presente estudio. Por las razones anteriores, se decidió utilizar la ecuación del tamaño de muestra n para estimación de proporciones en muestreo estratificado suponiendo varianza máxima. La ecuación es la siguiente: 𝑛= 𝑁𝐴 (𝑁 − 1)𝐷2 + 𝐴 Donde: n = tamaño de la muestra. N = tamaño de la población. A = varianza de proporciones (Se tomará p = 0.5 para tener, conservadoramente, varianza máxima). D = c/zα/2 c = error de muestreo o margen de error. zα/2 = percentil superior α/2-ésimo de la normal estándar, el cual se obtiene de la tabla 1. Tabla 1. Tabla Z-Alpha. Nivel de confianza Alpha (α) α2 Zα/2 90% 10% 5.0% 1.645 95% 5% 2.5% 1.960 98% 2% 1% 2.326 99% 1% 0.5% 2.576 Fuente: Elaboración propia (2021). 616 Para una confianza del 95%: N = 55 A = p(1-p) = 0.5(1-0.5) = 0.25 c = 0.05 zα/2 = 1.960 Obtenemos el tamaño de la muestra: 𝑛= n=48. 55 ∗ 0.25 13.75 13.75 = = 0.05 2 (54 ∗ 0.006507705) + 0.25 0.2851416075 (55 − 1) ∗ ( 1.96) + 0.25 = 48.22 Para una confianza del 90%: N = 55 A = p(1-p) = 0.5(1-0.5) = 0.25 c = 0.10 zα/2 = 1.645 Obtenemos el tamaño de la muestra: 𝑛= n=31. 55 ∗ 0.25 13.75 13.75 = = 0.10 2 (55 − 1) ∗ ( ) + 0.25 (54 ∗ 0.003695456) + 0.25 0.449554624 1.645 = 30.58 Debido a la pandemia de COVID-19 vigente en nuestro país desde el mes de marzo del 2020, hemos decidido obtener la muestra con una confianza del 90%, es decir n=31, más un ajuste de pérdidas (R) del 10%, siendo en total el tamaño de la muestra n=34 pacientes operados de cataratas de diferente etiología. Los instrumentos utilizados para la identificación del cambio esperado a nivel de efecto son los siguientes (Tabla 2): 617 Tabla 2. Instrumentos a utilizar a nivel de efecto. Nivel de resultado Efecto. Cambio esperado Instrumento Tipo de instrumento Integración Cuestionario de Empoderamiento. Test Psicométrico. Social del Cuestionario de Aportación Cuestionario. Paciente. Económica. Bienestar Cuestionario de Bienestar Familiar. Test Psicométrico. Familiar. Cuestionario de Autonomía Test Psicométrico. Personal. Fuente: Elaboración propia. Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. (2018b). Resultados Efecto 1: Integración social del paciente Para el resultado esperado a nivel de efecto, una integración social del paciente, se establecieron dos indicadores (FDHZ, 2018a): Indicador 1: Porcentaje de pacientes empoderados. Indicador 2: Porcentaje de pacientes que contribuyen al ingreso económico familiar y/o personal. Indicador 1: Porcentaje de pacientes empoderados El instrumento de diseño propio consta de 19 ítems, dividido en tres dimensiones: Dimensión Social, Confianza en sí Mismo y Desarrollo de Capacidades. Al hacer un análisis estadístico de las respuestas al instrumento Empoderamiento a una población n, se agruparon las dimensiones Inclusión Social y Confianza en sí Mismo, quedando sólo la dimensión Desarrollo de Capacidades. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: con respecto a las dimensiones (Figura 2), en la dimensión 1 Inclusión Social/Confianza en sí Mismo, el 50 % de la muestra (n=34) lograron Empoderarse en dichas dimensiones, mientras que respecto a la dimensión 2 Desarrollo de Capacidades, el 41.18% de la muestra lograron el Empoderamiento en dicha dimensión. 618 Figura 2. Número de Pacientes Empoderados por dimensión PACIENTES EMPODERADOS POR DIMENSIÓN 25 Número de Pacientes 20 20 17 17 14 15 SI 10 NO 5 0 Confianza en sí Mismo / Inclusión Social Desarrollo de Capacidades Dimensiones Fuente: elaboración propia (2021). Si lo vemos como un solo constructo: empoderamiento total del paciente, el 20.59% de la muestra (n=34) lograron un empoderamiento total, es decir lograron el empoderamiento en las dos dimensiones (Confianza en sí/inclusión Social y Desarrollo de capacidades), mientras que el 79.41% de la muestra no logró el empoderamiento total. Obsérvese la Figura 3. Figura 3. Número de pacientes empoderados total. PACIENTES EMPODERADOS TOTAL 7 SI NO 27 Fuente: Elaboración propia (2021). 619 Indicador 2: Porcentaje de pacientes que contribuyen a ingreso familiar y/o personal Los resultados obtenidos fueron los siguientes: con respecto a la ocupación principal (Tabla 3), después de la operación el 64.71% de la población muestra n=34 se dedica al hogar, mientras que sólo el 11.76% su principal actividad es el campo y el comercio. Tabla 3. Ocupación principal de los pacientes operados. Ocupación Antes de la discapacidad % Antes de la operación % Después de la operación % Hogar 20 58.82% 23 67.65% 22 64.71% Campo 6 17.65% 4 11.76% 4 11.76% Empleado/a 1 2.94% 1 2.94% 1 2.94% Funcionario/a 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Comerciante 4 11.76% 3 8.82% 4 11.76% Dependiente 0 0.00% 1 2.94% 1 2.94% Profesionista 1 2.94% 1 2.94% 1 2.94% Jubilado 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% Otro 1 2.94% 1 2.94% 1 2.94% TOTAL 34 100.00% 34 100.00% 34 100.00% Fuente: Elaboración propia (2021). Referente a los operados que se dedicaban al hogar hubo una disminución del 2.94% comparando el antes y después de la operación. También hubo un incremento en la población de la muestra que se dedicaban al comercio del 2.94% comparando el antes y después de la operación. En cuanto a la aportación económica al sustento del hogar (Tabla 4), el paciente intervenido quirúrgicamente tuvo un incremento en su contribución al ingreso familiar en un 14.71%, comparando el antes y después de su operación. 620 Tabla 4. Aportación económica al sustento familiar Aportación económica al sustento Antes de Antes de la % discapacidad la Después % operación de la % operación Esposa/o 6 17.65% 8 23.53% 8 23.53% Ambos 5 14.71% 3 8.82% 2 5.88% Entrevistado 17 50.00% 15 44.12% 20 58.82% Hijos 3 8.82% 6 17.65% 4 11.76% Todos 1 2.94% 1 2.94% 0 0.00% Otro 2 5.88% 1 2.94% 0 0.00% TOTAL 34 100.00% 34 100.00% 34 100.00% Fuente: Elaboración propia (2021). En relación al incremento de sus ingresos después de la intervención quirúrgica (Figura 4), el 14.71% de la muestra (n=34) afirma haber incrementado sus ingresos. De los cinco sujetos que afirman haberlo incrementado, notifican que dicho incremento fue en promedio del 30%. Figura 4. Número de pacientes que incrementaron sus ingresos económicos INCREMENTO DE LOS INGRESOS 5 SI NO 29 Fuente: elaboración propia (2021). Efecto 2: Bienestar familiar Para el resultado esperado a nivel de efecto, mejorar el Bienestar Familiar como consecuencia de la autonomía del paciente operado, se establecieron dos indicadores (FDHZ, 2018a): 621 Indicador 1: Porcentaje de familias complacidas por la autonomía del paciente. Indicador 2: Porcentaje de pacientes operados que se valen por sí mismo. Indicador 1: Porcentaje de familias complacidas por la autonomía del paciente El instrumento de diseño propio consta de 17 ítems, dividido en dos dimensiones: Respeto Mutuo en el Entorno Familiar y Resolución de Conflictos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: con respecto a las dimensiones (Figura 5), en la dimensión Respeto Mutuo en el Entorno Familiar, el 58.82 % de la muestra (n=34) logró un Bienestar Familiar en dicha dimensión, mientras que respecto a la dimensión 2 Resolución de Conflictos, el 70.59% de la muestra lograron el Bienestar Familiar en dicha dimensión. Figura 5. Número de pacientes con Bienestar familiar por dimensión BIENESTAR FAMILIAR POR DIMENSIÓN Número de Pacientes 30 24 25 20 20 15 14 10 10 SI NO 5 0 Respeto Mutuo en el Entorno Familiar Resolución de Conflictos Dimensiones Fuente: Elaboración propia (2021). Si lo vemos como un solo constructo: Bienestar Familiar del paciente, el 50.00% de la muestra (n=34) lograron un Bienestar Familiar Total, es decir lograron el Bienestar Familiar en las dos dimensiones (Respeto Mutuo en el Entorno Familiar y Resolución de Conflictos), mientras que el otro 50.00% de la muestra no logró el Bienestar Familiar Total. Obsérvese la Figura 6. 622 Figura 6. Número de pacientes con Bienestar familiar total. BIENESTAR FAMILIAR TOTAL SI 17 NO 17 Fuente: Elaboración propia (2021). Indicador 2: Porcentaje de pacientes operados que se valen por sí mismos El instrumento de diseño propio consta de 28 ítems, dividido en cuatro dimensiones: Cuidado Personal, Comunicación, Desplazamiento e Independencia. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: con respecto a las dimensiones (Figura 7), en la dimensión Comunicación/Cuidado Personal, el 67.65 % de la muestra (n=34) logró una Autonomía Personal, mientras que respecto a la dimensión 2 Desplazamiento/Independencia, el 70.59% de la muestra lograron la autonomía personal. Figura 7. Número de pacientes con autonomía personal por dimensión AUTONOMÍA PERSONAL POR DIMENSIÓN 30 Número de Pacientes 25 24 23 20 15 11 10 10 SI NO 5 0 Comunicación / Cuidado Personal Desplazamiento / Independencia Dimensiones Fuente: elaboración propia (2021). 623 Si lo vemos como un solo constructo: Autonomía Personal del paciente, el 61.76% de la muestra (n=34) lograron una Autonomía Personal Total, es decir lograron la Autonomía Personal en las dos dimensiones (Comunicación/Cuidado Personal y Desplazamiento/Independencia), mientras que el 538.24% de la muestra no logró la Autonomía Personal Total. Obsérvese la Figura 8. Figura 8. Número de Pacientes con Autonomía Personal Total. AUTONOMÍA PERSONAL TOTAL 13 SI NO 21 Fuente: Elaboración propia (2021). Conclusiones Una vez analizada la información obtenida podemos concluir que: Efecto 1: Integración social del paciente Para lograr que un paciente intervenido quirúrgicamente por la Fundación logre su Integración Social, es indispensable que se empodere; el Empoderamiento es relevante tanto a nivel individual como a nivel social, éste puede ser un medio para alcanzar un fin, que en este caso es su integración a la sociedad o puede ser un fin en sí mismo, al empoderarse como individuo (sujeto empoderado). El 50% del tamaño n=34 de la muestra, logró demostrar la Confianza en sí mismo, es decir demostró ser un sujeto seguro de sí mismo permitiéndole enfrentarse a la vida con menos miedo y más decisión, permitiendo con ello su integración a la sociedad (Inclusión Social). La socialización es importante para facilitar la convivencia y el desarrollo de un individuo. 624 También observamos que el 41.18% del tamaño de la muestra n=34, logró el Desarrollo de Capacidades, esto es un proceso mediante cual el sujeto mejora sus habilidades para desempeñar actividades y así alcanzar resultados deseados; el Desarrollo de Capacidades se asocia con el empoderamiento de las personas. Con respecto a los pacientes que contribuyen al Ingreso Económico Familiar y/o Personal, se observó que la mayoría de los pacientes intervenidos quirúrgicamente, su actividad principal es el hogar (64.71%) y sólo el 11.76% del tamaño de la muestra n=34, se dedican al campo y a desarrollar alguna actividad comercial (comerciante), sumando así un 23.52%; también pudimos observar que hubo una disminución del 2.94% respecto a los que se dedicaban al hogar y hubo un incremento del 2.94% en los que se dedicaban al comercio, es decir, se identificó que un 2.94% del tamaño de la muestra n=34, logró contribuir al ingreso familiar, al incorporarse a una actividad económica como comerciante. Observamos que el 14.71% del tamaño de la muestra n=34, afirma que tuvo un incremento en sus ingresos y que dichos sujetos afirman haberlo incrementado en un 30%. Efecto 2: Bienestar familiar como consecuencia de la autonomía del paciente operado Generalmente el cuidador primario de un paciente con discapacidad visual es un familiar que le presta apoyo y asistencia a las actividades cotidianas del discapacitado. La discapacidad visual tiene repercusiones directas sobre la persona con discapacidad y su cuidador; los cuidadores en algún momento se sienten enfadados, frustrados o deprimidos, ya sea por el trabajo que implica ser cuidador o por la sensación de no hacer lo suficiente, es decir el ser cuidador es una labor que tiene una afectación e influencia directa sobre la vida personal del cuidador a nivel emocional, físico y psíquico. El Respeto Mutuo es muy importante para la convivencia familiar; es un componente valioso para las relaciones interpersonales. Sentirse respetado podría considerarse un derecho humano básico, la falta de respeto mutuo puede traer rupturas de relaciones personales e incluso violencia en cualquiera de sus manifestaciones. El 58.82% del tamaño de la muestra n=34, logró un Respeto Mutuo en el entorno familiar. 625 Con respecto a la Resolución de Conflictos el 70.59% del tamaño de la muestra n=34, logró resolver conflictos familiares, contribuyendo así al Bienestar Familiar. Es importante que el cuidador primario y el paciente intervenido quirúrgicamente puedan afrontar y detectar problemas que se le presenten a lo largo de su convivencia diaria. Al conflicto también se lo define como un estado emotivo doloroso, generado por una tensión entre deseos opuestos y contradictorios que ocasiona contrariedades interpersonales y sociales, y en donde se presenta una resistencia y una interacción reflejada muchas veces en el estrés, una forma muy común de experimentarlo. Referente a la Autonomía Personal del paciente intervenido quirúrgicamente, el 67.65% del tamaño de la muestra n=34, logró mejorar la Comunicación entre el cuidador y el paciente intervenido quirúrgicamente; Comunicación es la transmisión de significados de una persona a otra ya sea de forma verbal o no verbal, ligada a varios acontecimientos que ocurren dentro y fuera de los individuos, es importante debido a que se establecen relaciones interpersonales, al haber interacciones entre emisor y receptor. Al hablar de Cuidado Personal, el 67.65% del tamaño de la muestra n=34, logró su autocuidado; este logro es importante debido a que el paciente puede realizar actividades básicas de la vida diaria, pudiendo así dejar de ser una persona dependiente. También identificamos que el 70.59% del tamaño de la muestra n=34, logró mejorar su Desplazamiento e Independencia; El desplazamiento permite al paciente intervenido quirúrgicamente poder realizar actividades tanto fuera como dentro del hogar de manera autónoma, contribuyendo así a mejorar el Bienestar Familiar. Sobre su Independencia, el 70.59% del tamaño de la muestra n=34, logró Autonomía Personal al no ser un sujeto dependiente de un cuidador. Esa Independencia le permite realizar actividades cotidianas con total autonomía. En un principio, la presencia de una persona con discapacidad visual cambia la dinámica habitual en la familia. No obstante, el núcleo familiar y el entorno próximo constituyen un 626 factor clave para fomentar su independencia, de ahí la importancia de mejorar el Bienestar Familiar. Contribución a los ODS de la Agenda 2030 A partir de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. ha contribuido a nivel local, en su Sede de Atención Cosamaloapan el cual otorga el servicio de salud oftalmológica para 19 municipios, a los Objetivo de Desarrollo Sostenible en los siguientes: Objetivo 3 – Salud y bienestar La misión de la Fundación es ser una institución de beneficencia privada para mejorar la salud y calidad de vida de todas aquellas personas que padecen alguna discapacidad visual en sectores vulnerables del estado de Veracruz, mediante tratamientos médicos y quirúrgicos oftalmológicos. La Fundación cuenta con nueve sedes oftalmológicas: 1) Acayucan, con una cobertura de atención a 25 municipios, 2) Chicontepec, con una cobertura de atención a 18 municipios, 3) Coatepec, con una cobertura de atención a 21 municipios, 4) Cosamaloapan, con una cobertura de atención a 19 municipios (incluyendo dos del estado de Oaxaca), 5) Mariano Escobedo (Matriz), con una cobertura de atención a 80 municipios (incluyendo 31 del estado de Puebla), 6) Misantla, con una cobertura de atención a 32 municipios (incluyendo 12 del estado de Puebla), 7) Tierra Blanca, con una cobertura de atención a 40 municipios (incluyendo 2 del estado de Puebla y 15 del estado de Oaxaca), 8) Vega de Alatorre, con una cobertura de atención a 10 municipios, y 9) Xalapa (Capital del estado). Con esas sedes hemos logrado ofrecer los servicios de salud oftalmológica en 183 municipios del estado de Veracruz, 46 del estado de Puebla y 17 del estado de Oaxaca. Objetivo 10 – Reducción de desigualdades La Fundación ha contribuido a la reducción de desigualdades de ingresos, esto a través de la Integración Social del titular de derechos, al empoderarlos, logrando que se reintegren a la economía debido a que mejoraron su agudeza visual y con ello volver a trabajar, ya sea de forma independiente o mediante un empleo formal o informal. Además, un porcentaje de la muestra mejoró su ingreso económico. 627 Bibliografía Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. (2016). Producto de Gestión: Teoría de Cambio de la Fundación. Documento interno. Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. (2018b). Producto de Gestión: Indicadores de Resultados a Nivel de Efecto e Impacto del Programa de Oftalmología de la Fundación. Documento interno. Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P. (2018a). Producto de Gestión: Instrumentos finales con Validez Metodológica del Programa de Oftalmología de la Fundación. Documento interno. Figueroa, B. (2013). Evaluación de competencias en programas de formación en el sector rural: el caso de la maestría tecnológica para prestadores de servicios profesionales (PSP) en México. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Scriven, M. (2005). Logic of evaluation. En: Mathison, S. (Ed.). Encyclopedia of evaluation. pp. 235-238. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. Verdiales, D.M. (2021). La Cooperación Internacional al Desarrollo Española en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Revista Integración y Cooperación Internacional, No. 32, enero-junio 2021, pp. 42-57. 628 XV. Propuestas para el fortalecimiento de las OSC XV.I. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México desde la perspectiva del aprendizaje organizacional Leticia Pérez Gayosso Resumen Pese a que el aprendizaje organizacional favorece el fortalecimiento de las organizaciones y su subsistencia a medio y largo plazo, apenas ha sido tratado en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. Mediante una investigación cualitativa basada en el caso colectivo, este trabajo analiza el proceso de fortalecimiento de 10 organizaciones de la sociedad civil tratando de responder las siguientes preguntas de investigación: ¿de qué manera perciben los líderes que la capacitación puede aumentar la efectividad de su organización?, y ¿cómo la transferencia del conocimiento le permitió fortalecerse? Tras el análisis realizado, se detectaron cinco premisas básicas, que se pueden agrupar en dos procesos: los internos, como capacitación y transferencia del conocimiento y los externos, como reconocimiento de otras organizaciones e instituciones, profesionalización y vinculación e incidencia con otras organizaciones. Palabras clave: fortalecimiento, aprendizaje organizacional, capacitación, transferencia del conocimiento. Introducción No se comenzó a hablar del fortalecimiento organizacional sino hasta los noventa del siglo XX ya que se generaron las condiciones para democratizar el poder, para pasar de un Estado intervencionista a un Estado regulador (Flores y Espejel, 2009, p. 67 y Uvalle-Berrones, 2012, p. 122). Quizás la condición más importante que permitió una relación diferente de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con el Estado fue la gobernanza. Se empezaron a 629 generar las estructuras para que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía tuvieran una mayor incidencia en las decisiones gubernamentales. Esta gobernanza exigía la utilización de nuevos instrumentos para favorecer el intercambio y la cooperación entre la pluralidad de los actores, así como la generación de condiciones para el intercambio y la solución compartida de los problemas (Blanco y Gomá, 2013, p. 20). Lo que caracterizaba a esta “nueva” manera de gobierno es que centraba su operatividad en un conjunto de principios instrumentales para el logro de los objetivos, es decir, se introdujeron criterios de eficiencia y eficacia, lo que Acosta definió como gobierno neogerencial (Acosta, 2010, p. 160). Los distintos retos obligaron tanto al gobierno (Estado) como a las OSC a adoptar métodos, técnicas y procesos de las teorías de organización, así como de la administración del sector privado (Homburg et al., 2007, p. 196, Lyons y Dalton, 2011, p. 239 citados por Tozlu y Tüzen, 2016, p. 26) lo que ha impulsado el fortalecimiento de las organizaciones. Algunos de estos conceptos y teorías para la administración de las OSC se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro 1. Conceptos relevantes para la administración de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Sector Privado Sector Público Tercer sector Planeación estratégica Rendición de cuentas Administración del voluntariado Administración por objetivos Empoderamiento Recaudación de fondos Auditorías sociales Fortalecimiento Gobernanza Análisis de accionistas Participación Evaluación de la participación Aprendizaje organizacional Igualdad de oportunidades Defensa Fuente: Lewis, D. (2001). Algunas de estas herramientas que en un inicio se utilizaron exclusivamente para el sector privado, se han ido incorporando tanto en el sector público como en las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, la más empleada ha sido la planeación estratégica. Mientras que otras, como el aprendizaje organizacional es aún incipiente su empleo. 630 En esta búsqueda por tener una mayor gestión, se identificaron dos posturas por parte de las organizaciones de la sociedad civil: las menos, consideran que los temas de gestión y administración como una tendencia poco deseable, ya que la cultura que predomina es alcanzar su misión a través de la acción, de resolver el problema; consideran que invertir en el fortalecimiento a partir de incrementar sus capacidades es una pérdida de tiempo y prefieren invertir en los programas. Mientras que otras, buscan en los gurús soluciones que han emergido del sector privado de manera exitosa para afrontar sus problemas. Estas últimas reconocen sus limitaciones, buscan alternativas para estructurar sus organizaciones y generar un mayor impacto (Lewis, 2001, p. 11; Collard et al., 2005, p. 12). De estas dos posturas, se considerarán las del segundo tipo, es decir, se elegirán organizaciones de la sociedad civil que hayan realizado acciones a favor de su fortalecimiento. Marco teórico Entre las organizaciones que inician, muchas de ellas buscan modelos y soluciones a través de expertos u otras organizaciones y otras más, inician sin una estructura, pero con un objetivo y un ideal en mente. Asimismo, evidencia mostrada por Sedesol (2014), Chávez, C. y González, P. (2018), entre otros estudios, han mostrado que en promedio las organizaciones carecen de recursos y/o de una estructura que les permita fortalecerse. Aunque la mayoría de las organizaciones capacitan a su personal, no necesariamente dicho conocimiento es incorporado a la organización, en parte se debe a que la mayor parte del personal es voluntario y a que los recursos son escasos. Sin embargo, es a través del aprendizaje como la organización adquiere o crea nuevo conocimiento (Amponsen, 1991; Dodgson, 1993 citado por Castañeda 2012, p.187). Para que una organización sea capaz de aprender, se requiere que esté integrada por individuos que aprenden, pero también la organización debe ser sujeto de aprendizaje. De acuerdo con Gore (2004, p. 141) la organización, debe aprender a capturar y procesar la información del contexto para crecer y sobrevivir. Debe aprender a transformar esa información en procesos, productos, estructuras o prácticas útiles para dar respuesta a esas demandas. 631 El reto es convertir el conocimiento tácito en explícito. Es decir, convertir el conocimiento del individuo producto de la formación académica y la experiencia, en conocimiento que puede ser transmitido y compartido mediante un lenguaje sistemático y formal (Nonaka, 1994, p.16). El aprendizaje implica generar conocimiento a través de la información o los eventos y con ello modificar un cambio en el comportamiento. Por lo tanto, las organizaciones deben asegurar que el conocimiento adquirido durante la capacitación sea transferido al lugar de trabajo con el objetivo de incrementar el desempeño laboral. De acuerdo con Dobrai y Farkas (2012, p. 330) el aprendizaje organizacional debe implementarse por las organizaciones como parte de sus estrategias para asegurar una larga existencia. Además de la sostenibilidad que posibilita el aprendizaje organizacional también brinda otros beneficios, como lo señalan Watkins y Marsick (1993, 1996) y McHargue (1999, p. 34): significativa flexibilidad, incremento de la participación de mercado, incremento de las capacidades de los empleados, mayor efectividad en la aplicación del aprendizaje, nuevas visiones y posibilidades del personal y la organización, mayor rentabilidad y crecimiento, mayor satisfacción del empleado, mayor satisfacción del cliente, mejora en la resolución de problemas, menores errores y mayor calidad, uso inmediato del nuevo conocimiento, empoderamiento a través de la organización, mayor apertura al cambio y a la innovación, expansión de sus redes, mayor efectividad y eficiencia de sus recursos humanos. El tema se vuelve relevante ya que a las organizaciones de la sociedad civil se les “exige” que respondan a los nuevos requerimientos de una sociedad cada vez más demandante, una pobre cultura para realizar donativos y un Estado que las excluye, provocará que más organizaciones se debiliten y terminen cerrando. Sin embargo, se identificaron algunas organizaciones que al confrontar un contexto adverso lograron superar dichos retos a través de ciertas estrategias que las fortalecieron. Entre ellas, la capacitación y la transferencia del conocimiento, por lo que las preguntas de investigación son: ¿De qué manera los líderes perciben la capacitación para aumentar la efectividad de su organización?, y ¿cómo la transferencia del conocimiento le permitió fortalecerse? 632 Metodología Para su análisis se empleó el método de caso colectivo, ya que la experiencia de cada líder fue analizada mediante una entrevista, para identificar la mayor cantidad de factores que favorecen el aprendizaje organizacional como proceso hacia el fortalecimiento. Las entrevistas fueron codificadas y posteriormente categorizadas para hacer visible los conceptos, ideas y sentidos hasta el punto de descubrir las ideas y significados contenidos en ellas, para después vincularlas con las demás categorías, con el objetivo de contextualizarlas para el desarrollo de las premisas. En un inicio se consideró a las 47 organizaciones que recibieron algún financiamiento por parte del Instituto Nacional de las Mujeres durante el período 2007-2017, ubicada en la Ciudad de México, que tuviera una antigüedad mayor a los cinco años y que se encontrara activa en el momento de la selección. De éstas, 10 organizaciones aceptaron participar en esta investigación. Las organizaciones participantes fueron las siguientes: Cuadro 1. Organizaciones que participaron en la investigación por rubro Nombre de la organización Fecha civil de Objetivo constitución de la Estudio organización Asociación Nacional Cívica 31/01/1975 Educación cívica para Entrevista Femenina, A.C. (ANCIFEM) mujeres grupal (3 personas) Casa Ajusco, A.C. 19/09/1996 Trabajo comunitario Entrevista Fundación Eudes, A.C. 21/05/1999 VIH y sus familias Entrevista Colectivo Feminista Mercedes 04/05/2002 Promoción, Entrevista Olivera y Bustamante, A.C. apoyo y defensa de los grupal (COFEMO) derechos humanos de las personas) difusión, (3 mujeres Apoyo Albatros, A.C. 21/03/2007 Violencia de género Entrevista Foro Ciudadano en Acción 03/02/2007 Promoción, Entrevista creando espacios, A.C. apoyo y defensa de los difusión, 633 derechos humanos de las mujeres Trofeo a la Vida, A.C. Derechos y 04/02/2010 acciones 13/04/2011 Asistencia social Entrevista Promoción, Entrevista difusión, afirmativas para la equidad, apoyo y defensa de los A.C. (DERAFE) derechos humanos de las mujeres Casa Gaviota, A.C. 24/02/2012 Empoderamiento y Entrevista violencia de género Inspira Cambio, A.C. 15/02/2013 VIH y sus familias Entrevista Fuente: Elaboración propia. La más antigua es la Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C. (Ancifem) con 43 años de antigüedad y la más reciente es Inspira Cambio con cinco años de antigüedad, tomando como referencia el año 2018. Resultados Con el objetivo de sintetizar las variables se utilizó la matriz generada por MAXQDA10 y a través del modelo código-coocurrencia, se identificaron las variables que favorecen el aprendizaje organizacional y su impacto en el fortalecimiento. De este modelo se observan dos triángulos: a) el primero, relaciona el fortalecimiento con la capacitación y la transferencia del conocimiento; b) y el segundo, se relaciona con el reconocimiento de otras OSC e instituciones, profesionalización a otras organizaciones y vinculación e incidencia con la población objetivo. Para ello comenzaremos por analizar el primer triángulo. 634 Figura 1. Modelo código coocurrencia: Capacitación, transferencia del conocimiento, fortalecimiento organizacional, aprendizaje informal. Fuente: elaboración propia con base a las entrevistas. a) Capacitación y transferencia del conocimiento De esta figura, observamos que existe una estrecha relación entre el fortalecimiento, la capacitación y la transferencia del conocimiento. 635 Figura 2. Vinculación de la capacitación Fuente: elaboración propia. Capacitación De acuerdo con Jacobs y Park (2009, p. 140), la capacitación es un proceso formal y es definido como el conjunto de actividades de aprendizaje cuyo objetivo es ayudar a los individuos a adquirir conocimientos, conciencia y habilidades en áreas específicas. Blake (2012, p. 23) lo define como “un proceso planificado de adquisición de nuevos conocimientos susceptibles de ser transferido a las rutinas de trabajo, para modificarlos en parte o sustancialmente, y no solo para resolver problemas sino para cuestionar los criterios a partir de las cuales éstos son resueltos”. Cofemo por ejemplo acompañó su proceso con especialistas. La Dra. Mercedes Olivera fue una gran maestra para esta organización, la líder comenta “ella nos propuso la formación teórica feminista, con ella iniciamos el seminario feminista y después le pusimos feminario. El feminario lo trabajamos durante 10 años, desde 1998 nos formábamos en lo teórico como feministas y lo aterrizábamos en lo personal, y esa teoría nos tenía que transformar a nivel personal de nuestra misoginia, racismo y clasismo, eran las tres cosas que queríamos transformarnos, cómo podíamos erradicar el patriarcado de nuestras prácticas, el feminario fue algo muy importante después de esta transformación, 636 decidimos realizar iniciativas como el Movimiento Independiente de Mujeres (MIM) y a la par el Centro de Derechos de las Mujeres”. Todo ello, las impulsó a desarrollar un programa de formación de defensoras populares para generar acciones en las comunidades, el modelo que desarrollaron les llevó algunos años y es tal su impacto que el Centro de Derechos está vigente y hoy trabaja como una organización civil independiente. La capacitación, por tanto, es uno de los recursos más utilizados para influir sobre el personal en cuanto a los temas de conversación, el estilo de funcionamiento en los grupos de trabajo, la detección de problemas, así como la capacidad para inventar soluciones e instruir a las personas en cómo desempeñar de manera específica su labor a través de experiencias planeadas, con lo cual se espera generar un impacto al interior de la organización (Marsick y Volpe, 1999, p. 2; Campbell y Kuncel, 2001, p. 278). El aprendizaje y la competitividad organizacional están definidos en términos de la capacitación y del desarrollo del personal. El conocimiento conduce a la eficiencia, a la eficacia, a la productividad y, por lo tanto, a la competitividad (Chiavenato, 2009 citado por Montoya, Boyero, Montenegro y Arango, 2017, p.128). La formación es uno de los medios que posee la dirección para asegurar que el nivel de competencia de las personas y equipos estén a la altura de las exigencias del medio (Meignant, 1997 citado por Böhrt, 2000, p.124). Las organizaciones realizan diversas estrategias para incrementar su competitividad. En Casa Gaviota, las psicólogas voluntarias salen de la carrera y necesitan práctica, obtener experiencia y se van capacitando en temas de sensibilización de la violencia, la líder comenta: “Esta capacitación se las damos nosotras, aunque sabemos que se van a ir, pero se van con conocimientos, porque nuestro propósito es que esto sea un semillero”. El compartir los conocimientos con su personal les ha fortalecido ya que facilita la vinculación con la población objetivo y genera identidad en la organización, “a las voluntarias les encantan los temas, veo como les gusta, cómo imparten los talleres, cómo se comprometen, les encanta dar terapias, veo que eso facilita mucho las cosas”. Cuando los cursos son para el personal que participa al interior de la organización, la líder los imparte para estandarizar procesos, valores, protocolos, etc., de tal manera que las integrantes se desempeñen de acuerdo con el 637 servicio que se pretende otorgar y con ello lograr el reconocimiento, no sólo de otras organizaciones sino también de su población objetivo. Sin embargo, Guiñazú, va más allá del desempeño laboral o la adquisición de nuevos conocimientos ya que señala que la “capacitación es el medio que permite a la organización interpretar las necesidades del contexto”, es decir que la organización se adapta al contexto a través de su capacidad de aprendizaje y añade, “la persona se adapta al mundo laboral transformándolo, es decir, enfrentando y resolviendo los problemas de trabajo que se presente”, a esto le llama capacitación efectiva al proceso en el que los sujetos involucrados aplican lo aprendido durante la capacitación al puesto de trabajo (Guiñazú, 2004, p. 104). Ejemplo de ello, se observa en la organización Ancifem con 43 años de antigüedad, ha logrado capitalizar el conocimiento de las integrantes de la organización, hoy cuenta con 6 sedes en la República Mexicana, y es la única que tiene un programa de reemplazo generacional, para transferir la experiencia y el conocimiento de la líder. Una de las colaboradoras comenta: “Me parece que las mujeres que han estado involucradas en los procesos institucionales han sido mujeres muy capaces, y mujeres con visión además de ambiciosas por hacer algo por la patria, también han sido muy tenaces, se han documentado y han sabido leer entre líneas la situación del país, no es fácil, yo creo que es uno de los aprendizajes transmitidos no solo adquiridos que a la hora de estar con ellas, también te dan luces de cuáles son las cosas en las que tienes que pensar de tal modo que cuando te involucras en promover algún cambio ya sea local o nacional, debe ser coyuntural, que sea beneficioso, que sea equitativo que involucre no solo el tema sensible sino que en realidad haya una necesidad por defender causas justas y temas necesarios”. Por otro lado, como resultado de las entrevistas se observa que la capacitación se desenvuelve en tres niveles: para el líder de la organización, para la población objetivo y para la comunidad. El proceso de aprendizaje del líder de la organización dependerá de su experiencia previa. Si la organización es iniciada sin ninguna experiencia, la capacitación que tomará el líder de la organización se enfocará en distintos temas, por lo que son auto didactas y están en la 638 búsqueda de herramientas tanto para sí mismos como para sus colaboradores. Mientras que otras organizaciones inician con una mayor experiencia e infraestructura, sus capacitaciones son más específicas y con objetivos mucho más claros. Tanto Cofemo como Casa Gaviota iniciaron como consecuencia de una experiencia de vida difícil. Sin embargo, ello las motivó a organizarse en favor de las mujeres. Su perseverancia y afán de que ninguna mujer más, las ha llevado a tomar diversos cursos para prepararse, han aprendido a base de prueba y error, y hoy son organizaciones consolidadas. Por lo que, en la medida que la organización gana experiencia, las capacitaciones son más especializadas. En cuanto a la población objetivo, se identifican dos tipos de organizaciones: a) las que van a las comunidades para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que son emprendidas por los pobladores a partir de su gestión en la zona, como Casa Ajusco, Cofemo, Derafe o Ancifem, b) las que impulsan emprendimientos al interior de la organización para fortalecer a su población objetivo como Fundación Eudes, Apoyo Albatros, Inspira Cambio o Trofeo a la Vida. En la medida que se capacitan y la población objetivo se empodera, la organización es reconocida e invitada a participar en otros proyectos, lo cual les genera recursos, desarrollo organizacional, experiencia y sobre todo fortalecimiento organizacional, que se vincula con el siguiente inciso b. En cuanto a las capacitaciones que proporcionan las instituciones públicas y otras organizaciones, se observa que se diferencian en sus contenidos. Casa Gaviota es una de las organizaciones que más ha aprovechado las capacitaciones y asesorías que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social (ver cuadro 1). Cuadro 1. Asesorías y capacitaciones de Casa Gaviota durante 2013, 2014 y 2015. Año Instituto 2013 Secretaría de Desarrollo Asesoría para obtener la CLUNI ante el Registro Federal de Social Trámite las OSC. 639 2014 Secretaría de Desarrollo Capacitación presencial sobre Reglas de Operación Social 2015 Secretaría de Desarrollo Capacitación presencial: Sensibilización sobre perspectiva Social 2015 de género para OSC Secretaría de Desarrollo Asesoría sobre Trámite de CLUNI, Conformación de OSC, Social Convocatorias, Elaboración de Proyectos. Así como durante la ejecución del proyecto apoyado en asuntos relacionados como plantillas para el llenado del reporte parcial y final de actividades, cambio de coordinador del proyecto, ejercicio del recurso entre otros. 2015 Secretaría de Desarrollo Capacitación presencial sobre: Elaboración de Proyectos y Social Reglas de operación 2015. Fuente: elaborado con información obtenida del portal www.corresponsabilidad.gob.mx recuperado el 15 de octubre de 2018. Si se observa, tanto las asesorías como las consultorías que ofrece la institución se relacionan más con las convocatorias, es decir, con el llenado de los formatos o la elaboración de proyectos, mientras que, las asesorías que provienen de otras organizaciones se enfocan al desarrollo organizacional, planeación estratégica, gestión de recursos humanos, procuración de fondos, entre otras. Ninguna de las organizaciones participantes recurrió a las fortalecedoras, es decir organizaciones integradas por profesionales para asesorar a las OSC para ayudarlas tanto en su constitución como en su operación con base en la mejora continua, debido a que normalmente las asesorías tienen un costo de recuperación, las organizaciones no lo solventan y, por lo tanto, no recurren a ellas. Premisa 1. La capacitación es una constante en todas las organizaciones. Sin embargo, dependerá del tamaño, grado de madurez y liderazgo. Transferencia del conocimiento Argote e Ingram (2000, p.155), definen la transferencia del conocimiento como el proceso por el cual una unidad (grupo, departamento o división) es afectado por la experiencia de 640 otro. Existen distintos mecanismos que estimulan este proceso. Garvin (1993, p. 9) señala que el conocimiento debe difundirse de manera rápida y eficiente en toda la organización. Las ideas tienen un impacto máximo cuando se comparten ampliamente en lugar de mantenerse en pocas manos. Una variedad de mecanismos estimula este proceso, incluyendo informes escritos, orales y visuales, visitas al sitio y visitas guiadas, programas de rotación del personal, programas de educación y capacitación, y programas de estandarización. Sin embargo, Calvert et al. (1994) y Nonaka (1996) consideran la cultura organizacional, la capacidad de aprendizaje y la intención como los principales procesos de transferencia de conocimiento (citados por Rhodes, J., Lok, P., Yu-Yuan Hung, R., & Fang, C. 2008, p. 246). En Ancifem, la líder de la organización comprendió la importancia de la transferencia del conocimiento al conocer a una mujer de la liga de las mujeres votantes y su experiencia le permitió considerar un programa de cambio generacional. De acuerdo con ella, “esa era una de las organizaciones más poderosas a principios del siglo pasado, de 1900, ellas fueron las que promovieron y lograron el voto de las mujeres en EUA, en 1930, ellas no previeron el cambio generacional, porqué después de ser tan poderosa desapareció en muchos estados, teniendo capítulos en todos los Estados Unidos, yo como presidente dije esto no nos puede pasar a nosotros […] el año pasado avanzamos de manera significativa, todavía estamos lúcidas para guiar, acompañar, por ejemplo, la semana pasada me escribió una chica de Durango que fue nuestra alumna hace dos generaciones, Lupita el año pasado ya coordinó, esta muchacha tiene 20 años, y me escribió diciendo que ya está dando el curso de Desafío para niñas, para mí ya arraigó la semilla”. Asimismo, la organización está estructurada en comisiones, por lo que las colaboradoras se van especializando en ciertos temas y posteriormente comparten la información con el resto de las comisiones, en donde se estructuran los cursos, los congresos y proyectos, lo que les permite concretar sus metas. La experiencia de Ancifem muestra la preocupación de la organización por transferir el conocimiento a sus integrantes, por un lado, tienen el programa de reemplazo generacional y por otro, la estructura de la organización que facilita el trabajo tanto cooperativo como colaborativo a través de las comisiones. 641 No es lo mismo hablar de cooperación que de colaboración, pero, es a través de ambos procesos que las organizaciones pueden adaptarse a los cambios económicos, sociales y políticos ya que estos retos las obligan a trabajar en colaboración: la comunicación, negociación y producción de materiales lo cual facilitan los procesos de aprendizaje. (Gross, 2001; Smith y McGregor, 1992 citado por Chu y Kennedy, 2011, p. 2). “Aprender a cooperar es clave para el trabajo grupal de alta calidad” (Goodsell, Maher y Tinto, 1992, p. 15). Es importante diferenciarlas ya que la cooperación puede lograrse si todos los participantes hacen la parte asignada por separado y llevan sus resultados a la mesa. Mientras que la colaboración, implica interactuar con otros individuos, verse envueltos en negociaciones, discusiones y aceptar las perspectivas de otros para finalmente producir un producto (Kozar, 2010, p. 17). De acuerdo con West, Tjosvold y Smith (2003, p.231) la cooperación motiva a las personas a buscar las habilidades de los demás y a apreciar sus habilidades y contribuciones, para negociar e influir entre sí para intercambiar recursos que ayudarán a ambos a que sean más productivos y se alienten mutuamente a desarrollar y mejorar sus habilidades. De tal manera que las contribuciones empoderan a la organización ya que los procesos se acortan y los éxitos fortalecen la autoestima de los participantes. Lo importante es cómo se genera la estructura o los incentivos para que los experimentados, líderes o expertos en cierto tema se sientan motivados a compartir dicha información o experiencia, Ancifem por su parte invita expertos a su organización además que algunas de las integrantes son personas reconocidas en sus áreas de trabajo que imparten cursos o capacitaciones para el resto de la organización. Inspira Cambio, comenta “yo trabajaba como Sub director en una ONG Global con fuerte liderazgo, tenía muy claras las actividades a realizar, así como los objetivos a alcanzar, pero una vez que me tuve que independizar tuve un proceso de aprendizaje, me fui formando en temas de liderazgo, planeación estratégica, y otros para fortalecer a la organización con el fin de buscar herramientas que me permitieran entender las necesidades de su organización y su contexto. Asumía que todo lo que pasara con Inspira Cambio era mi responsabilidad, hasta 642 que en un proceso de coaching comprendí que eso podría cambiar, aprendí que el problema no era solo mío, sino que era de todos, esto cambió completamente la forma en que veía los problemas, ayúdenme todos a resolverlo juntos, ahora me siento más tranquilo, más claro hacia dónde vamos, me pongo la camiseta y luego dicen, tenemos este problema, cómo resolvemos y buscamos las soluciones en conjunto, eso a mí me ha ayudado". De modo que, tanto los éxitos como los fracasos se perciben como parte de una responsabilidad compartida. Este proceso de colaboración, le ha permitido ampliar la gama para procuración de fondos y con ello, la supervivencia de la organización. Por otro lado, Derafe estaba haciendo un diagnóstico para un proyecto de obstetricia en San Luis Potosí, por lo que contrataron a una persona para que les ayudara a revisar la terminología ya que es muy especializada. La líder de la organización comenta “entonces aquí nos reunimos, hablamos; con el proyector, el cañón, para pensar en la estructura del diagnóstico, no pues está el marco conceptual, qué debe de llevar, qué marco normativo, cómo tienen que ser los instrumentos, haber Luis hace la estructura, al día siguiente manda la estructura, yo pienso que esto debe ser así, ya sale la estructura, ahora Edgar que es el médico y está haciendo su doctorado en Salud Pública, tú los instrumentos y tal y tal cosa, y tú vas a hacer las entrevistas con todo el personal médico, ya cuando tenemos esto, el marco conceptual a fuerza que va a ser, lo va a realizar el médico, porque además tiene tablas y sabe, porque ya es doctorante, y lo vamos armando. Yo soy la que hace el pegamento, yo levanto información, yo reviso todo para que sea congruente, yo soy quien entrevista con mujeres y después ya lo armamos, lo vemos, cada parte que se va haciendo todo mundo la revisa y después ya se hace el documento definitivo, así es como trabajamos. No necesitamos estar juntos, cumplir un horario, cada uno sabe si lo hace a las 3 de la mañana, o a las 3 de la tarde”. De estas experiencias podríamos deducir que hay tres tipos de organizaciones, las que transfieren el conocimiento mediante el trabajo cooperativo, mediante el trabajo colaborativo y las que van haciendo un acompañamiento para efectuar el reemplazo generacional. 643 Asimismo, se preguntó, sobre el tipo de información que se compartía. Si el material de los cursos es compartido al interior de la organización, la respuesta fue que dependía. Es decir, si el contenido del curso tiene un impacto directo con la población objetivo, puede ser que se replique al interior de la organización para que todos los integrantes actualicen dichos conocimientos, ya sea través de un curso, o de subir el material a la nube de la organización. Pero si el curso, compete de manera particular a un puesto o para el desarrollo de cierta habilidad, normalmente esta información no se comparte con el resto de la organización, como puede ser procuración de fondos o mercadotecnia. Premisa 2. La transferencia del conocimiento es un proceso que las organizaciones han incorporado a sus organizaciones mediante el trabajo cooperativo y/o colaborativo, pero quienes realicen el reemplazo generacional garantizará la sustentabilidad de la organización. b) Vinculación e incidencia con la población objetivo, reconocimiento de otras OSC e instituciones y Profesionalización a otras OSC En este segundo triángulo, se observa una correspondencia con la vinculación e incidencia con la población objetivo, reconocimiento de otras organizaciones y profesionalización a otras organizaciones. Figura 3. Vinculación e incidencia con la población objetivo Fuente: Elaboración propia 644 Reconocimiento de otras OSC e instituciones Casi todas las organizaciones entrevistadas cuentan con el reconocimiento de otras organizaciones lo que les ha permitido colaborar con otras organizaciones a través de proyectos, cursos o talleres que elaboran en conjunto, así como liderazgo y vinculación con otras organizaciones e incluso con la población objetivo y, por lo tanto, les ha provisto de recursos para mantener la operación de la organización. De acuerdo con Nahapiet y Ghoshal (1998, p. 243) las redes de relaciones constituyen un recurso valioso. Cofemo logró realizar un proyecto gracias a que el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A.C. (IDESMAC) reconoció su trayectoria y experiencia, a decir de la líder de la organización: “Arturo le recomendó a la Fundación que era necesario que trabajara un proyecto similar, pero con la perspectiva de género y que era necesario que le financiara a Cofemo un proyecto, y la Fundación dijo que sí, entonces le presentamos la propuesta a la Fundación […] ya llevamos 5 años trabajando”. En 2010-2011, Cofemo junto con otras cinco organizaciones de la sociedad civil decidieron formar una asociación civil, Clan Sur, en donde las socias no son personas sino asociaciones civiles. Su objeto social es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil del sur y desde ahí han realizado acciones para fortalecerse en cuestiones de contenidos, valuación y planeación participativa, hicieron un diagnóstico de organizaciones en Tabasco, Chiapas y Oaxaca, una tipología de organizaciones de la sociedad civil y ahora se están fortaleciendo a través de las alianzas, desde la articulación con otras organizaciones. Esta nueva perspectiva, les ha ayudado a crear algo totalmente nuevo: “como organización feminista estábamos como en una isla solo con feministas mantuvimos una relación todos esos años, solo con feministas y ahora desde Clan Sur lo aprendimos y en el seminario de género y territorio lo estamos llevando a la práctica es la construcción de una hibridez epistemológica, desde el feminismo y el ambientalismo, del movimiento ambiental las dos epistemologías, que es la perspectiva de género y el territorio, construir otra epistemología que no es la suma de dos, sino una cosa nueva, que es la construcción de territorios con perspectiva de género, ahora estamos trabajando con eso”. 645 Asimismo, varias organizaciones, cuentan con un sostenido capital social. De acuerdo con la definición de Bourdieu y Wacquant (2005, p. 178) “la organización posee una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento”. Premisa 3. El reconocimiento y vinculación con otras organizaciones les ha ayudado a fortalecerse ya que generan nuevos contenidos, metodologías o recursos. Asimismo, les genera un sentido de pertenencia y confianza, generando vínculos con su capital social. Profesionalización a otras organizaciones Una manera en que las OSC se vinculan con otras organizaciones e instituciones es a través de la profesionalización. Profesionalizar a otras organizaciones implica que ha sido reconocida como experta en ciertos temas. Por tal motivo se generan foros, congresos, entre otros, en donde el conocimiento es transferido. Para Trofeo a la Vida, profesionalizar a otras le ha permitido aprender “Yo considero que ya mi organización es una organización que aprende porque nosotros siempre nos estamos retroalimentado de lo aprendido ya sea en curso u otras organizaciones o ponencias que nos invitan y en lo personal tu servidora es miembro del consejo de varias organizaciones entonces siempre aprendes algo que siempre lo estamos comunicando y los integrantes que también participan en otras organizaciones hay veces que traen esta idea que la escuche acá, como la ven. La comentamos y si es viable para nosotros o no, pero si es viable para la organización de Alex a ti te queda más este tema vamos a ponerle a esto. Eso es lo que hacemos”. Para Casa Ajusco el ser sede, le permite aprovechar los cursos, vincularse con otras organizaciones y obtener recursos. El líder comenta “Nosotros también hemos estado en el proceso de profesionalización de las organizaciones como sede, el mecanismo es muy simple, la convocatoria sale para ser sede y tu como sede tienes que preparar el coffee break, preparar el lugar, convocar a las organizaciones, invitar a los conferencistas, revisar el material, el 646 equipo, etc. Algunos de los cursos que se han impartido tienen que ver con el desarrollo social de México, o con la incorporación de la tecnología a sus procesos o sobre el registro de una organización. Este tipo de acciones le ha permitido aprovechar los cursos y vincularse con otras organizaciones. Una de las colaboradoras de Ancifem, comenta “yo me acuerdo cada año había congresos temáticos, facilitaban que uno desarrollara habilidades o intereses hacia la cuestión cívica, te hablaban de la historia de México, de la importancia de la mujer, eso nos fortaleció mucho”. Premisa 4. La profesionalización a otras organizaciones mediante foros, congresos o cursos les permite aprender, así como reconocimiento de su población objetivo y otras organizaciones e institutos, lo que facilita la transferencia del conocimiento. Vinculación e incidencia con su población objetivo Todas las organizaciones encuestadas han enfrentado distintos obstáculos a lo largo de su existencia. Algunas de ellas, evaluaron en algún momento si continuaban o no. Sin embargo, para algunas, la incidencia y vínculo que han generado tanto con su población objetivo como con su capital humano ha generado que muchas de ellas continúen con sus propios recursos. Veamos cómo el vínculo con su población objetivo las ha fortalecido. Cofemo, por su parte comenta que anteriormente no se hablaba de género, ha sido un proceso que ha ido ganando terreno poco a poco. Por lo anterior, durante 18 años mantuvieron un centro de atención para la mujer con sus recursos “yo tenía financiamiento de un proyecto del Instituto Nacional de la Familia (INAFAM) y me daban 1000 dólares mensuales, era un dineral, yo donaba la mitad de mi salario para hacer un fondo, otra compañera también donaba, así estuvimos funcionando durante un tiempo, fue muy difícil sostener el centro de atención durante 18 años, fue muy difícil obtener financiamiento y más con trabajo asistencialista”. El compromiso que han generado con su población objetivo les ha ayudado a continuar con su labor, ejemplo de ello es lo que han logrado en Santiago del Pinar “hay un impulso de la juventud en Santiago muy fuerte y con mucho respaldo de la gente adulta, eso 647 no es mérito nuestro, eso es un mérito municipal que facilita nuestro trabajo para tener mejores resultados en Santiago, pues en Santiago el consejo de mujeres está muy activo, muy bien ya logramos un POA, es decir, los Programas Operativos Anuales son el instrumento programático presupuestal para la ejecución del plan y programas de desarrollo; rigen las actividades de la administración pública durante el año respectivo, estableciendo objetivos, indicadores y metas, y sirven de base para la formulación de los Proyectos de Presupuesto. Y, también una alianza con 4 organizaciones para impulsar el trabajo de las mujeres, ya están en gestión para que les donen o rentemos una casa para contar con la Casa Municipal de Mujeres y empezar a darle vida, para tener un espacio propio para las mujeres […] eso es lo que nos impulsa a querer salir adelante”. Otro ejemplo, es el trabajo que realizaron en Palenque, “las mujeres querían independizarse y formar su Casa de la Mujer Shibalan así que fuimos a capacitarlas con un modelo similar al nuestro con un Centro de Atención, un área de salud, de educación, etc., tuvimos muchos viajes a Palenque para los talleres con las mujeres hasta que se constituyeron legalmente, entonces Cofemo antes Colem se ha caracterizado por impulsar los procesos, en las comunidades en formar otras organizaciones es eso es algo que nos ha caracterizado y nos da mucha satisfacción, sabes, eso es cumplir con nuestra misión”. Derafe, por ejemplo, presentó un proyecto para capacitar a las gobernadoras de una comunidad, la calificación mínima era de 98, y obtuvieron una calificación de 100 aun así, no se los aprobaron. Quien dictaminó, argumentó que la capacitación debía ser dada por la asociación. El desconocimiento de los usos y costumbres por parte de la institución financiadora impidió que se otorgará el recurso, así que Derafe llevó a cabo el proyecto, pero con sus propios recursos. A decir de la líder de la organización, la vinculación con la población objetivo les ha permitido aprender más que cualquier curso o diplomado lo haya hecho, lo cual ha sido valiosísimo para la organización. Apoyo Albatros, después de que el Corporativo Albatros quebró y ya no le fue posible seguir haciendo donativos a la organización, la líder de la organización estuvo a punto de cerrar sus puertas. Sin embargo, su experiencia, su fuerte convicción para ayudar a las mujeres en situación de violencia doméstica o vulnerabilidad, la motivó a buscar recursos propios para 648 seguir operando. “En nuestra asociación, ninguna mujer ha muerto en manos de su pareja, lo cual es algo que no todas las organizaciones pueden decir y esto se debe a que tenemos un equipo de trabajo consolidado, algunas de nuestras psicólogas o trabajadoras sociales tienen más de 20 años de experiencia, capacitamos a nuestros abogados, y sobre todo una metodología que nos garantiza obtener resultados […] cada mujer que se empodera, me satisface mucho porque el logro de una es el logro de todas” y eso es lo que la impulsó a seguir. Inspira Cambio, la relación que tiene el líder de la organización es tal que “Yo no tengo un salario en todo el año, es dependiendo del proyecto, pero estoy casado con el proyecto [...] tengo gente con diferentes posiciones, el clima laboral ayuda bastante, la parte humana, sensible y la gente que trabaja con nosotros si se quedan es porque tiene un compromiso con la población y es muy tangible el contacto que tienen con la población y ayuda eso, da mucha satisfacción. El año pasado el trabajo que hemos hecho en redes sociales en VIH, mostrando nuestro trabajo con ciertas poblaciones específicas nos ha dado también mucha proyección y mucha gente quiere ser voluntario, ya creamos un proceso de consultoría para los voluntarios y ya etiquetamos a quién queremos y como los queremos, y en qué áreas las necesitamos para fortalecernos”. La vinculación e incidencia con la población objetivo, reconocimiento de otras organizaciones y profesionalización a otras organizaciones, las ha fortalecido a través del capital social ya que crean conexiones entre los distintos actores sociales de largo plazo lo que facilita la coordinación y cooperación para su mutuo beneficio (Bourdieu y Wacquant, 1992, p. 119, citado por Adler y Kwon, 2002, p. 20). Premisa 5. El capital social les ha permitido ganar experiencia mediante la vinculación como la incidencia con su población objetivo. Conclusiones A través de este estudio se identificó, que tanto Cofemo como Ancifem, iniciaron sus organizaciones en una época en la que ni siquiera se hablaba de violencia de género o de 649 educación cívica para mujeres, respectivamente. Y, a pesar de ello, lograron generar estructuras basadas en la transferencia del conocimiento y el capital social que las condujeron a sostenerse a través del tiempo. Aunque la capacitación es una constante para todas las organizaciones, lo que realmente las fortaleció fue la transferencia del conocimiento, así como la cooperación, la colaboración entre sus integrantes y el reemplazo generacional, ya que, por un lado, retienen a su personal, y por otro, significa vincularse e incidir en su población objetivo, el reconocimiento de sus pares al profesionalizar a otras organizaciones y generar alianzas con otras organizaciones. Sin embargo, la transferencia del conocimiento no es suficiente para que la organización incorpore la experiencia y conocimientos adquiridos a través del tiempo, ya que algunos integrantes podrían emigrar a otras organizaciones o los líderes de las organizaciones cerrar sus ciclos, impidiendo darle continuidad a la organización. Por lo que se sugiere generar los procesos formales al interior de la organización para que la transferencia del conocimiento se institucionalice y se incorpore en la organización como parte de su proceso de aprendizaje organizacional y con ello su sustentabilidad. De acuerdo con Kim (1993, p. 37) la transferencia del conocimiento es el corazón del aprendizaje organizacional. Asimismo, la lectura del contexto para adaptarse a las diferentes situaciones permitió generar estrategias para su fortalecimiento como: la capacitación efectiva, el financiamiento de organizaciones internacionales o la incorporación de herramientas de la administración como la planeación estratégica o la rendición de cuentas. Por otro lado, con las premisas obtenidas se realizó un modelo en el que ambos procesos, tanto internos (capacitación y transferencia del conocimiento) como externos (reconocimiento de otras OSC, profesionalización y vinculación e incidencia con la población objetivo), se vinculan orgánicamente, pero que no necesariamente generan aprendizaje organizacional o un capital social sólido, ya que debe ser parte de su cultura organizacional y sus procesos internos. Por lo que se recomienda implementarlas sobre todo en épocas de crisis. 650 Figura 4. Fortalecimiento de las Organizaciones de la sociedad civil desde la perspectiva del aprendizaje organizacional Interno Capacitación y Transferencia del conocimiento Aprendizaje Organizacional Externo Reconocimiento de otras OSC e instituciones Profesionalización Incidencia y vinculación con la población objetivo Capital Social Fuente: elaboración propia con información de las premisas. Por último, se sugiere evaluar este modelo cuantitativamente. Ya sea mediante ecuaciones estructurales, para evaluar la interrelación entre las variables o, a través del modelo Partial Least Square (PLS) ya que se adapta mejor en las aplicaciones predictivas y de desarrollo de la teoría (análisis exploratorio), aunque también puede ser usada para la confirmación de la teoría (análisis confirmatorio). Bibliografía Acosta, F. (2010). La evaluación de la política social en México: avances recientes, tareas pendientes y dilemas persistentes. Revista El Colegio de la Frontera Norte, Papeles de Población, No. 64, CIEAP/UAEM. Adler, P. & Kwon, W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1) Argote, L. & Ingram, P. (2000). Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms. Organizational Behavior and Human Decisions Processes, 82 (1). Böhrt, M. (2000). Capacitación y desarrollo de los recursos humanos: reflexiones integradoras. Revista núm. 8. Universidad Católica Boliviana. 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Las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Aprendizaje-Servicio: una herramienta de formación para las ciudadanías Schoenstatt Fabiola Reyes Cruz Luis Manuel Pérez Galván Resumen Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) realizan un papel fundamental en el protagonismo social; en sus procesos de incidencia, se conjugan una serie de aprendizajes, conocimientos, habilidades y se profundiza en actitudes y valores, por lo que podría considerarse que estas son formadoras en ciudadanías, pero estas, ¿son realmente conscientes de su papel? En esta investigación, se realizaron entrevistas a voluntarias y voluntarios de OSC de la ciudad de Querétaro, para identificar su concepción de ciudadanía y si consideran que estas son formadoras en este sentido. Este ejercicio permitió identificar la concepción desde las organizaciones; se visualiza una definición desde una propuesta clásica o legal, la cual se encuentra ligada a una pasividad en el actuar, así como se considera que las y los voluntarios de las organizaciones, resultan ser ciudadanos activos. Así mismo se identifica que no se consideran formadores en ciudadanías, pero dentro de sus prácticas, se dejan ver acciones que se encaminan en ese sentido, ya que enmarcan la acción para el bienestar común, así como la trascendencia en otros para generar prácticas que vayan en búsqueda de acciones de mejora y transformación social. Palabras clave: ciudadanía, formación para la ciudadanía, participación, incidencia social. Introducción Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) generan acciones de participación e incidencia ciudadana, por lo que juegan un papel muy importante en el protagonismo social. Estas asumen una responsabilidad colectiva y visibilizan una forma de compromiso público 655 en la construcción de una comunidad más habitable, desde la corresponsabilidad con las administraciones públicas, pero desde su espacio propio y específico (Ochoa., 2017; Arnanz, 2010, p.85). Al participar activamente en el ámbito público, aportan acciones para la resolución de problemáticas sociales comunitarias, al mismo tiempo que se pueden reconocer como formadoras de ciudadanías debido a que en una experiencia asociativa se conjugan una serie de aprendizajes, conocimientos, se practican habilidades y se profundiza en actitudes y valores (Batlle, 2010), sin embargo, ¿las OSC, son realmente conscientes de su papel? Se considera que las y los voluntarios o miembros activos que colaboran en las OSC, se podrían plantear como el ideal del ciudadano, ya que participan activamente en el ámbito público aportando en acciones para la resolución de alguna problemática social comunitaria. Por lo que, para esta investigación se vuelve fundamental, conocer la concepción de ciudadanía de las OSC del estado de Querétaro para entender la pluralidad de perspectivas que pone en juego este sector, su posicionamiento como actores sociales que inciden en el ámbito sociopolítico, la forma en la que generan estrategias de participación ciudadana que permiten involucrarse y actuar a partir de sus objetivos propuestos. El identificar si las OSC tienen explícito este valor educativo en sus procesos de incidencia social, nos permitirá comprender cómo es que estas conciben el ejercicio de la ciudadanía, cuáles son los elementos esenciales para la generación de una participación en sus diferentes niveles, así como, si es que estos procesos, están siendo sistematizados desde la práctica, es decir, son conscientes o prioritarios desde las acciones de las organizaciones. Asimismo, se aborda la formación para la ciudadanía, como un elemento de análisis, ya que, por lo anterior mencionado, las OSC cuentan con las características pertinentes para ser un actor más que aporte en este sentido, pero es necesario mencionar, que esta se ha trabajado o se caracteriza desde el ámbito formal, (escuelas y organismos públicos), dejando de lado el ámbito no formal e informal de la educación, en este caso lo relacionado al tercer sector. Por lo que se vuelve fundamental, identificar si es que las organizaciones se consideran 656 formadoras en ciudadanías o en su caso, si es que generan estrategias o impacto en relación a este tema, por lo que permitiría verlas como aliados en la generación de acciones ciudadanas. La presente investigación es de tipo cualitativa, con un corte exploratorio y descriptivo, en este se realizaron 5 entrevistas a voluntarias y voluntarios de organizaciones de la sociedad civil del Estado de Querétaro, la recogida de datos se generó a través de una entrevista a profundidad, la cual tuvo como objetivo identificar las concepciones de ciudadanía y si es que estas se consideran formadoras en este sentido. Es necesario mencionar que este se presentó como un primer ejercicio que nos permite un punto de partida para conocer las concepciones respecto a la ciudadanía y formación ciudadana. Ciudadanía y el Tercer Sector Es necesario hacer mención de lo que el concepto de ciudadanía implica, así como cuál es la referencia que consideramos pertinente para enmarcar en esta investigación. Podemos hablar que el concepto de ciudadanía ha tenido transformaciones y connotaciones distintas mismas que abarcan épocas y se encauzan al contexto, por lo que es necesario resaltar algunas propuestas que dan pie al ejercicio ciudadano. Antiguamente (siglo V a. n. e. al siglo V d.n.e.) se reconocía como un cúmulo de derechos y obligaciones los cuales eran otorgadas por el Estado, mediante esto los habitantes podían participar en los asuntos públicos, un ciudadano en sentido estricto es aquel que ejercita sus derechos individuales, participando en funciones judiciales y en el gobierno, llevando a cabo actividades cívicas y políticas (Pérez, 2016; Zapata- Barrero, 2001). El periodo renacentista monárquico fue caracterizado por un creciente humanismo, la aparición del Estado moderno absolutista y autoritario, se generó la sumisión a la voluntad del monarca, por lo que el concepto de ciudadano fue sustituido por el de súbito. A partir del siglo XVI la Europa medieval se convirtió en un sistema feudal, a partir de la posesión de terrenos, la burguesía que agrupaba los gremios de comerciantes quienes se 657 instalaron alrededor del monarca, comenzó a contar con un mayor protagonismo en la esfera política y económica (Pérez, 2016; Zapata- Barrero, 2001). Locke, filósofo, representante de la burguesía, contribuiría con sus escritos en donde reivindica los derechos políticos, económicos y sociales a los burgueses, así como propone que el poder político no debe de ser ejercido solo por una persona, sino que debía estar dividido (Pérez, 2016; Susín, 2008). Una serie de eventos revolucionarios (Norteamérica y Francia) introducen el sentido moderno de la igualdad ciudadana (Pérez, 2016; Zapata-Barrero, 2001). Se desarrolla la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 donde se pasa de ser súbditos a ciudadanos (Pérez, 2016; Horrach, 2009). Estos proyectos no correspondían a una realidad, la cual se buscaba ser encasillada, esta propuesta de igualdad se basaba en una visión eurocéntrica (Pérez, 2016; Wagner, 2013), así mismo, se propuso un efecto de exclusión para quienes no pertenecían a una soberanía en específico, ya que se argumentaba que los derechos son adquiridos bajo dos causas: nacimiento en territorio nacional o cuando se adquiere la nacionalidad de los ascendientes aunque no se haya nacido en ese lugar, lo cual dejaba de lado a varios grupos sociales o sujetos que no se encontraban bajo esas condiciones (Pérez, 2016; Hunt, 2009). El concepto de ciudadanía deviene de una definición de “hombre”, “blanco” mismo que se adscribe a un territorio (Cabrera, 2000), esta referencia limita en todos los sentidos el reconocimiento de una sociedad plural y multicultural, que demanda y requiere el retomar las particularidades globales, nacionales y locales. Cabrera (2000) refiere a el proceso de globalización, la crisis de los Estados de Bienestar, la multiculturalidad o pluralidad de la sociedad actual, incremento de los procesos migratorios, el Estado- nación uniforme y homogéneo así como la necesidad de un desarrollo sostenible, como elementos de un contexto complejo en donde se sitúa la necesidad de plantear y desarrollar conceptos de ciudadanía que afronten los retos que actualmente se tienen, estos con miras de hacer frente a la exclusión, de plantear formas de organización y participación 658 que surjan desde procesos propios con intereses legítimos, de hacer frente a la homogeneidad ante la diversidad y todos estos retos que deviene de este panorama antes mencionado. Hay propuestas de ciudadanías que refieren a procesos más inclusivos, críticos y contextualizados, como la ciudadanía responsable (Cabrera, 2000; Spencer y Klug, 1998; Bell, 1991) la cual hace énfasis en la dimensión del compromiso y la responsabilidad social del ser ciudadano, pone en el centro la dimensión de la identidad, la pertenencia a la comunidad y la exigencia de habilidades y actitudes para la participación en ella. La ciudadanía activa, la cual plantea un ejercicio y práctica en relación a la pertenencia comunitaria, valoriza el compromiso cívico, la participación activa y creativa en la gestión de los asuntos comunes (Cabrera, 2000; Osler, 1998; Bárcena, 1997). La propuesta de ciudadanía crítica la cual hace énfasis en el compromiso que debe de tener el ciudadano por construir una sociedad más justa, participando y comprometiéndose en las experiencias de la comunidad y hacia posibles alternativas deseables (Cabrera, 2000; Giroux, 1993). Y la ciudadanía diferenciada, esta se enmarca en las sociedades multiculturales, considera pertinente y necesario denunciar y reconocer las diferencias, pero centrándose ante las desigualdades marcadas por grupos privilegiados y oprimidos (Cabrera, 2000; Young, 1989). Considerando las características plurales que tienen las organizaciones; se retoma el concepto de ciudadanía como un proceso social que permite la consolidación de una identidad colectiva y que propicia el sentido de pertenencia, estos elementos evocan en una participación activa y creativa que permite que se cuestione, critique, plantee y posibilite cambios en las formas de vida de las colectividades. Asimismo, estos grupos identitarios actúan en relación a objetivos, pensares, sentires e historias afines, que permiten una posibilidad de acción, esta necesariamente colectiva. Formación para la ciudadanía Se podría considerar que las OSC son un sector que se relaciona con la educación ciudadana, pero, aunque se ha trabajado desde distintos enfoques, de manera general la educación para 659 la ciudadanía se ha aplicado y trabajado desde el ámbito formal (escuelas y organismos públicos), dejando de lado el ámbito no formal e informal de la educación, en este caso lo relacionado al tercer sector. En este sentido, educar en ciudadanía se reconoce como un proceso pedagógico, político y cultural el cual se centra en el ciudadano como ser moral, como sujeto de derechos y como sujeto de la transformación social y política (Conde, 2016). Esta pretende formar personas con capacidad moral, capaces de desarrollar prácticas solidarias, críticas, capaces de juzgar la actuación de los gobernantes, que ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en procesos de mejoramiento de las instituciones y procedimientos democráticos, entre otros elementos que relacionan el compromiso, la colaboración y el diálogo (Conde, 2016). Contextualizando sobre la educación ciudadana, se reconocen procesos que van construyendo el concepto y las estrategias como se muestra a continuación. A mediados del siglo XVIII aparece la idea moderna de educación cívica o también llamada civismo, concebida como un cuerpo de conocimientos dirigido a capacitar al ciudadano para el ejercicio de la democracia (González, 2010). En los siglos XIX y XX al establecerse los Estados-Nación se fortalece la educación cívica para promover la conformación de una identidad nacional en ciertos momentos en donde se presentaba una inestabilidad política, económica y social. Para esta investigación, se menciona el concepto de formación ciudadana, el cual refiere al desarrollo de competencias ciudadanas, esta puede relacionarse con hábitos y efectos, con la intención de modelar formas de percepción y conducta en la vida cotidiana. Así mismo Araujo-Olivera, Yurén, Estrada y De la Cruz (2005; Meléndez, 2011) refuerzan esta postura ya que atribuyen a la formación la adquisición de habilidades, actitudes y competencias y Yurem (2007; Meléndez, 2011) la percibe como un conjunto de estrategias para configurar un modo de ser, de convivir. Conde (2016), refiere que la formación ciudadana comienza con la socialización primaria en la familia, así como con las etapas iniciales de la escolaridad. Se reconoce la escuela como 660 un eje rector de la educación ciudadana y parte fundamental de la estructura de los sistemas de eticidad en México, su dirección y transformación dependen del “proyecto educativo” propuesto para el ámbito formal. Por las características que presentan las OSC, como lo son las actividades de trabajo voluntario, los proyectos de servicio a la comunidad, las acciones solidarias y de impacto social, se promueven conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pero estos no se reconocen como una opción de formación para la ciudadanía, son invisibilizados y no se les otorga el valor educativo que contienen sus prácticas de servicio. Igualmente resulta necesario ubicar a las OSC como agentes formadores aliados ya que estas forman parte importante de la educación no formal. La formación para la ciudadanía, se propone como para el beneficio de una sociedad plural, que busca el entendimiento, el diálogo intercultural y la resolución de conflictos, promueve la paz y los derechos humanos (Puig Rovira, et al, 2011). Ámbitos que nos formarán en ciudadanía y que nos proporcionan aprendizajes éticos: el espacio del ser uno mismo (trabajo formativo), del convivir (ética de la alteridad), formar parte de la sociedad y del habitar el mundo (trabajo educativo). Es así que es importante el reconocimiento de los saberes colectivos, el considerar relaciones horizontales que permitan el diálogo y la formación continua. Métodos Tipo de investigación La presente investigación es de tipo cualitativa, con un corte exploratorio y descriptivo puesto que se pretende dar una visión general del tema a estudiar y al mismo tiempo tiene como propósito describir las situaciones o eventos que se susciten buscando especificar las propiedades del fenómeno a analizar, en este caso el concepto de ciudadanía y de la formación ciudadana (Namakforoosh, 2005). 661 Sujetos Se realizaron 5 entrevistas a profundidad a voluntarias y voluntarios de organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Querétaro, México. Instrumentos La recogida de datos se llevó a cabo por medio de la entrevista en profundidad. Este tipo de entrevistas se caracterizan principalmente por su flexibilidad en las preguntas a realizar puesto que no se tiene un guion rígido con el que se orienta, sino que se puede modificar según lo expuesto por el entrevistado, ejemplo de las preguntas realizadas en estas entrevistas se puede encontrar en el anexo 1. Este tipo de entrevista es una variante de la entrevista abierta y suele usarse para investigaciones de tipo cualitativo (Valles, 2014 y Gaínza, 2006). Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 30 minutos, fueron grabadas y posteriormente transcritas por los entrevistadores para su análisis. Resultados y discusión En primer lugar, es necesario destacar que la entrevista realizada a voluntarios y voluntarias pertenecientes a Organizaciones de la Sociedad Civil forma parte de una investigación mucho más amplia, por lo que este primer acercamiento es el punto de partida para conocer las concepciones con respecto a las categorías de ciudadanía y formación ciudadana. Debido a lo anterior es que los resultados se presentarán a partir de ambas categorías. ¿Qué es la ciudadanía? El modo en que los voluntarios experimentan el concepto de ciudadanía se relaciona directamente con la práctica que realizan en cada una de sus organizaciones, es decir, a partir del servicio que ofrecen como OSC, lo que en un principio pudiera parecer muy diverso, ya que cada una de las asociaciones se ocupa de temas distintos. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, se encontró que las personas entrevistadas comparten una primera visión del concepto de ciudadanía más cercano a una perspectiva clásica o legal debido a que se menciona el elemento de la mayoría de edad o el cumplir 18 años como una de las principales 662 condiciones para ser considerado ciudadano. Esta concepción de ciudadanía clásica se encuentra ligada directamente con una forma pasiva de ciudadanía, ya que se consigue mediante la adquisición de derechos y obligaciones ligados a un territorio (Marshall y Bottomore, 1998), y con el simple hecho de cumplir los años establecidos en el marco jurídico (mexicano). Ejemplo de lo anterior son las siguientes respuestas: … uno no es ciudadano hasta que cumple la mayoría de edad… … para mí no eres ciudadano hasta que cumples tu mayoría de edad… (Alejandra) … y obviamente pensaría que los ciudadanos pues son cómo lo marca la ley las personas mayores de 18 años que ya pueden ejercer sus derechos y obligaciones… (Lorena) No obstante, esta primera concepción de ciudadanía se va entrelazando con distintas concepciones y elementos sobre cómo ser ciudadano y ciudadana, sobre cómo actuar en el ámbito público. Así, para las entrevistadas el elemento común que se destaca es el hecho de participar en el ámbito público, con la finalidad de involucrarse en los asuntos públicos de la sociedad, como se señala al respecto: … entonces creo que la ciudadanía como en un término que yo entiendo es cuando ya empiezas a participar de, o sea ya tu voz, tu presencia, tus ideas, tus inquietudes de alguna u otra manera se empiezan como a poner en juego… … y creo que la ciudadanía justamente te da esa oportunidad de involucrarte con tu sociedad… (Alejandra) … pero también la posibilidad de participar y de ser parte también de la creación de normas de reglas y de participar activamente en la comunidad que nos rodea… (Valentina) … conjunto de personas que está involucrada en trabajos o proyectos de carácter social… (Renata) 663 A su vez, este tipo de participación se concibe desde la acción con el objetivo de resolver alguna situación comunitaria, siendo considerado como un acto cívico de compromiso con la sociedad en donde se vive: … ciudadano es alguien comprometido con su país o su sociedad o con su comunidad alguien que va y hay un incendio forestal alguien que va y participa porque tiene el compromiso de estar bien con su entorno… … un ciudadano es una persona que no lo diría nada más en el ámbito cívico por eso decía está comprometida con todo con su gente con su comunidad… (Lorena) Al mismo tiempo, existe la coincidencia de considerar a los y las voluntarias que participan en las OSC como ciudadanos activos, que se movilizan por el bien común de los demás, a diferencia de otra parte de la población a la que se le considera como pasiva o poco activa en temas de intervención social. Así, el rol del ciudadano se visibiliza a través de su participación dentro de un concepto de ciudadanía activa: … creo que todos somos ciudadanos, pero de alguna otra manera el concepto de participación activa de ya como esta claridad o te da como esta estructura para poderte decir “ah ya sé poder ejercer la ciudadanía y no solamente ser un como espectador de la sociedad o espectador de lo que acontece a tu alrededor… (Alejandra) … por ejemplo, haces trabajo voluntario porque te preocupas por los demás, aportas y participas si hay un problema… (Lorena) … pero también la posibilidad de participar y de ser parte también de la creación de normas de reglas y de participar activamente en la comunidad que nos rodea… (Valentina) … creo que hay ciudadanos activos y pasivos, ciudadanía activa y pasiva, que es a la que yo me refiero, a este conjunto seríamos los activos y luego existen los ciudadanos pasivos, que 664 realmente no saben o no quieren participar, sabiendo de la responsabilidad y de las consecuencias que conlleva un tema, el que sea… … Creo que tiene que ver que nosotros como ciudadanía activa, empezamos a movernos y comenzar a hacer eco, a que realmente los temas se tomen en cuenta… … La ciudadanía activa, con relación al tipo de vecinos que forman AC, me refiero en general, creo que ya traemos un chip diferente… (Renata) Así, en cuanto a la concepción de ciudadanía se pueden distinguir tres componentes básicos, los cuales son imprescindibles para su descripción y necesarios para que los sujetos puedan ser identificados como ciudadanos; estos aspectos son la participación, los derechos y la pertenencia (Aguilera, 2011). La participación es un elemento importante de resaltar en la concepción de ciudadanía, puesto que es necesario que un ciudadano participe activamente e intervenga en mayor o menor medida en la vida pública. Por otra parte, un ciudadano es un sujeto titular de ciertos derechos y deberes que le son otorgados desde el momento de su nacimiento y, por último, es alguien que pertenece a una comunidad, a un territorio determinado. Los ejes que se plantean como características de una ciudadanía, refieren a un tipo de ciudadanía en la que se vincula una ciudadanía legal, una ciudadanía con participación y una ciudadanía de pertenencia a un estado, lo ideal sería conjugar todas estas características en todas las personas y que de esta manera todos nos convirtiéramos en fieles representantes de la ciudadanía activa y efectiva. Lo anterior permite reflexionar y proponer un nuevo concepto de ciudadanía en donde el elemento fundamental que la caracteriza es el plantear una posición activa de las personas que les permita influir de manera efectiva en los asuntos públicos que les son de su interés, ejerciendo sus derechos políticos y sociales, lo que es en suma la legitimación del sistema democrático. ¿Las OSC forman en ciudadanía? De manera general, hablar de formación ciudadana lleva a relacionarlo con la aplicación y el trabajo que desde el ámbito de la educación formal se ha realizado, tanto en instituciones 665 gubernamentales (INE por poner un ejemplo) como educativas (planes y programas de estudio de educación básica y media superior). Sin embargo, si bien es cierto que la escuela posee un rol y la responsabilidad primaria de la formación ciudadana a través de la socialización (Conde, 2016), también es cierto que la formación para la ciudadanía es un proceso pedagógico, político y cultural amplio, que se configura a través de los distintos espacios en donde se desarrollan los individuos (familia, escuela y comunidad) por lo que el rol de las OSC debería ser analizado ya que las acciones que realizan los voluntarios cómo serían los ideales para ser considerados como ciudadanos activos, ya que sus acciones desinteresadas se realizan en el ámbito público con la finalidad de mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas del lugar que habitan. En este sentido, se consultó a las personas participantes de la investigación si consideraban que desde sus organizaciones realizaban procesos de formación ciudadana. Lo que se encontró en un primer momento es que las OSC no se visualizan como formadoras o educadoras en ciudadanía, debido a varios factores entre los que destacan: - Falta de conocimiento en cuanto a la teoría de la ciudadanía A este respecto señalan las voluntarias que les hace falta conocer las teorías de ciudadanía o prácticas más educativas, por lo que señalan, se ven imposibilitadas de “enseñar y formar” en ciudadanía, tal y como señalan: … pero tal como una formación de una ciudadanía, donde ya ustedes como instituciones, otros diplomados y escuelas, ahí si ya interviene ya otros factores de carácter más educativo que ustedes tienen... (Renata) … entonces eso me hace pensar que no siempre contribuimos a los temas de ciudadanía, quizás en una de esas seamos obstáculo por nuestra ignorancia… (Valentina) …yo creo que tienen características de incidencia no de formación porque el tema de la formación es un tema más complejo… (Lorena) 666 No obstante, si bien es cierto que el objetivo o la finalidad de las OSC no es el educar de manera intencionada en ciudadanía, las acciones, servicios y actividades que realizan sí permiten hablar de un proceso de formación ciudadana, ya que tal y como lo señala Cabrera (2002) la educación para la ciudadanía supone mucho más que unos cursos de civismo puesto que debe centrarse en proporcionar sentimientos o experiencias orientadas a poner en práctica destrezas de participación y no centrarse exclusivamente en la información y conocimiento, pues pedagógicamente no sirven para la formación de ciudadanías activas. Es aquí, en donde las OSC ofrecen un espacio para el desarrollo de competencias ciudadanas (Maiztegui y Eizaguirre, 2008) debido a que los voluntarios son conscientes de su responsabilidad por los otros, en esta competencia también se encuentra la práctica de valores éticos cívicos además de que se acentúa la participación activa en el proceso social, y se describe como algo que va más allá del conocimiento teórico puesto que implica actuar, lo que en muchas ocasiones se trabaja en las asociaciones a través de los proyectos de intervención. Así se puede observar en los siguientes comentarios: …poder tener espacios generadores que es una de las grandes acciones que pueden ser como detonadoras para poder empezar a ejercer como una ciudadanía… (Alejandra) …con procesos de intervención de trabajo se puede mucho lograr esto y con proyectos yo generalmente hablo de que no se puede hacer una incidencia en un corto plazo tú tienes que tener una intervención con un fin a mediano y largo plazo… (Lorena) En relación a las acciones que realizan las organizaciones, mismas que se basan en los objetivos que consideran prioritarios para su incidencia, se puede identificar que se encuentra implícito el ejercicio de formación ciudadana, ya que para estos actores es esencial generar prácticas de incidencia social, de propiciar espacios donde se puedan llevar a cabo procesos de transformación y cambio, por lo que, aunque las organizaciones no consideren como prioritario en sus objetivos, planificaciones y acciones ser formadoras en ciudadanía, se encaminan hacia formas de participación y trabajo para su comunidad, por lo que denota una formación desde su ejercicio práctico. 667 Asimismo, es necesario enunciar que este tipo de prácticas propician necesariamente un trabajo desde lo colectivo, ya que al plantear una ciudadanía que incide en sus espacios, que responda antes necesidades y problemáticas que son latentes en sus comunidades, dan muestra del saberse parte de una colectividad, que identifica que es necesario activar a aquellos que “no saben o no quieren participar”, para ser generadores de procesos de acción y participación ciudadana. Es así, que, desde este primer ejercicio, se obtuvo una mirada de la percepción de ciudadanía y la formación ciudadana con la que se cuenta desde las OSC del estado de Querétaro, y que desde la investigación, consideramos pertinente continuar analizando y trabajando en conjunto con las organizaciones para tener en cuenta estas percepciones que dan la posibilidad de proponer con base en la experiencia y en las acciones de servicio que ya están realizando. Vemos necesario sumar estrategias que permitan visibilizarlas como actores que aportan en la formación para la ciudadanía, ya que estas resultan ser aliados en la transmisión de conocimientos, saberes y valores, encaminados a la participación, incidencia y cambio social. Bibliografía Aguilera, R. E. (2011). La Ciudadanía Ante la Globalización: Nuevos Modelos de Ciudadanía Postnacional y Transcultural. Revista de Derecho UNED, Número 8 Pp.13-48. Batlle, R. (2009) Experiencias prácticas de Aprendizaje- Servicio. 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Estudio de los aspectos que motivan a los estudiantes a desarrollar actividades de voluntariado Juan Fernando Abarca Reyes Resumen El voluntariado genera múltiples beneficios, tanto para las instituciones, los voluntarios y la sociedad en general. Por otra parte, los estudiantes de nivel medio superior son muy buenos candidatos para desempeñarse como voluntarios dentro de las organizaciones no lucrativas, pues en muchos de los casos poseen buena disponibilidad de tiempo, deseos de nuevas experiencias, conocimientos y habilidades, así como la predisposición a adquirir intereses distintos. Por tal razón en la presente investigación se busca principalmente responder a la pregunta: ¿Qué aspectos pueden ser de utilidad para motivar a los estudiantes de bachillerato para que lleven a cabo actividades de voluntariado? Para lograrlo se utilizó el instrumento de encuesta aplicada a una muestra de 100 alumnos de sexto semestre de bachillerato, provenientes de los municipios de Acapulco, Teconapa y Ayutla de los Libres Guerrero. En la cual se obtuvo como resultado que la mayoría de ellos ha tenido experiencias positivas con el voluntariado, y desean volver a realizarlo en un futuro próximo. Además, lo que más esperan obtener de las labores voluntarias son nuevas experiencias y emociones de vida, siendo el área de apoyo a personas necesitadas, la que más les interesa para desempeñarse como voluntariados. Y lo que más pedirían a las organizaciones es que procuren mantener un ambiente de trabajo colaborativo y armonioso. Palabras clave: voluntariado, estudiantes de bachillerato, motivación, beneficio de la comunidad, tiempo libre. Antecedentes Es un hecho muy cierto que las actividades altruistas llevadas cabo por las personas han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad misma. De hecho, en épocas 670 anteriores han existido corrientes del pensamiento, que se han encargado de difundir los ideales filántropos. Ejemplo de lo anterior es la corriente del reformismo filantrópico, generada durante los siglos XVIII y XIX, dentro de la filosofía humanista; misma que postulaba ejercer un poder tutelar respecto a las capas sociales más desfavorecidas, asumiendo un modelo de asistencia sin intervención estatal. La cual buscaba la rehabilitación de la clase popular mediante la intervención y apoyo social, siendo la figura más reconocida la del “visitador de pobres” (Aranque, 2019). Sin embargo, sería hasta el siglo XX cuando la figura del voluntariado comenzaría a cobrar una mayor relevancia, con el surgimiento de las instituciones de beneficencia, específicamente en el caso de México, sería después de la Revolución Mexicana cuando comenzarían a surgir en mayor número y tamaño dichas organizaciones (Grupo de Estudios ambientales, 1998). Pero no solo en México, sino en el resto del mundo el fenómeno de las instituciones de beneficencia se incrementaría; lo que llevaría a que, en el año de 1945, después de la Primera Guerra Mundial, se acuñaría por primera vez el término de “Institución No Gubernamental (ONG)”, establecido en la Carta de las Naciones Unidas (Ayuda en Acción, 2018). De esa manera en México, durante la década de los 60 y 70, se desarrollaron varias ONG encargadas de realizar diversas acciones en beneficio de la sociedad mexicana. Pero quizá el mayor impulso de las organizaciones no lucrativas, sería hasta la década de 1980, con el terremoto que afectó a la Ciudad de México (Pérez, 2015), en el cual se crearon diversas asociaciones civiles para apoyar a las víctimas; pero, sobre todo, hubo muchas personas que se unieron de manera voluntaria como rescatistas, grupos a los cuales posteriormente se le conocería como “los topos” (BBC, 2014). Las ONG seguirían incrementándose durante la década de 1990 e inicios de los 2000, y con ello la actividad de las personas que desarrollan voluntariado. Pues de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social, en el año 2019 existían 42,269 Organizaciones No Gubernamentales (Apple Seed México, 2019). Por su parte, en el mismo año existían en nuestro país un total de 2,068,000 realizando labores voluntarias a favor de organizaciones 671 sin fines de lucro (INEGI, 2019). Dada la importancia que tiene hoy en día el voluntariado para las ONG, así como para la sociedad en general crea la importancia que las organizaciones obtengan información acerca de qué es lo que motiva a las personas para desempeñarse como voluntarios, con el fin de estar en mayores condiciones de poder reclutar mayores cantidades de voluntarios en beneficio de sus causas. Incluyendo aquellos sectores de la población que son más propensos a desempeñarse como voluntarios, como es el caso de los estudiantes. Planteamiento del problema No se puede negar la importancia que tiene el voluntariado hoy en día. Pero primeramente es importante definir qué es y en qué consiste la figura del voluntariado, para tal efecto Butcher y Verduzco (2016) definen a las personas voluntarias de la siguiente manera, citando lo expresado por Cruz Roja Internacional: Son individuos que van más allá de los confines de su empleo remunerado y de sus responsabilidades normales para contribuir con tiempo y servicio a una causa no lucrativa en la creencia de que su actividad es beneficiosa para otros, al igual que satisfactoria para ellos mismos (p. 22). De esa manera que las actividades de voluntariado generan importantes beneficios tanto para las personas que ejercen la labor voluntaria, para las Organizaciones No Gubernamentales, así como para la sociedad en general. Primeramente, con relación a los voluntarios mismos, podemos decir que los principales beneficios que obtienen con su labor son: el desarrollo de valores humanos, la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, el fortalecimiento de las relaciones sociales y la posibilidad de obtener experiencia profesional (Pérez, García y Sepúlveda, 2012). Por otra parte, con relación a las ONG la labor de los voluntarios reviste de mucha trascendencia, pues gracias a ellos, y el trabajo que realizan, es que las organizaciones pueden desarrollar parte de sus actividades, y con ello alcanzar sus objetivos institucionales (ICD, 2004). Dicho de otra manera, el voluntariado representa para las organizaciones la manera 672 en que pueden satisfacer la necesidad de trabajo, ante la carencia de poder obtener trabajadores asalariados. Por último, en relación a la sociedad en general, la importancia del trabajo voluntariado radica, principalmente, en que es un mecanismo a través del cual los propios ciudadanos pueden favorecer en los problemas que afectan a la comunidad. Por otra parte, el trabajo voluntario contribuye a fomentar en las personas (sobre todo en los más jóvenes), valores tales como la responsabilidad, la solidaridad, el altruismo, el compañerismo, etc. (Pedrosa, 2011). Por las razones anteriores, es que las Organizaciones No Gubernamentales en las últimas décadas se han encargado de establecer estrategias tendientes a reclutar a personas para que se unan a sus causas, por medio del trabajo voluntario. Muchas de esas estrategias son generadas por medio de la Mercadotecnia Social, la cual se encarga de aplicar los conocimientos del Marketing para la persecución de objetivos meramente sociales (León, 2019). De esta manera, dentro de la mercadotecnia social se considera a los posibles voluntarios de las organizaciones, como un submercado meta conocido como “grupos de apoyo”; es decir uno de los principales grupos hacia los cuales van dirigido los mensajes que pretende comunicar las organizaciones en cuestión (Pérez, 2004). Y por ende para poder desarrollar estrategias adecuadas, destinadas al reclutamiento de voluntarios, y el manejo correcto de los mismos; es necesario conocer su comportamiento, el cual ve reflejado en aspectos tales como motivaciones, percepciones e intereses (Pérez, 2004). Por otra parte, es preciso mencionar que en una investigación llevada a cabo por Alianza Mexicana de Voluntariado (AMEVOL), para la edición del año 2019 del presente congreso; la cual tenía como uno de los objetivos determinar los perfiles del voluntariado, se obtuvo el dato un 33% de los voluntariados encuestados poseen una edad que oscila entre los 18 y 30 años (Hernández, 2019). De lo anterior se permite inferir que los estudiantes constituyen un sector importante del voluntariado en México, quienes además , debido a sus características 673 personales propias de la edad, en muchos de los casos poseen buena disponibilidad de tiempo, deseos de nuevas experiencias, conocimientos y habilidades, así como la predisposición a adquirir intereses distintos; por tal razón los estudiantes, tanto de niveles medio superior y superior suelen ser muy buenos candidatos para llevar a cabo las actividades voluntarias a beneficio de las organizaciones no lucrativas (Gaete, 2015). Lo anterior crea la necesidad de poder estudiar qué es lo que motiva a los alumnos a llevar a cabo labores de voluntariado. Pues dicha información puede ser de mucha utilidad para las organizaciones con el fin de generar acciones tendientes para que los estudiantes puedan unirse a sus causas sociales, con ello beneficiando no solo a las mismas organizaciones, sino además a los estudiantes voluntarios, y la sociedad en general. Justificación de estudio La motivación deriva de la raíz latina motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad (Naranjo, 2009). Y de acuerdo con González (2008), dicho término puede ser definido como “la compleja integración de procesos psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección (hacia el objeto- meta buscado o el objeto evitado), la intensidad o el sentido (de aproximación o evitación) del comportamiento” (p. 52). La motivación ha sido un fenómeno ampliamente estudiado en los últimos años, y de las cuales se han derivado muchas teorías, sin embargo, la teoría más completa y la que puede ser más aplicable en lo que respecta a la motivación a las personas para realizar labores voluntarias es la teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Dicha teoría establece que las necesidades de todo ser humano se pueden agrupar en cinco categorías básicas, y de manera jerárquica de la siguiente manera: Fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima, y autorrealización. Y dichas necesidades humanas pueden ser utilizadas para incentivar a las personas a realizar determinados actos (Green, 2000). De esta manera, es que algunas de las necesidades mencionadas por Maslow en su teoría de las necesidades humanas, son de utilidad para incentivar a los estudiantes para convertirse en 674 voluntarios. Primeramente, al proporcionar el voluntariado experiencias de tipo laboral, con ello puede ayudar a satisfacerles sus necesidades de seguridad. Por su parte, al ser voluntarios, les hace formar parte de un equipo de trabajo, lo cual va muy estrechamente relacionado con las necesidades de afiliación. Otro de los beneficios que puede proporcionar el voluntariado a los estudiantes, y que guarda relación con las necesidades mencionadas por Maslow, es la de recibir reconocimiento por sus acciones. Y, por último, las actividades voluntarias pueden proporcionarles la satisfacción de ser útiles a su sociedad, lo cual les ayuda a satisfacer sus necesidades de autorrealización, misma que se encuentra en la cima de la pirámide de las necesidades humanas (Elizalde, Martí y Martínez, 2006). Por otra parte, la encuesta constituye excelente mecanismo con el fin de conocer cuáles son los elementos que mayormente motivan a los estudiantes para ser voluntarios en favor de causas sociales. Pues por medio de ellas es que es posible recabar información sobre la percepción que tienen sobre el voluntariado, lo anterior a través de las respuestas dadas por los propios encuestados (Sudarsky, 1976). Además, que, por medio de dicha técnica de recolección, se permite obtener datos confiables sin la necesidad de utilizar demasiados recursos, tanto económicos, humanos, como de tiempo (Casas, Repullo y Donado, 2003). Por tal razón es que resulta viable llevar a cabo la presente investigación, pues por una parte ofrece datos recolectados directamente de los estudiantes, los cuales pueden ser de mucha utilidad para poder conocer los elementos que mayormente motivan a los alumnos cursantes de bachillerato a realizar actividades de tipo voluntarias, que beneficien a determinadas organizaciones no lucrativas, o bien en beneficio de causas sociales específicas. Pregunta de investigación, hipótesis y unidad de análisis La presente investigación plantea responder la siguiente pregunta: ¿qué aspectos pueden ser de utilidad para motivar a los estudiantes de bachillerato para que lleven a cabo actividades de voluntariado? Además, tiene por objetivo recabar información pertinente a cuáles son aquellos elementos o situaciones que pueden motivar a los alumnos que cursan el sexto semestre de bachillerato a unirse a las organizaciones para realizar labores voluntarias. 675 Por su parte la hipótesis que se plantea es la siguiente: “los estudiantes, por sus características conductuales, son personas que son muy propensas a realizar actividades de voluntariado a favor de las Organizaciones No Lucrativas. Lo anterior se debe principalmente a su naturaleza altamente social, así como su proactividad, y su interés por garantizar su buen desempeño profesional en un futuro, los cuales son elementos que pueden ser utilizados para motivarles a ser voluntarios. Dichos elementos son la oportunidad de adquirir experiencias laborales, conocer nuevas personas, el sentirse útiles, así como nuevos aprendizajes de vida”. La población total de estudio se encuentra compuesta por estudiantes de ambos géneros que actualmente se encuentren cursando el sexto semestre de nivel bachillerato, con una edad aproximada de 17 a 19 años de edad; y que radiquen en los municipios de Tecoanapa, Acapulco y Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero. De la cual se extrajo una muestra compuesta por 100 sujetos, lo anterior utilizando la técnica de muestro no probabilístico a conveniencia; aplicando la encuesta a sujetos voluntarios, que estuvieran en la mayor disposición de compartir su información sobre el tema. Metodología La presente investigación tiene un enfoque preponderantemente cuantitativo, en la cual son analizados principalmente datos estadísticos. Además, posee un diseño no experimental, ya que es analizado el fenómeno es la motivación que poseen los estudiantes de nivel medio superior para realizar a actividades de voluntariado; con un nivel de estudio descriptivo, pues tiene como fin detallar como sucede el fenómeno que es investigado. Para poder recabar los datos cuantitativos en la muestra seleccionada se utilizó la técnica de encuesta, llevada a cabo por medio de un instrumento tipo cuestionario que contiene 9 preguntas totalmente cerradas, con respuestas de opción múltiple; utilizando como principal herramienta para su aplicación los formularios de Google. El tratamiento de los datos se llevó a cabo de forma aritmética, haciendo uso de la técnica de expresión porcentual; a través de la cual se obtuvieron las partes proporcionales de las respuestas otorgadas a cada uno de los ítems que componen el cuestionario de la encuesta. 676 Hallazgos de investigación A continuación, se describen de forma numérica las preguntas que conforman cada uno de los ítems de la encuesta, así como los resultados obtenidos en base en las respuestas otorgadas por la muestra de estudiantes que fueron sometidos a encuestas; de la misma manera se muestran las gráficas que muestran la comparación y representación porcentual de las respuestas otorgadas a cada una de los ítems. 1.- ¿Has realizado anteriormente labores voluntarias en beneficio de instituciones o de la comunidad? A esta pregunta el 80 % del total de alumnos encuestados, refirió haber participado como voluntarios anteriormente. Y, por consiguiente, el 20% restante, no ha participado en ningún tipo de actividades voluntarias. Lo cual se representa de manera visual, por medio de la siguiente gráfica: Gráfica 1. Porcentaje de alumnos que han participado ya como voluntarios Fuente: elaboración propia. 2.- Si contestaste SÍ a la pregunta anterior, ¿cómo fue tu experiencia durante el voluntariado? Esta pregunta solo fue contestada por los 80 alumnos, que con relación la pregunta anterior, han participado previamente en actividades de voluntariado. De los cuales el 35% manifestó haber tenido muy buena experiencia; el 55% de ellos calificó las experiencias obtenidas bajo el calificativo de “buenas”. Y el restante 10% dijo haber tenido experticias regulares. Y en relación a la opción de haber tenido experiencias malas, no tuvo ninguna selección por parre de los estudiantes. 677 Gráfica 2. Calidad de las experiencias obtenidas por los estudiantes en sus labores voluntarias anteriores Fuente: elaboración propia. 3.- ¿Qué tantos intereses posees en realizar actividades de voluntariado en un futuro próximo? En relación a esta interrogante, 60 de los 100 alumnos encuestados manifestó tener mucho interés en desarrollarse como voluntarios en un futuro; por su parte los otros 40 alumnos restantes expresaron que posee poco interés en desempeñarse como voluntarios; y ninguno de los alumnos que conforma la muestra manifestó poseer nulo interés en ser voluntarios en un futuro próximo. Gráfica 3. Nivel de interés que poseen los estudiantes en llevar a cabo actividades voluntarias en un futuro Fuente: elaboración propia. 678 4.- Si te unieses como voluntario a una organización, ¿qué beneficios esperarían obtener? Con relación a esta pregunta marcada como ítem número 4, un mayoritario 32% de los encuestados contestó que si se uniesen como voluntarios a alguna organización lo que más esperarían obtener son nuevas experiencias y emociones de vida. Un 28% de ellos esperaría recibir la satisfacción personal de poder ayudar a otros. Por su parte el 24% de los estudiantes de la muestra desearía obtener con ello antecedentes y experiencias laborales. Un 12% dijo que sentiría la satisfacción de ocupar su tiempo en algo productivo. Y solo el 4% de los alumnos desearía poder conocer a nuevas personas por medio del voluntariado. Lo cual puede graficarse de la siguiente manera. Gráfica 4. Beneficios que esperarían obtener los estudiantes en caso de unirse como voluntarios Fuente: elaboración propia. 5.- ¿Qué es lo que más te llama la atención de las actividades voluntarias? Con relación a esta pregunta, los resultados obtenidos se describen a continuación: el 40% de la muestra seleccionada manifestó que lo que más les llama la atención es la solidaridad y el trabajo en equipo que pueda existir en las organizaciones no lucrativas; en segundo lugar, con 32 % de las respuestas se encuentra el hecho que muchas personas pueden verse beneficiadas con su labor, incluyendo las personas cercanas; el 16% de los estudiantes mencionó el altruismo y la generosidad que implica las actividades de voluntariado; y el resto que representa el 12%, opto por contestar que dichas actividades son de mucha utilidad para la localidad en la cual viven. A continuación, la representación gráfica de dichas respuestas: 679 Gráfica 5. Aspectos del voluntariado que más captan la atención de los estudiantes Fuente: elaboración propia. 6.- ¿Cuál de las siguientes situaciones favorecería para que te unieses como voluntario a alguna organización o actividad? En esta interrogante los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: un mayoritario 40% de los estudiantes encuestados manifestó que lo que más favorecería para que se uniesen como voluntarios sería el hecho que se tratase de alguna actividad que tenga relación con la actividad o disciplina que pretenden estudiar o dedicarse en un futuro. El 28% contestó que lo que mayormente favorecería es el hecho que las actividades fusen lo más entretenidas posibles. 16% de los bachilleres encuestados mencionó el hecho que un familiar o amigo se uniese con ellos en la actividad voluntaria. Y el 16% restante, mencionó que lo más ayudaría para que se uniesen como voluntarios sería el hecho que la organización atendiese un problema que ellos han sufrido anteriormente. La representación en grafica de lo anterior es la siguiente: Gráfica 6. Elementos que favorecen para que los alumnos se una como voluntarios Fuente: elaboración propia. 680 7.- ¿En qué áreas de apoyo social tienen mayor interés por participar en actividades de voluntariado? El área en la cual los estudiantes- que conforman la muestra sometida a encuesta- tienen un mayor interés para desempeñarse como voluntarios, es la de apoyo a personas necesitadas (pobres enfermos, migrantes, etc.) con una representación porcentual del 36%. En segundo lugar, se encuentra el área del cuidado del medio ambiente una representación del 32 % de los alumnos muestreados. En tercer lugar, está el área de crecimiento económico y desarrollo de la comunidad, cuya representación en porcentaje es del 24%. Y empatadas en cuarto lugar. se encuentran las opciones de “educación y difusión de información de ayuda” y “actividades de desarrollo artístico y cultural”, cuya representación porcentual de ambas es del 4%. Lo cual se grafica de la siguiente manera: Gráfica 7. Áreas de apoyo por las cuales sienten mayor interés los alumnos para ser voluntarios Fuente: elaboración propia. 8.- ¿Cuál sería la principal razón por la que NO te unirías ni realizarías labores de voluntariado? Esta pregunta tenía como objetivo analizar cuál es el principal obstáculo con el que se encuentran las estudiantes para llevar a cabo labores de voluntariado en beneficio de las organizaciones sociales. De manera mayoritaria, 62 de los 100 estudiantes encuestados, respondieron que el principal obstáculo es el tiempo requerido para las actividades voluntarias. Seguidamente, 12 de las personas que respondieron la encuesta, manifestaron que el principal obstáculo es el desgaste físico y mental que pueden ocasionar dichas actividades. La misma cantidad de personas (12), seleccionó como respuesta el hecho que no 681 les agrada regalar su trabajo. Y una minoritaria cantidad de 8 estudiantes, refirió el hecho que no se siente capaz de desempeñarse como voluntario. Lo anterior puede representarse de manera gráfica de la siguiente manera: Gráfica 8. Razones por la que los estudiantes NO se unirían como voluntarios Fuente: elaboración propia. 9.- Si te unieses como voluntario ¿Qué solicitarías a la organización a la cual te unes? En relación a esta última pregunta, las respuestas otorgadas por los estudiantes que conforman la muestra, se detallan a continuación: En caso de unirse como voluntarios a una causa social, el 40% solicitaría a la organización que se les otorgue flexibilización y tolerancia con el tema de los horarios; el 36% tendría como petición que el ambiente de trabajo en el cual se desempeñen sea lo más colaborativo y armonioso posible; un 29% de los encuestados seleccionó la respuesta que solicitaría que se les proporcione la mayor cantidad de aprendizajes posibles; y solo el 4% restantes dijo que solicitaría que se les de reconocimiento por la realización de las actividades voluntarias. Lo cual se representa de manera visual por medio de la siguiente gráfica: Gráfica 9. Peticiones que harían los alumnos, en caso de unirse como voluntarios Fuente: elaboración propia. 682 Conclusiones Con base en los datos obtenidos de la muestra seleccionada, puede observarse primeramente que los estudiantes poseen una percepción positiva hacia el voluntariado en general; pues una gran mayoría del 80% menciona que ya anteriormente han llevado a cabo actividades voluntarias (ítem 1), de los cuales más tres cuartos de ellos refieren haber tenido experiencias calificadas como buenas o muy buenas (ítem 2). Además, más de la mitad de los alumnos que respondieron la encuesta manifiestan que tienen muchos deseos de participar como voluntarios en un futuro (ítem 3). Por otra parte, en lo que respecta a los intereses particulares que poseen los bachilleres en el voluntariado; la mayoría de ellos respondió que optaría por servir de manera voluntaria para instituciones que ayudasen a personas necesitadas, o al cuidado del medio ambiente (ítem 7). De la misma manera respondieron en su mayoría que lo que más les llama la atención del tema es la solidaridad y el trabajo en equipo que pudiese haber dentro de las organizaciones no lucrativas (ítem 5). En relación a cuál es la principal recompensa que con los alumnos esperan obtener con su labor voluntaria, puede observarse que en su mayoría se sienten motivados por la adquisición de experiencias de vida, así como con el propio sentimiento de autorrealización (ítem 4). Lo que más impide a los estudiantes llevar a cabo labores voluntarias es el tiempo que se requiere para llevarlas a cabo (ítem 8), y además lo que más pedirían a las organizaciones si se uniesen al trabajo altruista es que el ambiente fuese colaborativo y armonioso (ítem 9). Con lo cual podemos observar primeramente que efectivamente, los estudiantes de los últimos semestres de bachillerato son muy buenos candidatos para poder desempeñarse como voluntarios en las distintas organizaciones no lucrativas. Pero para poder obtener los resultados adecuados en las labores de reclutamiento y selección de los estudiantes como voluntarios, es necesario no solo tomar en cuenta sus características personales, sino, además las ideas percepciones y características físicas que son muy comunes de acuerdo con la edad y nivel académico en el cual se encuentran estudiando. 683 De esa manera los datos recabados en el presente trabajo de investigación dan un bosquejo acerca de aquellos aspectos del voluntariado que motivan a los estudiantes a las causas sociales, así como aquellos aspectos que les causan cierto grado de desmotivación. Los cuales pueden ser complementado en un futuro, con el fin de obtener mayores datos a favor de las actividades filantrópicas, con ello obteniendo beneficios para la sociedad misma y los problemas que afronta. Bibliografía Apple Seed México (30 de junio del 2019). ¿Cuántas organizaciones se encuentran en el Registro Federal de las OSC en México? 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Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y seleccione aquella opción que corresponda a lo solicitado de acuerdo con sus antecedentes, ideas o creencias al respecto. 1.- ¿Has realizado anteriormente labores voluntarias en beneficio de instituciones o de la comunidad? - Sí - No 2.- Si contestaste SÏ a la pregunta anterior ¿Cómo fue tu experiencia durante el voluntariado? - Muy Buena - Buena - Regular - Mala 3.- ¿Qué tantos intereses posees en realizar actividades de voluntariado en un futuro próximo? - Mucho 686 - Poco - Nada 4.- Si te unieses como voluntario a una organización ¿Qué beneficios esperarían obtener? - Experiencia y antecedentes laboral - Conocer nuevas personas - Nuevas experiencias y emociones de vida - Satisfacción personal de ayudar a otros - Ocupar mi tiempo libre en algo productivo 5.- ¿Qué es lo que más te llama la atención de las actividades voluntarias? - El altruismo y generosidad en el desarrollo de las actividades - Que muchas personas pueden verse beneficiadas, incluyendo mis amigos y familiares - Solidaridad y trabajo en equipo en las organizaciones - La utilidad que dan a la localidad 6.- ¿Cuál de las siguientes situaciones favorecería para que te unieses como voluntario a alguna organización o actividad? - Que algún amigo o familiar se uniese conmigo - Que la organización atendiera un problema que yo he vivido anteriormente - Que las actividades a desarrollar fueran entretenidas - Que la actividad a realizar tuviera relación con la carrera o actividad profesional que pretendo desarrollar 7.- ¿En qué áreas de apoyo social tienen mayor interés por participar en actividades de voluntariado? - Cuidado del medio ambiente - Apoyo a personas necesitadas (pobres, enfermas, migrantes, etc.) - Educación y difusión de información de ayuda - Crecimiento económico y desarrollo de la comunidad - Actividades de desarrollo artístico y cultural 8.- ¿Cuál sería la principal razón por la que NO te unirías ni realizarías labores de voluntariado? - No me siento capaz de llevar a cabo las actividades - Por el tiempo que se requiere 687 - No me agrada la idea de regalar mi trabajo - Puede ser muy desgastante física o mentalmente 9.- Si te unieses como voluntario, ¿qué solicitarías a la organización a la cual te unes? - Flexibilidad y tolerancia con el tema de los tiempos - Que procuren proporcionarte la mayor cantidad de aprendizajes - Que el ambiente sea colaborativo y armonioso - Que te den reconocimiento por el desarrollo de tus actividades 688 XVI.III. Proyecto de cultura de paz con organizaciones de la sociedad civil y la educación básica en primaria en Tepic, Nayarit Regina Ascencio Ibáñez1 Resumen Este trabajo tiene dos objetivos; primeramente, compartir de manera general el proceso investigativo para una tesis doctoral defendida, titulada “Estrategia participativa entre organizaciones de la sociedad civil y la educación en el nivel básico.” Y segundo la aplicación, por ahora incipiente de dicha estrategia planteada para la incidencia en la Agenda 2030, enfocada en el objetivo 16: de Paz Justicia e Instituciones sólidas. Teniendo como actores principales participantes de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa de la escuela, en esta experiencia de implementación para su articulación estudiantes y docentes de la Univer. La Estrategia Participativa se perfila para su consideración en un proyecto de cultura de Paz en cuyo centro se encuentra la población escolar a nivel primaria de la escuela primaria y la comunidad de la colonia Zitakua en Tepic, Nayarit, en un pretendido ejercicio de diálogo de saberes y metodologías participativas. Se consideró el involucramiento de estudiantes y docentes en la aplicación de la Estrategia, enmarcado con una mirada de Responsabilidad Social Universitaria. Palabras clave: cultura de paz, educación básica, responsabilidad social universitaria, organizaciones de la sociedad civil, participación social. Antecedentes: Paulo Freire, prologando el texto de Gutiérrez, Educación como praxis política, expresa que no hay práctica educativa neutra ni práctica política por ella misma. Lo que conduce a que el educador se cuestione a favor de qué y de quién se halla al servicio, luego entonces, contra 1 Docente investigadora adscrita a la Unidad Académica de Educación y Humanidades. Universidad Autónoma de Nayarit, México. Contacto: regina.ascencio@uan.edu.mx. 689 qué y contra quién luchar en su práctica docente (Gutiérrez, 1984). Coincidimos con esta acepción y creemos que es imposible mirar la educación solamente puertas adentro; la pedagogía y la política son partes constitutivas de un todo. En nuestro país y nuestro estado, muchas veces pareciera que hay pretensiones de alejar a la escuela de los problemas sociales. Parte de la ecuación en los antecedentes a proponer, se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, que coincidimos en también llamarle tercer sector, definiéndose este como “forma social emergente que nace de la exigencia de diversificar las respuestas a las necesidades sociales específicas, que siguen dinámicas de descomposición y multiplicación y, al mismo tiempo requieren de constantes nuevas relaciones (Rodríguez, 2005). Dentro de la legislación existen antecedentes recientes en los que se habla de la participación social en la educación, p. ej. de la Ley General de Educación (Poder Legislativo, 2018). en el artículo 72 se enuncia el Consejo Nacional de Participación social respecto de su establecimiento y funcionamiento, otorgándole el carácter de instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información en la que se encuentran representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, y los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Recientemente se creó el Mejoredu, organismo a nivel nacional que facilita la participación activa y armónica de los actores del proceso educativo (Jornada, 2020). Sin embargo, esa participación a través de los Consejos de Participación Social, no es necesariamente la única posibilidad para que las organizaciones de la sociedad civil sean parte de la comunidad educativa y que se pueden plantear como posibles actores de la arena educativa, en otras formas. Considerando por un lado siempre el peso de la gestión educativa y de la importancia que tiene el director en su papel de líder y por el otro las organizaciones de la sociedad civil en su papel de actores, ambos bajo una mirada de Gobernanza. 690 A la Gobernanza se le define como un enfoque para analizar las relaciones que se establecen entre actores y que definen la forma de gobierno de una sociedad y de sus organizaciones. Aborda la teoría de la toma de decisiones y de la formación de acuerdos. (Santizo, 2013). Los principios planteados en los que se basa la gestión educativa son la gestión centrada en los beneficiarios; la concepción de la organización como un sistema abierto de aprendizaje; las estructuras participativas, de comunicación horizontal que privilegian la creatividad y el compromiso del colectivo, el mejoramiento continuo como estrategia de cambio permanente, con el propósito de prestar servicios o generar productos de calidad que atienden las demandas, también cambiantes de los beneficiarios; la cooperación-negociación como forma de elevar la efectividad y los beneficios mutuos (Cassasus, 1994). Creemos convincentemente que un fuerte antecedente, tal como lo menciona Cassasus, que esas estructuras participativas, horizontales y que abren miradas a prácticas creativas y comprometidas pueden conformar el cimiento de la estrategia. Planteamiento del problema El problema de la investigación se planteó a partir de la necesidad de la búsqueda de diálogos posibles en la educación, considerando actores que no necesariamente forman parte de la educación formal; esto es que tanto las instituciones escolares conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil pueden articularse en una suerte de esfuerzo por un bien común llamado, en este caso la actividad educativa para los niños de las escuelas primarias. El objeto de la investigación son las organizaciones de la sociedad civil dedicadas en su objeto social en el artículo 5 de la Ley Federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil denomina en su numeral XIII Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. ( H. Congreso de la Unión, 2003) Pregunta de investigación Se partió de la pregunta general ¿Cómo propiciar las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil con la educación básica en el nivel primaria, en Tepic, Nayarit? Y algunas 691 secundarias entre las que se mencionan ¿cuál es el estado de las relaciones que existen entre las organizaciones de la sociedad civil y la educación del nivel básico en Tepic, Nayarit? ¿Cómo debe ser la estrategia que permita mejorar las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil y la educación de nivel básico en Tepic, Nayarit? Metodología de investigación El tipo de investigación que se llevó a cabo es de naturaleza mixta, dado que se puso énfasis en lo cualitativo, pero también tiene elementos de carácter cuantitativo. Así mismo el enfoque por el que se orientó es el de la Investigación acción participativa; dado que se pretendió hacer aportes para transformar la realidad social. Cronológicamente, la metodología desarrollada, fue primeramente partir de un momento exploratorio, donde se revisaron cuáles eran las evidencias en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil que existen nacionalmente, en Nayarit y en el municipio de Tepic que otorgan indicios de que las OSC además de haberse registrado con determinado objeto social, lo hacen también y/o al menos en la actividad correspondiente a la actividad XIII de la Ley federal de fomento a las actividades de las OSC, Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Se consultó en el buscador de OSC precisando las siguientes condiciones: organizaciones en status de activas, con cualquiera de las figuras jurídicas (asociaciones civiles, institución de asistencia privada, institución de beneficencia privada, asociación de beneficencia privada, etc.). Arrojándose lo siguiente: que, en el universo nacional al 14 de abril del 2019, existían 41512 Organizaciones de la Sociedad Civil formalizadas en todo el país en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad civil, 25197 de ellas tienen un status de activas y de ellas 11355 marcan que realizan la actividad XIII Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Para el caso de Nayarit en la fecha antes mencionada, existían 233 Organizaciones de la Sociedad Civil; que están categorizadas según la actividad XIII, 98 OSC, que se desempeñan como actividad en la Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. 692 Dado que se concreta la investigación solamente al Municipio de Tepic, se parte de que son 77 las organizaciones de la sociedad civil. De estas OSC registradas se procedió a analizar qué información arrojaba el Registro en lo relacionado a su Objeto Social, lo que nos permitió hacer un muestreo intencionado de ellas. El contacto se estableció a partir de correos electrónicos a todos los representantes legales y conforme fueron dando respuesta o manifestando su voluntad en participar se concretaron las vistas para agendar entrevistas. La muestra de organizaciones de la sociedad civil comprendió 9. 1. Asociación Progreso para México A.C. 2. Coincidir para trascender A.C. 3. Ruta de Aztlán a Tenochtitlan A.C 4. Vivir sin etiquetas A.C. 5. Centro de estudios de Ciencias Sociales y de la Salud A.C 6. Asociación de Ciencia y Tecnología de Nayarit A.C. 7. Mujeres innovando Nayarit A.C 8. Promoción Cultural y Comunicación en Nayarit A.C. 9. Compañía de Canto Vocalis ad Libitum A.C. Con relación a las escuelas, la selección de las instituciones básicamente recayó en los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en el estado, tanto de la Dirección de Educación Indígena, como la Jefatura de Departamento de Educación Primaria SEPEN quienes apoyaron atendieron la solicitud de gestión para establecer el contacto y ellos mismo sugirieron el listado de los directores a visitar; sumando una oficio girado previamente para ponerles al tanto o bien un aviso de los funcionarios de las dependencias mencionadas de la Secretaría de Educación Pública, a los directores. Las instituciones visitadas y en las que se concretaron las entrevistas a sus directores fueron: 1. Escuela Primaria Indígena Ignacio Zaragoza 2. Escuela Primaria Salvador Langarica Cabrera 3. Escuela Primaria Guadalupe Victoria 4. Escuela Primaria General Juventino Rosas 693 5. Escuela Primaria General Felipe Ángeles 6. Escuela Primaria Benito Juárez en San Cayetano 7. Escuela Primaria Juan Espinosa Bávara 8. Escuela Primaria Indígena Tenochtitlán 9. Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen 10. Escuela Primaria Indígena Yurame 11. Escuela Primaria Domingo Becerra Rubio 12. Escuela Primaria José Santos Godínez 13. Escuela Primaria Víctor Montaño 14. Escuela Primaria Benito Juárez 15. Escuela Primaria Rey Nayar 16. Escuela Primaria Fernando Montaño 17. Escuela Primaria Amado Nervo 18. Escuela Primaria Indígena Nacahue 19. Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Se procedió a confeccionar, pilotear y/o aplicar tres instrumentos. Para el caso de las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes se les aplicaron dos: el Protocolo para la Evaluación de las Asociaciones de Puga et al y el guion de entrevista a organizaciones de la sociedad civil. Este último de elaboración propia. Y para los directivos de las instituciones educativas públicas de nivel básico, primarias; con el fin de obtener las informaciones necesarias respecto a las relaciones que se establecen entre las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, se les aplicó un guion de entrevista, también de elaboración propia. Los guiones de entrevista tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para los directores de primarias, se realizaron en plena correspondencia con las cuatro dimensiones: 1. Nivel de involucramiento relaciones de las OSC con la educación en el nivel básico en Tepic, Nayarit. 2. Cualidad del involucramiento de las relaciones de OSC con la educación en el nivel básico primaria en Tepic, Nayarit. 694 3. Apertura a la intervención de las OSC con la educación en el nivel básico primaria en Tepic, Nayarit. 4. Factibilidad Organizacional, que se corresponden con la categoría fundamental de trabajo en esta investigación, Relaciones entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y la educación del nivel básico en Tepic, Nayarit. Cabe abundar en el aspecto desempeño de las organizaciones; dado que resulta también fundamental por la que, al respecto, fue utilizado el instrumento llamado “Protocolo para la evaluación de asociaciones” de Puga y Luna; mismo que enfatiza la dimensión organizativa en un enfoque institucional (Puga & Luna, 2012). El rasgo inherente que presenta la educación y que sin duda se pudo ir corroborando a lo largo del proyecto y desde el origen del planteamiento de este trabajo fue que la educación es participativa por lo que es imprescindible el diálogo y la democracia; requiere de actores comprometidos en la autogestión; aun y cuando se sabe que la educación es un espacio con prácticas altamente verticalizadas que parecieran impedir la generación de espacios dialógicos. También como rasgo inherente, es que la educación es liberadora; se coincide con que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es de origen esperanzador, las mismas se construyen y se asumen como aliados a fin de mejorar la situación social desde sus particulares líneas de incidencia. Al inicio del planteamiento de este trabajo de investigación y por el formato de los estudios doctorales, se nos trazó como un gran objetivo institucional desde el Centro de Investigación Magisterial, CIMA del Nayar, generar un producto educativo aplicable y concreto, que para el caso es la Estrategia participativa. Dicha estrategia fue validada en cuanto a su factibilidad a través del criterio de expertos, para el caso de la experiencia. El procesamiento de los datos derivados de la consulta a expertos fue realizado gracias al sistema facilitado por el Dr. Sixto Jiménez Vielsa (Jimenez & Rodríguez, 2019). 695 Los valores arrojados con el tratamiento estadístico dieron cuenta que la Estrategia validada por los expertos, cubre en lo general los criterios esperados; dado que hubo opiniones, recomendaciones, etc., vertidas sobre algunos aspectos enunciados en la Estrategia en los que no estaban unánimemente de acuerdo y que se tomaron en cuenta en la versión final de la Estrategia y que por tanto la enriquecieron. No obstante, se reitera el consenso de los validadores en relación con cada apartado evaluado y con el conjunto, lo que quedó reflejado tanto en el análisis cualitativo, como en el estadístico realizado al documento entregado a los mismos. Resultados Un primer y muy concreto producto fruto de la Tesis Doctoral (Ascencio, 2019) es el Anexo titulados SUMÁNDONOSC, en el que propiamente se concreta y redacta de manera independiente la Estrategia. Dicho documento consta de un cuadernillo de 25 páginas. Sin embargo, aunado a la elaboración del documento, y como parte del capítulo cuatro, subtitulado exploración a la realizabilidad de relaciones entre OSC y la educación básica del análisis de dicha tesis, se destacan algunos de los puntos más relevantes que se encuentran en la parte de conclusiones y recomendaciones. (Ascencio, 2019). Primeramente, como parte de las conclusiones del trabajo, encontramos que un reto permanente que acompaña la tarea del Tercer Sector ha sido responder y participar de y en la realidad social desde múltiples formas y siempre en búsqueda de apoyar desde sus diversos objetos sociales. Muchas conquistas sociales emergieron desde la sociedad civil y la promoción y el fomento educativo es una de las conquistas que, sin haber llegado a puerto, seguirá estando en la agenda. De allí que se puede asegurar que la educación se manifiesta, en el caso de este trabajo de tesis, de manera política explícita y consciente al focalizar y requerir que ambos actores (directores y OSC) dialoguen a fin de mejorar sus relaciones. Sin duda, una vía para dicha manifestación puede encontrar respuesta en la Estrategia aquí planteada. Si bien el trabajo acotó en su parte metodológica solamente a los dos actores de la educación (OSC y 696 directores); sin embargo, considera otros más. Es decir, se le encuentra pertinencia al uso de la Estrategia. Las características que presenta la educación como proyecto político que se encontraron a lo largo del trabajo de investigación fueron los siguientes: la presencia de actores coyunturales y su importancia en diversos ámbitos del acto educativo; el reto de participar en lo transversal también es otra característica, asuntos tales como la rendición de cuentas, la observación ciudadana, el diálogo constructivo para generar ambientes favorables para la educación , la concreción de la participación en espacios que ya se destinan para la sociedad civil y la búsqueda de nuevas maneras. Particularmente al respecto de la Agenda 2030, dado de lo enriquecedor que resultó lo expresado en el trabajo, se parafrasean algunas reflexiones por parte de los directores : “Esa agenda nos habla de diferentes áreas: salud, sustentabilidad, paz…y los hicieron personas del área, como seres humanos , y no se diseñaron en un país en específico, sino que están bien enfocados”; “Pues al final de cuenta son estándares para la formación de la currícula, la UNESCO es un rector al cual universalmente se le respeta porque aspiran al bienestar de nuestros niños”, “Es un referente para ver cómo andamos, para compararnos con otros”. En cuanto a lo expresado por organizaciones de la sociedad civil en la voz de sus representantes legales o quienes participaron como entrevistados, en su mayoría comentaron que sí vale la pena que el eje articulador sea algún componente en la Agenda 2030 dado que esa Agenda busca el bienestar de la humanidad en lo general, así como de sintetizar, focalizar e incidir en algunos aspectos del bienestar. También encontramos como un área de oportunidad en este trabajo de investigación que existe conceptos imprecisos respecto a qué son las A.C. por parte de algunos directores; sin embargo, casi la generalidad de quienes parecían desconocerlos, manifestó su interés en querer conocer más al respecto; especialmente por la sola posibilidad de ayudarse mutuamente. “Pues sí, que las A.C son buenas, algunas claro; que se hagan para el bien de todas; para los pueblos originarios, de las instituciones, de los más necesitados. Como 697 directora podría aportar algo si se me invita y también tengo que organizar y todo depende qué me den también. También es bueno compartir, involucrarse”. El estado actual de las relaciones que existen entre las OSC y la educación en el nivel básico, primaria en Tepic, Nayarit, si se le pudiera calificar en una sola expresión, el adjetivo que lo expresa es incipiente. La tarea de aplicar la Estrategia marcará un camino especialmente sistemático que aportará a que de “incipiente”, vaya transformándose a “en vías de consolidación” y finalmente llegue a estar como “consolidado”. Se pudo corroborar que a pesar de que las OSC no perciben que haya tantas relaciones entre las OSC y la educación, ambas manifestaron interés en que estas se tejan. Una parte relevante de lo arrojado en la aplicación a las organizaciones de la sociedad civil tiene que ver con la aplicación del protocolo de Puga, cuyo principal objetivo fue conocer el desempeño asociativo en sus tres ejes, uno de los retos derivó en considerar la promoción de cursos que fortalezcan a las OSC, sin embargo, se reitera, no se trató de manejar el menú a manera de imposición, será siempre de manera dialógica. Una parte importante por la naturaleza de las OSC que se considera necesaria fortalecer es la relativa a los asuntos legislativos o normativos, incluso las Reglas de Operación de algunos programas; si bien son materias que muchas de las veces nos parecen densas, vale la pena para dejar claros ciertos límites (no solo restrictivos, sino permitidos) y que fortalecerían muchas de las veces las acciones atendidas por las OSC. Para quienes lo saben hacer, bien valdrá la pena aprovechar esos conocimientos e ir sistematizando sus experiencias de manera que sea replicada con sus pares que se encuentren en desventaja. Para ello las instituciones de educación Superior, se reitera; como parte de la extensión universitaria, y especialmente con la responsabilidad social universitaria y a sabiendas del papel fundamental que juegan. El componente llamado a “comunidad abierta” implica no solamente el pensarla fuera del sistema escolar, sino desde una realidad en la que la población participante no necesariamente 698 tiene saberes institucionales como la alfabetización o los estudios avalados por el sistema educativo nacional y sin embargo también ellos son poseedores de saberes que pueden enriquecer el acto educativo formal y a su vez facilitar esa inserción. Se observó que los campos vírgenes de incidencia son potencialmente más sencillos de intervención que los que ya cuentan con antecedentes; finalmente es más fácil levantar desde cero que ir modificando prácticas. La Estrategia se construyó a partir de ejes como el diálogo, la participación, tejiendo líneas de acción horizontales, en ambientes colaborativos, y deliberativos, multi e interdisciplinarios. Fue preferible trazar la implementación de la estrategia de manera paulatina y bajo consenso; no valió la pena darle un cariz obligatorio, dado que esto rompería la inercia que se da cuando en cambio se legitiman los esfuerzos, garantizando mayor permanencia y vida. Sin embargo, considerando siempre el peso de la gestión educativa y de la importancia que tiene el director en su papel de líder por un lado y por el otro las organizaciones de la sociedad civil en su papel de actores bajo una mirada de Gobernanza. Se buscó además que la Estrategia contemplara acciones de incidencia tanto en la gestión institucional, escolar y pedagógica. La gestión, si bien pudiera pensarse que recae principalmente en los directores de las instituciones educativas, también los representantes legales deben hacer esfuerzos serios en ese plano ya que unos y otros, tanto aportan a, como reciben de; es decir es una doble vía de intervención. Finalmente, ambos, organizaciones de la sociedad civil como instituciones de educación básica tienen al centro la educación. La evolución histórica de las organizaciones de la sociedad civil en Nayarit ha tenido un comportamiento de mayor activismo; sin embargo, se localizó una fuerte necesidad de que se generen campañas informativas y sensibilizantes del papel que las mismas juegan o pueden jugar; a favor no solamente de causas de índole educativo sino de los múltiples objetos 699 sociales a los que se pueden dedicar. Y esta campaña no solamente apuntó pensada para las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, sino para la población en general; un poco verla como acciones de empoderamiento para los múltiples e importantes papeles que las mismas juegan actualmente y pueden hacerlo en un futuro próximo. Así como a nivel nacional se tiene una alta natalidad de organizaciones de la sociedad civil y no siempre estas llegan a ser adultas maduras; también la entidad presenta similares comportamientos; lo que dio cuenta que la Estrategia tiene alta pertinencia en la particular situación del municipio; para que se promueva fortalecerlas y con ello pueda aportarse a su madurez. Se encontraron experiencias de relaciones anteriores, sin embargo, la Estrategia construida confiamos que fortalecerá el tejido de activismo entre las OSC y las instituciones educativas. La manera como se conjugan las relaciones sociales y el desarrollo humano, se tejió a partir del planteamiento y generación de pretendidos espacios de confianza en los que se traza por objetivo común, la formación de capital humano capaz de fortalecer a la población meta; para el caso los directores y organizaciones de la sociedad civil en pro de los educandos. Gracias a que interaccionarán y se relacionarán los actores, se irán tejiendo las redes respectivas, siempre en búsqueda constante de ambientes colaborativos. La construcción de los posibles escenarios de intervención de las OSC en la educación, se concibió a partir la Estrategia aprovechando los canales institucionales; sin embargo, se pensó de manera tal que se privilegien condiciones dialógicas, graduales, pero especialmente no forzadas, libres. Próximos pasos La vida en México y sus regiones, incluido el estado de Nayarit, ha estado marcada por el crecimiento exponencial de múltiples formas de violencia, asociadas al periodo neoliberal y al despojo, empobrecimiento y descomposición social, institucional y moral que ha generado. En el caso de los pueblos originarios, esto vino a exacerbar las modalidades de violencia racista que históricamente han padecido. En tal escenario, el presente y futuro de esos 700 pueblos, lo mismo que del conjunto de la población nacional, convoca a realizar reflexiones y acciones que permitan superar tan críticos escenarios para pensar en futuros mejores para todos. Frente a dicho contexto, se concibe este esfuerzo de investigación a partir de las siguientes convicciones: a) es posible promover acciones conjuntas entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerados de nuestras sociedades; b) es urgente construir espacios educativos y comunitarios en los que se promueva la cultura de paz para abonar en la dirección antes mencionada, en un país recientemente lacerado por formas múltiples de violencia y, c) se precisa una búsqueda de miradas epistémicas distintas, que impliquen un trabajo de deconstrucción y reconstrucción intercultural, para lograr que la cultura de paz se promueva y genere de una manera dialógica, no impuesta. Sin embargo, en lo que, respecto a cultura de paz, recientemente se han realizado diversos esfuerzos desde la Secretaría de Educación Pública. Un ejemplo de ello es el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), que brinda atención a las escuelas inscritas en el programa mediante el desarrollo de acciones encaminadas al fomento de una gestión escolar democrática y participativa, servicios y recursos que permitan generar acuerdos de convivencia, valores democráticos y cultura de paz (CEDJH, 2021). Con ese telón institucional de fondo, la apuesta de continuidad de esta investigación es a identificar cómo a través de vías institucionalizadas, como son las escuelas y las organizaciones de la sociedad civil, se puede lograr una gestión educativa más incluyente, participativa y democrática, si tiene apertura especialmente a estos actores con los que los miembros de la comunidad confluyen y habitan en los espacios de la educación informal y no formal. Eso implica que seamos capaces tanto como actores testigos y como actores participantes, de promover y participar en las traducciones necesarias, para generar un verdadero colectivo intercultural que abone a la Cultura de paz. Una puntual inquietud derivó del trabajo de investigación doctoral (Ascencio, 2019) de una de las directoras de las primarias indígenas visitadas fue precisamente, uno de los motivos 701 que llevó a la decisión de abordar el tema de cultura de paz, durante el cual, la directora de la escuela planteó con vehemencia la petición de un taller en educación emocional para los maestros; lo que nos provocó una seria reflexión y la decisión de que la acción podía ir más allá del mero taller. Revisando marcos teóricos posibles para la construcción del taller, fue que se localizó la temática de la cultura de la paz. Considerando la Agenda de Desarrollo Sostenible, se pretende incidir en los Objetivos 16 (Paz y Justicia), 17 (Alianzas para lograr los objetivos) y 4 (Educación de Calidad), específicamente la meta 4.7, que busca para el 2030 “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” (Naciones Unidas, 2015). Cualquier articulación que se pretenda lograr entre OSC para contribuir al desarrollo de la cultura de la paz desde la educación, necesita un espacio comunitario que se reconozca como origen y destino; de ahí la importancia de partir de un diagnóstico participativo desde la comunidad. “La educación tiene un enorme papel para alcanzar la paz. Según Ruiz, [...] la educación es fundamental para formar a las personas para buscar lo que les une, en vez de lo que les separa” (Bahajain, 2018). La educación para la paz, no debe ser exclusiva de las aulas. Si bien el proyecto apunta a trabajarse especialmente desde la escuela, estamos conscientes de que se trasladará continuamente esa concreción al ámbito familiar, comunitario y barrial. La zona de estudio Coincidimos con Fernández en un ideal de escuela-comunidad en el que, a partir de su buena implantación en el territorio, acabe siendo punto de referencia y sea "valorada por la comunidad local como un nudo decisivo en la red social" (Fernández, 2003). En ese sentido, la comunidad elegida para realizar el estudio es la colonia Zitakua, ubicada dentro de la zona urbana nororiental del municipio de Tepic, Nayarit; ésta se ha concebido como una 702 comunidad mayoritariamente wixaritari. El centro escolar que se tiene considerado es la Escuela Primaria Indígena Ignacio Zaragoza. La Zitakua es una colonia en la ciudad de Tepic en la que se han concentrado artesanos provenientes de todas las comunidades wixaritari; fundada el 22 de octubre de 1988 entre otros por José Benítez Sánchez. Entre sus habitantes también hay algunos coras, mexicaneros y tepehuanes. [...] El gobernador de Nayarit, a petición de los artesanos, donó cinco has. en las que se instalaron las primeras familias wixaritari que ya vivían en Tepic, y buscaban un sitio para levantar un tukipa (Medina, 2020). Un reto investigativo que nos entusiasma, es precisamente la posibilidad de poder dialogar con los pobladores de la colonia Zitakua, dadas sus condiciones de comunidad con población mayoritariamente de pueblos originarios, y que se presume, por tanto, que posee una o varias cosmovisiones distintas a la mestiza, que es la que anima las concepciones y el actuar de las instituciones educativas oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, México aún posee un privilegiado mosaico de múltiples manifestaciones biológicas, lingüísticas y culturales […] donde la lengua y la cultura de las poblaciones indígenas han sido desfavorecidas, privilegiado la lengua y cultura de los conquistadores y posteriormente de los mestizos (Carrillo, 2016). De ahí la relevancia de la aproximación propuesta para la investigación. El tema de cultura de paz y su inevitable relación con la violencia, son ahora de mucha pertinencia en el contexto de la colonia Zitakua, al igual que en muchas otras poblaciones en la historia reciente en Nayarit, que se han visto acechadas por la sombra de diversas manifestaciones de violencia, asociadas con la presencia de la delincuencia organizada y su imbricación con el aparato gubernamental y el ámbito empresarial a nivel local. Al respecto, para el caso reciente de Nayarit, Hernández expresa: "[..] se logró “pacificar el territorio” …Si bien, aparentemente la violencia fue disminuyendo, habría que decir que la paz en la ciudad, tuvo consecuencias: historias de despojo, torturas, desapariciones, vejaciones, encarcelamientos y robos por parte de autoridades y su brazo armado la Policía Nayarit, era de todos conocidos (Hernández Cruz, 2019). 703 Finalmente, y no por ello menos importante, mencionar que la Universidad Pública tiene el compromiso desde su concepción misma, entre otros, de promover las reflexiones y las acciones capaces de que se asuman roles proactivos ante la sociedad. La oportunidad de involucrar a los estudiantes desde su experiencia curricular, en proyectos donde movilicen por un lado miradas teóricas, pero por el otro la reflexión, el análisis y la concreción en los tan necesarios aspectos metodológicos, especialmente estos, bajo nuevas miradas de accionar social; es una oportunidad enriquecedora en todas sus aristas. Un abordaje posible para el modelo universitario, el diseño curricular, el involucramiento de los estudiantes, la compartimos con Vallaeys quien al respecto define la Responsabilidad Social universitaria como: “Una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales, sociales y ambientales que la Universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad para promover el Desarrollo Humano Sostenible” (Vallaeys, 2005). Sin embargo, el actuar de la Universidad en su relación con otros actores, habremos de revisarlo, de manera tal, que no se convierta en “el saber”. Teniendo presente que son prácticas dialógicas entre las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades educativas y las propias comunidades; al respecto citamos lo dicho por Ojea en el contexto de un concurso en el cual la universidad promovente había creado una materia obligatoria para el primer grado de licenciatura , en la que los estudiantes estaban obligados a contactarse y colaborar con alguna organización de la sociedad civil, bajo el requisito de que se trazara la experiencia alejada de la experticia de la universidad y de la carrera universitaria : Respecto al concurso […] Me tocó ser jurado de un premio que se llama Premio al Emprendedor Solidario que otorga el Foro Ecuménico Social y que tiene una categoría específica para universidades. […]. Lo interesante es que cuando consulté el porqué de esa cláusula, me respondieron con todo un perfil de los estudiantes y me comentaron 704 la necesidad de entablar relaciones horizontales con ausencia de la soberbia de "el que sabe" (Ojea, 2020). Insistiendo en la relevancia de que la gestión y el diseño curricular se promueva en un marco de gobernanza, tal como se define por ANUIES, la gobernanza se entiende como aquellos procesos de gobierno, concertación y gestión que permitan lograr, de manera democrática, equilibrada y sustentable, los objetivos de desarrollo del sistema en beneficio del progreso regional y nacional (ANUIES, 2018). Sumando a la particular condición que este periodo de la Pandemia del Covid -19 ha generado y ha permitido descubrir buena parte de lo que no funciona: […] también ha hecho posible que reconozcamos las fortalezas y potencialidades culturales, históricas y sociales que muchos pueblos, comunidades y personas, han preservado y defendido […]constituyen la reserva de saberes y esperanza para dialógica, respetuosa y creativamente, esta y otras crisis de proporciones similares, reafirmando lo más bello de la condición humana y nuestro humilde, pero digno lugar como habitantes pasajeros de esta nuestra casa común, nuestra Madre Tierra (Rea, 2020). Sea pues, este incipiente esfuerzo una muestra del compromiso y esperanza que tenemos desde la Academia, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, los actores de la educación y al centro la niñez nayarita para intentar colaborar, aunque sea desde este modesto esfuerzo, en la construcción de tejidos que promuevan ambientes de paz en todas sus letras. Bibliografía H. Congreso de la Unión. (15 de Diciembre de 2003). Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas de las organziaciones de la sociedad civil. México D.F., México. Recuperado el 29 de Diciembre de 2020 ANUIES. (2018). Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la Educación Superior en México: Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio 705 institucional. México. Recuperado el 21 de Diciembre de 2020, de https://visionyaccion2030.anuies.mx/Vision_accion2030.pdf Ascencio, R. (12 de Septiembre de 2019). 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